Sánchez acudirá a la cumbre de la Liga Árabe como único representante europeo

Pedro Sánchez asistirá a la cumbre en Bagdad, donde España será el único país europeo presente para abordar el conflicto en Gaza y la situación en Líbano
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Europa Press

Según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, España será el único país de la Unión Europea con representación en el encuentro, tras recibir una invitación directa por parte de las autoridades iraquíes.

En contra de los ataques en Gaza

La participación de Sánchez se produce en un contexto en el que el Ejecutivo español está intensificando su postura crítica respecto a la ofensiva de Israel en Gaza. Este miércoles, durante su intervención en el Congreso, el presidente anunció que España propondrá una resolución en la Asamblea General de la ONU para condenar las acciones del Gobierno israelí y exigir el cese de la violencia contra la población civil.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La resolución buscará además llamar la atención sobre la situación humanitaria en la Franja y los planes de ocupación israelíes.

Sánchez recordó también que España ha sido uno de los países europeos más firmes en su respuesta: ha reconocido al Estado palestino, se ha sumado a la denuncia contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional, y junto a Irlanda, ha suspendido la compraventa de armamento con Israel desde el inicio del conflicto.

Reapertura de fondos a UNRWA

En el ámbito humanitario, el presidente subrayó que España ha pedido a la UE reanudar el apoyo financiero a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), ha aumentado sus contribuciones y actualmente es el principal donante europeo en la región. “Estamos desempeñando un papel activo en los foros internacionales que abordan este tema”, recalcó.

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La exmiss del caso Ábalos esquiva al Supremo mientras se investiga su contrato fantasma en una empresa pública

El juez del Supremo ordena localizar a Claudia Montes, vinculada a Ábalos, tras no acudir a declarar por su supuesta contratación irregular en Logirail. La exmiss se negó a colaborar con la Policía y su paradero es desconocido
The post La exmiss del caso Ábalos esquiva al Supremo mientras se investiga su contrato fantasma en una empresa pública first appeared on Hércules.  El magistrado Leopoldo Puente, encargado de instruir el caso Koldo en el Tribunal Supremo, ha emitido una orden para localizar el domicilio actual de Claudia Montes, Miss Asturias 2017, quien ha sido relacionada con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Montes estaba citada a declarar como testigo, pero no compareció este martes por no haber recibido la notificación formal. El juez también ha exigido a la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes, información detallada sobre su contratación.

Según el auto judicial al que ha tenido acceso Servimedia, varios agentes de la comisaría especial del Supremo lograron contactar telefónicamente con Montes para informarle verbalmente de su citación. Durante la conversación, los agentes solicitaron un correo electrónico donde enviarle la citación de manera oficial. La testigo, sin embargo, se negó a facilitar cualquier dato de contacto y exigió que la notificación le fuera entregada personalmente en su vivienda, sin proporcionar una dirección.

A través de la Policía Nacional en Gijón, se identificó su último domicilio, pero se constató que había sido desahuciada, lo que hizo imposible completar la entrega de la citación. En vista de esta situación, el juez ha solicitado la colaboración del punto neutro judicial para dar con su paradero. Para ello, ha ordenado remitir oficios a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Policía Local de Gijón, con el fin de averiguar su residencia actual.

Simultáneamente, el magistrado ha emitido otra orden dirigida al presidente del Consejo de Administración de Logirail SME S.A., empresa participada por el Estado, solicitando que en un plazo máximo de quince días entregue toda la documentación vinculada al proceso de selección y contratación de Montes.

El juez quiere esclarecer si la contratación de Montes fue fruto de una recomendación o intervención política. Pide conocer cómo se publicó la oferta de trabajo, cuántos candidatos se presentaron, si se realizaron entrevistas, y si Montes fue entrevistada. Además, exige el contrato de trabajo, así como las fechas exactas de entrada y salida de la empresa.

También se solicita que Logirail detalle cuáles fueron sus funciones dentro de la compañía, qué tareas se le asignaron y quién supervisaba su actividad. El juez quiere saber quién fue su responsable directo y a quién debía rendir cuentas.

