Crónica Diaria

Pedro Sánchez se ha propuesto “combatir el avance de centros privadas”, las cuales, según su opinión, “priman el negocio sobre la calidad”
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Pedro Sánchez y María Jesús Montero charlan durante el pleno del Congreso. Fuente: EFE

La ministra socialista, María Jesús Montero, atacó esta semana a las universidades privadas. Incluso aseguró que este tipo de instituciones suponen una “amenaza” para la clase trabajadora y ha acusado a los alumnos de estos centros de “comprarse el título”.

Unas palabras que dio el pasado domingo durante la inauguración del Congreso Provincial del PSOE en Málaga. “La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora”, espetó Montero en el acto socialista, destacando que la universidad pública supone “un horizonte de esperanza” para esas familias que “solo a través del esfuerzo, del conocimiento y de la capacitación van a subir escalones en la escala social”.

El Gobierno de Sánchez ha decidido ahora atacar a los colegios concertados. Una declaración de intenciones que el PSOE ha reflejado en la ponencia política aprobada por el PSOE en su 41 congreso celebrado en diciembre en Sevilla.

Este documento enfoca algunas de sus medidas contra los colegios concertados, sobrevolando su posible asfixia económica por razones “demográficas”. “Los centros concertados, financiados con fondos públicos, así como los privados, deben respetar las leyes y el ordenamiento jurídico en cuanto a gratuidad, escolarización y no puede haber discriminación por ninguna razón ni económica ni social”, según recoge OKdiario.

El texto de la resolución presentada por el PSOE en diciembre recoge que hay que: “reconocer el papel que algunos de estos centros cumplen en nuestro país, dado el apoyo que reciben del Estado, no debe confundirse con la apuesta que desde el PSOE hacemos por una educación pública, especialmente en un contexto de disminución generalizada de la población escolar en nuestro país y priorizando el mantenimiento de líneas por etapa educativa en centros públicos, cuando por motivos demográficos haya que aumentar o suprimir líneas”.

El PSOE pretende eliminar las universidades privadas y colegios concertados

Sánchez se ha propuesto “combatir el avance de centros privadas”, las cuales, según su opinión, “priman el negocio sobre la calidad”. “Esos chiringuitos que no cumplen el nivel”, aseveró el dirigente del PSOE en un acto, este lunes, en la UNED, universidad de la Comunidad de Madrid de titularidad estatal, según recoge OKdiario.

El Ejecutivo endurecerá los requisitos para abrir o mantener estas universidades. Por ejemplo, se exigirán nuevos informes y un mínimo de 4.500 estudiantes en los cinco primeros años de ejercicio, además de tres programas de doctorado, en lugar de dos, como hasta ahora.

Al menos un 50% de la plantilla deberá estar compuesta por doctores. También se incluye la exigencia de obtener el equivalente al 2% del presupuesto de toda la universidad en convocatorias competitivas de investigación, según recoge OKdiario.

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Frente a esto, trata de defender los 13.000 puntos en medio de la tensión comercial global marcada por la creciente guerra comercial impulsada por Estados Unidos
The post El Ibex 35 arranca la jornada en negativo first appeared on Hércules.  La Bolsa española ha comenzado la sesión de este viernes con un tono claramente bajista, arrastrada por el aumento de la tensión en los mercados internacionales debido a la creciente guerra comercial impulsada por Estados Unidos. En los primeros minutos tras la apertura, el Ibex 35 retrocedía un 0,83%, situándose en los 13.081,1 puntos, mientras que poco después llegaba a caer hasta un 1,25%, descendiendo hasta los 13.026,6 puntos.

Ambiente marcado por la incertidumbre 

El ambiente general en los mercados está marcado por la incertidumbre que ha provocado la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que ha generado una ola de inestabilidad a nivel global. Esta situación ha impactado también a los mercados asiáticos, donde el índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio ha registrado una importante caída de más del 4%, continuando con la tendencia negativa que ya se había observado en la sesión anterior.

