Mónica García posee un chalet ilegal

Desde 2019, la propiedad de la ministra de Sanidad en Cercedilla se encuentra en un terreno considerado de utilidad pública
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Historia de la ocupación y el cumplimiento de plazos

Según fuentes municipales de Cercedilla, los terrenos contaban con una concesión temporal de ocupación en el monte público por 99 años, otorgada en los años veinte para fomentar el desarrollo económico local atrayendo residentes de la capital. Este plazo expiró en marzo de 2019, momento a partir del cual el Ayuntamiento tenía la autoridad para proceder con el desahucio de los residentes. Sin embargo, la ejecución del desahucio ha sido retrasada por varios factores.

Retrasos en el proceso de desahucio

A pesar de que el Consistorio puede ejecutar el desahucio, se enfrenta a dos desafíos principales: primero, la gran cantidad de alegaciones de los afectados, que están siendo resueltas una a una con recursos limitados; y segundo, la pandemia del COVID-19, que ralentizó los procedimientos administrativos. Las alegaciones de Mónica García para retrasar el proceso fueron rechazadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que las consideró “innecesarias e irrelevantes”.

Implacable plan de ordenación

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama clasifica los terrenos de Camorritos como “suelo no urbanizable de protección”, prohibiendo cualquier nueva concesión o prórroga. Según las autoridades locales, la única solución viable es el desahucio, ya que “está prohibido que haya chalets construidos en un monte de utilidad pública”.

En los próximos meses, se podría declarar una “caducidad definitiva” de la concesión, lo que aceleraría el proceso de desahucio. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cercedilla, gobernado por el Grupo Independiente de Cercedilla con apoyo del PSOE local, enfrenta grandes dificultades para restablecer la legalidad en estos terrenos. El Consistorio también podría enfrentar numerosos pleitos tras proceder con el desahucio.

Multas y sanciones

El Ayuntamiento tiene la facultad de imponer multas coercitivas de hasta un cinco por ciento del valor de los bienes ocupados si los residentes no cumplen con el requerimiento de desahucio. Aunque tanto la Comunidad de Madrid como el Consistorio podían haber impuesto sanciones económicas desde el fin de la concesión, no se ha informado de que se hayan aplicado hasta la fecha.

Así, la resolución sobre el chalet de Mónica García aún está por definirse. El proceso continúa su curso legal, y el pequeño municipio se prepara para enfrentar una batalla jurídica que podría superar sus dimensiones.

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