Crónica Diaria

Permiten mantener servicios de información y orientación y desarrollar diferentes programas para la promoción de vida independiente
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el día de ayer una inversión de 2,1 millones de euros en ayudas para el mantenimiento de servicios de información y orientación, así como al desarrollo de diferentes programas de atención a personas con discapacidad gestionados por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. 

Se incluyen los gastos del personal necesario

Se incluyen para la subvención los gastos de personal necesario para el desarrollo de este tipo de servicios de acuerdo con los perfiles profesionales indicados en la convocatoria como, por ejemplo, profesionales de la psicología, el trabajo social, intérpretes de lengua de signos o guías encargados de la mediación. La cuantía no podrá ser superior al 75% del coste total de la acción subvencionada. 

En el 2024 se concedieron ayudas que beneficiaron a 65.315 personas 

En la convocatoria de 2024, a la que se accede por concurrencia competitiva, se concedieron ayudas a un total de 128 entidades que beneficiaron a 65.315, de los que 64.842 fueron atendidos a través de los servicios de información y orientación de las diferentes entidades y 473 desde programas de promoción de vida independiente. 

Con esta iniciativa que gestiona la Dirección General de Atención a Personal con Discapacidad, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales reconoce la labor esencial que desarrollan las entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones de familiares en el acompañamiento y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

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El empresario ha trasladado a sus trabajadores su filosofía de trabajo, la cual consiste en dormir en la oficina
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Imagen: el empresario Elon Musk

Elon Musk sigue promoviendo una nueva cultura laboral en Estados Unidos, alineada con el objetivo del gobierno de Donald Trump de reducir gastos estatales. Recientemente, el magnate reveló en su perfil de X que los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) trabajan hasta 120 horas semanales, en contraste con los funcionarios públicos que, según él, apenas cumplen 40 horas en la oficina.

Sus declaraciones han generado un fuerte debate. Mientras que sus seguidores lo elogian por evitar lo que consideran un despilfarro de fondos públicos, sus críticos denuncian que su modelo de trabajo prioriza la productividad en detrimento del equilibrio entre la vida personal y laboral.

La mentalidad del esfuerzo extremo

No es la primera vez que Musk apuesta por una ética laboral de máxima exigencia. Durante los momentos más intensos en Tesla, admitió haber dormido en la planta de producción para transmitir a sus empleados la importancia del esfuerzo y la dedicación. Una estrategia que replicó en 2022 tras la adquisición de X, la antigua Twitter.

Ahora, con el control del DOGE, busca reducir el gasto federal en hasta dos billones de dólares. Según el empresario, la burocracia estatal es ineficiente y pocos empleados trabajan los fines de semana. “Es como si el equipo contrario simplemente abandonara el campo dos días. Trabajar el fin de semana es un superpoder“, escribió en X en defensa de las jornadas de 120 horas.

Condiciones laborales en DOGE: sin teletrabajo y con poco descanso

Bajo esta filosofía, los empleados del DOGE trabajan 17 horas diarias, lo que les deja apenas 48 horas semanales para dormir, convivir con sus familias o realizar actividades personales. De acuerdo con los expertos en salud, este ritmo de trabajo no permite cumplir con la recomendación médica de dormir ocho horas al día, un factor clave para el rendimiento laboral.

Además, Musk ha prohibido el teletrabajo, alegando que es “moralmente incorrecto”, lo que implica que los empleados deben sumar a sus jornadas laborales el tiempo de desplazamiento a las oficinas. Según el empresario, esta política responde a lo que él denomina la “Segunda Revolución Estadounidense”, un proceso de transformación en el que está invirtiendo todos sus recursos.

Camas en la oficina: una práctica recurrente

El concepto de jornadas extenuantes no es nuevo en la visión de Musk. Cuando tomó el control de Twitter en 2022, instó a sus empleados a adoptar una mentalidad de “máxima exigencia” para transformar la plataforma. Como medida extrema, instaló camas en la sede de San Francisco para que los trabajadores pudieran descansar sin necesidad de regresar a sus hogares.

