El partido de Yolanda Díaz pide mayor transparencia sobre los bienes religiosos, así como su disfrute gratuito por parte de la ciudadanía
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Imagen: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun I Marca
Este nuevo movimiento llega tras las recientes polémicas impulsadas por Sumar en torno a la descolonización y la tauromaquia, poniendo ahora el foco en el papel de las entidades eclesiásticas en la administración del patrimonio cultural.
La reforma pendiente de la Ley de Patrimonio
La necesidad de actualizar la legislación sobre el patrimonio histórico es una cuestión que ha quedado relegada por sucesivos gobiernos, según a adelantado ABC. La ley actual, vigente desde 1985, ha sido considerada obsoleta tanto por Sumar como por el Partido Popular.
En su iniciativa, la formación de Urtasun argumenta que la mayoría de los 3.161 bienes de interés cultural (BIC) gestionados por la Iglesia han sido adquiridos a través del controvertido mecanismo de inmatriculaciones diocesanas. Sumar denuncia que esta gestión privada de bienes de titularidad pública genera distorsiones que la normativa actual no aborda adecuadamente.
El partido insta al Gobierno a impulsar una nueva ley de Patrimonio que garantice la transparencia en la gestión de estos bienes y que priorice el interés general sobre los intereses particulares. Entre sus propuestas figura la imposición de mecanismos de control que aseguren el acceso público y una gestión basada en criterios científicos.
Coincidencias y diferencias entre Sumar y el PP
Pese a sus diferencias ideológicas, Sumar y el Partido Popular coinciden en la necesidad de modernizar la legislación sobre patrimonio. Los populares han presentado su propia propuesta, que busca endurecer las sanciones contra ataques a bienes históricos y fomentar la digitalización y promoción del patrimonio.
Además, el PP pretende que el Congreso reactive el proyecto aprobado en el Senado para reforzar la protección del patrimonio frente a agresiones como las protagonizadas por activistas ecologistas. También plantea que la reforma se realice en coordinación con comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones públicas y privadas.
El precedente de la fallida reforma de Uribes
Reformar la Ley de Patrimonio es un reto que ha estado sobre la mesa de varios ministros de Cultura sin éxito. El último intento fue liderado por José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo equipo propuso una normativa que creaba una categoría especial para los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.
Este proyecto otorgaba al Estado un mayor control sobre estos bienes, lo que provocó la reacción de las comunidades autónomas, que rechazaron lo que consideraban una injerencia centralizadora. Su sucesor, Miquel Iceta, optó por retirar la iniciativa, argumentando que una ley de Patrimonio sin consenso estaba condenada al fracaso.
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