Figuras del Gobierno y referentes ideológicos atacan el derecho a heredar, mientras miles de españoles aceleran donaciones por miedo a nuevos impuestos
The post La izquierda pone en la diana las herencias por el aumento de las donaciones en España first appeared on Hércules. La herencia, entendida durante siglos como una prolongación del esfuerzo familiar y del derecho a la propiedad, ha pasado a convertirse en el nuevo objetivo de la izquierda en España. Mientras las donaciones se disparan en cifras récord por el temor a un endurecimiento fiscal, el Gobierno y algunos de sus aliados intelectuales cargan con fuerza contra el modelo de transmisión patrimonial que ha sostenido a buena parte de la clase media.
En los últimos días, unas declaraciones del cantautor Albert Pla en Hora 25 de la Cadena SER han encendido el debate. El artista, con un discurso de fuerte contenido ideológico, afirmó que “heredar es una injusticia” y se mostró partidario de abolir las herencias o al menos “regularlas muchísimo”. Sus palabras, lejos de ser rebatidas, encontraron eco en el propio presentador, Aimar Bretos, quien calificó las herencias como “la mayor fuente de desigualdad del mundo”, y en la periodista Mamen Mendizábal, que mostró su acuerdo.
Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, cientos de usuarios tacharon a Pla de “envidioso”, “resentido” y “vago”, mientras alertaban de que sus ideas, antes marginales, hoy se ven reflejadas en discursos oficiales y decisiones políticas.
El neofeudalismo según la izquierda
Pero Pla no está solo. En la entrevista que concedió recientemente al diario El País, el antropólogo Jaime Palomera, cofundador del Sindicato de Inquilinas y referente intelectual de dirigentes como Irene Montero, denunció que España se dirige hacia un “neofeudalismo basado en la herencia”. A su juicio, la propiedad privada, especialmente en forma de inmuebles heredados, establece una “heredocracia” que perpetúa desigualdades.
Palomera defiende una profunda redistribución de la vivienda —incluyendo usos como los pisos turísticos— y cuestiona abiertamente el derecho de los ciudadanos a legar bienes a sus hijos. Cita incluso el artículo 33 de la Constitución, que subordina la propiedad a su “función social”, para justificar propuestas como la expropiación de viviendas privadas.
Estas ideas no se quedan en el terreno de lo teórico. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incorporado el ataque a las herencias a su narrativa política. En su último plan de vivienda, advirtió de la creación de una sociedad dividida entre quienes heredan viviendas y quienes pasan su vida alquilando sin posibilidad de ahorrar. “La sociedad española va a acabar dividida entre los que heredan casas y los que viven de alquiler para siempre”, sentenció.
A esta retórica se suma el interés recaudatorio del Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido durante años en elevar el Impuesto de Sucesiones, sobre todo en comunidades como Madrid, donde está bonificado. Según los asesores fiscales del REAF, este discurso está teniendo un efecto directo: los españoles están donando bienes en vida a sus hijos para evitar pagar impuestos más altos en el futuro.
La propiedad, derecho fundamental bajo asedio
El Consejo General del Notariado certifica esta tendencia: en 2024 se realizaron 199.448 donaciones, un 15% más que el año anterior y el máximo desde 2007. Para los expertos, el dato refleja el temor de los ciudadanos ante una eventual “armonización fiscal” que igualaría al alza los tipos del Impuesto de Sucesiones en todas las comunidades autónomas.
Más allá de debates ideológicos, lo que está en juego es un derecho fundamental. La propiedad privada figura en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se establece que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
Sin propiedad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia. Por eso, alertan los juristas, la deriva del Gobierno hacia una fiscalidad punitiva y una visión hostil de la herencia abre un camino peligroso que podría terminar socavando los pilares básicos del orden constitucional.
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