Una imagen que se hizo viral en aquella época fue la de Esther Crawford, una empleada que apareció durmiendo en una oficina dentro de un saco de dormir. “Cuando tu equipo trabaja contrarreloj para cumplir con las fechas de entrega, a veces duermes en el trabajo“, justificó entonces.

Musk no es el único empresario que defiende largas jornadas laborales como clave del éxito. Jack Ma, fundador de Alibaba Group, también ha promovido el modelo “996”, que implica trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana. “Si no trabajas 996 cuando eres joven, ¿cuándo podrás?“, argumentaba en un discurso a sus empleados en 2019.

Mientras el debate sobre las condiciones laborales en el sector tecnológico y gubernamental sigue en aumento, Musk continúa defendiendo su modelo de trabajo extremo como la única vía para lograr la excelencia y la eficiencia.

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El Ejecutivo autonómico habilitará una importante inversión entre 2023 y 2026 para financiar la investigación en energías renovables en el instituto Complutense
The post La CAM financiará la geotermia en el Instituto Complutense de Alcalá first appeared on Hércules.  La Comunidad de Madrid ha dado un paso adelante en la implementación de energías renovables con la instalación de un innovador sistema geotérmico en el Instituto de Educación Secundaria Complutense de Alcalá de Henares. Esta iniciativa, que convierte al centro en el primero de la región en aprovechar el calor del interior de la Tierra para climatización, forma parte de un ambicioso plan de eficiencia energética impulsado por el Gobierno autonómico.

El Consejo de Gobierno conoció ayer un informe sobre esta actuación, que ha supuesto una inversión de 5,4 millones de euros. Los trabajos de reforma integral han permitido dotar al instituto, que acoge a más de 800 estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato, de una infraestructura de última generación para la gestión térmica del edificio.

Un sistema eficiente y sostenible

El nuevo sistema geotérmico del IES Complutense se compone de 36 pozos perforados a 125 metros de profundidad bajo el centro educativo. A través de estos conductos, se aprovecha la temperatura estable del subsuelo, que oscila entre los 15 y 18 grados, para calentar o enfriar el agua que circula por el suelo radiante del instituto, en función de las necesidades estacionales.

La instalación cuenta con una potencia frigorífica de 242 kilovatios y calorífica de 310 kilovatios, y se complementa con aerotermia y paneles fotovoltaicos, lo que maximiza la eficiencia y reduce el consumo energético. Gracias a este sistema mixto, el centro puede cubrir hasta el 80% de su demanda de refrigeración y el 100% de calefacción sin recurrir a la red eléctrica convencional, salvo en condiciones climatológicas extremas.

Además, las obras se han llevado a cabo con criterios de sostenibilidad, minimizando la generación de residuos y destinando el 70% de los desechos a reutilización o reciclaje.

Plan de rehabilitación energética en institutos madrileños

El IES Complutense forma parte de un programa regional de mejora de la eficiencia energética en ocho institutos públicos de la Comunidad de Madrid. La iniciativa, con una inversión global de 28,7 millones de euros entre 2023 y 2026, tiene como objetivo reducir en al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable.

Las obras se están desarrollando en dos fases. En la primera ya se han finalizado las reformas en el IES Complutense y se están ejecutando en los institutos Alto del Jarama (Torrelaguna), Salvador Allende y Narcís Monturiol (Fuenlabrada). La segunda fase, que comenzará en breve, incluirá mejoras en los institutos Juan Gris (Móstoles), Las Veredillas (Torrejón de Ardoz), Alameda de Osuna y Mariano José de Larra (Madrid capital).

Con esta apuesta por la sostenibilidad, la Comunidad de Madrid refuerza su compromiso alineándose con los objetivos de transición ecológica y lucha contra el cambio climático.

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El Ejecutivo madrileño defiende que la gestión del patrimonio histórico es una competencia autonómica, por lo que es una invasión de competencias
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La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central que suspenda el procedimiento administrativo para declarar la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno Regional, como lugar de la Memoria Democrática. 

