La representante del Ministerio Público entiende que la instructora se limita a hacer una “remisión no detallada” al informe de la Guardia Civil sobre el caso
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Imagen: La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura EFE/Ballesteros
La Fiscalía ha recurrido el auto de imputación del hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del presidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo al considerar que no se “determinan los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados”. La Fiscalía ha pedido también que especifique los “hechos concretos” por lo que ha imputado a David Sánchez y llamado a declarar el próximo mes de enero.
La representante del Ministerio Público entiende que la instructora se limita a hacer una “remisión no detallada” al informe de la Guardia Civil sobre el caso y, según su criterio, debe repetir el caso pero especificando qué hechos y delitos atribuye a cada investigado, entre ellos también el secretario general de los socialistas extremeños.
Así, Sánchez y Gallardo están citados a declarar como investigados por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz el próximo 9 de enero en la causa abierta por delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación en relación con la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. El recurso recuerda que el Ministerio Fiscal recibió el pasado 28 de noviembre la notificación en la que se acordaba citar como investigados a Sánchez, Gallardo y a otras siete personas dentro de este caso.
El informe de la UCO que pone en cuestión la supuesta fortuna de Sánchez
La magistrada decidió llamar a declarar al germano del presidente tras una denuncia que mezclaba diversas noticias de prensa para acusar a Sánchez de haber recibido un trato de favor en su nombramiento en 2017 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. También por cobrar sin ir a trabajar y por ingresar más de 1,4 millones de euros.
Sin embargo, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explica que esa supuesta fortuna no responde a una realidad, sino a un cálculo erróneo realizado por un medio de comunicación. La jueza ha pedido información al BBVA para conocer el detalle de las acciones que supuestamente Sánchez tenía en el banco.
El informe se dedica a analizar miles de correos electrónicos intervenidos en sucesivos registros de la Diputación de Badajoz, en los que varios responsables del organismo hablaban sobre la creación de un nuevo puesto de alto cargo. Sin llegar a ninguna conclusión clara al respecto, la Guardia Civil destacaba que no era una prioridad crear ese puesto y que parte del proceso se hizo en un espacio corto de tiempo.
Ahora, lo que entiende la Fiscalía es que, en el auto de la magistrada en el que llamó a declarar como imputados a Sánchez y Gallardo, no se especificaba qué hechos se le atribuyen a cada uno. Los nueve citados a declarar, explica, tienen derecho a saber “los hechos que se le atribuyen” y debe existir “un juicio de verosimilitud sobre la apariencia delictiva de los hechos en su día denunciados”, no una simple remisión al informe de la UCO. No es necesario “razonar todo”, concede, pero “sí un mínimo de atribución indiciaria de unos hechos relevantes”.
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