En el plano nacional, la atención no solo se centra en los mercados financieros. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sigue hoy con su ronda de reuniones con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en el Ministerio, con el objetivo de abordar una respuesta coordinada ante la reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

Foco en el Banco Santander 

En cuanto al entorno empresarial, uno de los focos del día está puesto en Banco Santander, que celebra su junta general de accionistas. En esta cita, se decidirá la reelección de Ana Botín como presidenta y de Héctor Grisi como consejero delegado, además de otros asuntos relevantes para la entidad.

Durante los primeros compases de la jornada bursátil, algunas compañías lograban escapar del tono negativo. Iberdrola se apuntaba un avance del 0,8%, mientras que Redeia subía un 0,73%. En contraste, entre los valores más castigados destacaban CaixaBank, que caía un 3,59%, y Fluidra, con un descenso del 2,82%.

Las principales plazas bursátiles del continente europeo también registraban pérdidas. La Bolsa de Milán caía un 1,66%, París un 0,87%, Londres un 0,68% y Fráncfort un 0,63%, en un contexto de elevada volatilidad generalizada.

Por su parte, en los mercados de materias primas, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, descendía un 1,74% hasta los 68,92 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaba un 1,85%, cotizando en torno a los 65,71 dólares.

En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba a 1,1056 dólares, reflejando una ligera estabilidad pese a la presión internacional. En el ámbito de la deuda soberana, el interés del bono español a 10 años subía hasta el 3,248%, reflejando un leve aumento en el coste de financiación del Estado en un entorno de incertidumbre creciente.

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La Cámara de Cuentas andaluza reflejó en un informe, que no había ningún registro de concurso público en la contratación del matrimonio socialista
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María Jesús Montero se ríe durante el acto de este miércoles en Sevilla. Fuente: EP

En 2016 el interventor general de la Junta de Andalucía avisó a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que existía un posible “menoscabo de fondos públicos” por pagos indebidos a altos cargos de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), organismo que ella misma presidía cuando fue consejera de Salud entre 2004 y 2013, según recoge La Gaceta.

Ese año, la Junta de Andalucía tuvo que recortar el suelde de miles de funcionarios y empleados públicos debido a la crisis económica de la comunidad autónoma. La cuestión es que mientras se redujo el sueldo de determinados sectores públicos, ciertos miembros socialistas y afines al partido seguían cobrando sobresueldos.

El presunto menoscabo de fondos públicos afectó a 33 empleados de la FPS, los cuales fueron blindados contra los recortes salariales aprobados por el Ejecutivo liderado por el PSOE en Andalucía. La entonces consejera de Salud ignoró abiertamente la orden del Consejo de Gobierno de José Antonio Griñán que exigía la rebaja de un 10% en todas las retribuciones superiores a las del presidente autonómico.

Entre los agraciados destaca Verónica Juan-Quilis, esposa del exministro socialista Bernat Soria, también enchufado en la fundación y con un sueldo de escándalo: 170.438 euros brutos al año, el más alto de toda la Junta. Su esposa, también contratada a dedo, llegó a cobrar 70.149 euros en 2012, una cifra superior a la que percibía entonces el propio presidente andaluz. Todo ello, por supuesto, sin pasar por ningún proceso público de selección, según recoge La Gaceta.

La Cámara de Cuentas andaluza reflejó en un informe de fiscalización, que no había ningún registro de concurso público, igualdad de condiciones o criterios objetivos durante la contratación del matrimonio. Verónica Juan-Quilis y Bernat Soria fueron contratados de forma directa mientras María Jesús Montero era presidenta de la fundación biomédica.

La ministra de Hacienda contrató a dedo a un exministro socialista y su mujer

Montero llevó a cabo esta contratación a dedo sin respetar el Estatuto del Empleado Público, el cual, ahora impone desde el Ministerio de Hacienda severas condiciones al gasto de las comunidades autónomas, fue en su día responsable directa de mantener una red clientelar bien remunerada con dinero de todos los andaluces.