El auto se produce justo al día siguiente de que Montes no acudiera al Supremo para declarar en el marco de la investigación sobre las posibles contrataciones a dedo vinculadas al entorno de Ábalos, lo que aumenta las sospechas sobre la opacidad del caso.

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El primer día de cónclave cierra con fumata negra

La votación inicial no ha sido suficiente para elegir a un nuevo pontífice, por lo que habrá que esperar para conocer al sucesor de Francisco
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Imagen: los cardenales en el cónclave I LV12

El primer día de deliberaciones del cónclave celebrado este miércoles 7 de mayo en el Vaticano concluyó sin acuerdo. La esperada señal, el humo blanco, no apareció, lo que confirmó que, por ahora, no habemus papam. Los 133 cardenales reunidos no lograron alcanzar el consenso necesario para nombrar al sucesor de Francisco, una situación habitual en las primeras jornadas de votación.

Rito solemne y comienzo del encierro

A las 17:45 (hora local), el maestro de ceremonias litúrgicas, monseñor Diego Giovanni Ravelli, cerró las puertas de la Capilla Sixtina, marcando el inicio oficial del encierro. Desde ese momento, los cardenales permanecen aislados del mundo exterior hasta que se alcance una decisión.

Fumata negra y reacciones en la plaza

La atención se centró entonces en la chimenea del techo de la Capilla Sixtina. Hacia las 21:00, tras más de tres horas de espera, finalmente emergió humo negro: señal inequívoca de que la votación fue inconclusa. En la plaza, donde miles de fieles aguardaban expectantes, la decepción se mezcló con la esperanza.

Tras la votación fallida, los electores se retiraron a la residencia de Santa Marta, donde permanecerán alojados durante todo el cónclave. En este período, no tienen contacto con el exterior: ni móviles, ni internet, ni prensa.

Procedencia de los cardenales

Aunque el Colegio Cardenalicio ha ganado en diversidad en los últimos años, Europa sigue dominando la escena. De los 133 cardenales con derecho a voto en el cónclave, 52 provienen del continente europeo, lo que representa el 39% del total. Entre ellos, Italia conserva su papel protagónico con 17 representantes, equivalente al 12,8% del colegio electoral. España y Francia comparten el segundo lugar entre los europeos, con cinco cardenales cada una.

Más allá del Viejo Continente, Asia suma una participación significativa con 23 electores (17,3%), mientras que África y Sudamérica aportan 17 cada una, lo que representa el 12,8% respectivamente. América del Norte cuenta con 16 cardenales (12%), mientras que Centroamérica y Oceanía se reparten en partes iguales con cuatro miembros por región, lo que equivale al 3% para cada una.

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Manos Limpias pasa a la acción y denuncia a los responsables de RENFE y ADIF

La denuncia de Manos Limpias tras el colapso del AVE Madrid-Sevilla por robo de cobre apunta a una grave negligencia de Renfe y ADIF. Más de 10.000 viajeros se vieron atrapados sin asistencia ni seguridad en plena operación retorno
The post Manos Limpias pasa a la acción y denuncia a los responsables de RENFE y ADIF first appeared on Hércules.  La grave interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Sevilla al comienzo de esta semana ha acabado en los tribunales. Manos Limpias ha interpuesto una denuncia formal contra Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco, máximos responsables de Renfe y ADIF, respectivamente. La acusación se basa en un presunto delito de imprudencia grave por los perjuicios sufridos por más de 10.000 pasajeros, que quedaron bloqueados a raíz del robo de cableado en varios puntos de Toledo. Aunque el Gobierno insinuó que se trataba de sabotaje, la Policía descarta esa posibilidad.

Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el escrito fue presentado en los juzgados de instrucción madrileños y reclama abrir diligencias penales. En el documento también figuran como denunciados María Esther Mateo, directora de Seguridad de ADIF, y Andrés Cortabitarte, quien ocupó ese cargo anteriormente. La red de alta velocidad no pudo reanudarse con normalidad hasta el lunes por la tarde.

