El juez ha acordado una multa de 5.000 euros al abogado de Gómez, y de 500 euros a los abogados de las acusaciones populares que ejercen Vox y Hazte Oír
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El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla por el ‘caso Begoña Gómez’, a 1 de agosto de 2024, en Madrid I Europa Press
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha decidido imponer sanciones económicas a los abogados involucrados en el caso relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según consta en un auto judicial al que ha accedido Europa Press, el magistrado ha impuesto una multa de 5.000 euros al abogado defensor de Gómez, y otras de 500 euros a los representantes legales de las acusaciones populares que ejercen los colectivos Vox y Hazte Oír.
Estas manifestaciones vulneraron las normas de reserva
La medida llega como consecuencia de las declaraciones realizadas por los letrados a los medios de comunicación tras la declaración como testigo de Begoña Gómez en diciembre del pasado año. Estas manifestaciones, según el juez, vulneraron las normas de reserva que deben regir sobre las diligencias judiciales en curso.
El juez adoptó esta decisión en el marco de una pieza separada del procedimiento principal, una vez que escuchó las alegaciones de las partes implicadas y revisó las grabaciones televisivas de los programas en los que se realizaron las declaraciones. A juicio del magistrado, los tres abogados cometieron un “exceso en su comportamiento” en relación con su derecho a la defensa, al divulgar información que debía permanecer bajo secreto procesal.
Los abogados de Vox y Hazte Oír
En el caso concreto de los abogados de Vox y Hazte Oír, el juez señala que, si bien en las grabaciones aportadas no figuran directamente sus manifestaciones, los propios letrados reconocieron haberlas realizado. En sus declaraciones ante el juzgado, argumentaron que solo hablaron con los medios tras escuchar las declaraciones del abogado de Begoña Gómez, lo cual, según el auto, “atempera la infracción”, aunque no elimina la vulneración de las normas. Al haber presentado alegaciones dentro del plazo concedido y haber admitido los hechos, el juez decidió imponerles una sanción en su cuantía mínima, de 500 euros.
En cambio, el abogado de Begoña Gómez, según detalla el juez Peinado, fue quien “de forma clara y extensa” trasladó a la opinión pública detalles de lo ocurrido durante la audiencia, incumpliendo así el deber de confidencialidad procesal. Además, el juez destaca que el letrado no hizo uso del plazo otorgado para presentar alegaciones, lo que refuerza la percepción de una actitud de indiferencia o menosprecio hacia el procedimiento judicial. Por estos motivos, se le impuso una sanción considerada de “cuantía intermedia”, fijada en 5.000 euros.
Esta resolución judicial se produce en un momento especialmente sensible del caso, justo antes de que tenga lugar la declaración como testigo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El interrogatorio al ministro está relacionado con la contratación de una asesora vinculada a Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa.
Con esta decisión, el juez Peinado lanza un mensaje claro sobre la importancia de preservar el sigilo procesal durante el desarrollo de las investigaciones judiciales, y advierte de que el uso mediático de las actuaciones en curso puede acarrear consecuencias jurídicas incluso para los representantes legales de las partes implicadas.
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