Crónica Diaria

La escasez de profesionales cualificados amenaza la competitividad del país y obliga a las empresas a adaptar sus estrategias de contratación y retención
The post España, en plena fuga de talento: el 75% de las empresas no encuentra los perfiles que necesita first appeared on Hércules.  El mercado laboral español atraviesa una tormenta silenciosa, pero devastadora: tres de cada cuatro empresas tienen dificultades para cubrir vacantes. Así lo señala el informe Desajuste de Talento 2025 elaborado por ManpowerGroup, que alerta de una situación que, aunque muestra una leve mejora respecto a años anteriores, sigue siendo alarmante.

En 2022 y 2023 el problema alcanzó su máximo histórico (80%), y aunque en 2024 bajó al 78% y en 2025 al 75%, la cifra actual multiplica por cinco el dato registrado hace apenas una década, cuando el desajuste apenas era del 14%. Francisco Ribeiro, CEO de ManpowerGroup España, lo resume con claridad: “El desafío sigue siendo significativo y afecta tanto a la productividad de las empresas como a la competitividad del país”.

Este desajuste no solo evidencia una desconexión entre la oferta educativa y las necesidades del mercado, sino que, en un país con alto desempleo como España, representa una paradoja peligrosa: hay gente sin trabajo, pero no hay trabajadores cualificados para los puestos que se ofrecen.

Sectores e industrias más afectados

El impacto de esta brecha varía según el sector. Transporte, logística y automoción lideran el ranking de dificultades, con un 84% de empresas incapaces de cubrir sus puestos. Le siguen energía y suministros (80%) y tecnología (78%), este último fuertemente influido por la demanda creciente de perfiles digitales.

La situación también es crítica en bienes y servicios de consumo (77%) e industria (75%), y aunque sectores como publicidad, salud y farmacia presentan cifras algo menores (entre el 70% y 71%), el problema es generalizado.

A nivel territorial, las zonas Noreste y Noroeste del país reportan los mayores desajustes (78%), mientras que el Norte y Levante presentan las cifras más bajas (72%), aunque lejos de ser tranquilizadoras.

Uno de los datos más relevantes del estudio es el que se refiere al tamaño de las empresas. Mientras que las grandes compañías (más de 250 empleados) y las microempresas (menos de 10) logran mantener la situación ligeramente por debajo de la media, las empresas medianas (entre 10 y 249 empleados) son las que más sufren: hasta el 80% de ellas reporta dificultades para encontrar al candidato adecuado.

Estas compañías, muchas veces sin los recursos de las grandes para ofrecer condiciones competitivas, quedan atrapadas entre la falta de talento y la fuga de profesionales hacia empresas más consolidadas o hacia el extranjero.

Ante este panorama, las empresas comienzan a adaptarse. Según el informe, el 21% apuesta por la mejora de habilidades y el reciclaje profesional de sus equipos, mientras que otro 21% ha optado por flexibilizar los horarios. Además, un 20% impulsa el teletrabajo o modelos híbridos como herramienta para atraer y retener talento.

“La combinación de flexibilidad y desarrollo profesional se está convirtiendo en un factor diferenciador para atraer a los mejores perfiles”, apunta Ribeiro.

Fuga de cerebros y escasez directiva

Este problema también afecta al ámbito directivo. Según Synergie, el 40% de las empresas españolas busca fuera del país a sus altos cargos, principalmente por la jubilación de la generación boomer y la fuga de talentos durante la pandemia.

Los sectores más afectados son el tecnológico, farmacéutico, médico y financiero, donde los perfiles altamente cualificados no solo escasean, sino que muchas veces no están dispuestos a permanecer en entornos laborales poco estimulantes o con escasas oportunidades de desarrollo.

En 2022, 400.000 personas con estudios superiores abandonaron España, una fuga de cerebros valorada en casi 155.000 millones de euros. Y si esto no se revierte, las empresas pagarán un alto precio por no haber retenido a su capital humano: hasta cinco años de salario por cada contratación fallida, según los expertos.

España ocupa el puesto 29 en talento global y el 20 entre los países europeos, según OBS Business School. Para revertir esta tendencia, se necesita una estrategia coordinada que implique a universidades, administración pública y empresas, además de fomentar políticas activas de empleo, desarrollo profesional, formación continua e inversión en tecnología.

