España consigue una senda propia en defensa dentro de la OTAN, pero el acuerdo revela tensiones internas y el cálculo político del Ejecutivo
The post Sánchez pacta con la OTAN evitar el 5% en gasto militar y fija un techo del 2,1% del PIB first appeared on Hércules. Pedro Sánchez ha anunciado este domingo un acuerdo con la OTAN que permitirá a España no aumentar su gasto militar hasta el 5% del PIB, como proponía la Alianza. En su lugar, el Gobierno se compromete a alcanzar un techo del 2,1% del PIB, cifra que, según Moncloa, bastará para cubrir las obligaciones asumidas como miembro de la organización.
El presidente ha calificado el pacto como “muy positivo”, subrayando que permite a España “cumplir con la alianza transatlántica y preservar su unidad” sin asumir un incremento que considera “desproporcionado e innecesario”. Sin embargo, el contexto político interno en el que se produce este acuerdo no es ajeno a su significado.
Negociación urgente con trasfondo interno
El entendimiento con la OTAN ha sido el resultado de intensas negociaciones a contrarreloj durante el fin de semana, tras una carta enviada por Sánchez al secretario general de la organización, Mark Rutte, en la que pedía que el nuevo objetivo del 5% fuera opcional o que se hiciera una excepción para España.
El Ejecutivo, en clara posición de debilidad por la crisis generada por la presunta trama de corrupción que afecta al PSOE, ha querido evitar que el debate sobre el gasto en defensa se convirtiera en otro frente de conflicto con sus socios parlamentarios. El pulso con la OTAN ha servido también como estrategia para desviar la atención y reforzar su perfil de “resistencia”.
Sánchez ha insistido en que gastar un 5% del PIB en defensa sería una irresponsabilidad. Según sus cálculos, alcanzar ese nivel supondría desembolsar 350.000 millones de euros en los próximos años, lo que obligaría, en palabras del propio presidente, a “subir a cada trabajador los impuestos en unos 3.000 euros anuales, eliminar las prestaciones por desempleo y reducir un 40% las pensiones”.
El Gobierno considera que el 2,1% acordado será suficiente para cubrir todo lo que la OTAN exige a España. Sin embargo, fuentes de la organización han señalado que el objetivo oficial sigue siendo el 5%, bajo la fórmula de un 3,5% en gasto estrictamente militar y un 1,5% en seguridad (infraestructuras, ciberdefensa, etc.). El riesgo, advierten algunos analistas, es que España quede descolgada del consenso estratégico sin romper formalmente con él.
La carta de Rutte, hecha pública tras el anuncio, concede a España la posibilidad de presentar planes anuales propios, lo que en la práctica significa una flexibilización singular del compromiso general. No obstante, aunque el Ejecutivo ha evitado hablar de trato especial, lo cierto es que ningún otro país ha hecho pública una senda de gasto distinta.
La próxima revisión del acuerdo está prevista para 2029, lo que deja un amplio margen al actual Ejecutivo para mantener su postura, aunque con el riesgo de que un cambio geopolítico o en el liderazgo de la OTAN modifique de nuevo las reglas del juego.
El pacto llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno. Presionado por sus socios, debilitado por escándalos internos y necesitado de recuperar la iniciativa, Sánchez ha optado por una posición que concita consenso en la izquierda y evita un nuevo desgaste. Pero al mismo tiempo, deja a España en una posición ambigua: comprometida con la Alianza, pero sin asumir por completo sus decisiones colectivas.
“España no va a gastar el 5% del PIB, pero su participación, su peso y su legitimidad siguen intactos”, defendió Sánchez. La afirmación, sin embargo, no disipa las dudas sobre hasta qué punto el país mantendrá la influencia que corresponde a su estatus dentro de la OTAN.
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