Las asociaciones advierten del riesgo de que esta cesión derive “en una vulneración sistemática de los derechos de estas personas, que ya enfrentan múltiples obstáculos en su proceso de integración”
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Imagen: Llegada de la patera al muelle de La Restinga, a 21 de octubre de 2023, en El Hierro, Islas Canarias. Europa Press
Las ONG de migración se han mostrado este martes su preocupación por cómo puede afectar a las personas migrantes el pacto entre PSOE y Junts para la cesión de competencias de inmigración a Cataluña. En este sentido, Accem ha alertado de la importancia “de mantener y asegurar la igualdad de trato y en los temas de protección internacional en todo el país”.
“De momento, no podemos comentar mucho ya que desconocemos los acuerdos y cómo se plantea la implementación. Sin más información, solo podemos decir que nos preocupa cómo este acuerdo pueda afectar a las personas, ya que la Protección Internacional es un procedimiento estatal y, aunque de momento no podemos saber cómo se plantea el traspaso de competencias, sí queremos alertar de la importancia de mantener y asegurar la igualdad de trato y en los temas de protección internacional en todo el país”, ha asegurado Accem en declaraciones a Europa Press.
En la misma línea, Arcópoli, asociación por la Inclusión de migrantes LGTBI+, ha expresado su “profunda preocupación” ante el acuerdo y ha advertido del riesgo de que esta cesión derive “en una vulneración sistemática de los derechos de estas personas, que ya enfrentan múltiples obstáculos en su proceso de integración”.
El coordinador general de Arcópoli Luis Fernando Rosales ha explicado que en comunidades como Cataluña ya se han impuesto requisitos adicionales a las personas migrantes, como la exigencia del catalán, “sin considerar que la migración es un proceso complejo donde deben priorizarse necesidades urgentes como el acceso a vivienda, trabajo y asistencia sanitaria”. “Nos preocupa que esta cesión de competencias suponga un retroceso en la protección de los derechos de las personas migrantes LGTBI+, especialmente aquellas que buscan asilo por persecución en sus países de origen”, ha señalado Rosales.
Además, Arcópoli ha indicado que esta medida podría sentar un precedente para que otras comunidades autónomas reclamen competencias similares, generando, así, “un sistema desigual en el que los derechos de las personas migrantes dependan de la comunidad en la que residan y del partido que la gobierne”. “No podemos permitir que el acceso a la protección internacional, a la residencia o a la integración dependa de decisiones políticas que generen diferencias arbitrarias entre comunidades”, ha añadido Rosales.
Los mismos derechos que los ciudadanos españoles
Asimismo, la asociación ha agregado que el artículo 13 de la Constitución establece que los extranjeros gozarán de las mismas libertades que los ciudadanos españoles, mientras que el artículo 14 protege el principio de igualdad y no discriminación. Además, ha defendido que el artículo 149.1.2 “deja claro” que la competencia en materia de inmigración y derecho de asilo es exclusiva del Estado. También ha recalcado que la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros y la Ley de Asilo refuerzan este principio, asegurando que ninguna comunidad autónoma puede establecer requisitos adicionales que vulneren estos derechos.
Finalmente, Arcópoli ha instado al Gobierno a garantizar que cualquier cambio en la gestión de las políticas migratorias respete los principios de igualdad y no discriminación, “evitando barreras adicionales que dificulten la regularización y el bienestar de las personas migrantes, especialmente de aquellas que pertenecen al colectivo LGTBI+ y que han huido de sus países en busca de una vida digna y segura”.
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