La investigación por amaños en contratos públicos apunta a una red organizada con participación directa de exdirigentes socialistas
The post El juez imputa a cinco empresarios y autoriza registrar los correos de Ábalos y Cerdán first appeared on Hércules. La trama de adjudicaciones irregulares que salpica al entorno del PSOE da un paso clave en la instrucción judicial. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha imputado este viernes a cinco empresarios por su presunta implicación en la red de amaños de contratos públicos, y ha autorizado una batería de diligencias que incluyen la clonación de los correos electrónicos oficiales de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como la investigación patrimonial del primero. Mientras tanto, la declaración de Cerdán se pospone al 30 de junio, a petición de su nuevo abogado.
El magistrado considera que este es “el caso, sin duda” de Cerdán. Según el último auto, existen “consistentes indicios” de que el ex número tres del PSOE participó junto a Ábalos “en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas”. Más aún, el juez sugiere que Cerdán podría haber sido quien repartía el dinero obtenido ilícitamente, por lo que ordena investigar su patrimonio y advierte de que podría imponerle medidas cautelares tras su declaración del 30 de junio.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desplazado este viernes a la sede del PSOE en Ferraz para clonar la cuenta de correo electrónico de Cerdán, así como al Ministerio de Transportes para acceder al correo institucional que utilizó Ábalos durante su etapa como ministro. La operación tiene como fin rastrear comunicaciones clave que sustenten las sospechas sobre una trama organizada desde altas esferas del partido y del Gobierno.
Empresarios, contratos públicos y presuntas mordidas
Entre los cinco empresarios ahora imputados destaca Antxon Alonso, de la empresa Servinabar, en la que Cerdán habría tenido un 45% de participación. Esta empresa recibió más de 75 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno navarro, que ahora están bajo sospecha. También figura como investigado Fernando Merino, exdirectivo de Acciona Construcción, cuyas presuntas comisiones ilegales podrían haber ascendido a 620.000 euros, según la UCO.
La red se completa con Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a Obras Públicas y Regadíos (OPR), y José Ruz, relacionado con Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Todas estas compañías están siendo examinadas por su participación en un esquema presuntamente orientado a amañar licitaciones públicas con el consentimiento y participación de cargos políticos.
El juez ha solicitado además a Adif y a la Dirección General de Carreteras documentación de once contratos que figuran como irregulares en los informes de la Guardia Civil.
El foco no se limita a Cerdán y los empresarios. El magistrado considera que tanto Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, como Javier Herrero, ex director general de Carreteras, pudieron haber tenido un papel relevante aunque instrumental en la trama. Según el auto, existen indicios de que ambos siguieron directrices del exministro Ábalos y su asesor Koldo García para facilitar adjudicaciones a determinadas empresas, bien avisando de futuras licitaciones o filtrando detalles clave de los expedientes.
Ambos podrían ser citados próximamente por la Audiencia Nacional, ya que sus actuaciones están consideradas accesorias y podrían encajar en la parte de la causa que continúa instruyéndose allí. Pardo de Vera, de hecho, ya está imputada por un caso paralelo: el presunto enchufe de una expareja de Ábalos.
Con cada avance de la investigación, la presión sobre el PSOE se incrementa. El caso ya ha provocado una crisis interna en el partido, un vacío de agenda pública por parte del presidente Pedro Sánchez y una ofensiva política por parte del PP, que ve en el escándalo la oportunidad de desbancar a los socialistas del poder.
El 30 de junio, cuando Santos Cerdán finalmente preste declaración, el juez decidirá si impone medidas como la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país o comparecencias periódicas, tal y como ya ha hecho con los otros principales investigados.
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