En informe presentado por el interventor en 2016 señalaba incluso una posible “negligencia grave”, pero nada se hizo. Lo abonado de más ya había prescrito, y nadie devolvió el dinero. Ni se exigió responsabilidad a los implicados.

El exministro Soria, siguió engordando su cuenta corriente gracias a su cargo en la Junta… hasta que fue despedido en 2019 por el nuevo Gobierno del PP, al descubrirse que simultaneaba su contrato de alta dirección con negocios privados, violando la cláusula de exclusividad. El intento de Soria de presentarse como víctima de una “campaña de acoso” quedó en nada: la Justicia confirmó que su despido fue completamente procedente, según recoge La Gaceta.

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Se someterá a votación la renovación de varios miembros clave de su consejo de administración, entre ellos su presidenta, Ana Botín, y el consejero delegado, Héctor Grisi
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Ana Botín, presidenta de Santander, el día de la presentación de los resultados anuales del banco

Este viernes, Banco Santander llevará a cabo su junta general de accionistas, en la que se someterá a votación la renovación de varios miembros clave de su consejo de administración, entre ellos su presidenta, Ana Botín, y el consejero delegado, Héctor Grisi. Ambos figuran en el orden del día como candidatos a ser reelegidos como consejeros, junto con otros nombres como Luis Isasi, Glenn Hutchins y Pamela Walkden.

La reunión se celebrará de manera completamente telemática, una decisión tomada por el propio banco y no como consecuencia de circunstancias extraordinarias, como ocurrió durante la pandemia. Esta será la primera junta celebrada en línea por decisión voluntaria del Santander desde hace cinco años, cuando se realizó por última vez un encuentro virtual por motivos excepcionales.

Accionistas repartidos por todo el mundo

Desde la entidad se ha justificado este formato por razones de accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad. Con una amplia base de accionistas repartidos por todo el mundo, Santander apuesta por facilitar la participación sin que sea necesario el desplazamiento físico. Además, señalan que la digitalización del evento permite reducir costes y minimizar el impacto ambiental.

Más allá de la renovación de cargos, la junta abordará otros asuntos relevantes como la aprobación de las cuentas anuales, la evaluación de la gestión del consejo de administración y el visto bueno a la política de retribuciones de la entidad. También se debatirá la posibilidad de reducir el capital social mediante la amortización de acciones propias, una operación que podría alcanzar hasta 1.463 millones de euros, equivalente a un máximo de 2.928 millones de acciones.

Aprobación del dividendo complementario

Otro punto importante del día será la aprobación del dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2024, que se propone en 0,11 euros brutos por acción. De ser aprobado, se sumaría al dividendo ya abonado con anterioridad, elevando el total en efectivo por acción a 0,21 euros, lo que representa un incremento de más del 19% respecto al año anterior, cuando se distribuyeron 17,6 céntimos por título.

Este dividendo se abonará el próximo 2 de mayo. Según el calendario previsto, el último día para adquirir acciones con derecho a dividendo será el 28 de abril, la acción pasará a cotizar ex-dividendo el 29 de abril, y la fecha de registro (record date) será el 30 de abril.

En conjunto, la retribución total al accionista correspondiente al ejercicio 2024 alcanzará aproximadamente los 6.300 millones de euros, lo que equivale a cerca del 50% del beneficio atribuido del grupo en ese año. Esta cifra incluye tanto el dividendo en efectivo como el programa de recompra de acciones, manteniendo así una rentabilidad para el accionista cercana al 7%, en línea con la estrategia de retorno del capital comprometida por la entidad.

