La administración de Trump quiere implementar la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento en EE.UU., un derecho que tienen todos los niños nacidos en territorio americano
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Imagen: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. REUTERS
Una jueza federal de Maryland se ha convertido este miércoles en la segunda a nivel nacional en bloquear que la administración de Donald Trump implemente la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. Este es el derecho que tienen todos aquellos niños y niñas nacidos en territorio americano de ser nombrados automáticamente «ciudadanos de Estados Unidos».
La jueza de distrito de los EE.UU. Deborah Boardman, en Greenbelt, ha dado la razón a dos grupos de derechos de los inmigrantes y cinco mujeres embarazadas que argumentaron que sus hijos corrían el riesgo de que se les negara inconstitucionalmente la ciudadanía estadounidense sobre la base del estatus migratorio de sus padres.
La jueza, designada por el predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, ha emitido una orden preliminar a nivel nacional que impide que la orden de Trump entre en vigencia a nivel nacional como estaba previsto el 19 de febrero. «Hoy en día, prácticamente todos los bebés nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos estadounidenses al nacer», ha señalado Boardman. «Esa es la ley y la tradición de nuestro país. Es y seguirá siendo el statu quo en espera de la resolución de este caso», ha añadido.
La orden de Boardman ha proporcionado un alivio a más largo plazo a los opositores a la política de Trump que una pausa anterior de 14 días impuesta el 23 de enero por un juez federal con sede en Seattle. El juez responsable de esa orden anterior John Coughenour calificó la orden de Trump de «descaradamente inconstitucional». Asimismo, tiene previsto estudiar el jueves si emite una medida cautelar que permanecería en vigor hasta que se resuelva el litigio.
Los profesionales dicen que la orden viola el derecho de la ciudadanía
Fue hace unas semanas cuando hasta 18 estados demócratas americanos, junto a Washington D.C. y la ciudad de San Francisco, presentaron una demanda contra la Administración Trump por firmar una orden ejecutiva que fulminaba este derecho reconocido en la Constitución. Ellos, junto con los abogados de los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes CASA y Asylum Seeker Advocacy Project, acusaron al Gobierno de Trump de violar flagrantemente la Constitución de Estados Unidos, concretamente la 14ª enmienda.
Su demanda es una de las al menos ocho presentadas en todo Estados Unidos por fiscales generales estatales demócratas, defensores de los derechos de los inmigrantes y futuras madres que desafían la orden de Trump.
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