Crónica Diaria

Antonia pasó a formar parte de la cultura popular española en febrero de 2019, cuando un equipo de la televisión autonómica andaluza se desplazó a Begíjar tras la caída de un rayo que provocó numerosos destrozos
The post Muere Antonia, la protagonista del vídeo viral de Canal Sur: “Vi un resplandor y hace ¡pum! first appeared on Hércules.  Los habitantes del municipio de Begíjar, en Jaén, se despidieron el pasado viernes de Antonia, la mujer que protagonizó uno de los vídeos más virales de Canal Sur. Antonia falleció el 10 de enero a los 81 años de edad, tal y como informó el Diario Jaén. Además de ser una señora muy conocida en su municipio, Antonia pasó a formar parte de la cultura popular de España en febrero de 2019, cuando un equipo de la televisión autonómica andaluza se desplazó a este municipio tras la caída de un rayo que provocó numerosos destrozos y dejó a la población sin conexión a internet durante 24 horas.

Un grupo de reporteros preguntó a los vecinos del pueblo, entre ellos Antonia, que resumió la situación con una frase que daría la vuelta al país: “Vi un resplandor y hace ¡pum! Dije: ‘Ay, ya está aquí la guerra’”. La mujer le dio a su relato un dramatismo acorde a la situación que se había vivido pocas horas antes.

El vídeo de su intervención se hizo viral en las redes sociales y fue utilizado por el programa de humor Alguna Pregunta Mes? (APM) para sus famosos montajes con cachitos televisivos. En internet hay decenas o cientos de vídeos basados en la intervención de Antonia.

«Era una persona entrañable y era agradable con todo el mundo. Lamentamos su muerte porque era muy querida aquí», expresa el alcalde de Begíjar en declaraciones al citado diario.

Los vecinos de #Begíjar, en Jaén, siguen evaluando los daños que produjo la caída de un rayo @aytobegijar | Más info y vídeo completo https://t.co/LrqsItLKU7 pic.twitter.com/v7jY4NTJr9

— CanalSurNoticias (@CSurNoticias) February 4, 2019

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la CEP, sindicato de policías, ha presentado una querella tras la acusación de un miembro de Podemos que calificó al Cuerpo de «racista»
The post Juez admite una querella contra un miembro de Podemos por calificar a la policía de  “racista” first appeared on Hércules.  Serigné Mbayé, miembro de Unidas Podemos, ha sido citado por el Juzgado de Instrucción nº7 de Madrid debido a la querella que interpuso en abril de 2024 la Confederación Española de Policía. La razón de que la CE pusiera esta querella es que Mbayé habría cometido un delito de injurias graves contra la policía Nacional.

El sindicara de la Policía ha señalado que “Las polémicas declaracione se hicieron durante una concentración que se celebró en la tarde del 31 de marzo de 2024 en la citada plaza madrileña, convocada para denunciar una intervención policial ocurrida allí dos días antes y que supuso la detención de dos ciudadanos senegaleses por delitos de atentado contra agente de la autoridad, desobediencia, robo con violencia y contra la salud pública”.

“Durante aquel incidente uno de los policías resultó lesionado y un vehículo oficial sufrió daños, todo ello en un suceso cuyo origen fue una llamada realizada por un ciudadano de la zona al teléfono de la Policía Nacional, alertando sobre una reyerta que protagonizaban cuatro personas que luego, además, provocaron un altercado en un supermercado adoptando una actitud agresiva y hostil contra una cajera y el personal de seguridad”, señala el texto presentado por la CEP.

La Policía presenta una querella contra el podemita por graves injurias

Según se ha conocido el miembro de Podemos habría realizado una serie de injurias contra la Policía, como “la brutalidad policial que pasa todo el rato en este barrio”, añadiendo que “el acoso policial, la brutalidad policial en los cuerpos negros, en los cuerpos de las personas racializadas, tiene que parar” y que “este racismo y esta brutalidad policial no pueden seguir”.