Petición al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 

Esta petición al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que se ha trasladado el día de ayer en la reunión del Consejo de Gobierno, se produce después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite por unanimidad, la semana pasada, el recurso sobre el conflicto positivo de competencias presentado por el Ejecutivo autonómico el 14 de febrero contra la decisión del Gobierno central sobre este asunto. 

Además, el Ejecutivo autonómico también reclama que se elimine la anotación preventiva que se ha realizado sobre el edificio de la Real Casa de Correos en el Inventario Estatal de Lugares de la Memoria.  

El Ejecutivo madrileño expone como argumentos la vulneración de las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico y el ataque a una institución de autogobierno, además de una falta de lealtad institucional por no haber comunicación previa a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Además, la Real Casa de Correos goza de la máxima protección como Bien de Interés Cultural. 

Además, considera que el edificio ya está completamente resignificado, ya que desde hace 49 años el primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, decidió que fuera sede del Gobierno autonómico. 

La Real Casa de Correos, en el transcurso de más de 250 años, ha sido oficina central de Correos, testigos de los hechos del 2 de mayo de 1808 y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar o la sede del Ministerio de Gobernación, incluso bajo el Gobierno del Frente Popular. Además, en la memoria de todos los madrileños y españoles se vincula, por ejemplo, con la celebración cada año de las Campanadas de Año Nuevo y con el Kilómetro 0 de las carreteras radiales. 

Invasión de competencias 

El Ejecutivo madrileño insiste en que la gestión de su patrimonio histórico corresponde a la Comunidad de Madrid. Por ello, considera que la declaración impuesta desde el Gobierno central es una invasión de competencias. 

Con esta medida, la Comunidad de Madrid reafirma su postura en defensa de la autonomía regional y la protección de su patrimonio. 

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El presidente valenciano no ha pisado ni una sola vez el balcón del Ayuntamiento de Valencia desde el 1 de marzo, no ha asistido a ninguna ‘mascletà’ y tampoco ha visitado la falla ganadora
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Imagen: El presidente de la Generalitat Carlos Mazón junto a la alcaldesa de Valencia María José Catalá y la fallera mayor Berta Peiró. MANUEL BRUQUE. EFE

El president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha aparecido por sorpresa en la noche de este miércoles en el Ayuntamiento de Valencia para presenciar la ‘Cremà’ con la que se pone fin a las Fallas de 2025. Esta ha sido la primera aparición pública del presidente valenciano desde que comenzaron las Fallas: no ha pisado ni una sola vez el balcón del Ayuntamiento de Valencia desde que se disparara el pasado 1 de marzo la primera ‘mascletà’, tampoco acudió a la ‘Cridà’ y no ha visitado ni una sola falla.

A Mazón solo se le ha visto vestido con el blusón y el pañuelo fallero cuando, a principios de la semana grande fallera, recibió en las dependencias del gobierno autonómico a representantes del mundo de la fiesta. “Está centrado en la reconstrucción”, dijo la secretaria general del PP Cuca Gamarra para justificar la ausencia tan notoria de Mazón de los actos públicos falleros. “Unas fallas de más trabajo”, se limitó a decir el propio valenciano preguntado ayer por los periodistas. Y, sobre las actividades que ha realizado, el popular ha contestado que han sido fuera de la capital valenciana: “Estuve trabajando en Alicante y este domingo estaré en el Ayuntamiento”.

A su llegada al edificio consistorial, el jefe del Consell ha sido recibido por la alcaldesa de la ciudad María José Català. Por la mañana, en la última ‘mascletà’ de las Fallas de este año, a la primera edil se le preguntó por la ausencia de Mazón en el balcón del Ayuntamiento durante las fiestas. “Está siempre invitado”, comentaba Catalá.

El intento de Mazón de estar presente de forma virtual en las Fallas no salió como esperaba. “Las fallas son el alma de nuestros barrios, inundan cada rincón de la ciudad con música y ambiente”, tuiteó Mazón en su cuenta de X el pasado día 17. La cascada de críticas al empleo precisamente del verbo ‘inundar’ cuando el recuerdo de la dana sigue estando muy presente, se sucedieron y finalmente tuvo que sustituirlo por ‘llenan’.

