La Agencia Catalana del Consumo mantiene las sanciones vigentes a pesar de que el Tribunal Constitucional las rechazó en 2018
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Imagen: el presidente de Cataluña, Salvador Illa I RTVE
La Generalitat de Cataluña ha multiplicado por casi cuatro el número de sanciones impuestas por incumplimientos de la normativa lingüística en 2024. Según los últimos datos oficiales, el Govern ha impuesto un total de 312 multas lingüísticas en el último año, lo que supone un incremento del 283% respecto a las 81 sanciones registradas en 2023. Este aumento marca un récord histórico desde la entrada en vigor de la Ley de Política Lingüística y la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que regulan el uso del catalán en la administración y en la atención al público.
¿Qué son las multas lingüísticas?
Las multas lingüísticas son sanciones administrativas que la Generalitat impone a empresas y comercios que no cumplen la normativa que obliga a garantizar el uso del catalán en rotulación, documentación, contratos, información al consumidor y atención al cliente. La ley exige que la información y la atención al público estén, como mínimo, en catalán, aunque pueden estar también en castellano u otros idiomas. El incumplimiento puede acarrear multas que oscilan entre los 600 y los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.
Ingresos generados y comparativa histórica
En 2024, las multas lingüísticas han supuesto para las arcas de la Generalitat unos ingresos aproximados de 1,2 millones de euros, frente a los 350.000 euros recaudados en 2023. Esta cifra multiplica por más de tres la recaudación del año anterior y supera ampliamente la media de los últimos cinco años, que se situaba en torno a los 400.000 euros anuales. Desde 2019, el número de sanciones había oscilado entre las 60 y las 100 anuales, lo que pone en evidencia el salto cuantitativo registrado en 2024.
Contexto y reacción social
El endurecimiento de la inspección y la aplicación de la normativa lingüística responde, según el Govern, a la voluntad de “garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores y reforzar el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida pública”. Sin embargo, la medida ha generado polémica entre asociaciones empresariales y de comerciantes, que denuncian un “afán recaudatorio” y alertan de la dificultad de adaptación para pequeños negocios, especialmente en zonas turísticas y con alta presencia de nuevos residentes.
Por su parte, entidades en defensa del catalán valoran positivamente el aumento de las inspecciones y sanciones, considerándolo un paso necesario para frenar el retroceso del uso social de la lengua. El debate sobre la política lingüística sigue siendo uno de los temas más sensibles y polarizadores en la sociedad catalana.
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