Crónica Diaria

La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la investigación a Luis ‘Alvise’ Pérez por financiación ilegal y delito electoral relacionado con una donación de 100.000 euros de Álvaro Romillo. Se solicita investigar las transacciones mediante criptomonedas y la documentación financiera de su formación política.
The post La Fiscalía del TS se pronuncia a favor de investigar a Alvise por el presunto fraude de las criptomonedas first appeared on Hércules.  La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha apoyado la exposición razonada enviada por el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama en la que interesaba que el alto tribunal investigue a Luis ‘Alvise’ Pérez por un presunto delito de financiación ilegal y por un delito electoral por los 100.000 euros que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, para su formación política Se Acabó La Fiesta (SALF).

En su exposición razonada, Calama explicó que, dada la condición de eurodiputado de ‘Alvise’, el Supremo era el tribunal competente para investigarlo. Interesó igualmente que el TS asumiera las pesquisas contra Romillo, ante la “íntima conexión” que apreciaba en la presunta dinámica entre ambos, llegando a indicar que sus conductas eran “la cara y cruz de una misma moneda”, algo que la Fiscalía también apoya.

La Fiscalía recuerda que Calama aprecia indicios racionales de que ‘Alvise’ Pérez se habría puesto en contacto con Romillo “con el fin de que le ayudara en la creación de unos ‘wallets’ –monederos virtuales para criptomonedas– en los que poder recibir donaciones anónimas efectuadas por terceras personas al margen de todo control financiero de las autoridades”.

“Romillo no solo le habría creado tres wallets sino que también le habría proporcionado 100.000 euros en efectivo con objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, recuerda el Ministerio Público.

Por ello, comparte con el instructor que los hechos que se le achacan a ‘Alvise’ Pérez deben ser calificados provisionalmente como constitutivos de los delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral, y que Romillo debe ser investigado por el Supremo como cooperador necesario dado que su participación es “inescindible” de la del eurodiputado.

Las Wallets en el ojo de la investigación

Tras esto, pide a la Sala de lo Penal del Supremo que asuma la competencia de esta investigación y que cite como investigado para tomarle declaración a ‘Alvise’ Pérez. Interesa también ya de entrada que se dicten las oportunas órdenes para investigar el tráfico de las ‘wallets’ creadas por los encausados en las que se recibieron las aportaciones anónimas para la campaña electoral.

También cree necesario que se soliciten al eurodiputado los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral y toda la documentación e información económica de SALF: libros de tesorería , inventarios y balances, cuenta de ingresos y gastos, operaciones de capital y el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

A esto suma que se han de examinar las cuentas corrientes tanto de ‘Alvise’ Pérez como de su agrupación electoral durante el año 2024, y que se una a la causa todo lo incluido en la pieza separada que conformó Calama sobre esa supuesta financiación ilegal. Cabe recordar que esta pieza separada surge en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Romillo por la presunta estafa piramidal cometida por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones de la que fue máximo dirigente.

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El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado que Félix Bolaños declare por escrito, pero le permite hacerlo en Moncloa por razones de seguridad. La investigación incluye posibles delitos de malversación y tráfico de influencias relacionados con la contratación de la asesora Cristina Álvarez.
The post Bolaños no podrá testificar por escrito first appeared on Hércules.  El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición efectuada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de declarar por escrito como testigo en la causa donde se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, si bien le ha permitido que, en vez de en su despacho en el Ministerio de Justicia, esta diligencia, señalada para las 10.30 horas del 16 de abril, se lleve a cabo en Moncloa.

Según una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bolaños solicitó por “correo ordinario” declarar por escrito invocando el artículo 412.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite declarar de esta forma al presidente y los demás miembros del Gobierno “sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo”.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid explica que la invocación de este artículo es “errónea” por cuanto precisa que no citó a Bolaños por su cargo actual, como miembro del Gobierno, sino por su puesto anterior, el de secretario general de la Presidencia, “no siendo este el que permite la aplicación del precepto” citado.

Peinado indica que en este caso debe aplicarse el artículo 412.3, según el cual, “si fuera conveniente recibir declaración a alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial”.

Con todo, concluye que Bolaños deberá testificar “de forma oral en la fecha señalada”. No obstante, el ministro alegó, acompañando informe “supuestamente” del jefe de su servicio de escoltas, que efectuar la declaración en su despacho oficial del Ministerio de Justicia, ubicado en el centro de Madrid, “supondría problemas de seguridad y eventuales inconvenientes a los ciudadanos”, por lo que pidió que, en todo caso, se realizara en su despacho de Moncloa.

