El futuro del gobierno municipal de Alcorcón permanece incierto, con un ejecutivo en minoría y una oposición que exige transparencia
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La alcaldesa de Alcorcón (PSEOE). Fuente: redes sociales
El Ayuntamiento de Alcorcón atraviesa una profunda crisis institucional tras la ruptura del gobierno tripartito liderado por la alcaldesa socialista Candelaria Testa. La destitución de la concejala Raquel Rodríguez, exresponsable de Cultura, Festejos y Mayores, ha desencadenado un escenario de inestabilidad que ha obligado a cancelar reuniones clave como la Junta de Accionistas de ESMASA y la Comisión Plenaria de Organización Interna.
Rodríguez, expulsada de Ganar Alcorcón en medio de tensiones internas tras el fallecimiento del líder Jesús Santos, ha denunciado su cese como una decisión “unilateral” de la alcaldesa.
En una carta dirigida a asociaciones culturales, la exconcejala criticó la falta de espíritu colectivo en el gobierno y señaló bloqueos en proyectos como el concurso público de comedores para mayores, mientras se priorizaban otros como la cafetería de la piscina municipal.
La situación se agravó cuando Rodríguez fue nombrada presidenta de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA) con el apoyo del Partido Popular y Vox, lo que generó acusaciones de transfuguismo por parte de Ganar Alcorcón. La formación solicitó la entrega de su acta de concejala y activó el Pacto Antitransfuguismo para impedir que su voto favorezca a la oposición.
Desde la oposición, el Partido Popular ha denunciado la “parálisis” del Ayuntamiento y la incapacidad de la alcaldesa para gestionar su equipo de gobierno. Roberto Marín Vergara, presidente y portavoz del PP de Alcorcón, afirmó que “la señora Testa pactó a toda costa con el único objetivo de que el Partido Popular, la fuerza más votada por los vecinos, no gobernara”, y criticó que el acuerdo de gobierno ha llevado a Alcorcón a un estado de bloqueo institucional.
La crisis se suma a otras controversias en la gestión municipal, como las presuntas irregularidades en el contrato de obras del Centro de Mayores Salvador Allende, donde el Ayuntamiento pagó 35.000 euros a una constructora sin contrato, y la suspensión de la votación para aprobar los presupuestos municipales tras detectarse “graves irregularidades” en las estimaciones de ingresos y gastos.
Ante este panorama, el futuro del gobierno municipal de Alcorcón permanece incierto, con un ejecutivo en minoría y una oposición que exige transparencia y estabilidad para el buen desarrollo democrático de la institución y el bienestar de los vecinos.
Alcorcón, a oscuras por la guerra interna entre ESMASA y el Gobierno local
Las tensiones entre ESMASA (Empresa Pública de Servicios Municipales gestionada por uno de los socios de gobierno de Candelaria Testa, Ganar Alcorcón) y el Ayuntamiento (liderado por el PSOE) vuelven a poner en evidencia la falta de cohesión dentro del Gobierno municipal de Alcorcón, afectando directamente a los vecinos, que no dan crédito a la situación generada por el Consistorio.
La última muestra de esta descoordinación y deslealtad se ha vivido en Fuente Cisneros, donde la grave falta de alumbrado público ha sido denunciada por los vecinos, mientras las instituciones se enzarzan en reproches y se pasan la pelota unas a otras.
El conflicto quedó al descubierto tras la respuesta oficial de ESMASA a un vecino que denunciaba la oscuridad total existente en el camino que conecta el barrio de Fuente Cisneros con Móstoles, a la altura del Centro Cultural. Según la respuesta, publicada por el propio vecino en sus redes sociales, la empresa reconoció que las farolas habían sido objeto de actos vandálicos y que el cableado había sido sustraído.
Además, ESMASA aclaraba que estos actos se produjeron antes del acuerdo de remunicipalización del mantenimiento del alumbrado público, aprobado por el Ayuntamiento de Alcorcón en diciembre de 2022 -aunque ya había asumido provisionalmente la gestión desde mediados de 2021- cuando finalizó el anterior contrato privado.
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