El Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el que solicita que tome declaración al empresario y a los otros cuatro investigados
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Imagen: Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/ Rodrigo Jiménez
La Fiscalía ha impugnado el recurso del novio de Ayuso para tratar de impedir que la jueza que le investiga por fraude fiscal y falsedad documental abra una pieza separada para investigarle también por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. También ha pedido a la jueza que cite ya a declarar a Alberto González Amador para evitar que corran los plazos de instrucción, ya que en marzo se cumplirá un año desde que se abrió el caso.
El Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el que solicita que tome declaración al empresario y a los otros cuatro investigados, cuyas comparecencias se han suspendido ya hasta en tres ocasiones.
El fiscal aprecia indicios sólidos de un delito de corrupción en los negocios, ya que dice que la compra por medio millón de euros de una sociedad vinculada al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, pudo esconder el pago de una comisión ilícita. González Amador y Camino hicieron negocios millonarios con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia y esta empresa le sirvió al comisionista para ocultar sus ingresos al Fisco.
Sobre el fraude fiscal, el Ministerio Público no descarta un delito agravado. Primero, porque González Amador usa presuntamente empresas pantalla y testaferros para ocultar sus ingresos al Fisco, y también porque no cierra la puerta a que la pareja de Ayuso pueda formar parte de una organización criminal que emitía facturas falsas para pagar menos impuestos.
La Fiscalía pide que se investigue a los investigados
Ni el empresario, pareja de la presidenta madrileña, ni los otros cuatro investigados han dado aún explicaciones ante la jueza, que suspendió el pasado noviembre la última citación en atención a una petición de González Amador, que pidió la suspensión hasta que la Audiencia de Madrid resuelva su recurso contra esa ampliación de la investigación.
Sin embargo, ahora la Fiscalía ha reclamado a la magistrada que reconsidere su postura y cite sin más trámite a los investigados. Asimismo, ha recordado que la ley impone un plazo de un año a la instrucción, que vencerá en marzo. El escrito da la razón a las acusaciones populares y explica que la suspensión acordada por la jueza no sólo supuso la paralización de esa pieza separada en la que se investigan los negocios del empresario con Quirón Prevención, sino también la principal, centrada en los delitos fiscales.
Dos delitos que la defensa del empresario reconoció por escrito en un correo en el que ofrecía un pacto al fiscal que le investiga y cuya filtración protagoniza la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz citado a declarar el próximo 29 de enero.
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