Peinado afea a Bolaños que “el titular del Ministerio de Justicia, como Notario Mayor del Reino, pretenda justificar una petición en un informe carente de firma y, por tanto, sin persona identificada alguna”, y “que asuma el contenido de lo que en dicho escrito se refleja”. “Parece algo, cuando menos, extraño”, dice el instructor.

Pese a ello, accede a esta segunda petición, manifestando que por su parte “no existe inconveniente alguno” en que “la comisión judicial se desplace a cualquiera de los despachos con los que cuenta actualmente el testigo por su desempeño de tres carteras ministeriales”. En ese sentido, recuerda que ya fue a Moncloa para la declaración testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado julio.

No obstante, apunta que, si bien “el complejo presidencial cuenta con múltiples medidas de seguridad”, eso “no impidió que a la comisión judicial (…) se le retuviera un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso, existiendo un nutrido número de personas, expectantes en las inmediaciones de dicho vehículo, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los ocupantes del mismo, mientras el vehículo ocupado por el letrado de la persona investigada accedía sin espera de ningún tipo”.

En consecuencia, incide en que por su parte “no existe inconveniente” en que Bolaños declare en su despacho en Moncloa, “siempre y cuando se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial o por parte del testigo, y en condición de ministro de la Presidencia, se facilite a este juzgado un vehículo del parque móvil ministerial para realizar el correspondiente traslado”. Así, da cinco días a Bolaños para que responda.

El delito de malversación

En el auto por el que citó a Bolaños como testigo, Peinado apuntó que podría existir un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, por parte de Moncloa. De esta forma, y en caso de que finalmente investigue ese nuevo delito de malversación, se sumaría a los que ya indaga: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo laboral.

Peinado dio este paso después de imputar a Álvarez. La asesora acudió a declarar como testigo el 20 de diciembre, cuando confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, exponiendo que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.

El instructor la volvió a llamar en calidad de investigada el 26 de febrero. Entonces, negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a Gómez antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020. Álvarez, por su parte, ha recurrido su imputación reprochando al magistrado que le tendiese “una trampa” al utilizar su declaración como testigo para cambiar su condición a la de investigada.

Indicios respecto los correos electrónicos

Según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero –miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM– se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.

“Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación”, apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.

Dicho correo fue enviado también a la propia Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ’email’, además, consta un mensaje previo –de 7 de septiembre– en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.

Aunque en este caso Álvarez está en copia con un ’email’ de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa, aparece con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia. En otro correo recogido en las pesquisas judiciales, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale el interés de Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.

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Madrid aumenta sus ayudas para entidades culturales sin ánimo de lucro, una iniciativa que lleva otorgándose desde 1996
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ShMadrid

Durante esta semana la Comunidad de Madrid en su Consejo de Gobierno aprobó una inversión de 630.000 euros para ayudas a entidades culturales sin ánimo de lucro que realicen actividades de teatro, danza, cine, música, moda y artes audiovisuales, con un incremento del 14,5% respecto al año pasado.

Ayudas desde 1996

De forma desgranada, 530.000 euros se destinarán a la programación de teatro, danza, música y cinematografía y los 100.000 restantes a las artes visuales y la moda. Esta convocatoria de ayudas es habitual dentro de la Comunidad, se viene realizando desde 1996, incluyéndose en las partidas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. La iniciativa busca promocionar las artes escénicas así como la participación de la ciudadanía madrileña en estas actividades.

Competencia para las ayudas

Las ayudas serán otorgadas en base a un régimen de concurrencia competitiva, concediéndose a aquellos solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración que se especifican en la convocatoria. El importe podrá variar, siendo el mínimo de 1.000 euros y el máximo de 31.000.

En 2024, estas ayudas a las artes visuales y la moda como disciplina creativa ascendían a 100.000 euros, con un total de 22 beneficiarios. Por su parte, las de teatro, danza, música y cine, con 107 adjudicatarios, llegaron a 450.000 euros.

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Miguel Tellado también ha asegurado que no ser “insumisas” a la ley no significa que las regiones puedan luego recurrir ante los tribunales. 
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Europa Press

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que las comunidades autónomas gobernadas por los populares “cumpliran la ley” acatarán el reparto de menores migrantes, pese a considerarlo “arbitrario” o “injusto”. También ha señalado que no ser “insumisas” a la ley no significa que las regiones puedan luego recurrir ante los tribunales. 

