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La cantante ha invitado a Lili Melgar a formar parte de su concierto en el Estadio GNP de Ciudad de México.
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El partido lamenta el incidente y el secretario general autonómico asegura que se tomaran medidas al respecto
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Imagen: el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez I Europa Press
Durante un receso en el Debate de Política General de Castilla y León, un micrófono abierto captó una conversación en la que varios procuradores del PSOE criticaban a la nueva dirección del partido en la comunidad y al ministro de Transportes, Óscar Puente. Los implicados son Ana Sánchez, vicepresidenta segunda de las Cortes; José Luis Vázquez, secretario de Desarrollo Sostenible en la Ejecutiva autonómica; Alicia Palomo; y Diego Moreno, secretario segundo de la Mesa.
En la conversación, Ana Sánchez expresó su descontento con la dirección del partido, cuestionando la estrategia de Carlos Martínez, nuevo secretario general del PSOE en Castilla y León. Sánchez comentó: “Pero si no sabe si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria. Con esto del adelanto electoral (…) El lumbreras que se le ocurrió en la ejecutiva, lo de la lista más votada… Pero de verdad, no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos“.
Además, se escucharon críticas hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con la gestión del socavón en la N-6 a la altura de San Rafael, Segovia. Sánchez expresó: “Es terrible. José Luis, nunca pensé que iba a acabar en manos de Óscar Puente“.
Tras la difusión de la grabación, Carlos Martínez calificó el incidente como un “error mayúsculo” y anunció que habrá “consecuencias” para los implicados, subrayando la necesidad de asumir responsabilidades.
Este incidente se produce en un momento de tensiones políticas en la comunidad. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó adelantar el Debate de Política General a los días 26 y 27 de marzo, argumentando que es oportuno hacer balance al cumplirse tres años de legislatura y presentar proyectos para el último periodo del mandato.
Además, durante el debate, Mañueco anunció la gratuidad del transporte dependiente de la Junta con viajes ilimitados, entre otras medidas significativas.
La situación se ve aún más complicada por las tensiones entre el Partido Popular y Vox. En una sesión reciente, Mañueco rechazó las condiciones propuestas por Vox para un nuevo acuerdo, arrugando y tirando al suelo el documento entregado por el portavoz de Vox, David Hierro, durante el Debate de Política General.
El PSOE de Castilla y León enfrenta un escenario político complejo, con un gobierno autonómico liderado por Alfonso Fernández Mañueco (PP) en coalición con Vox. La oposición socialista ha intentado consolidar una alternativa, pero las diferencias internas han debilitado su discurso.
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El entrenador italiano se enfrenta a una acusación del Ministerio Público por defraudar presuntamente más de un millón de euros
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Carlo Ancelotti I Europa Press
Cuatro años y nueve meses de prisión, esa es la condena que la Fiscalía de Madrid ha solicitado para el actual entrenador del Real Madrid. El italiano se enfrenta a una acusación por haber defraudado presuntamente 1.062.079 de euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.
La deuda tributaria ha sido cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo, ascendiendo finalmente a un total de 1.217. 958,24 euros, un recargo de apremio de 243.593,71 euros y 47.298,10 por intereses.
Ancelotti está acusado por la Hacienda Pública de dos delitos. El Ministerio le reclama por ellos dos penas de multa que ascienden a un total de 3.186.237 euros, según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press. Será juzgado el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.
Según la información recogida por Europa Press el fiscal considera que a pesar de que confirmó su condición de residente en España a efectos fiscales, y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que ficticiamente pretendía haber cedido a otras entidades.
Ancelotti firmó como entrenador madridista el 4 de julio de 2013, con contrato previsto hasta junio de 2016, si bien cesó de forma anticipada su relación profesional con el club el día 25 de mayo de 2015.
No obstante, desde su llegada a España hasta aproximadamente el mes de octubre del año 2015, dispuso de dicha vivienda arrendada, siendo ese mismo año España “su centro principal de relaciones personales e intereses económicos y profesionales”. De hecho, obtuvo 14.867.622,25 euros del Real Madrid sólo en concepto de rendimientos del trabajo, “debiendo por tanto tributar por su renta universal en nuestro país también en este ejercicio 2015”.
La Fiscalía acusa al entrenador de eludir la tributación de dichos derechos de imagen mediante el envío de este dinero “a un complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas”.
