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El hijo de Nicolas Sarkozy y Cécilia Attias tenía 10 años cuando su padre fue elegido presidente de la República. Ha pasado buena parte de su vida en Estados Unidos.
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Un total de 11 purpurados nacidos en España podrían suceder a Francisco, aunque son cuatro los que han aparecido en quinielas de ‘papables’
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Europa Press I Imagen: Arzobispo de Barcelona
Un total de seis cardenales españoles, tres de ellos miembros de la Conferencia Episcopal Española (CEE), tomarán parte de la elección del nuevo Pontífice tras la muerte del Papa Francisco. Los cardenales iniciarán este proceso este miércoles en la Capilla Sixtina.
Según informa Europa Press tres de los cardenales españoles pertenecen a la Conferencia Episcopal Española: el arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Por su parte, el arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, ha excusado su participación por motivos de salud.
A ellos se suma Ángel Fernández Artime que fue rector mayor de los Salesianos y, actualmente, es el proprefecto del dicasterio para el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.
Por otro lado, el número de cardenales nacidos en España asciende a once, incluyendo al arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y el obispo de Córcega, Francisco Javier Bustillo. Todos ellos tienen menos de 80 años, que es requisito para ser elector en un Cónclave.
Los tres cardenales de la CEE que votarán en el Cónclave, fueron creados por el propio Papa Francisco. Cañizares, que no participa, fue creado por Benedicto XVI.
Además de los electores, hay otros cuatro cardenales españoles mayores de 80 años que, aunque no podrán votar, si han podido participar en las congregaciones generales o preparatorias, presididas por el cardenal decano, que se han reunido diariamente hasta el inicio del Cónclave para tratar los asuntos urgentes de la Iglesia.
Sólo algunos de estos cardenales han sido señalados en las quinielas como candidatos serios al papado. En concreto, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el cardenal arzobispo de Rabat, Cristóbal López; el cardenal obispo de Córcega, Francisco Javier Bustillo; y el cardenal Ángel Fernández Artime, proprefecto del dicasterio para el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica
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La región madrileña registra el máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social y un significativo descenso del número de parados
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Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid lidera en creación de empleo y registra el máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social, con 3.779.323 cotizantes, tras una subida del +0,3% en el mes de abril, lo que se traduce en 12.501 personas más. En el último año, se han generado 103.764 puestos de trabajo, un +2,8%, medio punto por encima del dato estatal, siendo la región de España con mayor número de nuevos trabajadores en términos absolutos.
Las estadísticas publicadas hoy por el Gobierno central, referidas a abril, arrojan a su vez que el paro ha caído un -3,1% (9.401 personas) con respecto al año pasado, situando el número de desempleados en 289.232, el más bajo para este mes desde 2008. En comparación con marzo, el descenso ha sido del -1,6%, con 4.585 parados menos.
Desde abril de 2024, el desempleo ha bajado en ambos sexos, un -3,2% entre las mujeres y un -3,1% entre los hombres, y en todos los tramos de edad: menores de 30 años (-3,1%), de 30 a 54 años (-4,5%) y mayores de 55 (-1,1%). También se reduce en todos los sectores, especialmente en agricultura (-8,9%) y construcción (-6,1%), seguidos de industria (-5,4%) y servicios (-2,3%).
Por otro lado, y en ese mismo periodo, el número de autónomos madrileños ha aumentado en 9.053 (+2,1%), y deja el total en 437.644 personas, la cifra más alta de trabajadores por cuenta propia en la región desde que hay registros.
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La presentadora comenta que tras haber compartido en redes un plato preparado por el chef, los internautas le cuestionan por qué le sigue cocinando si supuestamente se han separado. Ni niega ni desmiente: se lo toma con humor.
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La cantante ha sido fotografiada en Nueva York con unas New Balance de fútbol. Gracias a Instagram, ahora comprendemos el motivo.
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Serrano: «Suben las tasas y los precios, pero los parques, jardines y centros públicos siguen en condiciones lamentables»
The post Alfonso Serrano acusa al PSOE de hundir Alcorcón con impuestos abusivos first appeared on Hércules. El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha visitado este martes el municipio de Alcorcón para mostrar su respaldo a la campaña informativa impulsada por el PP local contra la nueva tasa de basuras implantada por el Ayuntamiento, una medida que calificó de “profundamente injusta y discriminatoria”.
Durante su recorrido por el mercadillo de la calle Carballino, Serrano estuvo acompañado por el presidente y portavoz del Grupo Municipal Popular, Roberto Marín Vergara.
Ambos dirigentes denunciaron lo que consideraron una “desastrosa gestión socialista” al frente del Consistorio, acusando al Gobierno local de aplicar “subidas fiscales arbitrarias”, “deteriorar los servicios públicos” y permitir “el preocupante avance de la okupación ilegal” en la ciudad.
Marín Vergara destacó que este año los vecinos de Alcorcón deberán afrontar un incremento de 17 millones de euros en la presión fiscal, atribuido a la mencionada tasa de basuras y al aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que supondrá otros 3,5 millones adicionales.