Varias comunidades autónomas se rebelan contra el reparto desigual de menores migrantes

Tras meses de negociaciones, el PSOE ha logrado recabar el apoyo de Junts para sacar adelante la norma del artículo 35 de la ley de extranjería. A cambio, Cataluña acogerá entre 20 y 30 menores migrantes no acompañados de los más de 5.800 que deben salir de Canarias. Un acuerdo sobre el que el PP ha mostrado su disconformidad. 

En un inicio, Alberto Núñez Feijo advirtió que sus gobiernos autonómicos se negarían al reparto  “si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías”. “Son personas a atender, no paquetes a recepcionar”, subrayan a RTVE fuentes de la dirección nacional del partido, que reclaman más recursos al Gobierno.

“Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad, las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país”, avisan las fuentes. 

Recurrir la ley es perfectamente compatible 

Para Tellado, que los gobiernos autonómicos recurran una ley que consideran injusta y discriminatoria es “perfectamente compatible”.  Para no cumplirla “ya tenemos al Gobierno de España”, ha apostillado el portavoz del PP en la Cámara Baja.

Preguntado sobre si la dirección nacional del PP alienta a las comunidades a llevar el reparto de menores migrantes al Tribunal Constitucional, ha respondido que no animan a nadie a hacer nada y que se limitan a  “estudiar los problemas que hay encima de la mesa” y buscar soluciones para “afrontarlos”.

Dicho esto, Tellado ha vuelto a denunciar el reparto de migrantes acordado por el Gobierno con Junts, lamentando que se vayan a entregar 800 menores a Andalucía, otros 800 a la Comunidad de Madrid, pero solo 30 a Cataluña. “Es evidente que es un reparto arbitrario, un reparto político, que no responde a criterios objetivos”, ha sentenciado.

Cataluña, saturada de menores migrantes

De acuerdo a Europa Press, el PP dirigente ha afirmado que se verá “cuando salgan los datos” se verá la posibilidad de que Cataluña esté saturada y ya haya acogido muchos menores migrantes en los últimos tiempos, como defiende el acuerdo suscrito por el Ejecutivo con Carles Puigdemont. Sin embargo,aún así “nadie se cree” los criterios para el reparto y que la única explicación es la dependencia que tiene Pedro Sánchez de los votos de Junts.

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El juez Ismael Moreno ha enviado documentación del «caso Koldo» a los juzgados de Benidorm para evaluar un posible caso de violencia de género de Koldo García hacia su expareja, Patricia Uriz. Ambas partes niegan las acusaciones y no se ha abierto investigación formal aún.
The post La violencia de género planea sobre Koldo first appeared on Hércules.  El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha enviado documentación enmarcada en el conocido como ‘caso Koldo’ a los juzgados de Benidorm para que valoren si puede existir un caso de violencia de género del exasesor ministerial Koldo García hacia su expareja Patricia Uriz. Tal y como adelanta ‘El Confidencial’, y han confirmado en fuentes jurídicas Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción número 2 acordó abrir pieza separada y remitió todo a los juzgados de Villajoyosa (Polop depende de ese partido judicial).

El asunto recayó finalmente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm que recibió hace unos días esa documentación y ahora está pendiente de estudiar la misma, por lo que advierten de que hasta el momento no se ha abierto ninguna investigación al respecto. Fuentes del entorno de Koldo García explican a esta agencia de noticias que no han recibido notificación alguna al respecto, pero niegan cualquier posible hecho que pueda ser considerado violencia de género.

La propia abogada de Uriz, Leticia de la Hoz, ha emitido un comunicado en el que niega “rotundamente” que su cliente “haya sido víctima de violencia de género por parte del que fue su pareja Koldo García”. “Nunca en los años en los que convivieron sufrió ninguna situación que pueda ser calificada de violencia de género. También quiere negar que haya sido notificada de procedimiento alguno de violencia de género. Patricia, por último, se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales le correspondan por la difusión de esta noticia falsa”, añade.

Nota de EuropaPress

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Los vecinos de Salamanca temen que aumente la inseguridad en la ciudad tras la apertura del centro de menores extranjeros no acompañados
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Concentración contra el centro de menas. Fuente: La Gaceta, regional de Salamanca

300 vecinos se congregaron en la Plaza Mayor de Salamanca tras la convocatoria de una manifestación de la Plataforma Vecinal de Puente ladrillo. Decenas de salmantinos salieron a las calles para expresar su descontento ante la posible apertura de un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados.