Mbayé añadió que “no puede haber discriminación y no puede haber este uso de la fuerza sobre las personas” y llegó a asegurar que “cualquier cosa que pase con una persona negra en este país, siempre termina con que le han matado”, afirmando que “lo que pasa con las personas negras nunca ha pasado con las personas blancas, ¿cuántas personas han asesinado?, ¿cuál es la excusa? Agresividad”.

Esta intervención del podemita fueron publicadas en redes sociales, sobre todo, por su propio partido político. La querella presentada por el sindicato de la Policía señala que realizar “esas críticas indiscriminadas y generalizadas contra toda una Institución socava su crédito y su prestigio, cuestiona su legitimidad democrática y pretende generar alarma social, menoscabando así su estimación”.

Una de las personas que acompañaba a Serigné Mbayé durante el incidente en Lavapies, afirmó que la Policía había intentado “matarle, directamente, asesinarle”.

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Los populares implementarán en sus comunidades deducciones fiscales para los jóvenes con una rebaja del 4% en el impuesto de la vivienda
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Imagen: líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo I EFE

El Partido Popular ha fijado como su principal objetivo económico para 2025 facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Alberto Núñez Feijóo formalizó esta promesa al firmar la «Declaración de Asturias» en Oviedo, un acuerdo conjunto con los presidentes autonómicos del PP y representantes de Ceuta, Melilla y Canarias. Este pacto incluye un decálogo de medidas vinculantes que priorizan la vivienda y el urbanismo, además de contemplar iniciativas en unidad de mercado, simplificación burocrática e inmigración.

“La situación de la vivienda en España es crítica”, reconoció Feijóo, señalando que este tema se ha convertido en la principal preocupación ciudadana según el CIS.

Reducción del ITP y deducciones fiscales

Entre las medidas más destacadas está la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 4% para los jóvenes que compren viviendas de segunda mano, frente a los actuales tipos de hasta el 10% en algunas regiones. Este recorte, aplicable en las 12 autonomías gobernadas por el PP, permitirá ahorros significativos. Por ejemplo, adquirir una vivienda de 400.000 euros supondría un ahorro de 24.000 euros en impuestos.

El PP también recuperará las deducciones en el IRPF por la compra de primera vivienda para colectivos específicos como jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales o históricas. Estas deducciones, eliminadas a nivel nacional en 2013 por su impacto inflacionario, se extenderán ahora en las regiones gobernadas por los populares.

Fomentar el alquiler y combatir la okupación

Para dinamizar el mercado del alquiler, las comunidades del PP ofrecerán seguros autonómicos a los arrendadores para cubrir impagos y prevenir la «inquiokupación». Además, se otorgarán ayudas a propietarios de viviendas vacías que las destinen al alquiler tras realizar mejoras necesarias.

El PP también impulsará la construcción de vivienda en alquiler a precios hasta un 30% inferiores al mercado, mediante la cesión de derechos de superficie o concesiones administrativas sobre suelo público. Estas viviendas permanecerán gestionadas como alquiler protegido durante 75 años, tras los cuales revertirán al patrimonio público.

Dinamización del suelo y avales para hipotecas

El PP propone medidas para ampliar el suelo disponible para vivienda asequible, como transformar parcelas dotacionales en suelos habitacionales, incentivar la construcción en suelos privados reservados para vivienda protegida y colaborar con los ayuntamientos para rediseñar el desarrollo urbano en zonas con alta demanda.

Asimismo, los jóvenes menores de 40 años podrán acceder a avales públicos que les permitan obtener hipotecas sin necesidad de aportar el 20% del precio como ahorro previo. Esto busca eliminar uno de los principales obstáculos para la compra de vivienda en este colectivo.

Un plan integral para responder a las demandas sociales

Con estas medidas, el PP busca dar respuesta a la crisis habitacional y económica que afecta especialmente a los jóvenes. El pacto territorial presentado por Feijóo pretende combinar un enfoque público y privado para garantizar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles, reforzando además la seguridad jurídica y económica para propietarios e inquilinos.

