Crónica Diaria

Denuncian que, hasta ahora, “solo han llegado los 100 millones de 2023” que son los que usaron para devolverle a las personas “el valor de lo perdido el año pasado”
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Imagen: La casa de Ana, con la lava en su interior. JAVIER LUQUE

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias Nieves Lady Barreto y el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma Pedro Afonso se han reunido este viernes en Madrid con el comisionado Héctor Izquierdo para transmitirle la “necesidad urgente” de que el Gobierno de España transfiera de una vez los 100 millones anuales para abonar las compensaciones del valor de las propiedades perdidas por el volcán.

“Hasta ahora, solo han llegado los 100 millones de 2023, que son los que usamos para devolverle a las personas el valor de lo perdido el año pasado. Los de 2024 no se ingresaron y estamos ya finalizando febrero y es urgente que llegue el dinero para poder seguir con los pagos y abonar las fincas agrícolas“, advirtió la consejera. en declaraciones recogidas por Europa Press.

A este respecto, Barreto explicó al comisionado que los 50 millones que aporta el Gobierno de Canarias para esta anualidad de 2025 ya se están ejecutando desde enero, continuando con el pago de las compensaciones de primeras viviendas.

“Con la segunda anualidad de los 100 millones, cuando lleguen, queremos pagar fincas agrícolas. Tenemos ya expedientes de fincas preparados para notificar desde que llegue el dinero”, indicó en una nota remitida por su departamento.

En estos momentos, dijo, “hay personas con licencias para hacer fincas, pero sin el dinero, es urgente impulsar estos expedientes para que la falta de fondos no ralentice la reconstrucción agraria”.

Deducción del IRPF

La consejera de Presidencia solicitó a Izquierdo que insista ante el Ministerio de Hacienda para desbloquear tanto este asunto como la deducción del 60% del IRPF, paralizada desde el mes de enero.

“Ambas medidas están dentro de los presupuestos prorrogados del Estado y forman parte de los acuerdos de la Agenda Canaria. Es suficiente una orden o un decreto para sacarlos adelante y es solo cuestión de voluntad política. Lo que le hemos pedido al Comisionado, que conoce de primera mano cuál es la situación, es que interceda y se sume a la presión del Gobierno de Canarias”, comentó.

El compromiso del Gobierno de España de aportar 100 millones anuales durante cuatro anualidades, sumados a los 50 millones que también aportará el Gobierno de Canarias durante las mismas anualidades, se destinan a compensar los 600 millones que se perdieron en patrimonio privado a causa de la erupción, empezando con las viviendas habituales y continuando con las fincas, segundas viviendas o comercios.

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Los sondeos apuntan a una victoria de los democristianos con un porcentaje del 30% de los votos, seguidos de AfD con un 21%
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Imagen: candidatos en las elecciones alemanas I AP

Las encuestas más recientes en Alemania, como la publicada por el Institut für neue soziale Antworten (INSA), perfilan un claro favorito para las elecciones generales alemandas: la Unión Democristiana (CDU), liderada por Friedrich Merz, que obtendría alrededor del 30% de los votos. Este resultado consolidaría el regreso del partido conservador como principal fuerza política tras la salida de Angela Merkel y el declive del actual gobierno de coalición.

Ascenso de la AfD y caída de la coalición gobernante

El segundo puesto lo ocuparía Alternativa para Alemania (AfD), liderada por Alice Weidel, con un 21% de apoyo. Este dato refleja un crecimiento significativo, ya que en los comicios de 2021 la formación obtuvo un 10%, lo que supone una duplicación de su respaldo electoral en solo tres años.

En tercera posición se situaría el Partido Socialdemócrata (SPD) de Olaf Scholz, que lograría un 15% de los votos, lo que supondría un duro revés para el actual canciller. Los Verdes, socios clave en la coalición gubernamental, alcanzarían el 13%, mientras que Die Linke (La Izquierda) se situaría en el 7% y el partido BSW en el 5%.

Por otro lado, el gran damnificado sería el Partido Democrático Liberal (FDP), que apenas obtendría un 4%, en contraste con el 11% que consiguió en 2021, quedando al borde de la barrera de entrada al Bundestag.

