La querella presentada por el PP ante la Audiencia Nacional acusaba al PSOE de financiación ilegal, pero se basaba en noticias publicadas por el medio ‘The Objective’
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Imagen: Vista de la fachada de la Audiencia Nacional. (Diego Radamés/Europa Press)
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la admisión de la querella que ha presentado el PP contra el PSOE por delitos de financiación ilegal, blanqueo de capital, cohecho y tráfico de influencias. El departamento que dirige Alejandro Luzón ha solicitado al juez Santiago Pedraz que inadmita esta acción penal con la que el partido de Alberto Núñez Feijóo acusa a los socialistas de estos delitos a raíz de dos testimonios anónimos publicados por un medio de comunicación. Ahora será el magistrado quien decida si abre una investigación o si, como pide el Ministerio Público, rechaza estas acusaciones sin llegar a abrir diligencias por ausencia de indicios.
Además de contra el PSOE, la querella también se dirige contra el empresario y presunto comisionista del caso Koldo Víctor Aldama, su socio Claudio Rivas y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
Anticorrupción no ha hecho públicos sus argumentos al encontrarse la causa bajo secreto, informa la Fiscalía, pero su criterio es que esta acción penal esgrimida por el PP sea inadmitida de plano y ni siquiera se abra una investigación al respecto. “Todo apunta a financiación irregular y es lo que queremos que se investigue”, dijo el portavoz Borja Sémper hace unos días.
La querella se basa en testimonios anónimos
En el documento de la querella, que consta de 12 páginas, no hay más información que la grabación de esas dos supuestas personas que relatan de manera anónima que el cabecilla del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, habría hecho de intermediario con un empresario del sector de los hidrocarburos para que este consiguiera una licencia para su empresa. Ese empresario, llamado Claudio Rivas, habría pagado a cambio a Aldama 600.000 euros.
La querella recoge, en base a esos testimonios, que Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se habría reunido con Aldama y Rivas para facilitar la obtención de esa licencia. “Sobre la forma en la que se produjeron los citados pagos, se afirma que al menos una parte de la cantidad presuntamente adeudada, se habría llevado físicamente a la sede del Partido Socialista Obrero Español”, sostiene la querella del PP.
“En la grabación de la entrevista que acompaña a la noticia, el declarante manifiesta que, de los 600.000 euros acordados, ‘se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros, que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista’. Esas entregas, que se habrían realizado a ”un señor, vamos, que estaba esperando que se le entregara ese sobre’“, afirma el documento del PP.
“El pago de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE se habría realizado en dos entregas, en octubre de 2020. Un dinero que ‘fue transportado en una bolsa de plástico’”, continúa la querella, que da por buena la información y cuestiona que a esa persona que acudió a Ferraz “no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte del Sr. De Aldama, de lo que se desprende que trabajadores del PSOE conocían a este último”.
El PP incide en que la empresa de hidrocarburos acabó consiguiendo la licencia en septiembre de 2022, y concluye que se ha cometido cuatro delitos: blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos, cohecho y tráfico de influencias.
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