La denuncia hace referencia al artículo 267 del Código Penal, que contempla sanciones económicas por daños derivados de una imprudencia grave cuando superan los 80.000 euros. Según juristas consultados, para que prospere, será necesario incluir testimonios de afectados por las cancelaciones, ya que estas infracciones solo se persiguen si hay denuncia expresa de los perjudicados. Desde Manos Limpias explican que, si bien el ministro Óscar Puente tiene responsabilidad política, la responsabilidad técnica recae en los gestores de Renfe y ADIF.

El texto presentado relata lo sucedido el pasado domingo, en plena operación retorno del puente de mayo: una serie de sabotajes en el trazado del AVE Madrid-Sevilla dejó a miles de pasajeros bloqueados. La denuncia detalla escenas como “menores, ancianos y personas con discapacidad encerrados durante horas en trenes o estaciones, durmiendo en suelos de vestíbulos”.

Según esta organización, durante largo tiempo los afectados no recibieron ni comida, ni atención, ni información. Algunos incluso necesitaron asistencia médica por ataques de ansiedad. Renfe intentó compensar la situación reservando 220 habitaciones de hotel y habilitando salas con mantas y alimentos. Sin embargo, Manos Limpias critica que el tramo robado carecía de vigilancia adecuada, lo que evidenciaría una falta estructural de seguridad.

El presidente de Renfe reconoció el lunes en la Cadena SER que, pese a los 15.000 km de vías y a que las de alta velocidad están valladas, no existe vigilancia permanente. “Sí, hay que reforzar la seguridad, pero no podemos cubrir todo el tiempo todas las líneas”, afirmó. También respaldó la hipótesis del sabotaje, aunque con reservas. En sus palabras: “no es cobre de gran valor, apenas mil euros. ¿Por qué hacerlo? Eso tendrán que aclararlo ADIF y las fuerzas de seguridad”.

La Guardia Civil ya ha iniciado las pesquisas. Las primeras conclusiones apuntan a que se trató de un robo común y no de una acción política. Los investigadores creen que bandas especializadas en este tipo de delitos son las responsables del hurto de 150 metros de cobre en cinco tramos diferentes. Estas organizaciones criminales ya son conocidas por las autoridades y operan de manera recurrente en la zona. Por ahora, no hay detenidos, pero sí sospechosos con antecedentes.

La denuncia incide especialmente en que ADIF y Renfe conocieron la incidencia a las 18:10 del domingo, pero no paralizaron el tráfico de trenes. La organización que dirige Miguel Bernad denuncia que el servicio ferroviario, clave para la vida laboral y social de miles de personas, se dejó sin un protocolo de seguridad eficaz. “Un sistema de transporte esencial debe contar con medidas mínimas para proteger a los usuarios. Aquí fallaron, y el resultado fue una situación caótica y tercermundista”, critica el escrito.

Los agentes refuerzan la tesis del robo frente a la del sabotaje: el hecho de que se extrajera cobre indica intención lucrativa, no ideológica. Si el objetivo hubiera sido provocar una interrupción intencionada, habrían bastado con cortes o daños en el sistema sin necesidad de cargar con el metal. Además, los autores emplearon técnicas muy comunes entre ladrones de cobre experimentados.

En otra entrevista, esta vez en TVE, Fernández Heredia calificó el robo como “sofisticado” y “organizado”. Pero sus declaraciones contrastan con los datos: solo en 2024 se han producido más de 4.300 robos similares en infraestructuras, un 87% más que en 2019. El año pasado se investigó o detuvo a casi 1.000 personas por sustracción de cobre.

Castilla-La Mancha, precisamente donde tuvo lugar este incidente, es la región con más casos: 799 solo en 2024. Le siguen Andalucía, con 745, según datos oficiales del Ministerio del Interior. El presidente de Renfe insistió en que no cualquier grupo podría llevar a cabo este tipo de sustracción, pero los números reflejan que el fenómeno no es nuevo ni tan excepcional como pretende hacer ver.

