Las asociaciones del instituto armado denuncian presiones de Interior y temen expedientes por defender públicamente a la UCO
The post Interior silencia a los críticos de la Guardia Civil ante la ofensiva contra la UCO first appeared on Hércules. Las tensiones entre el Ministerio del Interior y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han alcanzado un nuevo punto crítico. Según denuncian diversas asociaciones profesionales del instituto armado, la Dirección General de la Guardia Civil ha lanzado advertencias directas a sus representantes para que moderen sus críticas en público. “Nos jugamos un expediente”, reconoce uno de ellos.
El malestar nace tras una campaña de descrédito contra la UCO, intensificada en los últimos meses, con el objetivo, según apuntan desde dentro del cuerpo, de amortiguar el impacto de las investigaciones que apuntan a casos de corrupción vinculados al entorno de La Moncloa. Las asociaciones denuncian una estrategia para desprestigiar y desestabilizar a la unidad más emblemática en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Mensajes manipulados y represalias encubiertas
Uno de los episodios más graves fue la difusión de unos mensajes manipulados que atribuían falsamente al ex capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, la intención de colocar una bomba lapa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En realidad, Bonilla estaba advirtiendo a un confidente de que temía ser él el objetivo de un atentado.
A raíz de este escándalo, las asociaciones han levantado la voz en defensa de sus compañeros. Pero hacerlo ha tenido consecuencias. Desde hace días, varios portavoces han recibido llamadas del entorno de la Dirección General instándoles a “bajar el perfil”. Algunas organizaciones incluso han recomendado a sus dirigentes limitar su actividad pública por riesgo de sanción.
Una ley que permite castigar la crítica interna
El Real Decreto de 2022 sobre el funcionamiento de las asociaciones profesionales, junto con la Ley de Régimen Disciplinario de 2007, otorga al Ministerio del Interior herramientas para abrir expedientes a quienes se manifiesten públicamente sobre cuestiones políticas. Las sanciones por violar la neutralidad política pueden incluir suspensiones de empleo de hasta seis años.
Interior ya ha hecho uso de estas medidas. A finales de 2023, expedientó a miembros de Jucil y Aprogc por declaraciones contra el presidente Sánchez y la ley de amnistía. Aunque esos expedientes fueron archivados más tarde, el daño político ya estaba hecho, y ahora muchos temen que se repita el patrón.
La inquietud se intensifica porque en octubre se celebran elecciones al Consejo de la Guardia Civil. Muchos representantes creen que una sanción —aunque luego sea retirada— podría usarse para desacreditar sus candidaturas. Este temor refuerza el silencio forzado al que, aseguran, les quiere someter Interior.
La denuncia contra Leire Díez desata una nueva tormenta
Pese a la presión, no todos han optado por callar. La Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha presentado una denuncia judicial contra Leire Díez, la exasesora socialista señalada como la responsable de una operación para dañar la credibilidad del teniente coronel Antonio Balas, figura clave de la UCO.
La denuncia, presentada en Plaza Castilla, atribuye a Díez delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. También implica a los empresarios Alejandro Hamlyn, Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo, todos ellos presentes en una reunión en la que se habría intentado obtener información comprometida sobre el mando de la UCO.
No es la primera vez que se calla a los críticos
La Dirección General de la Guardia Civil archivó sin sanción el expediente disciplinario abierto en noviembre de 2023 contra el presidente y el secretario de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC). Ambos fueron investigados por una posible “violación de la neutralidad política” tras difundir un comunicado crítico con la ley de amnistía, en el que manifestaban su apoyo a la judicatura y su disposición a “derramar sangre” por la Constitución.
El archivo quedó reflejado en una resolución del 11 de marzo firmada por el jefe de la asesoría jurídica del cuerpo y ratificada por el director general, Leonardo Marcos. Los agentes, que enfrentaban una falta considerada “muy grave” según la Ley Orgánica 12/2007, recurrieron la suspensión cautelar de tres meses sin sueldo ni servicio, una medida que fue suspendida por el Tribunal Militar Central al considerarla “desproporcionada”.
Según APROGC, se demostró que el comunicado fue redactado por un despacho jurídico, lo que ayudó a cerrar el caso. La asociación criticó la rapidez con la que Interior y la Guardia Civil actuaron en su contra. En paralelo, continúan abiertos dos expedientes contra el portavoz de JUCIL por declaraciones públicas similares contra la ley de amnistía y el presidente Sánchez.
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