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El exministro exige explicaciones por la compra de mascarillas por parte de Interior a la empresa vinculada a la trama de corrupción
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados // Gabriel Luengas – Europa Press

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y principal imputado en el ‘caso Koldo’, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que cite a declarar como testigo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que aclare el papel de su departamento en la trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia. Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior figura como adquiriente de “una importante cantidad de mascarillas” a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama.

Ábalos también ha pedido que declare el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, número dos de Marlaska, por los mismos hechos. En el escrito presentado por su abogado, José Aníbal Álvarez García, el exministro trata de reforzar su defensa desviando la atención hacia otros ministerios que también habrían contratado con la empresa implicada.

La defensa de Ábalos amplía su estrategia solicitando la declaración de varios testigos clave. Entre ellos destaca Belén Villar, directora de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes; Juan Vicente Bonilla, capitán de la Guardia Civil ahora incorporado al Servicio Madrileño de Salud; José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil señalado como figura central en la adjudicación de los contratos investigados; y José Luis Caramés, empresario relacionado con la causa.

En informes previos, la UCO señala a Rodríguez como “pieza clave en la gestión de los contratos investigados”, ya que habría conectado a Víctor de Aldama con los responsables de adjudicación en el Ministerio de Transportes.

Auditoría, documentos y registros

Además de los testimonios, Ábalos solicita al juez que se incorpore una pericial técnica sobre la auditoría interna del Ministerio de Transportes encargada por el actual titular, Óscar Puente. El objetivo es ampliar los análisis sobre los contratos firmados en su etapa como ministro.

También pide que se requiera a Aldama la entrega de los documentos que, según afirma, proporcionó a su socio Alberto Escolano en relación a los pagos del alquiler de un piso en Plaza España, donde residió Jésica R., expareja del exministro. Ábalos insiste en que él nunca ocupó esa vivienda, ya que siempre estuvo habitada por otras personas.

En otro de los puntos de su escrito, el exministro solicita al magistrado que se incorporen al sumario los registros de acceso al Ministerio de Transportes entre 2020 y 2021, para verificar las visitas de Aldama y su destino dentro del ministerio. Además, exige identificar las visitas recibidas por el subteniente Rodríguez entre 2020 y 2023 y las que realizaron miembros de la UCO en 2023.

También quiere acceder al tráfico de mensajes de WhatsApp entre su exasesor Koldo García, Aldama y personal del Ministerio del Interior, y conocer las notas de servicio del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, que habría vigilado a Joseba García, hermano de Koldo, durante un traslado a Valencia para entregar documentación a Ábalos. Con esta diligencia, pretende aclarar si fue investigado sin autorización del Tribunal Supremo, órgano competente por su condición de diputado.

Con esta batería de solicitudes, José Luis Ábalos parece querer no solo ensanchar el foco de la investigación, sino también subrayar que otros departamentos del Gobierno, como el Ministerio del Interior, también mantuvieron relaciones contractuales con la empresa en el centro de la trama. Al mismo tiempo, busca reforzar su defensa desmontando supuestos indicios que lo vinculan directamente con actos delictivos.

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El acuerdo para que Cataluña reciba el 25% de las ayudas antiaranceles provoca un terremoto político y pone en peligro la unidad territorial
The post Otro pacto entre Junts y el Gobiero acaba con el diálogo con el PP first appeared on Hércules.  El último pacto entre el Gobierno y Junts per Catalunya ha vuelto a sembrar el desconcierto político en el Congreso y ha tensado, hasta casi romper, los puentes de diálogo entre el Ejecutivo y el Partido Popular. La chispa: una disposición adicional incluida en el real decreto de ayudas antiaranceles, que reserva un 25% de los fondos a las empresas catalanas. Este gesto, que desde Moncloa intentan presentar como un ajuste técnico basado en datos de exportación, ha sido percibido por el PP como una cesión inaceptable al independentismo catalán.

El decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros, moviliza más de 14.000 millones de euros para contrarrestar el impacto de los aranceles impuestos por la administración Trump. De ese total, 5.000 millones serán avales ICO, pero ha sido la clave territorial —y el supuesto “privilegio” para Cataluña— lo que ha desatado el caos.