De fondo, el colapso del domingo pone en entredicho la seguridad de la infraestructura ferroviaria española y la capacidad de respuesta de los gestores públicos. Y aunque el Congreso y el Ministerio hayan intentado desviar el foco hacia hipótesis no probadas, la realidad, según la denuncia, es que una cadena de errores, falta de prevención y reacción tardía terminó afectando a miles de ciudadanos.

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El congreso del ego cancelado, Conde-Pumpido tropieza en su intento de coronar su mandato con un evento a medida

La anulación del contrato del congreso internacional de justicia promovido por Conde-Pumpido trastoca sus planes de despedida institucional. El Constitucional deberá rehacer la adjudicación tras una impugnación aceptada
The post El congreso del ego cancelado, Conde-Pumpido tropieza en su intento de coronar su mandato con un evento a medida first appeared on Hércules.  El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha tumbado la adjudicación del contrato para organizar el VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, un evento valorado en 866.000 euros que apuntaba a ser el acto cumbre del mandato de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional.

La decisión se deriva del recurso interpuesto por una empresa del sector turístico que denunció la adjudicación a una firma especializada en protocolo. Según confirma la resolución, el contrato queda anulado y deberá volver a licitarse, alterando los planes del Constitucional, que preveía celebrar el evento en octubre en Madrid.

El 3 de abril ya se acordó mantener la paralización del proceso contractual, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Ahora, tras el dictamen favorable a la empresa recurrente, la organización del congreso debe volver a definirse, forzando un nuevo encargo a la compañía que quedó en segundo lugar.

Este giro inesperado complica la logística del congreso, aunque fuentes cercanas aseguran que, si se actúa con rapidez desde la mesa de contratación, los plazos podrían cumplirse. Sin embargo, todo apunta a que el desarrollo del evento tendrá que acometerse a contrarreloj.

El congreso se presentaba como la gran despedida de Conde-Pumpido, un foro que reuniría a representantes de 121 tribunales constitucionales y cortes supremas de todo el mundo en IFEMA, coincidiendo con los últimos meses del magistrado al frente del Constitucional, puesto que dejará en marzo de 2026 tras llegar en enero de 2023.

El contrato, que incluía alojamiento, manutención, transporte, desarrollo web y producción audiovisual, fue adjudicado en enero de 2025 por 866.159 euros a la Escuela Internacional de Protocolo mediante un procedimiento negociado sin publicidad. La organización del Constitucional explicó que se invitó a varias empresas del sector, cumpliendo con la normativa.

Desde el tribunal recalcan que la mesa de contratación está compuesta únicamente por personal técnico —como el gerente y la interventora— para garantizar transparencia e independencia, y que los magistrados no participan en estos procesos, precisamente para evitar conflictos si hay impugnaciones judiciales, como ha ocurrido.

La resolución administrativa estima las razones de la empresa que impugnó la adjudicación y obliga a suspender formalmente el contrato. El revés llega en un momento clave, ya que el congreso fue un logro diplomático de Conde-Pumpido, quien consiguió que Madrid fuera elegida sede en marzo de 2023 en la reunión ejecutiva de la Conferencia celebrada en Venecia.

El magistrado expresó entonces su voluntad de continuar el legado de ediciones previas, buscando reforzar el diálogo constitucional global. España, por primera vez, acogería un evento que ya ha pasado por Sudáfrica, Brasil, Corea del Sur, Lituania e Indonesia. A pesar del bache legal, fuentes del Constitucional aseguran que el congreso sigue en pie y que la nueva empresa adjudicataria podrá encargarse de su organización sin mayor problema, siempre que se resuelva el trámite con agilidad.

No obstante, lo que debía ser una despedida institucional brillante, queda empañado por un error en el procedimiento que amenaza con deslucir los planes de homenaje implícito al presidente saliente. El que aspiraba a firmar su legado con una cumbre internacional podría verse obligado a improvisar hasta el último minuto.

El Congreso, además, se celebrará cuando el Constitucional ya haya emitido su fallo sobre la polémica Ley de Amnistía, uno de los asuntos más sensibles desde la Transición. Un epílogo agitado para quien preside la corte en uno de los momentos más complejos de la historia democrática reciente.

