Crónica Diaria

Este mes de abril, la central nuclear de Almaraz-Trillo anunció que cerraban las instalaciones por no estar casada con el mercado eléctrico
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Vista aérea de la Central Nuclear de Almaraz. Fuente: El Periódico

El apagón que ayer dejó a gran parte de la península sumida en una total desconexión hasta diez horas ha generado un profundo debate sobre el uso de las energías renovables, así como sobre la situación de España ante otro posible desequilibrio en la red eléctrica.

Cada vez más países de todo el mundo, especialmente Estados de la Unión Europea, se plantean invertir en energía nuclear como una alternativa más limpia y que, sobre todo, ofrece una fuente de energía constante y predecible, a diferencia de las energías renovables que dependen de las condiciones climáticas.

La energía nuclear fomenta la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y la volatilidad de los precios del petróleo y permite una mayor energía a partir de una cantidad reducida de combustible. La utilización de esta energía se está poniendo sobre la mesa para evitar desastres como el apagón de este lunes. España descarta su utilización y apuesta por las energías renovables al 100% a pesar de que los desequilibrios en la red pueden suponer la paralización de la península.

Así, con este debate sobre la mesa, España ha decidido según el último acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros, que las centrales nucleares españolas se van a desmantelar con el fin de hacer desaparecer todas las instalaciones.

Según consta en la resolución, el Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la celebración del contrato del servicio de ingeniería para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz (Extremadura). El valor con el que contará el ministerio liderado por Sara Aagesen, estimado por el Gobierno, para que se desmantele la central nuclear es de 23.773.067,30 millones de euros.

La central nuclear de Almaraz cierra de forma indefinida

Este mes de abril, la central nuclear de Almaraz-Trillo anunció a través de un comunicado que las unidades que conforman la central nuclear de Almaraz pararían de funcionar de “forma programada”.

El motivo que señaló en aquel entonces es que la central nuclear extremeña no está casada con el mercado eléctrico. El escrito destaca que el motivo de este parón no se debe a las condiciones técnicas y de seguridad, debido a que estas se encuentran en perfecto estado. Así mismo, destacan que la parada del uso de estas centrales se hará con normalidad y se realizará con arreglo a “sus procedimientos internos establecidos”.

De igual manera, explicaba que la central nuclear de Almaraz tiene unos “costes operativos muy competitivos”, pero que su viabilidad económica se encuentra en la actualidad seriamente comprometida por la “inasumible carga impositiva, que supone más del 75% de sus costes variables”.

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Según la normativa vaticana de la sede vacante, actualizada por Juan Pablo II en 1996, debe comenzar no antes de 15 días tras la muerte del pontífice, ni más tarde de 20 días
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Imagen: Cardenales en el funeral del Papa Francisco en la plaza de San Pedro. EFE

El 7 de mayo será el día en el que empezará el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco, según ha confirmado el Vaticano. Un total de 134 cardenales menores de 80 años se cerrarán en la Capilla Sixtina después de que el decano pronuncie las palabras “Extra Omnes” (todos fuera), y no volverán a abrirse hasta que los cardenales con derecho a voto hayan elegido un nuevo líder de la Iglesia Católica. Esa misma tarde saldrá la fumata que indicará el resultado de la primera votación (negro si no hay nuevo Pontífice, blanca si sí lo hay).

Así lo ha decidido la Congregación general, el órgano que reúne a todos los cardenales durante la Sede Vacante. Las congregaciones funcionan como reuniones organizativas tras la muerte del Papa, y son también preparatorias del cónclave. De ellas, participan todos los cardenales y no solo los 133 menores de 80 años. En esta quinta reunión, por ejemplo, han participado más de 180 en total.

La fecha elegida se trata de un día más allá de la primera fecha posible, el 6 de mayo, según ha aclarado este lunes la sala de prensa de la Santa Sede, ya que había dudas de si era el 5 o el 6. Si el cónclave dura lo mismo que las últimas tres veces, entre dos y tres días, el nuevo Papa sería elegido el 8 o el 9 de mayo.

Desde el funeral del papa Francisco, esta semana supone la recta final para la elección de su sucesor, y por eso se esperaba que ya este lunes los cardenales eligieran la fecha del cónclave. Según la normativa vaticana de la sede vacante, actualizada por Juan Pablo II en 1996, debe comenzar no antes de 15 días tras la muerte del pontífice, ni más tarde de 20 días. Jorge Mario Bergoglio falleció el pasado 21 de abril, lo que colocaba la horquilla entre el 6 y el 10 de mayo.

