La manifestación del 8-M de 2020 en Madrid marcó la evolución de la pandemia de COVID 19 en España. Sanidad conocía la necesidad de evitar aglomeraciones. Fernando Simón sigue justificando la decisión de autorizar la celebración del Día de la Mujer porque, en su criterio, no había motivo para la alarma, aunque el gobierno del país que le servía para anticipar la evolución de la pandemia, Italia, ya había adoptado decisiones drásticas
The post Fernando Simón ocultó los motivos que aconsejaban prohibir la manifestación del 8-M en Madrid: 5 años de la manifestación que aumentó el contagio first appeared on Hércules. En febrero de 2020, Wuhan (capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China) era el epicentro de la pandemia de COVID-19, pero había otro país que sirvió para alertar del peligro que se cernía sobre los cinco continentes, Italia. Según Fernando Simón, él escrutaba los datos de la evolución de lo que acontecía en Italia porque había la seguridad de que en nuestro país la pandemia seguiría una trayectoria similar, según afirmó en una entrevista realizada en octubre del mismo año, por Jesús Calleja. No obstante, con el mismo tono de seguridad el 23 de febrero de 2020 cuando la pandemia latía ya, manifestó que “en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad“. Por su parte el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendó ese 3 de marzo, la celebración a puerta cerrada de competiciones deportivas con afluencia masiva que implicaran a equipos de las mismas zonas de riesgo. También pidió cancelar congresos y encuentros médicos. No obstante, ni Simón, ni Illa vieron riesgo alguno en la celebración de manifestaciones el 8-M, que en Madrid llegó a congregar a más de 120.000 personas, aunque el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades previamente se manifestó en contra de realizar actos multitudinarios.
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) aseguró hace cinco años, que “dejaría que su hijo participara en la manifestación del 8M de Madrid, porque no había datos que mostraran que sería un foco de contagio del COVID-19”. Un año después, admitió que fue “imprudente” por no disuadir a los ciudadanos del riesgo que corrían al asistir a la celebración Día de la Mujer. Aunque Sanidad aseguró que no había datos que mostraran un aumento en los contagios hasta el día 9 de marzo, el estallido de casos era previsible ya que, en los seis primeros días de marzo, el número de casos en Italia se multiplicó por seis y el 8 de marzo, la región de Lombardía y 14 ciudades fueron puestas en cuarentena y según Fernando Simón ese país era el espejo en que se fijaban las autoridades españolas.
Simón desaconsejó las mascarillas porque no las habían comprado
Según el responsable del CCAES, en declaraciones a la Cadena Ser, el 27 de febrero de 2020 “de acuerdo con el volumen de intercambio que tenemos con Italia (…) allí hay muchos españoles que viven, trabajan o estudian en Italia. Si hay un brote extendido en ese país, podemos esperar tener las cifras que tienen ellos“. Caracterizado por realizar previsiones que no se cumplieron, como que en España solo habría un par de casos de COVID-19 y por admitir que desde mediados del mes de enero era consciente de las dimensiones que podría alcanzar la pandemia, Fernando Simón aseguró en el momento álgido de la pandemia, que las mascarillas no eran esenciales para protegerse. Meses más tarde justificó sus afirmaciones no con datos epidemiológicos, sino porque “había dificultad para conseguirlas ya que se fabricaban mayoritariamente en China”.
Desde la exposición de una persona al COVID-19 hasta el momento en que comienzan los síntomas suele ser de alrededor de cinco o seis días, pero puede variar entre 1 y 14 días. En el grafico anterior puede verse la evolución de los casos en el mes de marzo de 2020; el día 8 estaban contabilizados 589 contagios y 17 fallecimientos. El 22 de marzo (14 días después de las manifestaciones del 8M) el número de muertes se había multiplicado por 100, debido aque ya eran 1.720 fallecidos y se habían contagiado 28.572 personas.
La falta de transparencia del gobierno, durante la evolución de la pandemia en España, fue una evidencia internacional desde meses después de que eclosionara en nuestro país. Medios de comunicación como el “Financial Times” dejó de utilizar las cifras aportadas por el Ministerio de Sanidad porque “no eran creíbles”. En un artículo titulado “Los datos defectuosos ensombrecen la estrategia de España”, se cotejan los datos que aporta nuestro país con otros europeos. “Para daros una idea de lo que el ‘método’ español provoca: si Inglaterra hiciera lo mismo, ayer se habrían reportado 20 muertes y no 179. Una buena reducción del 90%”, escribe el autor, para concluir “no conocemos el número real, no tenemos ni idea”.