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España evita a Reino Unido para contentar a China

El Gobierno ha decidido que la fragata Méndez Núñez no participará en las maniobras planteadas por los británicos en el sur de Asía
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Imagen: fragata española I El Confidencial

Las relaciones bilaterales entre España y el Reino Unido han experimentado avances significativos en los últimos meses, especialmente en lo que respecta a la situación de Gibraltar. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó recientemente sobre “avances sustantivos” en las negociaciones para un acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit. Estas conversaciones, dirigidas por la Unión Europea en representación de sus 27 miembros, han progresado en áreas clave como la movilidad de personas y mercancías, fiscalidad y medioambiente, con el objetivo de establecer una zona de prosperidad compartida en el Campo de Gibraltar.

Ubicación del aeropuerto

Sin embargo, persisten desafíos, como el desacuerdo sobre el aeropuerto de Gibraltar. Las negociaciones se han estancado debido a “complicaciones técnicas”, aunque algunas fuentes sugieren que la verdadera razón es la falta de consenso en puntos previamente acordados. España argumenta que el aeropuerto no se encuentra en territorio gibraltareño según el Tratado de Utrecht de 1713, lo que ha generado tensiones adicionales en las conversaciones.

En el ámbito de la movilidad, a partir del 2 de abril de 2025, todos los ciudadanos españoles que no tengan un visado o residencia legal en el Reino Unido necesitarán una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para ingresar al país por turismo, negocios u otras visitas de menos de seis meses.

Tensiones en Asia-Pacífico: maniobras militares en el Estrecho de Taiwán

En el contexto internacional, la fragata española Méndez Núñez zarpó en abril desde Ferrol para integrarse durante cuatro meses en el grupo de combate liderado por el portaaviones británico HMS Prince of Wales, marcando la primera incursión de un buque español en aguas del Indo-Pacífico. Esta participación forma parte de una misión internacional orientada a reforzar la cooperación naval en la región, aunque España no participará en las maniobras más sensibles del despliegue, previstas cerca de Taiwán a finales de año, con el objetivo de evitar tensiones diplomáticas con China. Desde el Estado Mayor de la Defensa se subraya que la retirada de la fragata fue siempre parte del plan original y no una decisión de última hora.

El grupo de combate británico, que incluye unidades de Canadá y Noruega, continuará desplegado hasta diciembre y tiene previsto operar en zonas geoestratégicas clave como el Sudeste Asiático, Japón y Australia. Equipado con cazas F-35B, helicópteros y drones, el despliegue busca proyectar fuerza y mantener la libertad de navegación en regiones disputadas. Mientras tanto, el Gobierno español mantiene una postura cautelosa ante la creciente tensión entre China y Occidente, especialmente tras los recientes contactos diplomáticos del presidente Pedro Sánchez con Pekín, lo que ha generado debate dentro de la UE.

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Teresa Ribera otorgó la licencia a Villafuel SL en base a currículum falsos 

Uno de los CV falsos pertenece al administrador único de la mercantil Villafuel SL, Pedro Antonio Marín, quien señaló tener conocimientos sobre hidrocarburos
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Teresa Ribera será vicepresidenta de la Comisión Europea tras desbloquearse el acuerdo. Fuente: Europa Press

La empresa operadora de la trama Villafuel SL, liderada por el empresario Víctor de Aldama, y su socio, Claudio Rivas funcionó gracias a la licencia otorgada por la exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera a partir de currículums falsos.

En un primer momento el Ministerio de Teresa Ribera negó la licencia operadora como mayorista de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL. La mercantil investigada por la Guardia Civil por formar parte de la red de empresas pantalla de la trama de los hidrocarburos subsanó la negativa inicial aportando en julio de 2022, tres Currículum Vitae; el primero corresponde al del administrador único (y miembro de la misma trama) y el de dos personas con las que Villafuel SL no tenía ninguna vinculación, según el informe al que ha tenido acceso el abogado y escritor Guillermo Rocafort.

