El Supremo rechaza las quejas de García Ortiz y refuerza la libertad de expresión

El Supremo fulmina la queja de García Ortiz, recordándole que la libertad de expresión no es opcional mientras su futuro judicial pende de un hilo por su caso
The post El Supremo rechaza las quejas de García Ortiz y refuerza la libertad de expresión first appeared on Hércules.  El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue en el ojo del huracán judicial tras la reciente resolución del Tribunal Supremo que desestima sus intentos de frenar la difusión de informaciones sobre su caso en los medios de comunicación. El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa en la que se investiga a García Ortiz por presunta revelación de secretos, ha reafirmado que la libertad de expresión debe prevalecer, incluso cuando la información publicada pueda ser desfavorable para el investigado.

La defensa de García Ortiz había solicitado que se adoptaran medidas contra las acusaciones de la causa por presuntas filtraciones a los medios de comunicación, argumentando que estas estaban generando un «juicio paralelo» que atentaba contra su presunción de inocencia. Sin embargo, el juez ha rechazado esta petición, destacando que no existe base legal para limitar la difusión de informaciones relacionadas con un caso de relevancia pública.

El auto del magistrado deja claro que impedir la difusión de informaciones supondría una limitación inaceptable a un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Hurtado señala que «el que, según el medio o el ámbito en que se hable de este procedimiento, se viertan unas u otras opiniones, es algo a lo que este Instructor, por respeto al derecho constitucional a la libertad de expresión, no ha de poner coto, salvo que las considere delictivas, cosa que, hasta el momento, no ha apreciado».

Las acusaciones y el papel de la Abogacía del Estado

García Ortiz había dirigido sus críticas a las acusaciones populares, en particular a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y al Colegio de Abogados de Madrid, así como a la acusación particular representada por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Estas entidades, según el fiscal general, habrían impulsado informaciones sesgadas en los medios de comunicación.

La Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, también solicitó que se abriera una pieza separada en la causa para investigar las filtraciones y que se impusieran sanciones a los responsables en caso de confirmarse dichas filtraciones. Sin embargo, el juez ha optado por remitir el asunto al Juzgado de Instrucción correspondiente, una decisión similar a la que tomó en diciembre pasado cuando otra queja por filtraciones fue trasladada al decanato de los Juzgados de Madrid.

El fiscal general y el teléfono no devuelto

Otro de los aspectos controvertidos del caso es que García Ortiz no devolvió su teléfono móvil del día en que supuestamente se realizó la filtración, según informó la Fiscalía al Tribunal Supremo. La sección de informática del Ministerio Público ha señalado que no puede determinar si el dispositivo fue formateado, lo que añade una nueva incertidumbre al caso.

El fiscal general también ha denunciado que la publicación en medios de su número de teléfono, su IMSI y su IMEI, contenidos en un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, vulnera su derecho a la protección de datos. No obstante, el juez ha recordado que, al no haberse declarado la causa como secreta, las partes tienen derecho a acceder a toda la documentación, por lo que no procede adoptar medidas en este sentido.

El panorama para García Ortiz sigue siendo complicado. Según fuentes judiciales, podría enfrentarse a cuatro años de prisión y hasta tres de inhabilitación si se confirma la acusación por revelación de secretos. El juez instructor aún debe practicar diligencias adicionales, y las acusaciones consideran que su presencia en el banquillo es cada vez más probable.

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