“Esta tasa penaliza injustamente a familias y comercios. No tiene sentido que una vivienda unifamiliar pague hasta tres veces más que un piso con el mismo valor catastral”, denunció.
Asimismo, criticó el estado de deterioro de espacios públicos e instalaciones municipales. “Suben las tasas y los precios, pero los parques, jardines y centros públicos siguen en condiciones lamentables. Lo vimos en la escuela de música, el cierre del Teatro Buero Vallejo, y ayer mismo cayó un árbol en un colegio pese a los avisos previos al Ayuntamiento”, apuntó.
Por su parte, Alfonso Serrano señaló que Alcorcón “es uno de los ejemplos más evidentes del abandono al que ha sido sometido por parte del gobierno socialista”. En ese sentido, lamentó que el Ejecutivo liderado por Candelaria Testa rechazara en Pleno una propuesta del PP para impulsar un pacto local contra la okupación.
Impuesto tasa IBI en Alcorcón
“Mientras el PSOE apoya a los okupas, nosotros defendemos a los propietarios, la propiedad privada y a los vecinos que cumplen con la ley”, subrayó.
El dirigente popular también cargó contra el Gobierno central, al que acusó de “imponer unilateralmente” a las comunidades autónomas el reparto de menores no acompañados, sin diálogo ni respaldo económico. “Es una cacicada política que vulnera el principio de lealtad institucional”, afirmó.
Serrano concluyó su intervención apelando a la necesidad de un cambio político en Alcorcón: “Es urgente recuperar la prosperidad, el empleo y la calidad de vida que merece este gran municipio. La alcaldesa está más centrada en su proyección dentro del PSOE que en los verdaderos problemas de sus vecinos”.
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El gigante asiático confirmó la normalización de las relaciones con el Parlamento Europeo y espera un acercamiento entre ambas potencias
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping I El Economista
Una delegación del Congreso de los Diputados de España emprenderá una visita oficial a China con motivo del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La misión, encabezada por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), incluye a los diputados Vicente Montávez (PSOE), Carlos Floriano (PP), Teslem Andala (Sumar), Francesc-Marc Álvaro Vidal (ERC) y Marta Madrenas (Junts). El letrado Manuel Alba acompañará al grupo en calidad de asesor jurídico.
La iniciativa recibió el respaldo unánime de la Mesa del Congreso, aunque fuentes del Partido Popular matizaron su apoyo, condicionándolo a que la delegación fuera de tamaño reducido. Vox declinó participar en la misión, alegando que su dirección nunca consideró su asistencia al viaje.
La visita se produce en un momento de creciente acercamiento entre España y China. En marzo de 2023, el rey Felipe VI y el presidente chino Xi Jinping intercambiaron mensajes de felicitación por el 50º aniversario de relaciones diplomáticas, destacando la consolidación de una asociación estratégica basada en el respeto mutuo. Posteriormente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizó una visita oficial a Pekín, donde se reunió con Xi Jinping para reforzar los lazos bilaterales.
China se ha convertido en el principal proveedor de importaciones de España, superando a Alemania, y las inversiones chinas en sectores estratégicos españoles han aumentado significativamente en los últimos años. Este fortalecimiento de las relaciones económicas ha suscitado preocupaciones en Estados Unidos, especialmente tras las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien criticó el acercamiento de España a China en el contexto de la guerra comercial entre EE. UU. y el gigante asiático.
Aunque la agenda detallada de la delegación parlamentaria aún no se ha hecho pública, se espera que los diputados visiten las ciudades de Pekín y Shanghái. El objetivo principal es conmemorar el 50º aniversario de relaciones diplomáticas y fortalecer los lazos institucionales entre ambos países. La visita también busca promover el entendimiento mutuo y la cooperación en áreas de interés común, como el comercio, la cultura y la educación.
La visita ha generado diversas reacciones en el ámbito político y diplomático. Mientras que algunos sectores valoran positivamente el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, otros expresan preocupación por las posibles implicaciones geopolíticas, especialmente en el contexto de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. La delegación española busca equilibrar estos intereses, promoviendo una política exterior que favorezca tanto los vínculos económicos como el respeto a los compromisos internacionales de España.
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha criticado esta decisión, pero ha afirmado que lo importante es “respetar el proceso”
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Imagen: el presidente del BBVA, Carlos Torres I EFE
El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública para recabar opiniones sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, una iniciativa que ha generado una fuerte oleada de críticas entre entidades financieras, inversores y empresarios. La medida ha sido percibida como una forma de intervención impropia en una operación privada avalada ya por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El cuestionario, disponible en la web del Ministerio hasta el 16 de mayo, busca justificar una posible intervención del Gobierno en el proceso, a través de criterios distintos a los de competencia, como exige la ley. Sin embargo, tal como ha informado ABC, en el sector se interpreta como un intento de corregir el informe de la CNMC, que autorizó la fusión con condiciones consideradas asumibles por ambas partes.
La iniciativa gubernamental ha sorprendido por su formato: un formulario abierto al público, sin garantías de control riguroso, que permite emitir múltiples respuestas y que se basa en una herramienta tan genérica como Microsoft Forms. Las críticas se centran en el carácter inédito de la consulta y en el hecho de que una decisión de alto impacto económico quede, en parte, en manos de una participación ciudadana sin filtros técnicos ni jurídicos sólidos.