De esta forma, ni él ni ninguna de dichas sociedades tendrían que tributar en España o en el extranjero. Para el Ministerio Público la cesión de los derechos de imagen se inicia con un contrato privado con fecha 1 de julio de 2013, en el que Ancelotti, “aparentemente”, cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de diez años y por un precio de 25.000.000 euros, “que habría de permanecer pendiente como un préstamo libre de intereses, con obligación de reembolso por el comprador a petición del vendedor”.
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Esto fue calificada por Gamarra como una muestra de «desgobierno» en España. Igualmente, subrayó la necesidad de coordinación dentro del Ejecutivo.
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Rueda de prensa de la secretaría general, Cuca Gamarra
La secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha criticado la ruptura de las negociaciones entre los Ministerios de Trabajo y Hacienda sobre la fiscalidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), calificando la situación como una muestra de “desgobierno” en España. En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, Gamarra subrayó la necesidad de poner fin a esta falta de coordinación dentro del Ejecutivo.
Estas declaraciones surgen tras el anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien informó que el Ministerio de Hacienda se retiró de las conversaciones destinadas a acordar una compensación para los perceptores del SMI, afectados por la tributación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Gamarra ha denunciado que esta falta de consenso dentro del propio Ejecutivo es una muestra de su incapacidad para gobernar. Según la dirigente popular, este conflicto afecta a las rentas más bajas, que terminan pagando las consecuencias de una “voracidad fiscal” por parte del Gobierno. Además, ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de imponer, por primera vez en la historia, el pago del IRPF a los perceptores del SMI, con el único fin de recaudar más fondos para sostener la administración actual.
La dirigente del PP también ha señalado que el Gobierno prioriza “financiar la malversación del separatismo catalán” a través de la condonación de deuda”, lo que considera una estrategia para prolongar la permanencia de Pedro Sánchez en el poder. En su opinión, esto forma parte de una “anomalía democrática”, ya que el Ejecutivo depende de partidos independentistas que “no buscan el bienestar de España, sino su desaparición como proyecto colectivo”.
El Partido Popular ha venido defendiendo una política fiscal que alivie la carga sobre las clases medias y trabajadoras. Gamarra ha reiterado la necesidad de implementar medidas como la deflactación del IRPF y la reducción del IVA en productos básicos, con el objetivo de aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos y contrarrestar los efectos de la inflación.
Asimismo, la secretaria general del PP ha instado al Gobierno a reducir el gasto público innecesario y a evitar la creación de nuevos impuestos que, según ella, solo contribuyen a “asfixiar” económicamente a las familias españolas. Gamarra ha enfatizado que, mientras el Ejecutivo actual aumenta la presión fiscal, las comunidades autónomas gobernadas por el PP están implementando políticas de reducción de impuestos y apoyo a los autónomos y pequeñas empresas.
Gamarra ha subrayado que el Gobierno no ha presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque “no quiere evidenciar que no tiene mayoría para aprobarlos”. En su opinión, un Ejecutivo que no puede sacar adelante unos presupuestos debería convocar elecciones, algo que, según ella, “haría un Gobierno con dignidad”. Sin embargo, ha afirmado que Pedro Sánchez ya ha demostrado que ese no es su caso.
Por lo tanto, la ruptura de las negociaciones entre los Ministerios de Trabajo y Hacienda sobre la fiscalidad del SMI ha puesto de manifiesto las tensiones internas dentro del Gobierno de coalición. Mientras el Ejecutivo no logra alcanzar un consenso en materia fiscal, desde la oposición, el PP, a través de figuras como Cuca Gamarra, continúa criticando la gestión gubernamental y proponiendo alternativas que, según ellos, beneficiarían a las clases medias y trabajadoras del país.
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Desde el sindicato denuncian que la medida frena la carrera profesional de los policías y refleja una falta de confianza en los nuevos mandos
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Policía Nacional. Fuente: Geopol
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha manifestado su absoluto rechazo a la decisión de la Junta de Gobierno de aumentar la edad de jubilación de los agentes hasta los 67 años y, en el caso de la cúpula policial nombrada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta los 72 años.
Esta medida, según el sindicato, es una muestra más del desprecio del Ministerio hacia las condiciones laborales de los agentes.
Según JUPOL, la decisión ha sido tomada con la complicidad del Sindicato Profesional de Policía (SPP) y sin contar con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Escala Superior. Desde el sindicato denuncian que la medida frena la carrera profesional de los policías y refleja una falta de confianza en los nuevos mandos.
Además, consideran que esta iniciativa responde a un intento del Gobierno de favorecer a los altos cargos de confianza, mientras se ignoran las necesidades reales del colectivo policial.
