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El veto del Gobierno a la fusión entre BBVA y Banco Sabadell introduce incertidumbre en una opa marcada por tensiones regulatorias y judiciales
The post El Gobierno frena la fusión de BBVA y Banco Sabadell first appeared on Hércules. La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en una fase decisiva tras la intervención del Gobierno, que impone una condición de alto impacto: prohibir la fusión durante tres años. Esta decisión, comunicada el pasado martes 24 de junio, marca un punto de inflexión en una operación que ya acumulaba más de un año de negociaciones, tensiones regulatorias y posiciones enfrentadas entre las partes.
La opa fue lanzada oficialmente en mayo de 2024, después de que BBVA ofreciera una fusión amistosa que Banco Sabadell rechazó tajantemente. A partir de ahí, la entidad vasca presentó una oferta hostil, sujeta durante once meses al análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que acabó dando luz verde a la operación.
Ahora, con la intervención del Ejecutivo, el panorama cambia radicalmente. Aunque se ratifican las condiciones fijadas por Competencia, el Gobierno impone una nueva exigencia: ambas entidades deberán mantener su autonomía jurídica, patrimonial y de gestión durante al menos tres años. Esta cláusula impide a BBVA absorber formalmente a Sabadell en el corto plazo.
La resolución gubernamental se justifica en la defensa del interés general, según fuentes oficiales. La decisión ha sido coordinada entre varios ministerios —Seguridad Social, Trabajo, Industria, Derechos Sociales y Reto Demográfico—, que han aportado criterios para preservar el empleo, la estructura territorial bancaria y la competencia.
A pesar de que no se prohíben expresamente los despidos ni el cierre de oficinas, el Gobierno sostiene que, sin fusión, tales medidas deberían ser innecesarias. Según esta lógica, un expediente de regulación de empleo (ERE) solo tendría sentido tras una integración total, que ahora queda vetada.
El consejo de administración de BBVA deberá valorar ahora si la operación sigue siendo viable bajo estas nuevas condiciones. El abanico de opciones es amplio: continuar con la opa, retirarla o recurrir judicialmente la decisión del Gobierno. De hecho, el presidente del banco, Carlos Torres, ya advirtió que no descarta la vía legal, lo que podría retrasar aún más la operación.
Desde Sabadell se insiste en que sin una fusión efectiva, las sinergias económicas prometidas por BBVA pierden gran parte de su sentido. Algunos analistas respaldan esta idea, aunque desde el banco vasco se defiende que aún podrían alcanzarse eficiencias significativas sin integración formal.
Uno de los elementos más delicados es la posición de la Comisión Europea, que ha advertido al Gobierno español hasta en tres ocasiones para que no interfiera en la operación. A raíz del anuncio del veto a la fusión, Bruselas reiteró su postura y lanzó una advertencia firme: “Si es necesario, eliminaremos cualquier restricción injustificada”.
La posible confrontación con la Comisión abre un nuevo frente regulatorio que puede derivar en un conflicto legal a nivel europeo si se considera que la decisión española vulnera la normativa comunitaria sobre el mercado único y la libre competencia.
En caso de que BBVA opte por seguir adelante, deberá ajustar su propuesta y presentar un nuevo folleto de la opa ante la CNMV, reflejando el impacto de las condiciones impuestas por el Ejecutivo. Este trámite puede completarse en pocas semanas si el banco actúa con agilidad.
Una vez aprobado el folleto, se abrirá el periodo de aceptación, que durará entre 30 y 70 días, a elección de BBVA. Durante este tiempo, serán los accionistas del Banco Sabadell quienes tengan la última palabra. Sin embargo, el calendario también deberá evitar el parón estival de agosto, para maximizar participación y claridad.
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Hace cinco años, el hijo de Victoria y David Beckham pidió matrimonio a Nicola Peltz, algo que el joven ‘foodie’ celebra cada día.
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La Guardia Civil vincula a Santos Cerdán con Servinabar en un contrato de compraventa en el caso de presunta corrupción en obra pública
The post Santos Cerdán y el contrato clave en la trama Servinabar first appeared on Hércules. La Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo un contrato privado en el que se estipula que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, adquiriría 1.350 participaciones de Servinabar 2000 S.L. por un importe de 6.000 euros. El documento, hallado durante el registro al empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, revela que Cerdán ostentaría un 45% de la propiedad de esta empresa vinculada a una presunta red de amaños en adjudicaciones públicas.
