El entonces dirigente del PSOE impulsó una financiación estatal directa que benefició a una empresa vinculada a él, desatando críticas y sospechas
The post Cerdán negoció con el Ministerio de Transportes para conseguirle una subvención de 40 millones a Servinabar first appeared on Hércules. El papel de Santos Cerdán en la obtención de 40 millones de euros del Ministerio de Transportes para la duplicación del túnel de Belate ha encendido todas las alarmas. El que fuera número tres del PSOE no tenía competencias en el Gobierno de Navarra ni en el Ministerio implicado, pero acudió a la reunión clave celebrada en noviembre de 2019 entre representantes de ambas administraciones. Allí, se gestó una subvención directa y excepcional que benefició a la UTE encabezada por Servinabar, empresa que la Guardia Civil vincula al propio Cerdán.
Un proceso a medida de intereses particulares
La obra, adjudicada por 76 millones de euros, fue defendida bajo el argumento de adaptación a normas europeas de seguridad. Sin embargo, los indicios de interferencia política y posible conflicto de intereses son cada vez más contundentes. Tras aquella reunión, Servinabar cambió radicalmente su objeto social y dejó de dedicarse a encuestas y eventos para centrarse en la construcción. Pocos meses después, accedía a su mayor adjudicación pública.
El proceso recibió el respaldo continuado de tres ministros distintos del ramo: José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente, y fue revalidado incluso con Presupuestos prorrogados. Esta continuidad institucional, difícil de justificar sin presiones externas, da cuenta del peso político de Cerdán. A pesar de los informes negativos en la mesa de contratación —incluidos los del secretario e interventor—, el Gobierno de María Chivite no se echó atrás.
¿Quién controla realmente Servinabar?
La compañía beneficiada por la subvención estatal aparece formalmente como una constructora más, pero según la Unidad Central Operativa (UCO), Cerdán poseía el 45% de su capital de forma encubierta, mediante un acuerdo privado con su socio Antxon Alonso. Este dato, crucial, compromete no solo al exdirigente socialista, sino también a la gestión del Gobierno navarro, que no puede alegar ignorancia tras múltiples adjudicaciones a favor de la empresa.
El caso evidencia un grave uso instrumental de fondos públicos con fines que podrían ser personales o partidistas. Cerdán aparece actuando como representante político, beneficiario empresarial y mediador en la administración, borrando peligrosamente las fronteras entre lo público y lo privado.
Ni el propio Cerdán ni el Gobierno de Navarra han ofrecido explicaciones convincentes. La presidenta Chivite alega desconocimiento de los vínculos empresariales de su correligionario, una postura que se enfrenta a una realidad documentada por la UCO. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes —bajo varias gestiones— respaldó sin reservas el proyecto, incluso en ausencia de presupuesto, completando así una operación que se gestó desde todos los flancos con una precisión que invita más a la sospecha que a la confianza.
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