Becciu renuncia a participar en el cónclave

Hasta hace pocas horas, sobre la mesa seguía el incómodo asunto de Becciu, el cardenal defenestrado por Francisco por el caso de corrupción más sonado de los últimos años en el Vaticano. Finalmente, este mismo martes se ha sabido que el italiano ha renunciado a participar en el cónclave.

“Teniendo en cuenta el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer, como siempre lo he hecho, la voluntad del papa Francisco de no entrar en el cónclave, aunque sigo convencido de mi inocencia”, ha dicho Becciu en un comunicado. Aún así, ha recurrido su condena de cinco años y medio de cárcel por fraude, y la apelación no comenzará hasta septiembre, por lo que cabe la posibilidad de que luego sea declarado inocente.

Pese a ser defenestrado por Francisco en 2020, la tarde de su muerte el pasado 21 de abril, Becciu se presentó como si nada en la primera congregación general de cardenales. Dijo que tenía derecho porque nadie le había entregado nada por escrito, y además aseguró que antes de morir el Papa le perdonó y le dio permiso para participar en el cónclave (pero verbalmente).

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El grupo popular critica que el presupuesto municipal destinado al bienestar animal casi duplique al asignado para los mayores
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La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa y la concejala de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente, Trinidad Castillo. Fuente: EP

El Partido Popular de Alcorcón ha vuelto a solicitar la comparecencia en el Pleno Municipal de Trinidad Castillo, concejala de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente, para que aclare las supuestas irregularidades detectadas en las obras de reforma del Centro de Mayores Salvador Allende.

Según denuncia la formación popular, el proyecto acumula deficiencias técnicas, sobrecostes no justificados y una preocupante falta de transparencia por parte del Gobierno municipal.

Entre los aspectos más criticados por el grupo popular destacan la ausencia de los nuevos ascensores previstos en el proyecto, graves carencias en materia de accesibilidad cognitiva, incluida la falta de pictogramas, y la eliminación del servicio de cafetería, considerado un espacio esencial para la socialización de los usuarios del centro.

A estos problemas se suma una gestión económica calificada de opaca, con 35.000 euros en conceptos de precios contradictorios que no fueron tramitados como modificación de contrato, como exige la normativa.

El presidente y portavoz del PP de Alcorcón, Roberto Marín Vergara, ha señalado que esta situación evidencia un patrón de actuación por parte del equipo de gobierno liderado por la alcaldesa Candelaria Testa, caracterizado por “la negativa sistemática a dar explicaciones y por una preocupante falta de rendición de cuentas”.

El PP de Alcorcón critica el abandono de la alcaldesa con los mayores

Marín también ha recordado que Castillo ya fue convocada anteriormente a una Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, pero tanto ella como el técnico municipal citado rehusaron comparecer, escudándose en un informe jurídico que no fue compartido con los miembros de la comisión.

La reapertura parcial del centro, tras meses de cierre, no ha logrado calmar los ánimos, ya que las condiciones actuales, según el PP, son peores que antes del inicio de las obras. A la falta de servicios se añaden modificaciones durante la ejecución del proyecto que no han sido justificadas públicamente.

Además, el grupo popular critica que el presupuesto municipal destinado al bienestar animal casi duplique al asignado para los mayores, una decisión que ha generado malestar entre vecinos y usuarios del centro.

Desde el PP insisten en la necesidad de transparencia y exigen que la concejala comparezca en el próximo Pleno para responder ante los órganos de control. “La transparencia no es una opción, es una obligación”, recalcan, mientras anuncian que continuarán fiscalizando con rigor la gestión municipal para evitar nuevos episodios que, a su juicio, recuerdan a los que derivaron en condenas contra anteriores gobiernos socialistas en el municipio.

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El Tribunal Supremo ha sentenciado que las aseguradoras no deben indemnizar por los cierres de negocios decretados durante la pandemia, al no estar contemplados como causas cubiertas en las pólizas. Solo los daños físicos expresamente listados justifican la compensación por pérdida de beneficios
The post El Supremo da carpetazo las indemnizaciones por pérdidas del COVID-19, los seguros no cubren cierres administrativos first appeared on Hércules.  El Tribunal Supremo ha establecido que los seguros por pérdida de beneficios no deben cubrir las pérdidas derivadas del cierre de negocios decretado por la administración durante la pandemia.

