La Fiscalía ha apoyado esta decisión, aunque considera que los 240.000 euros reclamados por el juez son excesivos
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Imagen: la secretaria general de Podemos, Ione Belarra I Europa Press
La Fiscalía ha mostrado su apoyo a la demanda presentada por el exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón contra la líder de Podemos, Ione Belarra, ante el Tribunal Supremo, según Europa Press. El magistrado jubilado considera que los comentarios de Belarra en redes sociales, en los que la acusaba de ser “corrupto” y “prevaricador”, son “ofensivos e innecesarios”. No obstante, la Fiscalía ha propuesto reducir la indemnización solicitada de 240.000 euros a 20.000, al considerar que la cantidad original es desproporcionada.
La fiscal defiende el derecho al honor sobre la libertad de expresión
La fiscal Lourdes Rodríguez ha argumentado que el conflicto se encuentra en la colisión de los derechos al honor y a la libertad de expresión, un asunto que el Supremo deberá resolver el próximo 10 de abril en una audiencia previa. Rodríguez ha señalado que, por lo general, el derecho al honor debe ceder ante la libertad de expresión, la cual es fundamental para el pluralismo político y la formación de una opinión pública libre. Sin embargo, advirtió que este derecho no es absoluto y que la libertad de expresión no debe usarse de forma ilimitada para lesionar el honor de otras personas.
En el caso de Belarra, la fiscal considera que las acusaciones de “corrupción” y “prevaricación” hacia García Castellón son claramente injuriosas. Al calificar al juez de “parcial” y acusarlo de proteger al Partido Popular y perseguir a los opositores, las expresiones utilizadas no sólo son descalificadoras, sino que también implican la atribución de delitos graves, lo que resulta perjudicial para el honor y la dignidad del demandante.
¿Libertad de expresión o vulneración del honor?
En su análisis, la fiscal subraya que, aunque la libertad de expresión goza de especial protección, esta no debe prevalecer cuando se pone en riesgo el derecho al honor, especialmente cuando los calificativos empleados son ofensivos y carecen de justificación factual. Rodríguez considera que las afirmaciones de Belarra no estaban respaldadas por hechos verificables que justifiquen la gravedad de sus acusaciones.
Los tuits de Belarra, según la fiscal, no contenían información de contraste que permitiera al público formarse una opinión informada sobre el comportamiento de García Castellón. En lugar de eso, la intención aparente era desacreditarlo personal y profesionalmente, aprovechando su jubilación para difundir una imagen negativa del juez.
La indemnización propuesta: 20.000 euros
A pesar de la gravedad de las declaraciones, la fiscal ha considerado que la indemnización solicitada por García Castellón es excesiva. Según su análisis, el Tribunal Supremo suele fijar indemnizaciones entre 3.000 y 20.000 euros, incluso cuando se han vulnerado otros derechos además del honor. Por ello, la fiscal ha recomendado que la indemnización se ajuste a 20.000 euros, una cantidad que considera más razonable y proporcional en este caso.
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