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Ahora, en estas redes sociales se permite publicar que las mujeres pueden ser propiedad de alguien, que las personas trans son “enfermas mentales” y que las personas del colectivo LGTBIQ+ “no son normales”
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Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, publicó el 7 de enero un vídeo en el que anunciaba los cambios en las políticas de Meta sobre la moderación de contenido en Instagram, Facebook y Threads. A partir de ahora, estas redes sociales dependerán de un sistema de notas de la comunidad que no garantiza que los bulos sean desmentidos. De hecho, esta decisión imita en cierta manera a la que ya tomó Elon Musk tras comprar Twitter e implantar un sistema que no funciona para luchar contra las noticias falsas.

El fin del programa de verificaciones externos en Meta (en EE.UU. de momento), la eliminación de restricciones en temas como la inmigración, el género y la orientación sexual, la reducción de moderación automática y el aumento de contenido políticos son algunas de las principales medidas anunciadas justo dos semanas antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

La actualización de “Conductas de odio” ya está disponible en la web de Meta y afectará a todos los usuarios a nivel global, aunque puede tardar unas semanas en implementarse. A partir de entonces, se permitirán los discursos homófobos, tránsfobos, misóginos y racistas.

Se podrá publicar que las personas trans y homosexuales son “enfermas mentales” y que las mujeres no pueden enseñar

Ahora, sin que se vaya a moderar ni eliminar ese contenido, los usuarios pueden publicar que las personas trans y homosexuales son “enfermas mentales”, que las mujeres no pueden ser militares ni enseñar o que todas las personas de un país son delincuentes. Es decir, se podrá afirmar también que un baño, escuela, función militar, policial o docente es solo para hombres.

Se puede describir a las mujeres como objetos y a las personas trans o no binarias como “eso”: se eliminó la restricción de comparar personas con objetos inanimados, como, por ejemplo, llamar a “las mujeres como objetos del hogar o propiedades u objetos en general, las personas transgénero o no binarias como ‘eso’”. También se ha quitado la prohibición de compararlas con heces, suciedad, bacterias, enfermedades y primitivos. 

Asimismo, se permitirá usar un lenguaje insultante en discusiones políticas y religiosas hacia las personas trans, homosexuales o inmigrantes: una nueva parte del texto dice que las políticas “se han concebido” para acoger discursos como los que “incitan a la exclusión o usan lenguaje insultante en el contexto del debate sobre temas políticos y religiosos, como cuando se tratan los derechos de las personas transgénero, la inmigración o la homosexualidad”.

Con el cambio, será más difícil rebatir mentiras como que en California se opera a menores de edad de manera arbitraria para cambiarles de sexo y también llegarán más lejos las estadísticas inventadas que relacionan homosexualidad con pederastia.

Además, tendrán vía libre los bulos antiinmigración, con el que afirma que los haitianos residentes en el estado de Ohio se comen a las mascotas de sus vecinos. O el de que la inmigración hacia Estados Unidos no deja de subir, a pesar de que en 2024 se desplomó en más de un 80% el número de personas que cruzó ilegalmente la frontera desde México.

En el campo sanitario, se puede decir que un grupo de personas es responsable, tiene o propaga el Covid-19: se ha eliminado el apartado que prohibía atacar a personas “en función de sus características protegidas con afirmaciones de que tienen o propagan el nuevo coronavirus, son responsables de la existencia del nuevo coronavirus o están propagando deliberadamente el nuevo coronavirus”. 

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El documento especifica que la campaña publicitaria por la conmemoración de Franco debe servir para «difundir la imagen» de Sánchez
The post Moncloa pretende limpiar la imagen de Pedro Sánchez hablando de Franco  first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez ha redactado un documento oficial que certifica el interés del presidente del Gobierno por utilizar la figura de Francisco Franco como estrategia para limpiar la imagen de Sánchez.

Esta estrategia son las instrucciones enviadas desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática encabezado por Ángel Víctor Torres, a la empresa que se encarga de lanzar la campaña publicitaria de la conmemoración gubernamental con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco.