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Abascal ha alabado y defendido todas las medidas y gestiones de Trump, aunque reconoce que los aranceles impuestos a España son negativos
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Imagen: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo I Xunta de Galicia

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su rechazo a los aranceles impuestos por el expresidente estadounidense Donald Trump a productos de la Unión Europea, calificándolos como una medida que deteriora las relaciones internacionales entre Estados Unidos y la UE. El presidente de los populares enfatizó que “hemos deteriorado sin precedentes las relaciones internacionales entre EEUU y la UE“. ​

En el foro ‘Wake up, Spain!’, organizado por El Español, subrayó la necesidad de oponerse de manera “clara y contundente” a estas medidas unilaterales y criticó a aquellos que minimizan su impacto. Aunque no mencionó directamente a Santiago Abascal, líder de Vox, sus declaraciones sugieren una crítica a la postura ambigua de Vox respecto a las políticas de Trump. ​

El PP busca apoyo en el sector agrario ante la ambigüedad de Vox

Fuentes del PP consideran que la respuesta ambigua de Vox frente a los aranceles de Trump podría beneficiarles electoralmente, especialmente en el sector agrario, donde los de Abascal ham tenido una presencia significativa. Feijóo ha expresado su preocupación por la posibilidad de que los aranceles se extiendan a productos agrícolas y ha prometido trabajar con la Unión Europea para evitarlo, apostando por la “diplomacia, inteligencia y determinación”. ​

Vox evita criticar a Trump y responsabiliza a la UE y al Gobierno español

Vox ha instruido a sus representantes para que se desmarquen de los aranceles impuestos por Trump sin criticar directamente al expresidente estadounidense. En un documento interno, el partido responsabiliza a la Unión Europea y al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber negociado eficazmente con la administración Trump, evitando así confrontar al líder estadounidense. ​

Santiago Abascal ha defendido que los aranceles son “la forma de negociar” de Trump y ha instado a la UE y a España a esforzarse más en alcanzar un acuerdo. “¿Por qué el Gobierno de España no se va ahora mismo a negociar con el Gobierno de Estados Unidos?“, cuestionó el diputado de Vox, José María Figaredo. Esta postura busca mantener la afinidad ideológica con Trump mientras se desvinculan de las consecuencias negativas de sus políticas arancelarias.

Impacto económico y respuesta del Gobierno español

Los aranceles del 20% impuestos por Estados Unidos afectan significativamente a sectores clave de la economía española, como el agropecuario y el automovilístico. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un plan de respuesta dotado con 14.100 millones de euros para contrarrestar los efectos de estos aranceles. ​

Feijóo ha abogado por una reacción firme desde Europa pero sin cerrar la puerta a una desescalada, enfatizando la necesidad de una “estrategia de país” y mostrando disposición a colaborar con el Gobierno en este asunto. Sin embargo, persiste una fuerte desconfianza entre los principales partidos, agudizada por las alianzas del PP con Vox, lo que complica la formación de un frente común.

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El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha mantenido contactos constantes con altos cargos estadounidenses
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 La Unión Europea está ultimando un conjunto de medidas comerciales de respuesta frente a los nuevos aranceles anunciados por Washington, en una nueva escalada de tensiones entre ambas potencias. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, mantendrá hoy una conversación con representantes del Gobierno estadounidense con el objetivo de agotar la vía diplomática antes de activar represalias económicas.

La iniciativa europea surge tras el anuncio del expresidente Donald Trump —de nuevo protagonista en la escena política estadounidense— de imponer un arancel del 20% a todas las importaciones europeas, una medida que se suma a los gravámenes ya vigentes sobre el acero, el aluminio y, más recientemente, sobre el sector automovilístico. En palabras de Sefcovic, “los aranceles injustificados inevitablemente resultan contraproducentes”, como expresó a través de redes sociales tras conocerse la decisión de Washington.

Contacto constante con altos cargos estadounidenses

Desde el inicio de este pulso comercial, el comisario europeo ha mantenido contactos constantes con altos cargos estadounidenses, aunque oficialmente solo se han confirmado dos conversaciones telefónicas y dos visitas a Washington. En la más reciente, realizada justo antes del anuncio sobre los coches, Sefcovic se reunió con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el responsable comercial de EE. UU., Jamieson L. Gree.