Hundimiento de la coalición de gobierno

La actual alianza entre SPD, Los Verdes y FDP, conocida como la coalición semáforo, sufriría un desplome notable. En 2021, estos tres partidos sumaban un 51% de los votos, mientras que ahora, según las encuestas, apenas alcanzarían el 32%, lo que dificultaría su continuidad en el poder.

Estos datos evidencian un profundo cambio en el panorama político alemán, marcado por el auge de la AfD y el desgaste del gobierno de Scholz. La CDU, por su parte, se perfila como la fuerza hegemónica de cara a los próximos comicios, aunque necesitará aliados para poder gobernar.

Principales problemas en Alemania

Crisis económica e inflación: desde 2022, Alemania ha experimentado una desaceleración económica, con periodos de estancamiento y recesión técnica. La inflación, impulsada en gran parte por el aumento de los costos energéticos tras la invasión rusa de Ucrania, ha afectado el poder adquisitivo de los ciudadanos. A esto se suma la incertidumbre en la industria, un pilar fundamental de la economía alemana.

Dependencia energética y transición ecológica polémica: el cierre de las últimas centrales nucleares en 2023, impulsado por Los Verdes dentro de la coalición, generó una gran controversia. Aunque se pretendía avanzar en la transición energética, la medida coincidió con la crisis del gas derivada de la guerra en Ucrania, lo que llevó a Alemania a reactivar centrales de carbón para compensar la escasez de energía. Esta política ha sido criticada tanto por sectores industriales como por la ciudadanía.

Crisis migratoria y auge de la ultraderecha: el aumento de la presión migratoria en Alemania ha sido otro factor clave en el ascenso de Alternativa para Alemania (AfD). La percepción de que el gobierno no ha gestionado adecuadamente la llegada de refugiados y migrantes ha generado un descontento creciente, sobre todo en el este del país, donde AfD ha consolidado su liderazgo en varias regiones.

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El consejero de Presidencia ha confirmado que la central nuclear extremeña provee a la capital de un 14% de su consumo eléctrico
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Imagen: alcaldes municipales en el Congreso I HOY

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha expresado su preocupación por el cierre de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, una medida prevista por el Ejecutivo central que, según el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, afectaría significativamente al abastecimiento energético. De acuerdo con sus declaraciones, un 14% del consumo eléctrico de la región proviene de esta planta, lo que convierte su clausura en un “asunto grave” tanto para la industria como para los hogares madrileños.

El viaje de Ayuso a Extremadura y la postura del Gobierno regional

En el contexto de este debate, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, viajará a Extremadura para participar en dos jornadas de trabajo, en las que abordará junto a su equipo la preocupación compartida con la comunidad extremeña por el futuro de la central.

García Martín ha insistido en que Almaraz abastece a múltiples comunidades autónomas, por lo que considera que su cierre, sin una alternativa clara, pone en riesgo el suministro eléctrico en un momento de alta dependencia energética. “El cierre no solo impactará en la economía extremeña, sino también en la de Madrid, donde el suministro de energía y los empleos ligados al sector se verán comprometidos“, ha señalado.

Exigencia de alternativas y otros asuntos clave

El Gobierno de Ayuso ha subrayado la necesidad de exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez una solución ante la progresiva desaparición de las nucleares en España. Además del tema energético, en el encuentro en Extremadura se tratarán otros asuntos que preocupan a la administración madrileña, como el control de la inmigración y la política de vivienda, en especial tras la derogación de la Ley de Vivienda.

Desde el Gobierno regional aseguran que su participación en estas reuniones tiene un enfoque constructivo y destacan la importancia de que las instituciones trabajen juntas para intercambiar buenas prácticas y defender intereses comunes.

Central de Almaraz

La Central Nuclear de Almaraz, ubicada en la provincia de Cáceres, Extremadura, comenzó su construcción en 1973 y entró en operación en 1981 con dos reactores de agua a presión. Es la mayor central nuclear de España en términos de producción y abastece de electricidad a varias comunidades autónomas, incluida Madrid. Su operación ha estado marcada por debates sobre seguridad y sostenibilidad, y su cierre está previsto dentro del plan de descarbonización del Gobierno, en línea con la política de transición energética. No obstante, su clausura genera preocupaciones sobre el impacto en el suministro eléctrico y el empleo en la región.

