La Audiencia Nacional ya consideraba el pasado 9 de octubre cumplida la pena tras suspender su ejecución
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Imagen: José Luis Peñas-Periódico
El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto parcial de las penas de inhabilitación para José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que desveló el caso Gürtel, después de que hace pocos días la Audiencia Nacional le diera por saldada la pena de cárcel tras suspender su ejecución.
El pasado 9 de octubre, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó este mediático caso dictó un auto en el que señala que, transcurridos los tres años de suspensión de la pena de cárcel acordada para Peñas, se declara “la remisión definitiva de la pena de prisión impuesta” con el visto bueno de la Fiscalía. De esta manera, Peñas nunca ha ingresado en prisión por estos hechos.
La Sala accedió a suspenderle la ejecución de la pena de cárcel el 5 de abril de 2021, mientras su abogado, Ángel Galindo, tramitaba el indulto del exconcejal que fue clave para destapar esta trama que se saldó con una sentencia condenatoria por corrupción al Partido Popular, y que precipitó la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa. Ahora el Gobierno atenderá esta petición en el Consejo de Ministros de este martes, y, según fuentes próximas al exconcejal, dará su visto bueno.
El TS avalaba la concesión del indulto a Peñas
En febrero de 2021, el Tribunal Supremo ya se pronunciaba favorable a que el Gobierno le concediera el indulto parcial a José Luis Peñas, lo que le permitiría seguir trabajando como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
Peñas fue condenado por asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a cuatro años y nueve meses de prisión y cinco años y un mes de inhabilitación absoluta, además de siete años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multa.
En concreto, el Supremo avaló que se le conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta que le fueron impuestas por otras de inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación, lo que le permitiría seguir trabajando como empleado público en el Ayuntamiento de Madrid y garantizar el sustento económico de su familia. El Alto Tribunal argumentaba que gracias a su colaboración fue posible destapar la mayor trama de corrupción político-empresarial conocida hasta la fecha en España al presentar una denuncia y aportar conversaciones con el cabecilla de la misma, Francisco Correa.
El Supremo siguió así el criterio de la Fiscalía, que respaldó el indulto parcial por razones de justicia, equidad y utilidad pública, como exige la Ley del Indulto, y por el arrepentimiento del condenado. La Fiscalía expuso que el cumplimiento de inhabilitación absoluta en el caso de Peñas significaría la pérdida de su trabajo, lo que supondría para él una aflicción desmedida e innecesaria, mientras que el indulto parcial le permitiría no perder la condición de funcionario público y seguir como ordenanza en el ayuntamiento.
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