El hallazgo es relevante, ya que los investigadores sostienen que Servinabar obtuvo contratos públicos por más de 75 millones de euros del Gobierno de Navarra. El contrato, fechado el 1 de junio de 2016, cuenta con la firma de Cerdán y de Alonso Egurrola en todas sus páginas, así como con el sello de la mercantil.
El contrato fue entregado tras requerimiento expreso del magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa en la que están implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntas comisiones ilegales. En el documento consta que Egurrola, como titular de 3.000 participaciones, vendía a Cerdán 1.350 de ellas, que este adquiría libre de cargas por los citados 6.000 euros, incluyendo una cláusula de sometimiento a los tribunales navarros.
Desde el entorno jurídico de Cerdán se recalca que el contrato es un documento privado y no una escritura pública, por lo que “no tuvo ni tiene validez legal”. Añaden que Cerdán nunca ha formado parte de Servinabar ni ha percibido beneficios de su actividad. Aseguran que el documento no pasó por notaría ni generó efecto alguno y anuncian que el exdirigente del PSOE ofrecerá explicaciones ante el Supremo el próximo lunes.
El nombre de Cerdán aparece en un informe de la UCO, en el que se le identifica como figura clave en el origen de una supuesta trama de comisiones ilegales vinculada a adjudicaciones de obra pública. Según dicho informe, su rol varió a lo largo del tiempo, empezando como contacto de confianza y pasando a gestionar pagos a Ábalos y a Koldo García.
En concreto, se menciona que Acciona habría pagado presuntamente hasta 620.000 euros en comisiones, con 450.000 aún pendientes, según Koldo. En una conversación grabada, García le comunicaba a Cerdán que Ábalos ya habría cobrado 550.000 euros por contratos en Murcia y le pedía gestionar lo restante, a lo que Cerdán habría respondido: “Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo”.
La relación entre Santos Cerdán y Koldo García, forjada en el contexto de la política navarra, es clave en el relato de la Guardia Civil. La operativa se habría iniciado en 2015 con la adjudicación de una explotación minera de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, donde Geoalcali y Acciona formaron una UTE con Servinabar.
Los agentes destacan la “discrecionalidad” con la que se otorgaban contratos desde el Ministerio de Transportes, apuntando que incluso sin ocupar un cargo oficial, Cerdán era consultado antes de tomar decisiones. Esto refuerza la tesis de que su influencia no era menor dentro de la red, y que habría gestionado parte de las contraprestaciones económicas ilegales.
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Un nuevo estudio sobre la vacuna ARNm COVID sugiere mayor riesgo de aborto en embarazo. Aumenta la presión sobre Robert F. Kennedy Jr
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Un estudio preliminar reaviva el debate sobre los riesgos de las vacunas de ARNm contra la COVID-19 durante el embarazo temprano, mientras crecen las críticas a la gestión sanitaria de Robert F. Kennedy Jr. como secretario del HHS. La Operación Warp Speed fue el sello distintivo del primer mandato de Donald Trump, y su partido la sigue defendiendo como un logro histórico. Sin embargo, un nuevo estudio preliminar sobre los efectos de las vacunas ARNm contra la COVID-19 durante el embarazo podría reabrir fracturas dentro del movimiento conservador pro salud, el llamado Make America Healthy Again (MAHA), y alimentar tensiones en la agenda de salud pública de Trump y Kennedy Jr.
El estudio, que aún espera revisión por pares, examinó cientos de miles de historiales médicos israelíes de mujeres embarazadas antes y después de la aparición del SARS-CoV-2. La conclusión más preocupante: un aumento del 43% en las pérdidas fetales entre las semanas 8 y 13 de gestación tras la primera dosis de vacuna ARNm, lo que se traduce en 13 abortos por cada 100 embarazos frente a 9 en promedio.
Además, las mujeres que recibieron una dosis de refuerzo durante ese periodo presentaron dos abortos adicionales por cada 100 embarazos, lo que sugiere una “relación dosis-respuesta”, según los autores. El estudio utilizó como controles a mujeres que recibieron la vacuna antigripal durante el embarazo y a otras vacunadas antes de concebir, lo que refuerza la posible especificidad del efecto observado con las vacunas ARNm.
El documento sostiene que Pfizer fue responsable de “casi todas” las dosis administradas en el grupo analizado. Se vincula esta información con un informe interno de la farmacéutica publicado tras una batalla legal que revela que el 44% de las mujeres embarazadas en su ensayo clínico inicial perdieron sus embarazos. La FDA retuvo este informe durante 16 meses hasta que una orden judicial forzó su publicación.