Bruselas, según ha asegurado Sefcovic, actuará de forma “calmada, cuidadosa y unificada”, destacando la voluntad del bloque europeo de dar espacio a la negociación. Sin embargo, ha dejado claro que “la UE no permanecerá pasiva si no se alcanza un acuerdo justo”. Por ello, los equipos técnicos de la Comisión Europea están trabajando en una lista específica de productos estadounidenses que podrían verse gravados con nuevos aranceles a partir del 15 de abril, en respuesta a las tasas del 25% que afectan actualmente al acero y aluminio europeos.

Impacto económico de 26.000 millones de euros 

Este paquete de represalias, que podría alcanzar un impacto económico estimado en 26.000 millones de euros, será discutido el próximo 9 de abril en una reunión clave entre los ministros de Comercio de los 27 Estados miembros. Aunque algunas de las medidas podrían aplicarse de inmediato, otras se retrasarían hasta mayo para garantizar el cumplimiento de las normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Paralelamente, la Comisión estudia otras formas de respuesta más contundentes y proporcionales, en caso de que no se logre frenar esta nueva oleada de proteccionismo. Algunas voces dentro del bloque, como Francia, han planteado la posibilidad de incluir en las represalias sectores especialmente sensibles para Estados Unidos, como los servicios digitales, lo que afectaría directamente a grandes plataformas tecnológicas.

Aún no se ha decidido si se activará el mecanismo anticoerción de la UE —una herramienta legal diseñada para hacer frente a presiones económicas externas—, pero todas las opciones siguen sobre la mesa mientras se esperan más detalles sobre la implementación de las nuevas tarifas estadounidenses. La reunión extraordinaria de los ministros de Comercio de la UE, prevista para este lunes en Luxemburgo, será crucial para definir el rumbo de la respuesta europea.

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La Abogacía del Estado defiende que la Administración autonómica canaria es la competente en materia de acogida de los menores migrantes sean o no solicitantes de protección internacional
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Imagen: Una reunión interministerial para abordar la distribución de los menores no acompañados con solicitud de asilo, en la sede de la Presidencia de Canarias. Estefanía Briganty / Europa Press

El Ejecutivo central ha recurrido la resolución del Tribunal Supremo que obliga a que más de mil menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo pasen al sistema nacional de acogida. Además, ha pedido la suspensión del plazo de 10 días que le dieron los magistrados para hacerse cargo de esos menores que actualmente se encuentran bajo la tutela del servicio de protección autonómico de Canarias. Según El País, en el auto, la Abogacía del Estado defiende que es la Administración de Canarias la competente en materia de acogida de menores, sean o no solicitantes de protección internacional.

Los propios jueces admiten que hay un choque de competencias entre la administración central y la estatal: en su condición de menores “en evidente situación de desamparo” es la comunidad autónoma la que debe hacerse cargo, pero “cuando a su condición de menor se añade la circunstancia de haber presentado una solicitud de asilo”, entra en acción la legislación sobre esta materia, que incumbe al Estado. Los mismos jueces admiten que la situación actual es “insostenible”, por lo que ordenaron el acceso inmediato de estos menores al sistema nacional de acogida.

Sin embargo, según la Abogacía del Estado, la conclusión del Supremo contraviene la doctrina constitucional, el principio general de la primacía del interés superior del menor y es contraria al derecho de asilo, pues la normativa establece, específicamente, que las personas menores solicitantes tienen derecho a ser tratados “de manera diferente y específica a su situación” y remite su gestión a las comunidades autónomas competentes en materia de menores, haciendo referencia al artículo 48 de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo, de 2009.