La campaña publicitaria está pagada con dinero público y según especifica en el documento oficial de Moncloa debe servir para “difundir la imagen” del Gobierno de pedro Sánchez, el cual durante los últimos meses se ha visto salpicado por los casos de corrupción del hermano y la esposa de Sánchez.

Esa indicación no es sólo orientativa, sino que es una obligación contractual que han de cumplir los publicistas contratados al efecto por el Ejecutivo para publicitar al Gobierno de Sánchez a cuenta del franquismo. Y es que dicho objetivo figura explícitamente en los pliegos técnicos y administrativos con los que se ha licitado ese contrato de creatividad publicitaria.

Los documentos presentados por Moncloa se señalan que el diseño de estos anuncios sirve para “contribuir a difundir la imagen de un Gobierno y una Ley de Memoria Democrática cercana a la ciudadanía, facilitadora del ejercicio de derechos fundamentales y las libertades públicas, y que contribuye a reforzar la democracia”.

Sánchez impone a los socialistas utilizar la imagen de Franco para limpiar la imagen de Sánchez

Este contrato se firmó el 15 de noviembre de 2024, el cual incluye el diseño de los anuncios de vídeos, cuñas radiofónicas y varias publicidades que se insertarán en redes sociales y medios de comunicación. Moncloa se ha gastado 36.300 euros únicamente en la realización de estas piezas.

A los 36.300 euros hay que sumarle el gasto que hará el Gobierno de Pedro Sánchez para difundir la publicidad que hará la empresa la empresa contratada por el ministerio de Torres.

Según se ha conocido el líder del Ejecutivo ha obligado a que la totalidad de los anuncios no solo se realicen en castellano y en las lenguas cooficiales, también van a estar doblados en inglés. El Gobierno de Sánchez puso como condición que la empresa encargada de la publicidad que conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco estuviera formada por un equipo de 12 personas.

El documento establece que “el equipo de trabajo» debía estar compuesto «por profesionales con experiencia”. También especificaba que “tanto el director de cuentas como el director creativo deberán contar con una experiencia profesional mínima de siete años en trabajos de naturaleza análoga a la de este contrato”.

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La patronal considera que sería beneficioso que el Estado permitiera realizar 450 horas adicionales a lo largo del año
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Imagen: trabajador en una obra

La implementación de la jornada laboral de 37,5 horas, acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, ha generado alarma en el sector de la construcción. Con una crisis de vivienda en plena expansión y una escasez de mano de obra significativa, los empresarios advierten que esta medida no solo afectará las finanzas de las compañías, sino que también reducirá los ingresos de aproximadamente un millón de trabajadores.

Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), expresó su preocupación por los efectos negativos de esta decisión: “La reducción de la jornada frenará peligrosamente la actividad, poniendo en riesgo los compromisos en materia de vivienda y los objetivos comunitarios en este ámbito”.

Reorganización forzosa y riesgos salariales

Las negociaciones entre el Ministerio, los sindicatos y las empresas concluyeron sin consenso. Desde la CNC, se critica que esta normativa obligará a muchas compañías a una reorganización extrema, comprometiendo su operatividad y, en algunos casos, su supervivencia. Además, se alerta que los trabajadores podrían enfrentar una reducción salarial significativa si no se flexibilizan las condiciones laborales.

La jornada anual pactada en el convenio colectivo pasará de 1.736 a 1.712 horas, una disminución que, según los cálculos empresariales, podría traducirse en una pérdida de hasta el 27% del salario anual, equivalente a unos 7.000 euros. Para evitar este escenario, los empresarios insisten en la necesidad de flexibilizar el límite de horas extraordinarias.

El debate sobre las horas extraordinarias

Durante las negociaciones, la CEOE propuso aumentar el número máximo de horas extraordinarias permitidas por ley, una medida rechazada tanto por el Ministerio como por los sindicatos. Según la CNC, el sector requiere un límite de 450 horas extras anuales, más del quíntuple del actual, para hacer frente a picos de producción y plazos ajustados.