Según ha informado Europa Press a partir de una nota oficial, la Sala de lo Civil del Supremo ha emitido tres sentencias desestimando demandas de negocios de hostelería que reclamaban compensaciones económicas por las pérdidas sufridas tras el cierre obligado de sus actividades debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

En una de estas resoluciones, el tribunal subraya que este tipo de seguros solo contemplan la compensación por la interrupción de la actividad cuando dicha interrupción deriva de eventos concretamente previstos en la póliza firmada.

La finalidad de este seguro, aclara el alto tribunal, es proteger a empresas con alta actividad económica ante paralizaciones generadas por daños en sus bienes asegurados. De ahí que se combinen habitualmente con seguros contra daños materiales, para cubrir tanto los destrozos físicos como la pérdida de ingresos asociada a esos daños.

En los casos revisados, las pólizas cubrían únicamente paralizaciones originadas por incendios, explosiones, inundaciones, rayos, actos vandálicos, daños eléctricos o por agua, según los términos del contrato.

Las empresas demandantes, sin embargo, basaban sus reclamaciones en el cierre forzoso derivado de las disposiciones legales adoptadas para contener la expansión del COVID-19, y no en ninguno de los daños recogidos en la póliza.

El Supremo también abordó la interpretación del término “riesgos extensivos” incluido en las cláusulas generales del seguro, planteando si esta formulación permite ampliar la cobertura a cualquier tipo de paralización, incluyendo las provocadas por decisiones gubernamentales en emergencias sanitarias.

La conclusión judicial fue que, pese al uso amplio de esa expresión, la cobertura queda atada de forma explícita a los eventos específicos que figuran en el contrato. Así, si el motivo del cierre no está contemplado entre esos eventos, no existe obligación de indemnizar.

En consecuencia, la pérdida de beneficios diaria incluida en el seguro no puede entenderse como una cobertura independiente que garantice indemnización por cualquier causa de paralización, como las decisiones administrativas durante la pandemia.

El Supremo considera que la cláusula que condiciona la cobertura a que las pérdidas tengan su origen en los eventos enumerados en el contrato es una cláusula válida de delimitación, en línea con la naturaleza del seguro de paralización empresarial.

El tribunal recuerda también un fallo previo en el que sí se reconoció una compensación por parte del Estado: se trató del caso de una empresa a la que se le requisó material sanitario al comienzo del estado de alarma. En ese contexto, se obligó a la Administración a pagar más de 146.000 euros, además de intereses.

No obstante, esa sentencia fue un caso aislado. En otra tanda de reclamaciones, también lideradas por negocios del sector de la restauración, el Supremo reiteró en octubre de 2023 que las pérdidas derivadas de las restricciones sanitarias no eran indemnizables, posición respaldada más tarde por el Tribunal Constitucional.

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Al menos cuatro personas murieron en choques armados en un suburbio de Damasco tras la difusión de un audio ofensivo atribuido falsamente a un clérigo druso
The post Levantamiento druso en la ciudad de Jaramana first appeared on Hércules.  Al menos cuatro personas murieron y una docena resultaron heridas en enfrentamientos armados entre miembros de la minoría drusa y combatientes progubernamentales en Jaramana, un suburbio al sur de Damasco, según informaron este martes un observatorio de derechos humanos y un grupo de activistas.

La violencia estalló tras la difusión de un mensaje de audio en redes sociales considerado ofensivo hacia el profeta Mahoma. El contenido fue atribuido a un clérigo druso, Marwan Kiwan, quien negó su autoría en un video difundido posteriormente y denunció una campaña de incitación al odio.

“El audio no es mío. Quien lo hizo busca sembrar conflicto entre los componentes del pueblo sirio”, declaró Kiwan. El Ministerio del Interior sirio respaldó su versión y abrió una investigación, pidiendo calma a la población.

Los disturbios se suman a semanas de creciente tensión entre milicianos drusos y fuerzas de seguridad del gobierno en Jaramana. El pasado 1 de marzo, el Ministerio de Defensa israelí afirmó haber ordenado preparativos para defender a la comunidad drusa local, que considera bajo ataque del régimen sirio.

Los drusos, una minoría religiosa con raíces en el islam chií, han mantenido tradicionalmente una posición ambigua en el conflicto sirio. Más de la mitad de su población global reside en Siria, con comunidades también en Líbano e Israel.

La reciente escalada coincide con otros brotes de violencia sectaria en el país. El mes pasado, enfrentamientos internos entre alauíes —secta a la que pertenecía el expresidente Bashar Assad— dejaron más de 1.000 muertos en la región costera, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, aunque las cifras no han sido verificadas de forma independiente por la prensa internacional.

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