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Ribón ha ratificado lo que ya expuso el ICAM tanto en el comunicado que emitió en respuesta a esa nota de prensa como en la denuncia que presentó posteriormente
The post Ribón confiesa que el fiscal general le reprochó que el ICAM se enfrentara a la Fiscalía por la nota de prensa sobre la pareja de Ayuso first appeared on Hércules.  El decano de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha asegurado al juez que el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, le afeó que el ICAM se enfrentara a la Fiscalía por la nota filtrada a la prensa con información personal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

Eugenio Ribón ha declarado este viernes como testigo en el Tribunal Supremo, donde ha confesado que para rebajar la tensión entre el ICAM y la Fiscalía propuso que ambas instituciones firmaran una declaración conjunta con el fin de rebajar la tensión, pero García-Ortiz se negó.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que la declaración de Ribón ha girado en torno a dos puntos. En primer lugar, el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, ha querido conocer su opinión sobre el impacto que la nota de prensa emitida por Fiscalía el 14 de marzo de 2024 tuvo en el principio de confidencialidad y en el derecho al secreto profesional.

Ribón ha ratificado lo que ya expuso el ICAM tanto en el comunicado que emitió en respuesta a esa nota de prensa como en la denuncia que presentó posteriormente por estos hechos en los juzgados madrileños. Este viernes, a su llegada al TS, ha expuesto que el ICAM actuó al entender que se había podido vulnerar “uno de los principios esenciales sobre los que se construía el derecho de defensa, que es el principio de confidencialidad y el secreto profesional”.

“El Colegio seguirá defendiendo el secreto profesional, que no es un derecho del abogado, es un derecho del ciudadano. Por lo tanto, lo que se está protegiendo es la última frontera para que cualquier ciudadano (…) tenga la absoluta confianza de que las palabras que mantiene o las conversaciones que mantiene con su abogado formen parte de ese halo de secreto”, ha dicho antes de testificar.

El segundo eje de la declaración, según las fuentes consultadas, ha sido la reunión que tuvo lugar el 15 de marzo de 2024 entre Ribón, García Ortiz; la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entre otras personas.

Ribón ha contado que García Ortiz defendió la nota publicada el 14 de marzo por la Fiscalía dando detallada cuenta del intercambio de ’emails’ entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para intentar llegar a un acuerdo.

Choque con la Abogacía del Estado

El decano de los abogados madrileños ha expuesto que el fiscal general reivindicó que esa nota de prensa era necesaria para desmentir lo que consideraba “un bulo”, en alusión a la noticia publicada por ‘El Mundo’ a las 21:29 horas del 13 de marzo donde se decía que Salto ofreció pactar al novio de Díaz Ayuso, cuando fue al revés.

Ribón ha relatado que García Ortiz también afeó al ICAM que hubiera emitido su propia nota de prensa para criticar la reacción del Ministerio Público a las informaciones periodísticas.

En ese comunicado, el colegio profesional tachó “de extrema gravedad la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, de datos concretos de unas diligencias de investigación”, al entender que constituía una vulneración de los “principios básicos de sigilo, confianza y buena fe” y ponía en riesgo la “neutralidad” del Ministerio Fiscal.

Además, el jefe del ICAM ha sostenido que García Ortiz les ofreció tanto a él como a Ortega emitir una declaración conjunta para dejar constancia de la relación cordial de sus respectivas entidades con la Fiscalía, así como para manifestar que con la nota de prensa del Ministerio Público no se había socavado ningún principio jurídico ni derecho fundamental.

El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, declaró el pasado 5 de febrero como imputado que esa reunión –que él ayudo a convocar– era para “calmar las aguas”, tras la difusión de ambos comunicados.

Ribón ha explicado que se negó a esa declaración conjunto y la reunión terminó minutos después. Según ha detallado, fue un encuentro breve pero tenso al que asistieron numerosas personas, algo que dice que le sorprendió.