Los empresarios argumentan que esta flexibilización no solo incrementaría los ingresos de los trabajadores, ya que las horas extras se pagan con un recargo del 25%, sino que también supondría un beneficio para las arcas públicas. Según sus estimaciones, la medida generaría más de 5.000 millones de euros adicionales en cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos sobre la renta, cubriendo el 2,6% del gasto anual en pensiones.

Falta de mano de obra y problemas de vivienda

El sector enfrenta actualmente un déficit de 700.000 trabajadores cualificados. La CNC advierte que la reducción de la jornada laboral agudizará esta problemática, dificultando aún más la ejecución de proyectos de vivienda e infraestructuras. “La falta de flexibilidad en las jornadas y los desplazamientos podría empujar a muchos empleados al pluriempleo para cubrir sus necesidades económicas, agravando los problemas existentes”, afirman desde la patronal.

Un marco normativo innecesario, según la CNC

Para la patronal, el acuerdo alcanzado entre Trabajo y los sindicatos es contraproducente en un sector que, aseguran, ya cuenta con herramientas específicas para resolver conflictos laborales de forma consensuada. “La construcción lleva más de tres décadas operando bajo un marco propio de diálogo, recogido en su Convenio General y en la Fundación Laboral de la Construcción”, señala Fernández Alén.

Un futuro incierto para la normativa

La medida comenzará su tramitación parlamentaria tras recibir la aprobación del Consejo de Ministros, aunque el debate sigue abierto en el seno del Gobierno. Para el sector, el impacto de esta reforma podría tener consecuencias graves no solo en el empleo y los salarios, sino también en los esfuerzos por resolver la crisis habitacional y las necesidades de infraestructura del país.

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La ministra de Trabajo ha reprochado a Carlos Cuerpo y los ministerios económicos del PSOE “las promesas incumplidas” respecto a la reducción de la jornada laboral
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Imagen: La ministra de Trabajo saluda a Pepe Álvarez (UGT) en presencia de Unai Sordo (CC.OO.) EP

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha recomendado una nueva subida del salario mínimo para este año de entre 39 y 50 euros brutos mensuales en medio de una nueva bronca entre PSOE y Sumar por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sin embargo, con el aumento del salario mínimo, el ministro de Economía Carlos Cuerpo afirmó este domingo que se siente “muy cómodo” con la horquilla propuesta por Trabajo.

La negociación con patronal y sindicatos aún no ha comenzado, pero está previsto que lo haga en los próximos días. De cara al inicio de esas conversaciones, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo concretó que su planteamiento inicial será elevar 50 euros el salario mínimo, el equivalente a un 4,4%, lo que dejaría el índice en 1.184 brutos en 14 pagas. Así lo afirmó Díaz en una entrevista para La Vanguardia, aunque también explicó que esta cifra es tan solo una aproximación, ya que la CEOE rehusó el aumento del salario mínimo el año pasado.

La ministra de Trabajo considera la subida oportuna dada la situación de la mayoría de los españoles: «La media salarial en España es tan solo de 1.599 euros al mes. ¿Alguien puede vivir con dignidad con 1.599 euros al mes? Pues este es el país que tenemos».

En la misma entrevista, Díaz cargó contra Cuerpo por no apoyar la tramitación por vía urgente del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral y que así se pueda aplicar este 2025: «No lo puedo comprender. Es la primera vez que, habiendo cerrado un acuerdo de diálogo social, el PSOE se coloca en frente y además quiere modificar ese acuerdo de diálogo social. Esto es muy grave».

Cuerpo está de acuerdo con la subida del SMI

Cuerpo no fue tan concreto, pero sí aseguró en otra entrevista, en este caso con Colpisa, que la «horquilla» de entre 39 y 50 euros de subida le parece razonable y «un punto de partida excelente» para negociar. «Estoy tranquilo y contento, y ahora ya pasamos al siguiente paso, precisamente al marco del diálogo social, donde, sobre la base del input del comité de expertos, tiene que llegarse a una propuesta», planteó el ministro de Economía a este respecto.