Mazón se alió con Vox para aprobar los Presupuestos

La presencia de Mazón, no anunciada en su agenda oficial, ha provocado las críticas de los partidos de la oposición. La portavoz del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento Papi Robles afeó, en un mensaje en redes, que Mazón “ha estado en busca y captura todas las Fallas y viene 40 minutos antes de la Cremà para a quitarle el protagonismo a la Fallera Mayor”. “No tiene vergüenza”, lamentó, mientras que el portavoz del PSPV Borja Sanjuán criticó que Mazón “no se ha atrevido a aparecer hasta que no lo ha podido hacer a escondidas, de noche y tras un perímetro policial”.

Mazón DIMISSIÓ. pic.twitter.com/KjWZJTLj62

— Borja Sanjuan Roca (@borsanro) March 19, 2025

Su aparición llega tras el anuncio de un preacuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2025, bloqueados desde hacía meses. Fue una declaración sin preguntas en la que cedió e hizo suyo el discurso de Vox con la inmigración ilegal, el Pacto Verde Europeo o la lengua valenciana.

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El Ejecutivo autonómico prepara la creación de un nuevo órgano consultor que permitiría reducir plazas para diversas actuaciones urbanísticas
The post Madrid creará una Aceleradora Urbanística para urbanizar más suelo first appeared on Hércules.  El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó ayer una publicación en el Portal de Transparencias institucional para la consulta pública del proyecto de un Decreto. Este consistirá en la creación de una Aceleradora Urbanística para activar la generación de más suelo para vivienda dentro del territorio madrileño.

El órgano de presunta creación será utilizado para agilizar la tramitación de e los instrumentos de ordenación urbanística y territorial, a partir de la centralización y seguimiento de los plazos de emisión de los informes sectoriales necesarios para su aprobación. Así, permitirá que se pueda realizar de manera conjunta la gestión de todos ellos.

Mediante esta nueva iniciativa la Comunidad de Madrid busca reducir los plazos para estas actuaciones, que en el contexto actual se consideran de especial relevancia. Serán prioritarias aquellas actuaciones con positiva incidencia territorial, económica, social o cultural.

Distintas actuaciones a acelerar

Entre estas actuaciones la CAM incluye actividades relevantes para el urbanismo en su conjunto como la implantación de redes públicas, así como el conjunto de los elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que se relacionan entre sí. También los planes estratégicos municipales de poblaciones de menos de 20.000 habitantes y los planes territoriales.

Consejería al cargo

Este nuevo órgano consulado pertenecerá a las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, encargada de las competencias urbanísticas a nivel regional. El consejero es Carlos Novillo.

Tendrá carácter interdepartamental, estará asistida por una unidad técnica coordinada por tres expertos de la Dirección General de Urbanismo y contará con un Área dotada de los recursos personales y presupuestarios necesarios. Además, se creará una aplicación informática destinada a la petición y recepción de los informes sectoriales.

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El presidente ruso ha aceptado una tregua de 30 días en lo que corresponde a materias e infraestructuras energéticas
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Imagen: el presidente de EE.UU., Donald Trump y Zelenski I Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, un día después de haber hablado con el mandatario ruso, Vladímir Putin, sobre la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania.

Durante la llamada, que se prolongó por una hora, Trump calificó el intercambio como “muy bueno” y aseguró que gran parte del diálogo estuvo centrado en su reciente conversación con Putin, tal como ha informado el ABC. Según el líder estadounidense, el objetivo era coordinar las posturas de Rusia y Ucrania en torno a sus respectivas exigencias y necesidades. Además, afirmó que el proceso “va por buen camino” y anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, ofrecerán una descripción detallada de los temas tratados en un comunicado que se publicará próximamente.

