La denuncia presentada por Abogados Cristianos contra los ministros por presunta malversación en la adjudicación de contratos a Tragsa
The post Denuncian a los ministros Bolaños y Torres por presunta malversación first appeared on Hércules. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Supremo contra los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa pública Tragsa, relacionados con las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como Valle de los Caídos. La denuncia también se extiende al presidente de Tragsa, Jesús Casas, por supuesto tráfico de influencias en la adjudicación de estos contratos.
Abogados Cristianos basa su denuncia en un informe del Tribunal de Cuentas que señala una “gestión de contratos sin control ni transparencia, subcontratando a terceros con graves deficiencias” por parte de Tragsa. Según la asociación, la Administración “no justificó de manera suficiente la razón por la que se encargó a Tragsa un contrato de tal envergadura, cuando en el mercado existen empresas con experiencia y capacidad técnica específica en exhumaciones arqueológicas y forenses”. Estas supuestas carencias podrían indicar que la decisión “pudo estar guiada por una influencia indebida, en lugar de criterios objetivos de contratación”.
Detalles de las subvenciones cuestionadas
La primera subvención, publicada en el BOE el 31 de marzo, otorgó 665.000 euros a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para obras de mejora en Cuelgamuros, incluyendo la habilitación de accesos a las criptas y la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista reclamados por sus familiares. Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia dirigido por Félix Bolaños, destinó el 90% de esta subvención a Tragsa para la ejecución de las obras en las criptas. Sin embargo, según la denuncia, “no se encuentra documentación” que respalde este contrato, existiendo solo una referencia del encargo en la planificación mensual de la empresa. Además, se desconoce el destino del 10% restante de la subvención.
La segunda subvención, de 1,1 millones de euros, fue concedida en julio del año pasado para continuar con las exhumaciones en Cuelgamuros. Esta subvención fue anunciada por el entonces ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras una reunión del Consejo de Ministros. Sumadas ambas subvenciones, el total asciende a 1.815.224,44 euros.
El Tribunal de Cuentas ha señalado que Tragsa se ha beneficiado de adjudicaciones directas de diversas administraciones públicas debido a su condición de medio propio, lo que le permite ser contratada sin un proceso competitivo. Esto ha generado sospechas sobre si este procedimiento se está utilizando correctamente o de manera excesiva. El informe destaca que Tragsa ha duplicado su facturación en cinco años, pasando de 800 millones de euros en 2018 a 1.720 millones en 2023. Abogados Cristianos alerta que esta forma de proceder podría facilitar el tráfico de influencias y comisiones dudosas asociadas a casos de corrupción.
Responsabilidades de los ministros implicados
La denuncia subraya que tanto Félix Bolaños como Ángel Víctor Torres han tenido poder de decisión sobre el destino de los fondos públicos objeto de la denuncia. Bolaños, como ministro de la Presidencia, ha sido el superior jerárquico del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, encargado de la gestión del Valle de Cuelgamuros y receptor de los fondos públicos destinados a las intervenciones en el mismo. Según Abogados Cristianos, Bolaños no garantizó el “control adecuado” sobre el destino de estos fondos para evitar su desvío o uso indebido.
Por su parte, Ángel Víctor Torres, como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, aprobó la concesión de la subvención de 1.150.224,44 euros mediante el Real Decreto 661/2024. La asociación sostiene que Torres no garantizó la correcta fiscalización y control de estos fondos, permitiendo el posible desvío de recursos.
Esta denuncia se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de fondos públicos y la transparencia en las adjudicaciones de contratos por parte del Gobierno. La oposición ha solicitado explicaciones y una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades si se confirman las irregularidades denunciadas.
Además, la denuncia contra Bolaños se suma a otra reciente por una presunta incompatibilidad en el desempeño simultáneo de su cargo ministerial y su actividad como abogado en ejercicio. Un ciudadano particular ha presentado una queja ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Oficina de Conflictos de Intereses, alegando que Bolaños no se dio de baja en el Censo Oficial de Letrados de la Abogacía Española al asumir su cargo como ministro.
El Tribunal Supremo deberá ahora decidir si admite a trámite la denuncia presentada por Abogados Cristianos y, en su caso, iniciar una investigación para esclarecer los hechos. Mientras tanto, tanto Félix Bolaños como Ángel Víctor Torres han negado cualquier irregularidad en la adjudicación de los contratos a Tragsa y han expresado su disposición a colaborar con la justicia para aclarar la situación.
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