Sin embargo, sí existe una discrepancia que no se ha dado en años anteriores y que se perfila como la principal diferencia entre ambos partidos: el tratamiento que se dará a nivel fiscal a este nuevo aumento del salario mínimo.

Hasta ahora, todas las subidas del salario mínimo que ha llevado a cabo el Gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente (es decir, desde 2018) han venido acompañadas de un aumento del mínimo de ingresos exentos de tributar por el IRPF, el impuesto que grava la renta anual de las personas físicas. En el 2024, el salario mínimo es de 15.876 euros brutos anuales, y ese es exactamente el umbral a partir del cual se empieza a pagar este gravamen, lo que implica que los perceptores del salario mínimo no han tenido que abonar IRPF este año.

Pero, para 2025, el Ministerio de Hacienda se está planteando no elevar el mínimo exento en el impuesto sobre la renta, y en la práctica implicaría que los trabajadores que vieran su sueldo incrementado por la nueva subida del SMI no percibirían íntegros los 50 euros mensuales, porque una parte sí estaría obligada a tributar.

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Los independentistas creen que se trata de una “reforma encubierta” de la Constitución que también beneficiaría a Puigdemont
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Imagen: el expresident Carles Puigdemont en Bélgica I EFE

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado en el Congreso una reforma legal que busca eliminar la capacidad de los partidos políticos para ejercer como acusación popular en los procesos judiciales. De ser aprobada, esta medida tendría un impacto significativo en varios casos, incluidos aquellos que involucran a la esposa y al hermano del presidente Pedro Sánchez, así como al líder de Junts, Carles Puigdemont, quien podría regresar a España sin riesgo de prisión preventiva.

Junts rechaza la propuesta

La formación independentista liderada por Puigdemont ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad a esta iniciativa. Según el partido, la reforma supone una «grave restricción» incompatible con los principios de un Estado democrático y de Derecho. Además, calificaron la medida como una «eliminación de la acusación popular», una herramienta que consideran fundamental como contrapeso frente a la Fiscalía.

Aunque reconoce que limitar el papel de los partidos políticos en este ámbito puede ser razonable, advierte que excluir completamente la acción popular de la fase de instrucción judicial vaciaría de contenido esta figura, convirtiéndose en una reforma encubierta de la Constitución.

Implicaciones para Puigdemont y el caso 1-O

La propuesta del PSOE podría modificar el curso judicial para Puigdemont, quien sigue prófugo de la justicia española tras el referéndum independentista de 2017. Actualmente, Vox actúa como acusación popular en el caso abierto en el Tribunal Supremo, una participación que quedaría invalidada si la reforma entra en vigor.

Sin Vox en el procedimiento, el juez Pablo Llarena necesitaría una petición formal de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado para emitir una orden de detención europea o solicitar prisión preventiva, algo que estos organismos ya han descartado tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

Puigdemont podría volver libre de prisión

Si la reforma se aprueba, fuentes jurídicas aseguran que Puigdemont podría regresar a España sin riesgo de ser encarcelado. En ese escenario, el juez Llarena solo podría retenerlo durante 72 horas, a menos que alguna acusación formal solicite medidas cautelares. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han renunciado a ejercer acciones contra el expresidente catalán.

Por otro lado, también podría reabrir el debate en el Tribunal Constitucional, dado que diversos juristas consideran que podría vulnerar el artículo 125 de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia mediante la acción popular. Este aspecto podría llevar a los tribunales a plantear nuevas cuestiones de inconstitucionalidad.

Impacto en el sistema judicial

De consolidarse, esta reforma no solo beneficiaría a figuras políticas implicadas en causas judiciales, sino que también modificaría significativamente el rol de los partidos en el sistema de justicia. Según sus críticos, podría debilitar la figura de la acusación popular, mientras que sus defensores argumentan que delimita la acción judicial en un marco más institucional. La aprobación definitiva de esta medida aún está pendiente del debate parlamentario.

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