El Gobierno tiene hasta el 11 de abril para conseguir sacar adelante esta medida, con el riesgo de perder parte de los fondos europeos
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Imagen: la presidenta de la UE, Úrsula Von der Leyen y Pedro Sánchez I EFE
La Comisión Europea ha concedido a España una prórroga de tres semanas para completar los hitos y objetivos vinculados al quinto desembolso del plan de recuperación, que asciende a 23.900 millones de euros entre subvenciones y préstamos. La extensión del plazo, que se prolongará hasta el 11 de abril, responde a una petición formal del Gobierno español presentada el pasado 3 de marzo.
Inicialmente, Bruselas tenía previsto evaluar el cumplimiento de los compromisos antes del 21 de marzo. Sin embargo, la complejidad de las reformas exigidas y los debates internos dentro del Ejecutivo han llevado a España a solicitar más tiempo para cerrar acuerdos y avanzar en las medidas pendientes.
Entre los puntos clave del paquete de reformas, destaca el aumento del impuesto al diésel, una medida que ha generado tensiones entre los socios de la coalición de Gobierno. Podemos solo respalda esta subida si se acompaña de la aprobación de un impuesto permanente a las compañías energéticas, una iniciativa que ha sido bloqueada en el Congreso por Junts y PNV.
Un desembolso clave para la recuperación económica
El quinto tramo de fondos europeos es fundamental para mantener el ritmo de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De los 84 hitos y objetivos incluidos en este paquete, 55 corresponden a compromisos adelantados que estaban previstos en futuros pagos. En total, España debe justificar el cumplimiento de estos requisitos para acceder a 8.000 millones en subvenciones y 15.900 millones en créditos.
El Gobierno ha defendido la necesidad de contar con estos recursos para seguir impulsando inversiones estratégicas en digitalización, transición ecológica, modernización del tejido productivo y refuerzo del estado del bienestar. Sin embargo, la fragmentación parlamentaria y las dificultades para alcanzar consensos han ralentizado la implementación de algunas reformas.
El impacto del impuesto al diésel y la negociación con Bruselas
La reforma fiscal que incluye la subida del impuesto al diésel se ha convertido en uno de los principales escollos políticos. Aunque este incremento forma parte de los compromisos adquiridos con Bruselas, su aplicación ha generado una fuerte resistencia entre diferentes sectores económicos y dentro del propio Gobierno.
Podemos ha condicionado su apoyo a esta medida a la creación de un gravamen permanente sobre las grandes empresas energéticas. No obstante, esta propuesta ha sido rechazada en el Congreso, lo que ha complicado las negociaciones dentro de la coalición. La falta de consenso ha llevado al Ejecutivo a explorar otras vías para cumplir con las exigencias de la Comisión sin generar una crisis interna.
A pesar de la controversia, la Comisión Europea ha aclarado que el impuesto al diésel no es un requisito indispensable para la recepción de los 23.900 millones de euros. En caso de incumplimiento, Bruselas podría aplicar un ajuste sobre la cantidad total, aunque aún no se ha determinado el impacto exacto de esta medida.
Otros hitos pendientes y supervisión de Bruselas
Además de la reforma fiscal, la Comisión evaluará otros compromisos pendientes, como la digitalización de pymes, un objetivo arrastrado del cuarto desembolso y del que dependen 138,6 millones de euros. Este aspecto es clave dentro de la estrategia de recuperación, ya que busca mejorar la competitividad y la resiliencia del tejido empresarial español en un entorno cada vez más digitalizado.
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