JUPOL ha expresado su malestar por el hecho de que sus reivindicaciones, como la Equiparación Salarial Real, una Jubilación Digna y el reconocimiento de la Policía Nacional como Profesion de Riesgo, hayan sido relegadas al olvido. Mientras los agentes enfrentan turnos extenuantes, falta de recursos y condiciones laborales precarias, el sindicato denuncia que el Ministerio del Interior se centra en mantener el estatus de los altos mandos policiales.
Desde la organización sindical también critican que el Gobierno esté más preocupado en beneficiar a un grupo reducido de agentes privilegiados en lugar de atender demandas clave como la actualización de las dietas, la regulación de especialidades dentro de la Policía Nacional o la reforma del Consejo de Policía para garantizar que se respeten los derechos y reivindicaciones de los agentes.
Ante esta situación, JUPOL ha anunciado que se mantiene en conflicto colectivo y que no participará en las acciones del Consejo de Policía hasta que se aborden de manera efectiva sus demandas. “No vamos a ser cómplices de una estrategia que solo beneficia a unos pocos en detrimento del conjunto de la Policía Nacional”, han declarado desde el sindicato.
El sindicato ha reafirmado su compromiso de seguir denunciando estas injusticias y luchando por unas condiciones laborales y salariales dignas para los agentes. “No permitiremos que el Gobierno continúe menospreciando nuestra labor y premiando solo a aquellos que forman parte de su círculo de confianza”, han concluido.
La polémica sobre la gestión del Ministerio del Interior con respecto a la Policía Nacional sigue creciendo, mientras los agentes continúan reclamando mejoras en sus condiciones laborales y el reconocimiento que consideran merecido.
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La reunión de este fin de semana de los “populares” se lleva a cabo con la vista puesta en las elecciones de Castilla y León, junto con las de Andalucía
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Europa Press
El Partido Popular celebra este fin de semana en Sevilla la XXVII Unión Interparlamentaria, convocada por su líder, Alberto Núñez Feijóo. Este encuentro reúne a diputados, senadores y europarlamentarios del partido y se lleva a cabo en un momento clave, con la vista puesta en las elecciones de Castilla y León en primavera 2026 y las andaluzas en verano del mismo año.
Feijóo regresa a la ciudad que marcó su ascenso a la Presidencia del PP en abril de 2022, tras la crisis interna que provocó la salida de Pablo Casado. En estos tres años, aunque no consiguió llegar a la Moncloa en las generales de julio de 2024, ha consolidado su liderazgo territorial, con el PP gobernando en 12 comunidades autónomas y en más de 30 capitales de provincia.
El encuentro tiene como objetivo coordinar la acción parlamentaria en distintas Cámaras y reforzar la unidad del partido. Los Estatutos del PP establecen que la Unión Interparlamentaria Popular busca sincronizar la labor de los grupos parlamentarios autonómicos con el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo.
Además, servirá para preparar al PP de cara a las próximas elecciones. En este sentido, el presidente andaluz y líder del PP-A, Juanma Moreno, será el anfitrión del evento, que se celebra en la misma ciudad donde en enero se eligió a María Jesús Montero como secretaria general del PSOE.
La última Interparlamentaria del PP tuvo lugar en Ourense en enero de 2024, en plena campaña de las elecciones gallegas que acabaron con la reelección de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta.
Programa de la Interparlamentaria
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, inaugurará el evento el sábado, junto al presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo. La jornada incluirá mesas de debate sobre vivienda, fiscalidad, bienestar social y el sector agroalimentario.
La primera mesa, titulada “El gran desafío de la vivienda: acceso y soluciones”, será coordinada por Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, y moderada por Rocío Díaz, consejera de Fomento de Andalucía.
La segunda mesa, “Fiscalidad, empleo y autónomos: menos impuestos, más crecimiento”, estará a cargo de Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, y será moderada por Carolina España, consejera de Economía andaluza.
Por la tarde, se celebrará la mesa de portavoces “La defensa de los valores democráticos”, moderada por Esteban González Pons y con la participación de Miguel Tellado (Congreso), Alicia García (Senado) y Dolors Montserrat (Parlamento Europeo).
La jornada continuará con el debate “El reto agroalimentario: menos trabas para un sector estratégico”, coordinado por Paloma Martín y moderado por Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura de Andalucía.
El domingo, se abordará el tema “Garantizar el bienestar en una sociedad en constante cambio”, coordinado por Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, y moderado por Loles López, consejera de Inclusión Social andaluza.
El evento concluirá con la lectura de conclusiones a cargo de Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Análisis Electoral del PP. Posteriormente, el foro será clausurado por Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo.