Un estudio de la Universidad de Cambridge, hecho público en julio de 2020 colocó al Gobierno Español a la cola en la gestión de la crisis del coronavirus entre marzo y mayo de 2020. En su Informe Anual sobre Desarrollo Sostenible que analiza el progreso de 33 países de la OCDE en los objetivos del milenio, que ese año analizó la emergencia sanitaria por la COVID-19, la gestión del gobierno español queda en el último lugar (33 sobre 33).
En abril de 2020 la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), realizó un informe en el que demostró que, si el Gobierno español hubiese decretado el estado de alarma una semana o incluso un día antes del 8-M, se hubiesen evitado en torno a un 62% de los positivos por coronavirus. Según sus autores, “hubo una falta de previsión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que no logró anticiparse al desarrollo de la epidemia del coronavirus” y de haber actuado de una forma más ágil y rápida “tal disminución hubiera evitado probablemente el colapso de muchos hospitales en nuestro país”.
Cifras que trucaban la realidad de la pandemia
La evidente divergencia entre los datos que aportaron los investigadores que analizaron la realidad de la pandemia hasta el 11 de marzo de 2022, publicados en “The Lancet”, y las cifras oficiales del Gobierno puede explicar la falta de credibilidad de las ultimas. En el caso de España, la cifra más aproximada sería de 162.000 muertes (157.000 a 166.000) por COVID-19, mientras que los registros oficiales únicamente contabilizaban 98.900.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció, el 20 de abril de 2020, un nuevo criterio para contabilizar el número de fallecimientos por COVID-19. A partir de ese momento los fallecidos a quienes no se les pudiera haber realizado un test que diera positivo al virus, pero fueran sospechosos de estar contagiados se consignarían como muerte por COVID-19, en el certificado de defunción.
En España las autoridades sanitarias no aplicaron esa normativa. Solamente se contabilizó como muerte por COVID-19 quien hubiera tenido positivo en un test. Pero nuestro país carecía de mascarillas, Equipos de Protección Individual (EPI) y test diagnósticos para hacer frente a la pandemia.
La cifra oficial de fallecidos por coronavirus a 22 de octubre de 2020, en España era de 34.521, aunque el Índice Nacional de Defunciones (INDEF), que es un registro donde figuran los fallecimientos inscritos en todos los registros civiles de España y que gestiona la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, dependiente del Ministerio de Sanidad, registraba 40.508 fallecimientos en el mes de julio. Además, el MoMo “sistema de vigilancia de la mortalidad” del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, entre el 10 de marzo y el 9 de mayo se registró un “exceso” de 43.556 defunciones respecto al año anterior.
El Gobierno solo contabilizó los fallecidos con test positivo de COVID-19/YMS
Trabajadores de funeraria con y sin EPI tras acudir a residencia de ancianos para recoger a un fallecido por COVID/YMS
Los investigadores reclamaron una auditoria independiente
La falta de respuestas por parte del gobierno central a los requerimientos de los sanitarios e investigadores sobre los datos de la pandemia en España hizo que “The Lancet” (la principal revista científica), recibiera las reclamaciones desoídas. En agosto del 2020 un grupo de científicos reclamó un examen imparcial sobre la gestión española de la pandemia. La carta, en “The Lancet”, ponía de manifiesto que nuestro país se había convertido en uno de los territorios con mayores tasas de mortalidad y morbilidad (300 mil contagios y 28.499 defunciones en esas fechas). Los investigadores pedían revisar la estrategia utilizada por el gobierno español para encarar la pandemia, y que se realizara una evaluación independiente centrada en las actividades de los gobiernos central y autonómicos, que sirviera para preparar el Sistema Nacional de Salud para nuevas olas de COVID-19. Esencialmente, los firmantes pedían que se analizara por qué España ha resultado más afectada que otros países.
En la carta publicada por “The Lancet”, los expertos, entre los que se encuentran Margarita del Val, Manuel Franco, Rafael Bengoa, Helena Legido-Quigley o Carles Muntaner, entre otros, señalan que, con más de 300.000 casos positivos de coronavirus y 28.500 muertes confirmadas, y más de 50.000 trabajadores de la salud infectados, “España se ha visto duramente afectada por la COVID-19“.