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Los populares critican que el decreto ómnibus no incluye la rebaja del IVA a la electricidad y también que no se baje este impuesto para los alimentos básicos, que ahora está en un 4%
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Imagen: Tellado, Gamarra y Feijóo, en el Congreso. Alberto Ortega – Europa Press – Archivo

El PP ha registrado una proposición de ley en el Congreso para desarrollar varias rebajas fiscales, en concreto para fijar un IVA del 2% en los alimentos básicos y del 7,5% para pastas y aceites durante 2025, reducir este mismo impuesto en la electricidad y el gas y suprimir el tributo a la generación eléctrica, tal y como informa Europa Press.

El Grupo Popular defiende la necesidad de este conjunto de medidas tributarias para apoyar a las familias ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado de 2025. Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo explican que las medidas incluidas en su norma tienen como objeto complementar el recién aprobado decreto ómnibus, donde se revalorizaron las pensiones y se prorrogaron las ayudas al transporte.

Y es que, el PP criticó que ese paquete del Gobierno no incluyera la rebaja del IVA a la electricidad, que desde enero de este año se sitúa al 21%, y también que no se bajara este impuesto para los alimentos básicos, que ahora está en un 4%, o el de la pasta y el aceite de girasol, ahora en el 10%.

Por ello, ahora presentan una rebaja del 4% al 2% en los alimentos básicos y del 10% al 7,5% en pastas y aceites. En lo que respecta al sector eléctrico, el PP quiere un impuesto del 7% para el recibo de la electricidad. Para este año, y si no se produce déficit de tarifa, el tributo quedaría en el 0%.

A su vez, se propone un IVA del 10% para los contratos con una potencia inferior o igual a 10 kilovatios (kW) y contratos perceptores del bono social de electricidad y tenga reconocido la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social. También se fija un 10% para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural y para las briquetas y “pellets” procedentes de la biomasa y a la madera para la leña.

Deflactación del IRPF

Por otra parte, la formación ha incluido una medida para deflactar el IRPF para pensionistas y trabajadores. “De nada sirve revalorizar las pensiones acordes al IPC si la mitad de esa subida se queda directamente en las arcas públicas por los mayores impuestos; y algo similar sucede con las subidas salariales”, dice el PP en su propuesta.

El Grupo Popular incluye también medidas para dejar exento de IRPF a las personas que perciben el salario mínimo y eleva los límites que obligan a declarar este impuesto hasta los 24.000 euros. A su vez, se amplía el límite para acogerse al método de estimación objetiva y para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca hasta 2025.

Por último, se introducen dos artículos para establecer la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al 2023 y actualiza las entregas a cuenta para el 2025, con el fin de que tanto las autonomías como las entidades locales, puedan prestar los servicios cuyas competencias tienen transferidas que incluyen sanidad, educación y servicios sociales.

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La ministra de Trabajo ha presentado su reforma para garantizar una ejecución continua y de calidad de los contratos públicos
The post Yolanda Díaz registra en el Congreso una ley para actualizar los precios tras la subida del SMI first appeared on Hércules.  La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con el fin de actualizar los precios de la contratación pública, tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional. El partido ha denunciado que uno de los motivos por los que ha registrado esta proposición de ley se debe a que hay muchas licitaciones que se han quedado desiertas debido a la falta de previsibilidad de costes.

Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso para establecer un marco de actualización de los precios en los contratos del sector público cuando se produzcan incrementos de los costes salariales por la aplicación de convenios colectivos o de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En la exposición de motivos de la propuesta, recogida por Europa Press, el grupo plurinacional explica que, durante los últimos cinco años, el SMI ha experimentado importantes actualizaciones en España hasta alcanzar los 1.184 euros mensuales con su última subida. Al mismo tiempo, los convenios colectivos han revalorizado los salarios de diferentes sectores ante la escalada del IPC

Sumar dice que estas actualizaciones han dejado en evidencia una debilidad estructural en el ámbito de la contratación pública, que es la falta de mecanismos jurídicos que permitan absorber estos incrementos salariales dentro del presupuesto para los contratos públicos.

El grupo denuncia que la situación ha generado “importantes disfunciones” en la ejecución de los contratos que “ponen en peligro su viabilidad, afecta negativamente a las empresas y, en última instancia, perjudica la calidad de los servicios públicos y los derechos de trabajadores y trabajadoras”,según recoge EP.