Teresa Ribera aprobó el plan de ventas de Villafuel SL en 2022

Así, el 9 de septiembre de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica emitió una serie de resoluciones respecto a la empresa Villafuel SL. La primera resolución señala que aprobaba la “previsión de ventas de la empresa para el primer año de actividad como operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos”.

Extracto informe de la UCO sobre Villafuel SL. Fuente: Redes Sociales/ Guillermo Rocafort

La segunda resolución aprueba el plan de ventas de Villafuel SL “previa al inicio de la actividad de operador, remitido a la propiedad mercantil”. La última, aprueba a su vez, la comunicación del plan de ventas, “así como el inicio de la actividad como operador mayorista de Villafuel SL desde el día 15 de septiembre de 2022, remitido a la ‘Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos’ al director de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”.

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Pentágono sin control, miles de millones expuestos al fraude mientras fracasa otra auditoría

El Departamento de Defensa sigue atrapado en un ciclo de descontrol financiero y fraudes no resueltos. La GAO advierte que una auditoría limpia para 2028 es improbable sin un cambio estructural profundo
The post Pentágono sin control, miles de millones expuestos al fraude mientras fracasa otra auditoría first appeared on Hércules.  Desde hace años, el Departamento de Defensa de EE. UU. carga con una pesada herencia: desorden financiero crónico, supervisión deficiente y un historial de fraudes documentados. Según un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), ese panorama no ha cambiado. La agencia advierte que el Pentágono no ha tomado acciones efectivas para reducir su alta exposición al fraude, ni avanza con la urgencia requerida hacia una auditoría limpia, objetivo que, según el cronograma oficial, debería alcanzarse en 2028.

Desde que comenzó a exigirse legalmente en 2018, el Departamento ha fallado todas las auditorías anuales. Es la única de las 24 agencias federales que no ha conseguido una opinión sin reservas desde la promulgación de la Ley de Directores Financieros en 1990. Las promesas abundan, pero los resultados siguen sin materializarse. A pesar de más de 100 recomendaciones emitidas por la GAO en los últimos veinte años, la mayoría sigue sin resolverse. Las debilidades detectadas en la auditoría inicial de 2018, por ejemplo, siguen sin corregirse.

La GAO subraya que el ritmo actual de mejora es inadecuado y que el Departamento necesita actuar con mucha mayor rapidez si espera cumplir con la meta de 2028. Uno de los problemas más alarmantes es la ausencia de un sistema integral para gestionar el riesgo de fraude. Entre 2017 y 2024, el Pentágono reportó más de 10.800 millones de dólares en fraudes confirmados. Aunque representan solo una fracción del presupuesto, se cree que reflejan apenas la punta del iceberg. Casos escandalosos, como una cafetera de más de 7.000 dólares o un bote de basura de 52.000, ilustran una cultura de gasto sin control.

También se documentó un caso reciente en el que una empresa falsificó documentación para hacer pasar un componente militar defectuoso como apto. El problema fue detectado a tiempo, pero el error podría haber tenido consecuencias graves en el campo de batalla. Para expertos como Julia Gledhill del Centro Stimson, estas fallas sistemáticas indican que el objetivo de una auditoría sin salvedades para 2028 es poco realista sin reformas profundas.

Aun así, en lugar de frenar, el gobierno ha optado por acelerar. El presidente Trump ha pedido elevar el presupuesto del Pentágono a más de 1 billón de dólares, superando en 150.000 millones la solicitud de la administración anterior. Para Gledhill, esta decisión refuerza el riesgo: más dinero sin controles eficaces solo amplía el margen para el despilfarro y el abuso. Desde su punto de vista, el Congreso haría mejor en recortar fondos hasta que el Departamento demuestre una capacidad real de supervisión y gestión financiera.