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La formación quiere reducir la producción de alimentos procedentes del campo español por una motivación puramente ecológica
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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, come una fresa en Doñana. Fuente: Europa Press
Sumar, liderado por Yolanda Díaz, ha ideado unas nuevas restricciones a la producción de alimentos en España, lo cual pretende recudir la capacidad productiva de los agricultores a base de recortes. La principal consecuencia será una menor cantidad de alimentos y precios más caros.
La formación quiere reducir la producción de alimentos procedentes del campo español por una motivación puramente ecológica. Esta iniciativa surge en plena escalada de la amenaza de Rusia.
Los asesores ecologistas de Sumar plantean esta iniciativa debido al cambio climático, es por estos que los agricultores tienen que recortar su capacidad productiva. “En la actualidad, el cambio climático es uno de los desafíos más urgentes y palpables que enfrenta la sociedad. Los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías prolongadas, tormentas intensas y la subida del nivel del mar, son ya evidentes a escala global”, afirma el partido de Yolanda Díaz.
“La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la industrialización y, en particular, la agricultura y ganadería intensiva, son los principales motores de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”, señalan desde Sumar, según recoge LibreMercado.
En pleno debate europeo sobre la necesidad de preparar al continente para posibles consecuencias derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, el partido de Yolanda Díaz considera que prácticas como la deforestación e industrialización “liberan grandes cantidades de C02, metano y óxidos de nitrógeno a la atmósfera, exacerbando el calentamiento global y alterando los ciclos naturales del clima”.
“En concreto, el sector agrícola y ganadero es uno de los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los sistemas agrícolas tienen un doble papel: por un lado, como emisores de GEI y, por otro, como sectores vulnerables a los efectos del cambio climático”, señala Sumar.
“En este contexto, la agricultura industrializada, la cual se basa en el uso masivo de fertilizantes sintéticos, pesticidas, maquinaria pesada y monocultivos, tiene un impacto ambiental desmesurado”, prosigue Sumar en su nueva cruzada contra el campo”, prosigue el partido de Yolanda Díaz, según recoge LibreMercado.
La solución para el Gobierno de coalición es sencilla; llevar a término una producción agrícola mucho más cara.
“De este modo, cobra relevancia y trascendencia la producción ecológica, también conocida como biológica u orgánica, la cual se presenta como una alternativa crucial. Este sistema de gestión y producción agroalimentaria combina las prácticas ambientales óptimas, ofrece un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales y garantiza la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal”, señala Sumar.
Esto significa que habrá menos alimentados y tendrán un coste mucho más elevado, siguiendo la línea de la ley de la oferta y la demanda. Una cuestión que se enmarca en la emergencia de garantizar suministros debido al agravamiento de la amenaza rusa.
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Carlos III tuvo que ser hospitalizado ayer brevemente debido a los efectos secundarios de su tratamiento.
Carlos III tuvo que ser hospitalizado ayer brevemente debido a los efectos secundarios de su tratamiento.
Las escuelas de los países de la UE podrán ofrecer la posibilidad de estudiar esta lengua como si se tratase de una “nacional”
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Imagen: aula de una escuela I EP
Las Escuelas Europeas son instituciones educativas establecidas en varios países de la Unión Europea, destinadas principalmente a hijos de funcionarios europeos y profesionales expatriados. Actualmente, existen 13 centros distribuidos en seis estados miembros: Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Italia y España. Estos centros ofrecen una educación multilingüe y multicultural, reflejando la diversidad lingüística de la UE.
Según fuentes consultadas por ABC, Vox ha enviado comunicaciones oficiales a las Representaciones Permanentes (REPERs) de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, alertando sobre lo que consideran una medida de carácter político y antidemocrático. Además, el partido ha mantenido contactos bilaterales con gobiernos afines dentro del Consejo, incluyendo Hungría, Italia (Lega y Fratelli d’Italia), Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Chequia, buscando apoyo para frenar la inclusión del catalán en las Escuelas Europeas.
En la misiva enviada a los gobiernos, Vox sostiene que “el catalán es una lengua regional de España, no es una lengua nacional, ni minoritaria, ni perseguida”. Critican que, mientras en Cataluña se limita el estudio en español, el Gobierno de Sánchez pretende imponer el catalán en las Escuelas Europeas.
La propuesta de incluir el catalán como OLN en las Escuelas Europeas ha generado un intenso debate. La Comisión Europea ha expresado dudas sobre la legalidad, el coste presupuestario y las implicaciones organizativas de esta medida. Además, existe preocupación por el precedente que podría sentar, abriendo la puerta a que otras lenguas regionales soliciten el mismo estatus.
