Crónica Diaria

El ataque de EE. UU. a instalaciones nucleares iraníes no destruyó el programa nuclear, según inteligencia militar, pese a las afirmaciones de Trump
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La campaña militar de Estados Unidos contra el programa nuclear iraní, ejecutada el pasado 22 de junio, ha sido presentada por el expresidente Donald Trump como un golpe decisivo. Sin embargo, los primeros análisis de inteligencia contradicen esa narrativa. Según un informe preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), los bombardeos habrían tenido un impacto limitado y solo habrían retrasado el desarrollo nuclear iraní por unos meses.

Bombardeos espectaculares, resultados limitados

El operativo incluyó el lanzamiento de catorce bombas de 30.000 libras por parte de bombarderos B-2 sobre las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahan. Estas armas, diseñadas para penetrar búnkeres subterráneos, lograron cerrar accesos y destruir infraestructuras superficiales, especialmente el sistema eléctrico y los equipos de conversión de uranio.

Sin embargo, según fuentes de la CNN y el New York Times, el núcleo del programa iraní permanece operativo. La reserva de uranio enriquecido al 60 % ,alrededor de 400 kilos, habría sido trasladada previamente a sitios no identificados. Con ese material, Irán podría producir hasta una docena de bombas nucleares pequeñas si alcanza el nivel de enriquecimiento del 90 %.

Además, parte de las centrifugadoras y otras infraestructuras sensibles se habrían mantenido intactas. “No se ha destruido el programa nuclear”, aseguran funcionarios con acceso al informe clasificado. Aún más preocupante: se menciona la existencia de instalaciones secretas de enriquecimiento que siguen funcionando, lejos del alcance de las bombas estadounidenses.

Choque entre la Casa Blanca y los servicios de inteligencia

La respuesta oficial desde la Casa Blanca fue inmediata. La portavoz Karoline Leavitt calificó el informe como “totalmente falso”, acusando a las filtraciones de buscar “desacreditar al presidente Trump y a los pilotos”. Afirmó que el ataque logró una “aniquilación total” de las capacidades nucleares de Irán, insistiendo en la precisión quirúrgica del operativo.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reforzó esta visión en declaraciones a ABC News, asegurando que las instalaciones nucleares de Irán están “enterradas bajo una montaña de ruinas”. No obstante, según fuentes cercanas al informe, esa descripción se aplica solo a estructuras de superficie, no a los sistemas subterráneos, que no habrían colapsado.

Irán, intacto bajo tierra

El documento de inteligencia de cinco páginas, aún sujeto a revisión, ha desatado tensiones internas en Washington. Mientras algunos sectores del Congreso esperaban ser informados el martes posterior al ataque, las sesiones fueron postergadas, algo que el senador demócrata Chris Murphy calificó de “curioso”, ironizando en redes sociales tras leer el artículo de CNN.

Este tipo de fricciones no es nuevo. Durante su mandato, Trump ya desestimó reportes de sus agencias de inteligencia, especialmente en 2019, cuando estas sostuvieron que Irán seguía cumpliendo el acuerdo nuclear (JCPOA) pese a la salida de EE. UU. El entonces presidente replicó que sus propios expertos eran “ingenuos” frente a la amenaza iraní.

El futuro del programa nuclear iraní

Aunque la “niebla de guerra” persiste, como admiten fuentes militares, los primeros datos muestran que la operación habría tenido un efecto más simbólico que operativo. De confirmarse, el régimen iraní aún conservaría recursos clave para reanudar el enriquecimiento de uranio con rapidez.

Este escenario, lejos de resolver la amenaza nuclear, podría intensificar la tensión regional y diplomática. En un contexto de creciente polarización interna en EE. UU. y presiones internacionales, la pregunta ya no es si Irán tiene capacidad nuclear, sino cuánto tiempo necesita para volver a activarla plenamente.

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La Comisión Europea retira una directiva clave contra el greenwashing, generando una crisis institucional y dejando en vilo a consumidores y empresas
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Lo que prometía ser un avance legislativo contra el greenwashing terminó en crisis institucional. Tras dos rondas de negociaciones trilaterales con saldo positivo desde enero, se esperaba que el tercer encuentro cerrara el acuerdo sobre una directiva ambiental clave. Esta buscaba exigir a las empresas que sus afirmaciones ecológicas fueran validadas por verificadores acreditados antes de llegar al mercado.

Pero días antes de ese esperado cierre, la Comisión Europea sorprendió con su retirada del texto. Para Tiemo Wölken, eurodiputado socialdemócrata alemán y co-relator, la negociación estaba “muy cerca de un equilibrio aceptable”. El escollo final: si las microempresas debían quedar fuera del alcance de la norma. “Nuestro mandato era precisamente eximirlas”, recalcó el también negociador Sandro Gozi, del grupo Renew.

El rol del PPE y la presión sobre Bruselas

El viernes, el tablero político cambió abruptamente. La Comisión anunció que solo mantendría la propuesta si las microempresas eran excluidas. Alegó haber advertido con claridad a los colegisladores y defendió que “afecta al 96% de las empresas europeas, unos 30 millones”. Sin embargo, fue el Consejo de la UE, no el Parlamento Europeo, quien se opuso a la exención.

Para los defensores del texto, el movimiento fue forzado por el Partido Popular Europeo (PPE), bloque al que pertenece Ursula von der Leyen. En alianza con el grupo ECR y los Patriots, el PPE envió una carta instando a eliminar la directiva. “El Parlamento se está convirtiendo en la oficina del PPE”, denunció Wölken, acusándolos de bloquear la ley con la ayuda de la extrema derecha.

La presión surtió efecto: Italia, que apoyaba la normativa, cambió su voto entre viernes y lunes, haciendo caer la mayoría del Consejo. Ante este giro, la Presidencia polaca decidió cancelar el tercer diálogo.

Jurisprudencia vs. estrategia política

La acción de la Comisión ha reabierto un viejo debate legal. “No puede vetar el proceso legislativo”, advirtió Gozi, apelando al artículo 17 del Tratado de la Unión. Aunque el Ejecutivo europeo defiende su derecho a retirar propuestas como parte de su iniciativa legislativa, la jurisprudencia del TJUE lo contradice: una retirada debe basarse en “pruebas convincentes”, no en motivos políticos.

La paradoja, según los eurodiputados, es clara: la Comisión amenaza con retirarse si se incluyen las microempresas, justo cuando el Parlamento las quiere fuera. “Actúan con mala fe”, afirmó Wölken. Para él, los perjudicados son los consumidores europeos y las empresas que realmente operan de forma sostenible.

Frente a gigantes como China o Estados Unidos, donde las declaraciones verdes pueden difundirse sin regulación, Europa pierde ,dicen, una oportunidad estratégica de blindar a sus ciudadanos ante el greenwashing.

Sin solución a la vista

Pese al desencuentro, los negociadores insisten en que están “listos para volver a la mesa”. Sin embargo, el ambiente es de bloqueo total. Bruselas espera que Parlamento y Consejo actúen, mientras estos aguardan instrucciones más claras del Ejecutivo. En este punto muerto, el precio lo pagan quienes buscan transparencia en un mercado saturado de promesas ecológicas.

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