Fue el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, quien encendió la mecha. Desde el Congreso, anunció que Cataluña recibiría alrededor de 3.000 millones de euros, es decir, una cuarta parte del paquete económico, gracias a un acuerdo cerrado con el Ejecutivo. Para Cruset, el pacto representa una victoria que “defiende los intereses de Cataluña” y que demuestra que su formación “hace el trabajo que no hace la Generalitat”.

Desde el Ministerio de Economía, sin embargo, rebajan las cifras. El titular del ramo, Carlos Cuerpo, aclara que no hay criterios territoriales explícitos, y que la distribución de los fondos dependerá de la exposición real de las empresas a los aranceles, no de su ubicación geográfica. “Habrá financiación para todas las que lo requieran”, reiteran desde Economía, negando que se haya fijado un cupo cerrado por comunidad autónoma.

El PP estalla: “Acuerdo asimétrico” y “pacto a espaldas”

El PP no tardó en reaccionar con dureza. En palabras de fuentes de Génova, el Gobierno ha “expulsado al PP del marco negociador” al cerrar un acuerdo con Junts sin conocimiento del principal partido de la oposición. Para los populares, lo que se ha pactado no es otra cosa que un “cupo arancelario” que vulnera la igualdad entre territorios. La consecuencia inmediata: el clima de colaboración que se había restablecido con el Ejecutivo ha vuelto a deteriorarse drásticamente.

Aunque el propio vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, intentó reconducir la situación con una conversación “constructiva” con Cuerpo, en el PP insisten en que no apoyarán un decreto que reparta fondos en función del lugar de origen. “Nuestro criterio es finalista: proteger a las empresas más afectadas, no premiar territorios”, remarcan.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, camina por una cuerda floja. Con su base parlamentaria fracturada y la mayoría de investidura debilitada, ha optado por contentar a Junts para garantizar su apoyo a los decretos clave, aún a costa de alejar al PP. La operación tiene una segunda lectura política: con el Tribunal Constitucional próximo a fallar sobre la amnistía, Moncloa necesita sostener su alianza con los independentistas para resistir hasta el final de la legislatura.

En este contexto, la figura de Carlos Cuerpo emerge como un actor relevante. Su perfil dialogante ha generado buena sintonía con el PP, pero también ha sido usado para apartar a María Jesús Montero del foco de las negociaciones, algo que en Génova celebran con sorna.

La comparecencia de Cuerpo en el Congreso será clave para medir la temperatura real de la crisis. El Ejecutivo confía en que los matices sirvan para calmar los ánimos, pero la desconfianza ya está sembrada. Por su parte, Feijóo se reunirá hoy en Bruselas con Ursula von der Leyen para trasladarle su respaldo a una respuesta firme frente a Trump, al tiempo que critica las decisiones del Gobierno en casa.

El primer paquete de medidas debe ser convalidado en el Congreso en menos de un mes. Si Sánchez no logra reconducir la situación, el decreto podría naufragar. Y lo que es peor: la política de alianzas del Gobierno quedaría más erosionada aún, con un PP en guardia y un Junts dispuesto a capitalizar cada concesión.

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APCE insta a los Estados miembros del Consejo de Europa a reforzar sus esquemas de seguridad nacional, proteger sus infraestructuras críticas y sistemas electorales
The post Rusia habría influido en el procés, según la UE first appeared on Hércules.  La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha aprobado este martes una resolución en la que identifica injerencias rusas en diversos procesos democráticos europeos, entre ellos el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Según el texto, Rusia habría intentado influir en el proceso independentista catalán, al igual que en otros acontecimientos electorales recientes en el continente.

La resolución, titulada “La injerencia extranjera, una amenaza para la seguridad democrática en Europa”, fue elaborada por la parlamentaria letona Zanda Kalnina-Lukasevica (Partido Popular Europeo) y recibió un amplio respaldo: 141 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones.

En su artículo 4, el texto menciona expresamente el caso catalán, calificándolo como un “golpe de Estado por parte de líderes del Gobierno regional catalán contra el orden constitucional español”, en el que se habría producido injerencia rusa. Esta afirmación se enmarca dentro de un repaso más amplio a intentos similares de interferencia por parte de Moscú, que incluye el referéndum del Brexit en el Reino Unido (2016), las elecciones presidenciales en Estados Unidos (2016), Francia (2017) y procesos electorales recientes en Rumanía y Moldavia (2024).