El Departamento de Justicia, bajo el mandato del HHS de Kennedy, intenta ahora frenar demandas bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) relacionadas con datos de seguridad de vacunas. Según el abogado de la organización ICAN, Aaron Siri, esta estrategia persigue una pausa de 18 meses en los litigios, lo que ha generado fuertes críticas desde sectores defensores del consentimiento informado.
Entre las solicitudes FOIA pendientes figuran los resultados de tres estudios clínicos de seguridad de la vacuna de Pfizer, así como detalles sobre cómo la FDA diseñó su guía de 2020 para la industria de vacunas COVID.
Pese a su historial como crítico de las vacunas, Robert F. Kennedy Jr. enfrenta presiones crecientes por parte de opositores a la tecnología ARNm. Aunque su HHS retiró la recomendación de vacunar a mujeres embarazadas y a niños sanos, mantuvo la autorización para la nueva terapia de Moderna dirigida a adultos mayores y enfermos. Esto pese a denuncias de que la farmacéutica ocultó la muerte de un niño durante su ensayo de refuerzo.
Organizaciones como Americans for Health Freedom, lideradas por la doctora Mary Talley Bowden, publicaron una carta abierta titulada “No está en venta”, en la que acusan a Kennedy y a sus asesores de traicionar al movimiento MAHA al no eliminar las vacunas de ARNm del mercado. La carta denuncia una estrategia de “distracciones y anuncios diluidos” que ignora datos sobre “niveles catastróficos de abortos espontáneos” supuestamente asociados con las inyecciones.
Según los críticos, la decisión de mantener el embarazo como categoría de “alto riesgo” en las nuevas políticas de vacunación del HHS —aunque se haya eliminado de las recomendaciones explícitas— constituye un juego de palabras político que podría tener consecuencias en las próximas elecciones.
Figuras destacadas como la feminista disidente Naomi Wolf y el naturópata Henry Ealy, ambos firmantes de la carta, piden a Kennedy cambios radicales si quiere mantener el apoyo del electorado conservador en 2026 y 2028.
A pesar del debate, la aceptación de vacunas COVID entre adultos ha caído al 20% en las dos últimas temporadas, según la Encuesta Nacional de Inmunización, lo que refleja un cambio sustancial en la confianza del público.
El nuevo estudio fue dirigido por el sociólogo Josh Guetzkow de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con coautores de peso como Tracy Beth Hoeg, asesora científica de la FDA y antigua integrante del Comité de Integridad de Salud Pública de Florida, y Retsef Levi, profesor del MIT y miembro del comité asesor de vacunas de los CDC, designado por Kennedy.
El doctor Joseph Fraiman, otro coautor, firmó un artículo de 2022 en la revista Vaccine que vinculó las vacunas ARNm con una tasa de 1 en 800 de efectos adversos graves. Fraiman ha cuestionado públicamente la narrativa de que las vacunas “salvaron más vidas de las que costaron”.
Hoeg y Levi han criticado en diversas ocasiones la falta de ensayos clínicos robustos en embarazadas. Levi llegó a calificar de “negligencia grave” que se recomendara vacunar a mujeres gestantes sin contar con estudios controlados.
El equipo examinó más de 226.000 embarazos en Israel entre las semanas 8 y 27, utilizando datos anonimizados del segundo mayor fondo de salud del país, Maccabi Healthcare Services. Excluyeron las primeras siete semanas por falta de consistencia en el seguimiento de embarazos tempranos, lo cual podría introducir sesgos.
A diferencia de estudios anteriores, criticados por usar controles defectuosos o comparar mujeres vacunadas y no vacunadas durante campañas activas de vacunación, este análisis trató de mitigar esas limitaciones con grupos de comparación ajustados por periodo y tipo de vacuna.
Los investigadores concluyen que se necesitan métodos de farmacovigilancia más sofisticados y prospectivos para detectar daños sutiles en subgrupos específicos, como las mujeres embarazadas. Estos efectos podrían quedar ocultos en los sistemas tradicionales de monitoreo.
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La medida busca desalentar el consumo, pero podría disparar el comercio ilícito, como ya ocurre en Francia y Países Bajos
The post Bruselas planea un ‘impuestazo’ al tabaco que elevará hasta un 30% su precio en España first appeared on Hércules. La Comisión Europea prepara una reforma fiscal que supondrá una de las mayores subidas de impuestos al tabaco en la historia de la UE. Según una filtración desde Bruselas, la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED) incluirá un incremento medio del 30% en el gravamen aplicado a los cigarrillos, lo que en España se traducirá en una subida de 1,40 euros por cajetilla.
