La Audiencia Nacional pide actas de recepción de mascarillas a Raminatrans para comprobar si ADIF recibió realmente los 5 millones adquiridos. La investigación señala contradicciones entre los testimonios de altos cargos
The post El juez del ‘caso Koldo’ exige pruebas de entrega de mascarillas a Raminatrans para esclarecer contradicciones first appeared on Hércules. El magistrado de la Audiencia Nacional que dirige la investigación del llamado caso Koldo ha requerido formalmente al presidente de Raminatrans, Rafael Milla, la entrega de toda la documentación relativa a la recepción o distribución de mascarillas compradas por ADIF, empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes. En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno responde así a la petición de la acusación popular unificada, que busca esclarecer importantes discrepancias detectadas en las versiones de varios testigos.
El foco del requerimiento son las mascarillas adquiridas durante la pandemia por ADIF a Soluciones de Gestión, una compañía supuestamente vinculada a la trama empresarial que se investiga. Según la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, de los 5 millones de unidades contratadas solo se habrían recibido 300.000, tal como declaró ante el Tribunal Supremo. Esta afirmación contrasta con la declaración de Rafael Milla, presidente de Raminatrans, quien en octubre de 2023 compareció como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2 y aseguró que todas las mascarillas fueron entregadas y recepcionadas conforme a los protocolos habituales.
En concreto, Milla afirmó que cada entrega se documentó mediante actas formales que se habrían puesto a disposición del juzgado, un punto que ahora la acusación popular quiere verificar, dada la aparente contradicción con el testimonio de Pardo de Vera. Raminatrans SL fue la empresa encargada del transporte y suministro del material sanitario a ADIF, y su papel es clave para aclarar si efectivamente se materializó la entrega de la mercancía adquirida por valor de millones de euros.
Además, la acusación popular hace referencia a un informe de auditoría elaborado en agosto por la Dirección General de Organización e Inspección. En ese documento, se incluye un desglose detallado de los envíos realizados entre el 17 y el 27 de abril de 2020, lo que refuerza la tesis de que las entregas sí se efectuaron, al menos en parte.
El caso judicial se originó en la Audiencia Nacional, pero parte del procedimiento fue trasladado al Tribunal Supremo después de que el juez Moreno encontrara indicios suficientes para investigar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Como diputado en activo, Ábalos cuenta con fuero parlamentario, lo que obliga a que cualquier causa contra él sea tramitada por el alto tribunal.
Con esta nueva solicitud de documentación, el juez busca resolver los puntos oscuros de un caso que ha salpicado a varios altos cargos y empresarios, en una investigación que sigue sumando implicados y piezas clave.
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