Además, la resolución alerta sobre el uso hostil de la tecnología digital y la inteligencia artificial por parte de actores extranjeros, subrayando la necesidad de reforzar la seguridad democrática en Europa. En este sentido, se destaca la preocupación por las campañas de desinformación, el comportamiento inauténtico coordinado en redes sociales y el uso de herramientas tecnológicas para manipular la opinión pública.

Como respuesta, la APCE insta a los Estados miembros del Consejo de Europa a reforzar sus esquemas de seguridad nacional, proteger sus infraestructuras críticas y sistemas electorales, y mejorar tanto la coordinación interna como la cooperación internacional para prevenir y detectar este tipo de amenazas. También propone actualizar los marcos legales para hacer frente a los nuevos retos en el ámbito de la seguridad democrática.

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El gasto aprobado ya estaba contemplado en ejercicios anteriores, por lo que no cuenta como nuevo ni contribuye a cumplir el compromiso con la OTAN
The post Los 2.048 millones aprobados para Defensa no cuentan dentro del aumento al 2 % del PIB comprometido con la OTAN first appeared on Hércules.  El Consejo de Ministros aprobó este martes una transferencia de crédito de 2.048 millones de euros al Ministerio de Defensa. Sin embargo, esta cifra, aunque abultada, no se traduce en un avance hacia el objetivo del 2 % del PIB en gasto militar comprometido por Pedro Sánchez con la OTAN. Se trata de una cantidad ya prevista en presupuestos anteriores, repartida en tres ejercicios (2024, 2025 y 2026), y que simplemente se formaliza ahora debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, confirmó que se trata de fondos destinados a “programas y contratos que ya estaban en marcha” y no a compromisos nuevos. En consecuencia, el gasto ya había sido contabilizado en las estadísticas anteriores, por lo que no representa un incremento real del presupuesto de Defensa.

Una fórmula contable por la falta de nuevos Presupuestos

La decisión de realizar esta transferencia responde a la necesidad de adaptar el gasto comprometido a la actual situación presupuestaria del país. Dado que el Gobierno sigue funcionando con los presupuestos prorrogados de 2023, el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a recurrir a esta fórmula administrativa para dar continuidad a contratos ya firmados, sin alterar el equilibrio fiscal o generar nuevos compromisos.

Fuentes gubernamentales subrayan que no se trata de una artimaña ni de una maniobra opaca, sino de una herramienta legal para cumplir con los programas vigentes sin contar con unas nuevas cuentas públicas.

La OTAN aún no ha cerrado sus estadísticas

El dato del gasto español en Defensa para 2024 todavía no ha sido confirmado por la OTAN, que se espera publique sus estadísticas antes de la cumbre de La Haya a finales de junio. Hasta que esa información esté disponible, el Gobierno no sabrá cuánto le falta para alcanzar el 2 % del PIB comprometido.

Por tanto, esta transferencia no contribuye a ese objetivo, ni implica que el Ejecutivo esté más cerca de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de defensa.

Este matiz ha sido clave para evitar un nuevo conflicto dentro del Gobierno de coalición, especialmente con el ala de Sumar, que en repetidas ocasiones ha manifestado su desacuerdo con el aumento del gasto militar. La ministra de Sanidad, Mónica García, quien compareció junto a Alegría, se encargó de remarcar que estos fondos corresponden a “compromisos adquiridos antiguos”.

“Dentro del Gobierno tenemos nuestras discrepancias sanas, pero compartimos una idea fundamental: necesitamos una autonomía estratégica que vaya más allá del gasto militar”, aseguró García, en un intento de reforzar el enfoque progresista del Ejecutivo sin alimentar tensiones.

Desde el Congreso, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, fue más explícito: “Esta legislatura tiene que durar porque la alternativa son unas derechas radicalizadas que encarnan el belicismo más descarnado”.

La transferencia fue aprobada en un Consejo de Ministros presidido por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra de viaje oficial en Vietnam y China. La ausencia de Sánchez sirvió también para rebajar el perfil político del anuncio, que pasó casi desapercibido pese al volumen económico que implica.

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