Esta reforma aún está en fase preliminar, pero ya ha encendido las alarmas en varios países. En España, el precio medio de la cajetilla podría alcanzar los 7 euros, mientras que en Francia, donde el tabaco ya soporta una elevada presión fiscal, algunas marcas superarían los 12 euros, según fuentes comunitarias.
La subida no se limitará a los cigarrillos convencionales. El tabaco de liar sufrirá un aumento impositivo del 60%, lo que encarecerá una bolsa de 30 gramos de 6,60 euros a 10,60 euros. En el caso de las cajetillas de cigarritos, el incremento será aún mayor: un 64%, pasando de 4,25 a unos 7 euros.
El objetivo de la Comisión es doble: reducir el consumo de tabaco y armonizar los precios entre países miembros, para evitar que los fumadores crucen fronteras en busca de productos más baratos. No obstante, esta estrategia podría tener consecuencias inesperadas, como ya advierte el sector.
La industria tabaquera ha alertado del riesgo de un aumento del comercio ilícito, una consecuencia que ya se ha materializado en países donde los precios son elevados y las restricciones severas. Un informe elaborado por KPMG para Philip Morris International (PMI) revela que en 2024 el consumo de cigarrillos ilegales en Francia alcanzó los 18.700 millones de unidades, el 37,6% del mercado total. De ellos, cerca de 7.800 millones eran falsificaciones, una cifra récord.
Los Países Bajos, con otra subida sustancial en los últimos años, experimentaron un aumento del 140% en el contrabando, que ya representa el 18% del consumo total en ese país. El informe, presentado en Bruselas, advierte de que estas tendencias podrían repetirse en otros países si se adopta un modelo impositivo similar.
España, por ahora, mantiene un nivel bajo de contrabando, pero los expertos temen que la situación cambie si se aprueba la nueva directiva. En 2024, el comercio ilícito representó el 3,3% del consumo nacional, unos 1.400 millones de cigarrillos, lo que supuso una pérdida fiscal de 263 millones de euros.
Durante la presentación del informe en Bruselas, el vicepresidente sénior de Asuntos Externos de PMI, Christos Harpantidis, advirtió de los efectos negativos de este tipo de políticas. “Las restricciones, los precios elevados o la falta de disponibilidad de productos legítimos podrían impulsar a los consumidores hacia fuentes ilegales”, declaró. Según él, esta situación no solo perjudicaría a las arcas públicas, sino también a la lucha contra el crimen organizado, que es el principal beneficiario del comercio ilícito.
Además del aumento fiscal, la Comisión Europea plantea nuevas restricciones al consumo de tabaco y productos alternativos como los cigarrillos electrónicos. Entre ellas, destaca la prohibición de fumar y vapear en terrazas y espacios públicos abiertos, una medida que pretende reforzar las políticas de salud pública a nivel comunitario.
La Comisión defiende que el endurecimiento fiscal es necesario para reducir el tabaquismo en Europa, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cáncer. Sin embargo, la industria y varios gobiernos alertan de que el aumento del contrabando podría neutralizar los beneficios sanitarios y tener efectos económicos negativos.
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Ambos países anuncian el alto el fuego impulsado por Trump, aunque la tregua es frágil y Teherán ya avisa que su programa nuclear continuará
The post Tregua entre Irán e Israel tras 12 días de guerra, pero persiste la tensión nuclear first appeared on Hércules. Irán e Israel han confirmado este martes el fin de la guerra que los enfrentó durante 12 días, pero lejos de representar una solución definitiva, la tregua abre un nuevo frente de incertidumbre. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han admitido el alto el fuego promovido por Donald Trump, aunque con versiones muy distintas sobre su alcance y consecuencias.
Mientras Israel declara una “victoria histórica” tras los bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes, Teherán niega que haya lanzado misiles y asegura que continuará su programa nuclear. La tregua, de apenas unas horas y marcada por episodios de tensión, ha sido calificada por expertos como endeble. A las 9:30 de la mañana, Israel reactivó sus defensas tras detectar, según su versión oficial, misiles desde Irán. Desde Teherán lo desmienten rotundamente.
