El fiscal general impone el nombramiento de Sánchez Ulled, quien tendrá competencias sobre el delito por el que él mismo está imputado
The post García Ortiz nombra al fiscal de su causa pese a las críticas del Consejo Fiscal first appeared on Hércules. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desoído las advertencias de la mayoría del Consejo Fiscal y ha impuesto este martes la designación de Emilio Sánchez Ulled como nuevo fiscal de Sala coordinador de delitos contra la Administración Pública, un puesto de reciente creación y con competencias que podrían incidir directamente en el proceso penal abierto contra el propio García Ortiz.
Sánchez Ulled, exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y autodeclarado «de izquierdas», fue propuesto por el fiscal general pese a que siete de los doce vocales del Consejo Fiscal votaron en contra. Los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), junto con la representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se negaron a participar en la votación al considerar que García Ortiz debía haberse abstenido por tener un “interés personal” en el nombramiento.
Un fiscal para decidir sobre el delito que afecta al fiscal general
Entre las funciones del nuevo fiscal se encuentra fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos, precisamente el delito por el que García Ortiz está imputado ante el Tribunal Supremo. La causa se abrió tras la filtración de datos sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y se vio agravada por la desaparición del contenido del móvil oficial del fiscal general, según fuentes judiciales.
La AF lo expresó con claridad en una carta enviada el lunes: “Tiene un interés personal en esta propuesta que podría reportarle beneficios en el procedimiento penal en su contra”. Por ello, pidieron su abstención y la retirada del nombramiento del orden del día. Sin embargo, García Ortiz siguió adelante, defendiendo que el nuevo puesto no tiene funciones jurisdiccionales y que, para cuando esté plenamente operativo, su causa ya estará resuelta.
La creación de esta nueva Fiscalía de Sala —aprobada mediante Real Decreto y con carácter de urgencia— ha despertado recelos dentro de la carrera fiscal. Desde la Fiscalía Anticorrupción se teme que esta figura sirva para absorber causas sensibles para el Gobierno, especialmente en un momento crítico en el que avanzan investigaciones como el caso Koldo o el de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
Fuentes internas señalan que el nuevo diseño de competencias permitiría a la Fiscalía General controlar directamente casos de corrupción vinculados al poder político, desplazando a Anticorrupción y, en la práctica, diluyendo su independencia operativa. Todo ello enmarcado en el llamado Plan de Regeneración Democrática del Gobierno, aprobado en septiembre de 2024.
El perfil de Sánchez Ulled y las sospechas de parcialidad
Sánchez Ulled es fiscal desde 1994 y entre 2005 y 2017 fue Fiscal Delegado de Anticorrupción, destacando en los casos del Palau de la Música y del 9-N en Cataluña. Desde 2017 ejercía como consejero de Justicia ante la Unión Europea. Pese a su dilatada trayectoria, su perfil político y su cercanía a García Ortiz han despertado suspicacias, especialmente por su antigua presidencia de la UPF, la asociación progresista de fiscales.
“No es admisible que un fiscal general proponga al fiscal que puede intervenir en una causa que le afecta personalmente”, zanja la AF en su misiva. Además, alertan de que el nuevo fiscal “coordinará la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el proceso penal actualmente en trámite”.
El Pleno del Consejo Fiscal también aprobó otros tres fiscales de Sala: Fernando Rodríguez Rey (Delitos Económicos), Mª Eugenia Prendes (Violencia contra la Mujer) y Mario Sanz Fernández-Vega (Seguridad Vial). Sin embargo, el caso de Sánchez Ulled ha eclipsado el resto de nombramientos y abierto un nuevo foco de controversia institucional en el Ministerio Público.
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