El Gobierno recuerda que el auto no establece que los menores tengan que salir de las islas

Con todo, el Gobierno cumplirá el requerimiento del Supremo de acoger a los 1.008 menores solicitantes de asilo que están en Canarias, pero ve imposible hacerlo “de la noche a la mañana” y recuerda que el auto judicial no establece que tenga que trasladarlos fuera de las islas. Tras reunirse con el presidente de Canarias Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres ha remarcado que el Supremo “no dice” que esos menores solicitantes de asilo “deben quedarse” en Canarias “o irse a otro lugar, lo que dice es que deben estar en el sistema nacional”.

Clavijo ha reclamado que en ese análisis “caso a caso deberá imperar el interés general del menor” y ha subrayado que “una de las circunstancias que estaba generando un quebranto” al mismo, “y lo dice el Tribunal Supremo, es el hacinamiento” que soportan en los centros de Canarias, donde hay casi 6.000 niños y adolescentes.

El problema del hacinamiento “se resuelve llevando a los menores a otros recursos donde van a poder ser mejor atendidos”, ha insistido Clavijo, quien ha revelado que en la reunión del jueves no hablaron de si los 1.008 solicitantes de asilo que hay en las islas computan en los 4.000 menores que serán redistribuidos por otras comunidades en virtud del decreto ley que reforma la ley de extranjería.

Tampoco han entrado en el debate sobre la tutela de los menores migrantes no acompañados, pues el ejecutivo central considera, en base a “fallos recientes”, que “sigue siendo de la comunidad autónoma”, y el de Canarias justo lo contrario, ha esgrimido Torres.

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La cúpula de la Unión quiere optar por medidas análogas a las impuestas por los americanos, mientras que el francés propone dejar de comerciar con ellos
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Imagen: presidente de Francia, Emmanuel Macron I AFP

Aunque la Unión Europea ha tejido una amplia red de tratados comerciales con 76 naciones, una cifra muy superior a los poco más de 20 acuerdos firmados por Estados Unidos, la interdependencia económica con Washington sigue siendo crucial para Bruselas. Por eso, el giro hostil adoptado por Donald Trump, al anunciar nuevas barreras arancelarias, ha encendido todas las alarmas.

Mientras tanto, la Comisión Europea mantiene su estrategia de apertura económica global mientras ultima represalias comerciales ante la ofensiva arancelaria lanzada por Washington. En este sentido, la UE prepara una respuesta escalonada, pero sin abandonar su apuesta por el libre comercio como señal frente al giro proteccionista de EE.UU. “Actuaremos de forma mesurada, coordinada y con margen para la negociación”, ha asegurado Sefcovic, que advierte, no obstante, de que Europa “no se quedará de brazos cruzados” si no se alcanza un acuerdo razonable.​

Contramedidas en marcha

Desde Samarcanda, donde asiste a una cumbre con países de Asia Central, Von der Leyen ha confirmado que el primer paquete de represalias está a punto de cerrarse y que se estudian nuevas medidas ante la posibilidad de que las conversaciones con EE.UU. fracasen. Bruselas diseñó estas contramedidas con un objetivo político.

Aunque las sanciones específicas frente a los nuevos aranceles aún se están definiendo, el mensaje de la UE es claro: se responderá, pero dejando espacio al diálogo. La presidenta de la Comisión ha reiterado su petición a Trump de “pasar de la confrontación a la negociación para reducir, y no aumentar, las barreras comerciales”.

Incertidumbre y advertencias

Von der Leyen ha alertado de las consecuencias económicas de esta escalada: “el caos que se está generando afectará a todos los socios comerciales de EE.UU.” y encarecerá significativamente los intercambios con el país norteamericano. Aunque reconoce deficiencias en el sistema comercial global, considera que el recurso a los aranceles como herramienta principal “no resolverá los desequilibrios”.​

Según estimaciones internas, las medidas de Washington impactarían en un 70% de las exportaciones europeas al mercado estadounidense, lo que podría traducirse en 81.000 millones de euros adicionales recaudados por las aduanas estadounidenses si el flujo comercial se mantiene. Esta cifra será clave para calcular el alcance de las represalias comunitarias.​