Desde Washington, Donald Trump proclamó que la operación militar ordenada el fin de semana fue decisiva para cerrar el conflicto. “Unió a todos y cerró el trato”, afirmó el presidente estadounidense, refiriéndose a los ataques contra tres enclaves clave del programa atómico iraní: Fordo, Natanz e Isfahán. Para Trump, la guerra “ha terminado”.
Sin embargo, un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU. contradice esa versión. Según fuentes familiarizadas con el documento, los ataques sólo retrasaron el programa nuclear iraní por unos meses, sin destruir completamente sus capacidades. Parte del uranio enriquecido fue evacuado antes de los bombardeos y las centrifugadoras permanecen en gran medida intactas, según este informe confidencial.
El líder israelí celebró los resultados de la operación militar y elogió la implicación de Trump: “Bajo su dirección, el ejército estadounidense destruyó Fordo”. En su primera aparición pública tras la entrada en vigor del alto el fuego, Netanyahu advirtió que si Irán intenta reactivar su programa nuclear, “actuaremos con la misma fuerza y determinación”.
Según el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, la campaña contra Irán entra ahora en una “nueva fase”, en la que el foco principal volverá a estar en la lucha contra el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza. También se han levantado las restricciones impuestas a la población israelí durante la guerra, y el tráfico aéreo en el país se ha restablecido.
En contraste, desde Teherán, el presidente Pezeshkian ha reiterado que Irán “no busca fabricar armas nucleares” y que su programa atómico es “estrictamente civil”. Asegura que su país está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones con Estados Unidos, pero no renunciará a su “derecho legítimo” a desarrollar tecnología nuclear.
La Agencia Iraní de Energía Atómica anunció que ya está lista para reanudar el enriquecimiento de uranio. A pesar de los daños sufridos en Fordo, fuentes oficiales indican que la infraestructura subterránea no fue destruida, lo que facilitará la reactivación técnica del programa.
Aunque oficialmente el alto el fuego está en vigor, la situación dista de estar estabilizada. La tensión entre ambas potencias regionales persiste, y la desconfianza mutua amenaza con romper el frágil equilibrio alcanzado. Mientras Israel canta victoria y promete más ataques si es necesario, Irán reorganiza su estrategia nuclear bajo una retórica de firmeza y legalidad.
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Un grupo de 40 exdirigentes socialistas firma una carta en la que denuncian corrupción, degradación institucional y piden un Congreso Extraordinario
The post Históricos del PSOE exigen la dimisión inmediata de Pedro Sánchez como líder del partido first appeared on Hércules. Pedro Sánchez afronta una revuelta sin precedentes dentro del PSOE. Cuarenta destacados exdirigentes socialistas han remitido una carta a la sede de Ferraz exigiendo su “dimisión inmediata” como secretario general del partido y la convocatoria urgente de un Congreso Extraordinario. Los firmantes, entre los que figuran exministros, expresidentes autonómicos, exsenadores y exembajadores, denuncian el “grave deterioro institucional” provocado por los escándalos de corrupción que rodean al círculo más próximo del presidente del Gobierno.
Entre los nombres más relevantes destacan José Barrionuevo, César Antonio Molina, Javier Sáenz Cosculluela, Nicolás Redondo, Rafael Vera o Eligio Hernández. Todos ellos, históricos del PSOE, aseguran en su misiva que la actual dirección ha abandonado los principios fundacionales del partido y ha generado una profunda desconfianza en la ciudadanía.
Los firmantes se dirigen directamente a Sánchez, señalando que “los casos de corrupción vinculados a personas de su máxima confianza”, incluidos sus dos últimos secretarios de organización, han dañado seriamente al partido. A ello suman lo que califican de “espurias decisiones políticas” que, según denuncian, han supuesto una “efectiva mutación de la Constitución” sin el aval del pueblo español.
En la carta, detallan una lista de prácticas que a su juicio han deteriorado el sistema democrático:
Para los firmantes, estas actuaciones han desembocado en “un preocupante retroceso democrático” y en un profundo desgaste de la credibilidad del PSOE ante sus votantes.
“El PSOE necesita una regeneración profunda, y esta no puede ser liderada por quien ha sido responsable directo del actual proceso de degradación institucional”, señala la carta. Por ello, piden al Comité Federal la creación de una Comisión Gestora que asuma el control del partido hasta la celebración de un Congreso Extraordinario.
El objetivo, dicen, es “salvaguardar la dignidad de los votantes” y “restituir el honor de la militancia socialista”. Los firmantes dejan claro que su intención no es desestabilizar, sino evitar la ruina moral del partido que contribuyeron a construir.
