Elma Saiz ha puntualizado que se estudiará “con rigor” si otras comunidades autónomas solicitaran la delegación de las competencias y ha recalcado que la norma garantiza los derechos humanos
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Imagen: Pedro Sánchez y Miriam Nogueras, la semana pasada en el Congreso. Dani Duch / La Vanguardia
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz ha asegurado que el Gobierno no va a ceder el control de fronteras a Cataluña con la delegación de competencias sobre inmigración, aunque la Generalitat sí podrá ejecutar o proponer expulsiones.
“Diferenciaría dos tipos de situaciones: aquellos procedimientos en materia de expulsión en los que no es necesario un expediente, la Generalitat, basándose en la normativa de Extranjería podrá expulsar en esas situaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país, en ese caso es uno de los supuestos. En los supuestos en los que se requiera un expediente la Generalitat podrá proponer”, ha concretado Saiz en declaraciones recogidas por Europa Press.
Además, ha recalcado que se está hablando de una delegación de competencias que se contempla en la Constitución. “Es una proposición que nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano”, ha señalado este martes Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra ha querido “poner contexto” esta situación y ha destacado que Cataluña “es una comunidad que tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante de flujos de personas extranjeras”.
Así, ha recalcado que el 18% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera y un 25,1% tienen origen extranjero: “Y, además, hay una voluntad política y hay una voluntad de la sociedad catalana, tradicionalmente, desde hace muchos años”.
“Nos podemos remontar al año 1992, hace 33 años, donde ya tenían una voluntad de asumir una gestión en materia migratoria con la creación, de esa comisión interdepartamental en materia migratoria. Además, en materia de política migratoria, es muy importante el papel que tienen las administraciones más cercanas, las entidades locales, las administraciones autonómicas, como la Generalitat, más cercanas al territorio, que conocen esta realidad social y que asumen una importante responsabilidad”, ha manifestado.
La ministra también ha puntualizado que, si otras comunidades autónomas solicitaran esta delegación, se estudiaría “con rigor” y ha recalcado que la norma garantiza el respeto a los derechos humanos.
Las ONG ponen el foco en el respeto a los derechos humanos
Las ONG de migración han mostrado este martes su preocupación por cómo puede afectar a las personas migrantes este pacto. En este sentido, Accem ha alertado de la importancia “de mantener y asegurar la igualdad de trato y en los temas de protección internacional en todo el país”.
En la misma línea, Arcópoli, asociación por la Inclusión de migrantes LGTBI+, ha expresado su “profunda preocupación” ante el acuerdo y ha advertido del riesgo de que esta cesión derive “en una vulneración sistemática de los derechos de estas personas, que ya enfrentan múltiples obstáculos en su proceso de integración”. “No podemos permitir que el acceso a la protección internacional, a la residencia o a la integración dependa de decisiones políticas que generen diferencias arbitrarias entre comunidades”, ha añadido Luis Fernando Rosales, el coordinador general.
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