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El paradigma del sindicalismo de EEUU, el caso de USW, un gigante que nada entre la complacencia y la movilización

El Sindicato de Trabajadores del Acero Unidos (USW) amplía su presencia multisectorial y transnacional, pero enfrenta desafíos internos, oposición política y críticas por su bajo gasto en organización.
The post El paradigma del sindicalismo de EEUU, el caso de USW, un gigante que nada entre la complacencia y la movilización first appeared on Hércules.  Durante marzo de 2025, centenares de trabajadores de la planta de JSW Steel en Ohio optaron por afiliarse al Sindicato de Trabajadores del Acero Unidos (USW), sumándose a una tendencia de expansión sindical en sectores variados. Aunque su denominación completa revela su alcance multisectorial, el USW no lidera en tamaño, pero gana terreno con cada nueva incorporación. Ejemplos recientes lo evidencian: desde 2022, fábricas de Bobcat en Dakota del Norte, personal académico en la Universidad de Pittsburgh, empleados de Blue Bird en Georgia y mineros de Minnesota han reforzado sus filas. En total, el sindicato aglutina a 1,2 millones de trabajadores activos y jubilados, además de colaboradores internacionales.

El USW y otras organizaciones laborales han intensificado su actividad en sectores como educación y comercio minorista. Entre los hitos recientes, destacan la afiliación de trabajadores de Starbucks en Columbia Británica, Whole Foods en Filadelfia y la tienda Chipotle de Michigan. Aunque la aprobación pública de los sindicatos alcanza el 70 %, la afiliación efectiva permanece en solo el 6 % dentro del sector privado. Con una estructura organizativa amplia y transnacional, el USW se perfila como líder potencial del renacimiento sindical, pese a enfrentar fuerte oposición empresarial y política.

Desde su fundación en 1942, el USW ha evolucionado. Inicialmente consolidó fuerza con una estrategia de cooperación institucional en la industria del acero, expandiéndose luego a otras ramas. Pero los reveses de los años ochenta lo forzaron a reinventarse, apostando desde los noventa por la movilización directa y la fusión con otros gremios. Bajo Leo Gerard, su expansión fue notable, y hoy opera con una mezcla de liderazgo central y activismo de base. Campañas como la de Blue Bird o los acuerdos petroleros reflejan esta doble vía.

En Estados Unidos, el movimiento sindical gira en torno a la AFL-CIO, donde el USW convive con otras entidades influyentes como NEA, SEIU y UFCW. Sin embargo, la fortaleza distintiva del USW reside en su combinación urbano-rural, que le permite abordar tanto la deslocalización industrial como las demandas de justicia laboral urbana. Esta pluralidad impulsa sus luchas comunes por sueldos dignos, empleo estable y seguridad.

La influencia política del sindicato también es relevante. Aunque tradicionalmente afín al Partido Demócrata, el USW presiona a sus aliados cuando percibe una deriva hacia el empresariado. Su respaldo a la decisión de Biden de bloquear la compra de U.S. Steel por Nippon Steel marca un hito. No obstante, su flexibilidad se vio en la aceptación del acuerdo de Toyota con Radius Recycling, dada la promesa de respeto a los contratos.

Las políticas antiobreras se han intensificado, especialmente bajo la administración Trump, con acciones como la restricción de la negociación colectiva y el aumento de intentos de descertificación. El fallo de Cemex de 2023, que facilitó la sindicalización sin votación formal, enfrenta amenazas de reversión. Todo esto alimenta un entorno hostil para los derechos laborales.

Internamente, el USW lidia con tensiones: académicos y trabajadores del petróleo priorizan temas diferentes. Las divisiones emergieron tras el apoyo a Harris en 2024. Aun así, el sindicato ha mantenido su compromiso con todos sus afiliados, ampliando su presencia incluso en el sur estadounidense, históricamente reacio al sindicalismo. También busca reemplazar empleos fósiles con alternativas verdes bien remuneradas.

En lo internacional, el USW destaca por su red estructurada de alianzas. Desde su fusión con su contraparte canadiense en 2005 hasta su papel en la fundación de Workers Uniting con Unite the Union en el Reino Unido, ha construido una plataforma global contra la tercerización y la especulación. Ha defendido incluso la nacionalización del acero británico y ha impulsado el modelo de cooperativa sindical junto a Mondragón.