Tensiones internas en la UE

Las reacciones dentro del bloque también reflejan diferentes sensibilidades: Italia ha reclamado moderación en la respuesta para no perjudicar las intensas relaciones económicas transatlánticas, mientras que Francia y Alemania apuestan por una línea firme, aprovechando el peso comercial europeo para presionar a Washington. Bruselas, por su parte, defiende que EE.UU. está utilizando herramientas inadecuadas para reducir su déficit comercial. “No somos responsables de ese desequilibrio”, argumentan fuentes técnicas de la Comisión.​

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La Administración de Trump ha despedido a varios directores de Seguridad Nacional que trabajaban bajo las órdenes de Mike Waltz, después de que un activista lo pidiese
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Imagen: El secretario de Defensa Pete Hegseth. SAUL LOEB / AFP

El Pentágono ha abierto una investigación por el escándalo del chat filtrado de Signal al Secretario de Defensa Pete Hegsteh. En esa conversación, se compartió información detallada entre varios altos cargos sobre los planes para bombardear a los rebeldes hutíes del Yemen, pero por error se incorporó al chat a un periodista de The Atlantic. “El objetivo de esta evaluación es determinar hasta qué punto en que el Secretario de Defensa y otro personal del DoD cumplieron con las políticas y procedimientos del DoD para el uso de una aplicación de mensajería comercial para asuntos oficiales”, ha dicho el Pentágono.

Según el periódico The Guardian, la investigación ha sido anunciada después de una petición hecha por el Comité de Servicios Armados del Senado, apoyada por republicanos y demócratas. El presidente de ese comité, el republicano Roger Wicker, y el demócrata Jack Reed solicitaron la investigación después de enterarse de que Jeffrey Goldberg, editor en jefe del medio Atlantic, se encontraba en el chat de Signal.

Miembros del Consejo de Seguridad Nacional han sido despedidos

La investigación a Hegsteh se abre en medio de despidos a varios directores de Seguridad Nacional que trabajaban bajo las órdenes del asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, después de que una activista de derecha radical, Laura Loomer, lo pidiese al presidente norteamericano, según han avanzado medios estadounidenses como la CNN o el New York Times.

En la reunión entre Loomer y Trump estaba también Scott Perry, un parlamentario republicano por Pensilvania y miembro del grupo conservador Freedom Caucus. En ese encuentro, Loomer habría presionado a Trump para que despidiera a varios miembros de su equipo de seguridad nacional. Frente a ella estaba Waltz, que habría defendido la labor de su equipo, pero que finalmente habría perdido la batalla frente al poder de esta influencer con el presidente.

Según la CNN, los tres funcionarios despedidos son Brian Walsh, director de inteligencia y exasesor principal en el Comité de Inteligencia del Senado para el ahora secretario de Estado, Marco Rubio; Thomas Boodry, director sénior de asuntos legislativos, quien anteriormente fue director legislativo de Waltz en el Congreso; y David Feith, director sénior a cargo de tecnología y seguridad nacional, quien trabajó en el Departamento de Estado durante la primera administración de Trump.

Es relevante que los despidos se hayan producido justo ahora, tras la petición de la activista de extrema derecha, y no después de varios días en que funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono aseguraron que Waltz debía dimitir. Hasta el momento, el presidente había cerrado filas con el consejero de Seguridad Nacional y había descartado públicamente que hubiera consecuencias de este tipo por la filtración del chat de Signal. Según contó el New York Times, Trump cambió de posición después de escuchar a la extremista.

Cuando el escándalo del chat de Signal parecía haber quedado atrás, este martes The Washington Post reveló que Waltz también había utilizado sus cuentas personales de Gmail para tratar asuntos gubernamentales, como agendas y documentos de trabajo, información que podría haber sido comprometida por servicios de inteligencia extranjeros. Unas 24 horas después, Politico publicó que Waltz tenía al menos 20 chats más en Signal para coordinar tareas gubernamentales relacionadas con Ucrania, China y Gaza.

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