Este movimiento representa la mayor ruptura interna del PSOE desde los tiempos de Felipe González. Muchos de los firmantes, que ocuparon cargos de relevancia en gobiernos socialistas de los años 80, 90 y 2000, afirman mantener un “firme compromiso” con los valores históricos del partido. La carta supone una llamada de auxilio ante lo que consideran una deriva autoritaria y personalista en la forma de dirigir tanto el PSOE como el Gobierno.
Concluyen el texto solicitando a Sánchez que, “con el respeto que merece tu cargo”, traslade la misiva a los miembros del Comité Federal y acepte un cambio profundo como única vía para preservar el futuro del socialismo democrático en España.
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El presidente de EEUU acusa a España de “torpedear” la cumbre de la OTAN por no aceptar el objetivo del 5% del PIB en gasto militar
The post El pulso entre Trump y Sánchez por negarse a aumentar el gasto en Defensa first appeared on Hércules. España se planta ante las exigencias de Trump. La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB ha provocado un duro choque con Estados Unidos en plena cumbre de la OTAN en La Haya. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha señalado directamente a España como “un problema” dentro de la Alianza, calificando su postura de “muy injusta” para el resto de aliados.
Desde el Air Force One, antes de aterrizar en los Países Bajos, Trump lanzó un mensaje inequívoco en sus redes sociales: “España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN”. El gráfico que acompañaba su mensaje situaba a España en el último puesto en inversión militar relativa, destacando los rostros del propio Trump, Mark Rutte (secretario general de la OTAN) y Pedro Sánchez.
No fue una mención casual. El presidente estadounidense no fue preguntado por España, pero decidió mencionarla voluntariamente al hablar de los países que, según él, no están cumpliendo con sus compromisos en Defensa. Trump exige que todos los aliados se comprometan a alcanzar el 5% del PIB en gasto militar. Una cifra que España rechaza de plano.
El Gobierno español ha respondido asegurando que no busca el enfrentamiento, pero que la decisión está tomada. El Ejecutivo considera que con una inversión del 2,1% del PIB, ya se cumplen las capacidades militares exigidas por la OTAN. Sánchez incluso comunicó esta posición por carta a Rutte días antes de la cumbre.
Sin embargo, la versión del secretario general de la Alianza no coincide. Rutte negó ayer que existiera un acuerdo para que España se mantuviera en ese umbral. Al contrario, volvió a reiterar que todos los aliados, incluida España, deberán alcanzar el 5%.
La cena de gala ofrecida por los Reyes de Países Bajos ha sido el primer encuentro cara a cara entre Trump y Sánchez desde el inicio de la polémica. La imagen protocolaria lo decía todo: Trump en primera fila; Sánchez, en la cuarta. Durante la cena, mientras Trump compartía mesa con Rutte y los Reyes, Sánchez quedaba relegado a una mesa lateral junto al primer ministro de Albania.
La Moncloa intenta rebajar el choque y subraya que durante la negociación ha habido “contactos al más alto nivel” con EEUU. Recalcan que España ha trabajado “de forma leal y discreta” y recuerdan que el rechazo al 5% fue comunicado a tiempo sin que ningún país objetara. Además, destacan que la declaración final de la cumbre está redactada con ambigüedad deliberada para permitir interpretaciones diversas según los intereses de cada Estado miembro.
Para el Ejecutivo español, negarse a alcanzar el 5% del PIB en Defensa no solo responde a una lógica presupuestaria. También es una cuestión política interna. Aceptar ese gasto —que equivaldría a unos 80.000 millones de euros anuales— podría romper la ya frágil coalición de apoyos parlamentarios de Sánchez, especialmente cuando sus socios, como Sumar, ERC o Bildu, han rechazado de forma explícita cualquier aumento en Defensa.
Con la legislatura debilitada por el caso de corrupción que salpica al PSOE y a figuras cercanas al presidente, la confrontación con Trump sirve también como cortina de humo para desviar el foco mediático y político.
La cumbre sigue en marcha y las posiciones están muy alejadas. Rutte ha planteado una cifra intermedia, el 3,5% del PIB, como compromiso viable. Pero eso supondría una inversión adicional de 24.000 millones para España, una carga que el Gobierno considera insostenible.
Mientras tanto, Sánchez insiste en que España “es un socio serio y fiable” y defiende su estrategia de llegar al 2,1% como suficiente para cumplir con la hoja de ruta de capacidades militares acordada por la OTAN.
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