Entre otros ejemplos, los plurinacionales alegan que la ausencia de mecanismos de revisión de precios ha provocado, en numerosas ocasiones, la resolución anticipada de contratos públicos, debido a la incapacidad de las empresas adjudicatarias para asumir incrementos salariales no previstos.

Además, se ha producido una creciente cantidad de licitaciones desiertas o con una participación extremadamente baja, derivada de la falta de garantías para las empresas.

Yolanda Díaz no anunció que la subida del SMI provocaría una subida del IRPF, lo cual afecta a las rentas más bajas

Por este motivo, la coalición de partidos liderada por Yolanda Díaz considera “imprescindible” dotar al sistema de contratación pública de instrumentos que garanticen su adaptabilidad a las dinámicas económicas y sociales actuales, dando seguridad jurídica a las empresas y entidades adjudicatarias y, sobre todo, ofreciendo certidumbre y calidad respecto de la prestación de los servicios públicos que se gestionan de manera indirecta.

Sumar ha presentado su reforma que pretende reducir significativamente estos problemas, garantizando una ejecución continua y de calidad de los contratos públicos, según recoge EP.

La reforma en cuestión pasa por una doble modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Por un lado, se introducen modificaciones en el artículo 100 para fijar un porcentaje a partir del cual resulta obligatorio para el órgano de contratación detallar en el presupuesto base de licitación los costes salariales de las personas empleadas para la ejecución del contrato.

Por otra parte, ese artículo 100 detallará qué convenio deberá ser tenido en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto base de licitación por parte de los órganos de contratación.

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El material era sustraído de una línea ferroviaria de Valencia, con un valor que alcanza los 300.000 euros
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Imagen: cable de cobre I AEP

La Guardia Civil ha arrestado a siete individuos involucrados en el robo de más de 24.000 kilos de cableado de cobre en la línea ferroviaria 300 de Valencia, una operación criminal que generó pérdidas superiores a los 300.000 euros. Los detenidos operaban en la línea denominada “Factoría Ford – Font de Sant Lluís”, donde accedían ilegalmente a través de puertas forzadas en el perímetro de la vía.

Robo en la catenaria: más de 7 kilómetros de cobre sustraídos

Los implicados, cuatro de los cuales fueron arrestados durante el desmantelamiento, lograron escalar por los postes de la catenaria, cortando el cableado de cobre que se extiende por la vía. La operación resultó en la sustracción de 7.253 metros de cable, lo que equivale a un peso total de 24.780 kilogramos. Este material, necesario para el funcionamiento de la línea ferroviaria, tenía un valor cercano a los 320.000 euros, cifra correspondiente a los costos de reparación y reposición del cableado.

Una empresa en Valencia, clave en la venta ilícita del cobre

Durante el curso de la investigación, la Guardia Civil localizó una empresa en Silla (Valencia) que compraba el cobre robado sin realizar ningún registro o documentación oficial de las transacciones. Esta mercantil pagaba en efectivo a los autores del robo, y se descubrió que los propietarios y empleados de la empresa manipulaban el material para integrarlo con cobre legalmente adquirido, evitando así su detección.

El cobre sustraído se enviaba luego, camuflado entre material legítimo, en contenedores marítimos hacia empresas en China, donde era fundido y revendido. Esta práctica ilegal generaba grandes beneficios para los implicados a expensas de la infraestructura pública.

Recuperación del material y detenciones

En total, las fuerzas de seguridad han logrado recuperar 4.271 kilogramos del cobre robado, que ya ha sido devuelto a la empresa encargada de la reparación de la línea ferroviaria afectada. Los detenidos operaban en dos grupos organizados: uno especializado en la sustracción del cobre y otro encargado de su venta y exportación.

Delitos y cargos: robo, receptación y pertenencia a grupo criminal

Los arrestados enfrentan múltiples cargos, incluyendo robo con fuerza, hurto, receptación de material sustraído y pertenencia a grupo criminal. Los hechos ocurrieron en varias localidades de la provincia de Valencia, entre ellas Picanya, Silla, Beniparrell y Picassent.

Esta operación pone de manifiesto la creciente preocupación por el robo de materiales valiosos en infraestructuras críticas, como las redes ferroviarias, y el papel de las redes ilegales que trafican con estos recursos en mercados internacionales.

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