El lugar en el que posiblemente se localice este centro de menas es en la antigua residencia de San Juan de Sahagún. Los manifestantes han salido a las calles bajo el lema “solidarios sí, tontos no” y entre silbatos y pancartas han exigido al Gobierno una mayor claridad institucional. Así mismo, han reclamado al equipo de gobierno su falta de atención a las necesidades del barrio, una cuestión que los vecinos llevan años demandando.

Durante la lectura del manifiesto, el presidente de la plataforma, José David Sanz, ha criticado la falta de transparencia de las administraciones públicas respecto al proyecto. “Llevamos décadas solicitando mejoras urgentes en nuestro entorno, sin respuesta. Ahora, sin habernos consultado, nos colocan un centro que genera inquietud entre los residentes”, declaró ante los medios, según recoge La Gaceta.

Los vecinos de Salamanca temen que aumente la inseguridad en la ciudad tras la apertura del centro de menas. Según recoge La Gaceta, los manifestantes consideran que a pesar de que este tipo de centros son necesarios se tiene que planificar a través del diálogo y consenso.

El centro de menas se construirá en una residencia de ancianos

Así mismo, los manifestantes aclaran que su oposición a la acogida de un centro de menas no se basa en los prejuicios, sino que se debe a la falta de información y al olvido de las instituciones al que consideran que están sometidos.

Debido a esta manifestación, la Plataforma Vecinal de Puente ladrillo ha sido señalada por racista y excluyente, unas críticas que el presidente de la asociación, David Sánz ha aclarado que no están “en contra de nadie por su raza, religión o país de origen. En ningún momento hemos hablado de nacionalidades ni de etnias. Lo que rechazamos es el modelo de centro, sin importar quién lo habite”.

El acto ha transcurrido sin incidentes, pero dejando claro el malestar creciente de un vecindario que considera que sus demandas históricas han sido ignoradas. La plataforma ha anunciado que continuará movilizándose hasta que las autoridades den explicaciones concretas y escuchen las propuestas de los vecinos, según recoge La Gaceta.

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El lituano Kubilius ha advertido de la necesidad de que todos los países de la Unión sean convergentes en el esfuerzo de rearme militar
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Kubilius I EuropaPress

Andrius Kubilius, comisario lituano de Defensa, ha dejado claro que corresponde al Gobierno español decidir cuánto gasta en defensa y cómo lo hace pero ha advertido de que si un socio no hace su parte estará debilitando la defensa colectiva del resto de países en Europa.

El miembro de la Comisión Europa ha intervenido en el Wake Up Spain organizado por ‘El Español’, Kubilius ha resaltado que “hoy en día la defensa es uno de nuestros mayores desafíos” en la UE. “La defensa también requiere solidaridad de todos los estados miembro, porque nuestra defensa se basa en el principio de defensa colectiva”, ha recordado.

Por otro lado, el comisario ha recalcado la importancia de una intervención común: “si un país no invierte en su propia defensa, debilita a todos los demás en su defensa”.  Ha incidido también en la necesidad de crear una industria de la defensa europea y de generar empleos.

“España tiene una fuerte industria de la defensa”, ha resaltado en declaraciones recogidas por EuropaPress , esgrimiendo que “un aumento masivo en la producción en defensa significará una inversión masiva en industria, traerá innovación, grandes oportunidades de negocio y traerá empleos, empleos y empleos”, ha remarcado.

Amenazas ante las que aumentar la seguridad

Kubilius ha señalado que este proyecto de una potente industria europea de defensa permitirá a Europa defenderse de la Rusia de Vladimir Putin, que “odia a la UE” y le gustaría “destruirla”. “En tres meses, Rusia fabrica más armas que todos los miembros de la OTAN y si no hacemos nada Putin podría verse tentado a usar ese potencial militar”, ha prevenido.

Por último, ha dejado unas polémicas declaraciones acerca de la peligrosidad de las intenciones de Rusia respecto a los países europeos: “En cinco años o menos, Rusia podría estar dispuesta y ser capaz de atacar uno o más países de la UE”, ha vuelto a advertido Kubilius, incidiendo en que “un ataque contra uno de nosotros nos afectará a todos“. “Si llega la tormenta, ninguno de nosotros podrá escapar de la devastación”, ha ilustrado.

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