Desde distintos ámbitos del mercado financiero se cuestiona que se recurra a una especie de referéndum informal para tomar decisiones estratégicas, considerando que esta responsabilidad recae únicamente en el Ejecutivo, y no en la opinión pública sin marco regulatorio específico.
Aunque en Barcelona existe un respaldo institucional al Sabadell, fuentes cercanas al entorno del banco también manifiestan incomodidad ante este tipo de mecanismos. El procedimiento ha generado una sensación compartida de incertidumbre tanto en la capital como en el entorno financiero catalán, donde se considera que la consulta puede ser contraproducente para el mercado.
A través de seis preguntas, el cuestionario solicita que los participantes identifiquen posibles perjuicios para el interés general derivados de la fusión, e incluso propone que se formulen alternativas para minimizar esos impactos. El Gobierno defiende su legalidad y afirma que su objetivo es dar voz a sectores que no fueron tenidos en cuenta por la CNMC.
El malestar no se limita al sector financiero. Representantes del empresariado y dirigentes políticos también han manifestado su preocupación por lo que consideran un precedente peligroso. Para muchos actores económicos, el mecanismo elegido deslegitima el papel de los organismos reguladores y refleja una renuncia del Ejecutivo a asumir su responsabilidad directa en una decisión de alcance nacional.
La consulta pública se interpreta, en algunos sectores, como una estrategia para diluir la responsabilidad política de una posible negativa a la opa o de una intervención restrictiva, con el riesgo añadido de generar desconfianza en los mercados y dañar la imagen de España como país receptor de inversión.
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El Gobierno reacciona con dureza ante la imputación de uno de sus delegados por parte del juez Peinado, acusándolo de parcialidad. Las críticas internas al magistrado reflejan una peligrosa tendencia política a desacreditar la labor judicial cuando esta afecta a cargos del Ejecutivo
The post El Gobierno carga nuevamente contra el juez Peinado por la imputación de Francisco Martín Aguirre first appeared on Hércules. Una vez más, el Ejecutivo ha reaccionado con contundencia ante una decisión judicial adversa, alineándose en bloque contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez por supuestos delitos vinculados a la corrupción. En esta ocasión, el detonante ha sido la imputación formal de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y estrecho colaborador del ministro Félix Bolaños durante su etapa como secretario general de la Presidencia. Según el auto judicial, Martín habría intervenido en la contratación, con cargo a fondos públicos, de una asesora destinada a asistir a Gómez en asuntos de carácter privado.
Tras conocerse la resolución, Bolaños no tardó en pronunciarse, denunciando públicamente que el caso “ya no es motivo de preocupación para quienes tienen la conciencia tranquila”, sino que genera “una inquietud máxima para los defensores de la imparcialidad judicial”. Estas declaraciones, realizadas antes del inicio del Pleno del Senado, marcaron el tono con el que el Gobierno encaró la imputación de uno de sus altos cargos, en una estrategia que fue inmediatamente interpretada como un nuevo embate institucional contra el poder judicial.
La querella, inicialmente presentada por Vox, fue ampliada para incluir a Martín Aguirre por su presunta participación en la incorporación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en La Moncloa. El juez ha citado a Martín a declarar el próximo 14 de mayo, abriendo así un nuevo frente de tensión entre la judicatura y el Ejecutivo.
Las palabras de Bolaños desataron una oleada de reacciones críticas desde distintos ámbitos, que calificaron su intervención como un ataque directo a la independencia judicial. Varios juristas y representantes políticos señalaron la gravedad de que un ministro de Justicia cuestione abiertamente la instrucción de un magistrado que, en cumplimiento de su labor, avanza en una causa penal.
Pese a las críticas, el discurso de Bolaños fue rápidamente respaldado por otras figuras del Ejecutivo. Óscar López, por ejemplo, publicó en la red social X una imagen con la definición de “prevaricación” según la RAE, acompañándola con un escueto mensaje: “Palabras de actualidad…”. Pilar Sánchez Acera, exasesora en Moncloa, se sumó al cierre de filas al declarar que no existe “nada” contra Martín Aguirre, y que todo forma parte de una operación de “bulos y mentiras” orientada a socavar la legitimidad del Gobierno.
Mientras tanto, el juez Peinado defendía la solidez jurídica de su decisión. En el auto que sustenta la imputación, recordó que el sistema penal español contempla una fase de investigación preliminar indispensable para esclarecer los hechos denunciados. Esta etapa, señaló, permite al juez instructor, dotado de imparcialidad y alejado de sesgos inquisitoriales, determinar con fundamento si se debe continuar el proceso, archivarlo o tipificarlo como delito leve.
La causa contra Begoña Gómez y ahora contra Francisco Martín Aguirre vuelve a evidenciar la creciente confrontación entre el poder judicial y el ejecutivo, alimentada por un discurso oficial que, en lugar de confiar en el desarrollo de las garantías procesales, opta por erosionar la credibilidad del instructor cuando el proceso se torna incómodo.
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