La propuesta del Gobierno para redistribuir a los menores extranjeros no acompañados ha generado una división notable entre las comunidades autónomas
The post Varias comunidades autónomas se rebelan contra el reparto desigual de menores migrantes propuesto por el Gobierno first appeared on Hércules. El plan del Gobierno de España para redistribuir a los menores extranjeros no acompañados (menas) entre las comunidades autónomas ha desatado una fuerte oposición en varias regiones, que denuncian un reparto desigual y la falta de recursos para hacer frente a esta medida. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca aliviar la presión sobre los territorios más afectados, como Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla y León o Galicia han manifestado su rechazo, argumentando que el plan es injusto y que no se ha negociado de manera adecuada.
El Gobierno central ha planteado la reubicación de cerca de 4.400 menores migrantes desde los enclaves de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias hacia otras regiones del país. La iniciativa responde a la creciente llegada de inmigrantes a las costas españolas y a la saturación de los centros de acogida en los territorios más afectados. Según el Ministerio de Inclusión, la redistribución busca una mayor equidad en la atención de estos jóvenes y garantizarles mejores condiciones de vida.
Sin embargo, la aprobación del Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece el reparto obligatorio de menores migrantes, ha desatado un cruce de acusaciones. Mientras el Gobierno defiende que el reparto es “justo”, el Partido Popular, ERC y algunas comunidades socialistas consideran que no es la mejor solución.
Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox han mostrado su oposición frontal. Acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de imponer la medida sin diálogo previo y sin proporcionar los recursos necesarios para asumir la acogida de estos menores. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que “el Gobierno está trasladando el problema a las autonomías sin ofrecer soluciones reales ni financiación suficiente”. Además, ha planteado enviar a los 700 menores migrantes que reciba al centro de Fuenlabrada, donde gobierna el PSOE. Por su parte, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, ha advertido que su comunidad ya acoge a un alto número de menores y que “no puede asumir más sin garantías adecuadas”.
El debate sobre los recursos y la financiación
Uno de los principales puntos de fricción es la falta de financiación adicional para las comunidades receptoras. Varias autonomías han señalado que la gestión de los menas implica una carga económica considerable, ya que requiere inversión en centros de acogida, educación, sanidad y programas de integración social. Desde la Xunta de Galicia, el presidente Alfonso Rueda ha subrayado que “sin los medios adecuados, esta medida es inviable” y ha exigido un reparto más equitativo de los fondos destinados a la acogida de menores.
El Gobierno, sin embargo, argumenta que el reparto es “razonable” y ponderado en función de la población, los servicios existentes y la saturación de cada comunidad. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, asegurando que Cataluña siempre ha acogido por encima de sus plazas estructurales. En contraste, ERC ha mostrado su desacuerdo con el pacto, criticando que se “trate a los niños como paquetes”.
Comunidades socialistas también han mostrado su descontento. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado el decreto como “insultante”, argumentando que se ha aprobado sin consultar a las autonomías. “Es bastante insultante que nos amanezcamos un día con una ley aprobada, sin haber hablado absolutamente nada con las comunidades autónomas”, ha dicho.
Varias comunidades autónomas han expresado su oposición al plan del Gobierno para redistribuir a los menores extranjeros no acompañados (menas) entre las distintas regiones de España. Estas comunidades argumentan que la medida es injusta y que no se ha negociado adecuadamente.
Baleares
La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, ha manifestado su rechazo al reparto de menores migrantes, indicando que la región recurrirá a todas las medidas posibles para evitarlo. Prohens considera que imponer esta acogida es una muestra de insensibilidad tanto hacia los menores como hacia los ciudadanos baleares, destacando que los servicios de acogida están saturados.
Madrid
La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su desacuerdo con el reparto obligatorio de menores migrantes. Ayuso ha señalado que el Gobierno está trasladando el problema a las autonomías sin ofrecer soluciones reales ni financiación suficiente. Además, ha anunciado que la comunidad tomará medidas legales para impugnar la decisión.
Andalucía
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que su comunidad ya acoge a un alto número de menores y que no puede asumir más sin garantías adecuadas. Moreno ha criticado la falta de recursos y planificación por parte del Gobierno central en la implementación de esta medida.
Galicia
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha expresado su preocupación por la falta de financiación adicional para las comunidades receptoras. Rueda ha subrayado que sin los medios adecuados, esta medida es inviable y ha exigido un reparto más equitativo de los fondos destinados a la acogida de menores.
Región de Murcia
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha mostrado su desacuerdo con el reparto obligatorio de menores migrantes, argumentando que la comunidad no tiene capacidad para gestionar el número creciente de menores inmigrantes.
Comunidad Valenciana
Aunque la Comunidad Valenciana, gobernada por Carlos Mazón del Partido Popular, ha aprobado presupuestos autonómicos en colaboración con Vox, este acuerdo incluye medidas que vinculan la inmigración con la delincuencia, lo que ha generado críticas y ha puesto en evidencia la postura de la comunidad respecto al reparto de menores migrantes.
Posturas a favor del reparto
A pesar de la oposición de varias comunidades, otras regiones han mostrado su disposición a colaborar. Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco han expresado su apoyo al plan, argumentando que la acogida de menores migrantes es una cuestión de solidaridad y derechos humanos. La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha declarado que “no podemos mirar hacia otro lado cuando hay menores que necesitan protección”.
El Gobierno insiste en que la redistribución es una medida necesaria y que todas las autonomías deben asumir su responsabilidad. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que “es la primera vez que un Gobierno central, ante una competencia autonómica, pone sobre la mesa una respuesta justa y equilibrada que responde al fenómeno migratorio”. También ha solicitado a los gobiernos regionales mayor transparencia sobre cuántos menores no acompañados tienen en sus territorios.
La postura más crítica con este acuerdo migratorio llega desde VOX. Santiago Abascal, ha pedido expresamente la deportación de estos inmigrantes. “Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia… ni a ningún sitio; a Marruecos con sus padres y con su Rey. Punto“, afirmó en sus redes sociales.
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