Por otro lado, el Consejo de Europa ha mostrado inquietud por las sentencias que obligan a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano en Cataluña, considerando que esta imposición podría atentar contra la protección y promoción de las lenguas regionales, como el catalán.
La política lingüística en Cataluña ha sido objeto de controversia en los últimos años. La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha denunciado que más de 2.000 colegios catalanes marginan el uso del español, indicando que el catalán es la lengua vehicular única en la mayoría de los centros educativos.
Además, en Baleares, las tensiones entre el PP y Vox han llevado a la retirada de los presupuestos autonómicos, debido a desacuerdos relacionados con la política lingüística y otras cuestiones.
La decisión sobre la inclusión del catalán como OLN en las Escuelas Europeas se tomará el próximo 9 de abril durante la reunión del Consejo de Gobierno en Chipre. Vox espera que prevalezcan criterios legales y educativos sobre lo que consideran una imposición ideológica. La formación subraya que no se debe permitir que una lengua utilizada para excluir al español en su propia región sea premiada en el marco educativo europeo.
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La sentencia por asesinato incluía la prohibición de acercamiento a Ortiz a menos de un kilómetro “y la prohibición de comunicación por cualquier medio, durante 21 años por cada delito de asesinato”
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Imagen: Ruth Ortiz en una concentración en Huelva. ABC
Ruth Ortiz ha denunciado al asesino y padre de sus dos hijos menores, José Bretón, por posible quebrantamiento de condena y violencia psicológica. Lo ha hecho en base al contenido del avance del libro El Odio, de Luisgé Martín, que traza un perfil psicológico de Bretón y reconstruye el crimen por el que este fue condenado en 2013 a 40 años de cárcel.
La sentencia por asesinato incluía la prohibición de acercamiento a Ortiz, así como a su madre y a su padre, a menos de un kilómetro “y la prohibición de comunicación con ellos por cualquier medio, durante veintiún años por cada delito de asesinato”. Esa prohibición de comunicación es lo que considera Ortiz que se ha quebrantado con las partes de El odio recogidas en medios de comunicación. La editorial Anagrama ha anunciado este mismo jueves que suspende de manera indefinida la publicación del libro.
La denuncia ha sido enviada a la Fiscalía de Violencia de Género de Huelva “al ser la competente para su resolución”, ha explicado la Fiscalía cordobesa en un comunicado. En este escrito, presentado el día 25 de marzo y que ha sido ampliado este mismo jueves, la representación de Ruth Ortiz destaca cómo el avance que el propio autor publicó sobre el libro cuenta “intimidades, detalles del terrible crimen cometido, criticando a su mujer, incluso culpabilizándola de alguna manera de lo que hizo, hablando de sus hijos menores, exponiendo públicamente su agonía, el proceso de su asesinato, sin la autorización de la madre”.
Por ello, la denuncia entiende que estos hechos constituyen un delito de violencia de género, “de malos tratos, de violencia vicaria” hacia Ruth Ortiz por el “enorme daño psicológico” que le ha provocado esta publicación y el anuncio público de la edición y distribución del libro.
Otra de las vías judiciales abiertas tras la polémica del libro sobre José Bretón está relacionada también con el quebrantamiento de la condena interpuesta en Córdoba y otra, la inicial, centrada en el derecho al honor de los menores y que ha llegado a la Audiencia Provincial de Barcelona, donde está radicada la editorial.
Ortiz conoció la existencia del libro por la prensa y, tras ello, lo denunció ante la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Córdova por intromisión ilegítima del derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos. “Estos hechos están causando un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos en mi mandante”, recogía la primera demanda.
La Fiscalía de Córdoba trasladó el caso a Barcelona y, desde allí, la Fiscalía de Menores pidió suspender temporalmente la publicación del libro. Unos días más tarde, el juzgado de primera instancia número 39 de Barcelona rechazó paralizar de forma cautelar la publicación del libro y la Fiscalía de Menores recurrió el auto.
La tercera vía judicial está relacionada con una posible intromisión al derecho a la intimidad de los menores. La Fiscalía de Córdoba considera que esa intromisión se podría haber producido ya solo con los extractos del libro conocidos por los medios de comunicación. Anagrama ha anunciado este jueves que suspende de manera indefinida la distribución de El odio. También admite que las obras basadas en hechos reales “requieren una dosis doble de responsabilidad y respeto” y asegura que no ha pagado al asesino.
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