Como miembro fundador de IndustriALL, el USW participa en campañas globales contra gigantes como Amazon o Glencore. También integra la Alianza BlueGreen, que une justicia ambiental y laboral. Sin embargo, los aranceles indiscriminados de Trump podrían fracturar la unidad internacional del sindicato.

El peligro de la complacencia ronda al USW. Pese a su historia organizativa, hoy dedica apenas un 3 % de su presupuesto a expandirse, frente al 13 % de los Teamsters. Se critica su deriva hacia un sindicalismo financiero, centrado más en inversiones que en lucha obrera. Peticiones de descertificación, como las de trabajadores de Energy Transfer en Texas, reflejan cierto descontento.

Mientras Trump y grandes fortunas presionan para desmantelar el sindicalismo, el respaldo social en alza podría abrir una ventana de oportunidad. Si el USW intensifica la acción directa y fortalece sus redes nacionales e internacionales, puede recuperar protagonismo como defensor clave de la clase trabajadora.

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Las deudas de las CCAA aumentan hasta los 317.000 millones

El norte de España y las islas son las que mayor cantidad de dinero reciben, frente a la infrafinanciación de otras como Murcia, Andalucía o Valencia
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez I EFE

En las dos últimas décadas, la deuda acumulada por las comunidades autónomas españolas ha experimentado un crecimiento vertiginoso, pasando de poco más de 61.000 millones de euros en 2003 a superar los 317.000 millones en 2023. Así lo revela un informe reciente de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que advierte sobre las implicaciones de esta evolución para la sostenibilidad fiscal del país.

Entre las regiones más afectadas, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking con el mayor aumento relativo de deuda, un 40 % más, consolidándose como la autonomía con la mayor proporción de deuda respecto al PIB. El estudio llama la atención sobre el deterioro financiero del conjunto autonómico y la necesidad de reformas que contengan la espiral de endeudamiento.

Deuda por zonas de España

  • Cataluña: 85.986 millones
  • Comunidad Valenciana: 57.996 millones       
  • Andalucía: 38.649 millones
  • Comunidad de Madrid: 35.875 millones          
  • Castilla-La Mancha: 16.156 millones
  • Castilla y León: 13.865 millones
  • Galicia: 12.170 millones
  • Región de Murcia: 12.139 millones     
  • País Vasco: 10.661 millones
  • Aragón: 9.186 millones
  • Islas Baleares: 8.579 millones
  • Canarias: 6.518 millones
  • Extremadura: 5.322 millones
  • Asturias: 4.243 millones
  • Cantabria: 3.316 millones       
  • Navarra: 2.951 millones
  • La Rioja: 1.625 millones

Condonación de la deuda

Durante la votación en el CPFF, las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular abandonaron la reunión en señal de protesta, pero la aprobación fue posible gracias al respaldo de Cataluña y Asturias, junto con el voto de calidad del Gobierno central, que representa la mitad de los votos en el consejo.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid rechazó la medida y ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, argumentando que la condonación favorece a las regiones más endeudadas y penaliza a las que han mantenido una gestión fiscal más responsable.

Financiación de las regiones

Por otro lado, en 2023, el Estado español distribuyó un total de 123.356 millones de euros a las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades con estatuto de autonomía, lo que representó un incremento del 11% respecto al año anterior. Este aumento se tradujo en una mejora generalizada de los ingresos por habitante en todas las regiones, pasando de una media de 2.962 euros en 2022 a 3.496 euros en 2023.

A pesar de este incremento, persisten disparidades significativas entre comunidades. Por ejemplo, Cataluña recibió aproximadamente 2.958,75 euros por habitante, mientras que Andalucía percibió 2.707,87 euros, y Madrid obtuvo 2.515,62 euros por ciudadano. Estas diferencias reflejan las tensiones existentes en el sistema de financiación autonómica, donde regiones como Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha han sido identificadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) como infrafinanciadas, situándose por debajo de la media estatal en términos de financiación por habitante ajustado.

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