El CGPJ alerta sobre riesgos en la reforma del Ministerio Fiscal, incluyendo control de la Policía Judicial y pérdida de independencia institucional
The post CGPJ critica la reforma del Ministerio Fiscal first appeared on Hércules. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este lunes, por unanimidad en un pleno extraordinario, un informe sobre la propuesta del Gobierno para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El documento, que abarca 109 páginas, reconoce avances en el planteamiento legislativo, pero lanza advertencias significativas sobre aspectos que podrían afectar la separación de poderes y la autonomía de las instituciones judiciales.
El control de la Policía Judicial preocupa a los jueces
Uno de los puntos que más inquietud genera es la previsión de que la Policía Judicial pase a estar bajo la dirección directa del Ministerio Público. El CGPJ considera que esta medida rebasa claramente el ámbito propio de una ley orgánica reguladora del Ministerio Fiscal. Según el dictamen, la reforma propuesta “incluye elementos que desbordan el marco de competencia del estatuto” y afectan a cuerpos que no forman parte del propio Ministerio Fiscal.
Este cambio forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para transformar la instrucción penal en España, desplazando el protagonismo de los jueces hacia los fiscales. Bajo esta reestructuración, la Fiscalía asumiría el control efectivo de las investigaciones penales, y unidades como la UCO de la Guardia Civil quedarían bajo su mando operativo.
Riesgos de politización y falta de independencia
Esta nueva arquitectura institucional ha sido recibida con escepticismo por sectores del poder judicial, que ven en ella un intento del Gobierno de ejercer mayor control sobre los procesos penales. La Fiscalía, de carácter jerárquico, depende orgánicamente del fiscal general del Estado, una figura nombrada por el Ejecutivo. Para muchos, esto plantea un riesgo evidente de politización en las etapas más sensibles del proceso judicial.
El informe del CGPJ sostiene que la reforma no garantiza suficientemente la independencia judicial, al no destacar desde el inicio el carácter autónomo del Ministerio Público. Aunque este principio no aparece expresamente recogido en la Constitución, los jueces recuerdan que está implícito en la regulación constitucional y es un requisito fundamental para el cumplimiento de los principios de legalidad e imparcialidad.
Falta de autonomía financiera y capacidad normativa
A juicio del órgano de gobierno de los jueces, la independencia no solo debe protegerse frente a injerencias externas, sino también reforzarse mediante dotaciones legales adecuadas. Por eso critica que la propuesta no otorgue al Ministerio Fiscal capacidad reglamentaria ni autonomía presupuestaria, manteniéndolo dependiente del Ejecutivo en cuestiones clave como su financiación o estructura organizativa.
Desmantelamiento funcional del Consejo Fiscal
Otro aspecto que preocupa es la modificación del Consejo Fiscal, que se ve privado de funciones que antes ejercía como órgano colegiado de contrapeso interno. El texto plantea su reconfiguración, eliminando su papel decisivo en expedientes disciplinarios, criterios de actuación o recursos contra resoluciones sancionadoras. A partir de ahora, muchas de sus funciones serán meramente consultivas.
En casos de traslados forzosos, separación del servicio o declaración de incompatibilidades, ya no será necesaria su aprobación formal, limitándose a ser escuchado. De igual forma, se suprime su presencia en la Sección Permanente de Valoración de la Inspección Fiscal, la cual pasa a estar directamente subordinada al fiscal general.
Avances valorados positivamente por el CGPJ
A pesar de estas objeciones, el CGPJ destaca elementos positivos en el anteproyecto. Uno de ellos es la inclusión, por primera vez, de una regulación clara de la relación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado. Se establecen límites a las comunicaciones que pueda enviar el Ejecutivo, impidiendo que se refieran a causas concretas.
También se valora favorablemente que el mandato del fiscal general quede desligado de la duración de la legislatura, eliminando la regla que provocaba su cese automático con la caída del Gobierno. Para los ceses motivados por un incumplimiento grave o reiterado, se exige ahora un informe previo y preceptivo del CGPJ.
Contradicciones en la supuesta autonomía de la Fiscalía
La reforma también suprime la intervención del Ministerio de Justicia en decisiones relevantes sobre la carrera fiscal, como los ascensos, los nombramientos y el régimen disciplinario, que pasarán a depender exclusivamente del fiscal general. No obstante, el informe señala una contradicción: Justicia seguirá teniendo competencia para declarar situaciones administrativas como las excedencias o jubilaciones, lo que socava la pretendida autonomía del Ministerio Público.
Leyes Bolaños: reforma con fuerte oposición judicial
Este anteproyecto forma parte del conjunto de reformas legales que el Ejecutivo ha agrupado bajo la denominación informal de “leyes Bolaños”, en referencia al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Las iniciativas han sido duramente contestadas por cuatro de las cinco asociaciones judiciales y fiscales, que han convocado una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio.
Las organizaciones críticas argumentan que las reformas no responden a una necesidad social identificada y que tampoco abordan los principales desafíos estructurales de la justicia. En cambio, consideran que incrementan el riesgo de politización y debilitan las garantías del Estado de derecho.
Un cambio estructural con impacto en el modelo judicial
Pese a la oposición, Bolaños ha reiterado su intención de sacar adelante tanto la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal como la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno considera que se trata de pasos necesarios para modernizar la justicia y acercarla a los estándares europeos.
El debate sobre la reforma del Ministerio Fiscal se produce en un contexto de especial tensión institucional, marcado por causas judiciales que afectan a miembros del Ejecutivo. Que la instrucción penal pase de los jueces a los fiscales no es un mero ajuste técnico, sino un cambio estructural con profundas implicaciones para el equilibrio entre poderes.
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