Auxiliares de enfermería atendiendo a pacientes de lado y pronado con COVID/ YMS
España, reacción lenta y falta de planificación
“The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic”, publicó el 14 septiembre 2022 una investigación en la que analizó la evolución de la pandemia desde que aparecieron los primeros casos. Pone de manifiesto las disfunciones de la gestión en los diferentes países. De España señala que cerró muy tarde los vuelos con China y “por eso el virus se propagó con rapidez en enero y febrero de 2020”. Entre los sanitarios, la enfermedad golpeó más a las mujeres porque son mayoría en el sector. “España reaccionó muy lentamente a principios de 2020 y no estaba preparado para la pandemia. Falló en su comunicación con la población y perdió su confianza al llevar mascarillas por la calle incluso luego cuando se permitió quitarlas en restaurantes y bares. Además, empezó a vacunar a la población muy lentamente y ahora no tenemos un buen plan de cara al otoño-invierno. La gente ni siquiera sabe si debe ponerse una cuarta dosis ni cuándo“, critica Jeffrey Lazarus, epidemiólogo del Instituto de Salud de Barcelona y uno de los autores del informe.
El primer caso de COVID-19 en España diagnosticó el 31 de enero de 2020 en La Gomera, el Gobierno decretó el estado de alarma el día 14 de marzo y tres años después, el 4 de julio de 2023 el ejecutivo español declaró el fin de la pandemia. No hubo una auditoría independiente de la gestión de la pandemia en España y finalmente una respuesta al Comité de Transparencia, ante el que se presentó una denuncia previamente, la directora de Salud Pública admitió que no existió el comité de expertos que asesoraba al Gobierno y que ayudaba a este a tomar decisiones sobre la desescalada en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Traslado de un enfermo asistido por profesional con EPI a una ambulancia, en el mes de Septiembre/YMS
La censura en las comparecencias ante la prensa
En la crisis de la COVID-19 se han dado, además, nuevos patrones erróneos de gestión de comunicación: la censura en las ruedas de prensa no presenciales. Con esta nueva fórmula los periodistas debían formular preguntas a través de un grupo de WhatsApp que eran filtradas posteriormente por el Secretario de Estado de Comunicación del Gobierno, Miguel Ángel Oliver. De este modo, se ha prohibido el derecho a preguntar directamente y el de repreguntar, facilitando así que Pedro Sánchez respondiera a menudo con evasivas.
Este sistema de dudosa transparencia terminó enfadando a los profesionales de los medios que reclamaron más transparencia solicitando firmas a través del manifiesto “Libertad para preguntar”. Las asociaciones de periodistas (como recuerda El País, 31-03-2020) solicitaron al Ejecutivo que dieran un paso atrás con este sistema. “La rendición de cuentas a la que están obligados los Gobiernos pierde la necesaria transparencia si los periodistas no pueden preguntar y repreguntar en directo”.
Esta estrategia ha sido más sencilla de llevar a cabo con las ruedas de prensa y comparecencias interminables, vacías de contenido, pues los mensajes que ofrecían los portavoces de la crisis tenían escaso o nulo componente sanitario o científico. El mensaje político ha estado por encima del rigor de la ciencia que precisaba una crisis de salud de esta magnitud.
Y así ha sido demostrado por países cercanos que sí han tenido en cuenta la importancia de la comunicación de riesgos sanitarios, como Portugal. “En el ámbito de la salud, la comunicación de riesgo implica la elaboración de campañas de comunicación pública destinadas a alertar e informar a los ciudadanos de riesgos sanitarios” (Prior, 2020:8). De esta forma, se pueden modificar comportamientos, reducir amenazas y prevenir nuevos contagios. En el caso de España, el enfoque de los escasos ejemplos de campañas al respecto no ha sido el riesgo, sino informaciones mucho más genéricas que no iban mucho más allá de la distancia de seguridad y el lavado de manos.
Fuente: Martínez Solana, Y.; Martín García, T. (2021). Análisis comparativo de la gestión gubernamental de comunicación de crisis de la COVID-19, vacas locas y atentados del 11M. Historia de la comunicación social 26. https://doi.org/gvrd
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