Primer contacto tras la expulsión de Zelenski de la Casa Blanca

Se trata del primer contacto directo entre ambos mandatarios desde que Trump expulsó a Zelenski de la Casa Blanca el pasado 28 de febrero, luego de que el líder ucraniano rechazara aceptar un alto el fuego que, hasta el momento, tampoco cuenta con la aprobación de Putin.

En su conversación con Trump del martes, Putin supuestamente se comprometió a no atacar infraestructuras civiles ni energéticas durante un período de 30 días. Sin embargo, el ucraniano cuestionó este compromiso y lo calificó de alejado de la realidad, luego de que Rusia lanzara 150 drones contra distintas regiones de Ucrania en las últimas horas.

Ataques tras la promesa de Putin

Pese a las declaraciones del Kremlin, Ucrania denunció que poco después de la llamada entre Trump y Putin, dos hospitales, una vía ferroviaria y más de 20 viviendas fueron bombardeadas. Estos ataques han alimentado el escepticismo en Kiev sobre la voluntad real de Moscú para alcanzar una tregua.

Zelenski expresó su inquietud por las condiciones que Rusia sigue imponiendo para un eventual acuerdo de paz y advirtió que su gobierno no aceptará ninguna propuesta que implique ceder territorios. Desde la Casa Blanca, sin embargo, se insistió en que la conversación entre Trump y Putin fue “el primer paso hacia la paz” y que Washington busca un cese de hostilidades en el mar Negro como parte de una solución más amplia al conflicto.

Persisten las exigencias de Moscú

A pesar de los contactos diplomáticos, Putin no ha mostrado intención de ceder en sus principales exigencias: la anexión de los territorios ocupados, el fin del apoyo militar de Occidente a Ucrania y la renuncia de Kiev a integrarse en la OTAN.

Por otro lado, Moscú acusó a Ucrania de haber atacado una planta energética en la región de Krasnodar, cerca de Crimea, causando incendios y daños en una infraestructura clave para la exportación de petróleo. Según el Kremlin, esta acción demuestra que Kiev intenta “boicotear los esfuerzos de Trump por poner fin al conflicto”.

Ahora, el presidente estadounidense enfrenta presiones tanto de Rusia como de Ucrania para definir su postura sobre el futuro de la guerra, en un contexto en el que sus aliados europeos advierten que cualquier alto el fuego debe evitar concesiones favorables a Moscú.

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El fallo del jurado supone un tremendo golpe financiero a la asociación ecologista, que ya había advertido que, en caso de perder el juicio, sus filiales estadounidenses se verían abocadas a la bancarrota
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Fotografía de archivo de miembros de la tribu sioux de la reserva Standing Rock manifestándose en contra de la construcción del oleoducto Dakota Access en 2017 (EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo

Un jurado popular en Dakota del Norte (Estados Unidos) ha declarado a Greenpeace responsable por difamación, allanamiento, molestias y conspiración civil y deberá pagar una multa millonaria a la compañía Energy Transfer por las protestas que tuvieron lugar hace casi una década contra la construcción de un oleoducto cerca de la reserva de la tribu sioux de Standing Rock.

Energy Transfer Partners, una empresa de petróleo y gas con sede en Dallas con un valor de casi 70.000 millones de dólares y presidida por uno de los principales donantes de Donald Trump, había demandado a Greenpeace por difamación y por orquestar un “comportamiento criminal” de los manifestantes contra el oleoducto. A cambio, reclamaba 300 millones de euros. Ahora, el jurado ha condenado a Greenpeace Internacional, Greenpeace USA y Greenpeace Fund a pagar más de 660 millones de dólares (605 millones de euros) de indemnización a Energy Transfer y su filial Dakota Access.

El fallo supondrá un antes y un después en las filiales estadounidenses de Greenpeace. La organización ecologista ya había expresado su preocupación ante el riesgo de perder el juicio, pues podría llevar a la quiebra de sus actividades en Estados Unidos. Incluso cuando se manejaba la cifra de 300 millones en la demanda, que finalmente se ha visto superada. La organización prevé recurrir el fallo.

La consejera general de Greenpeace Internacional Kristin Casper reivindicó en un comunicado que “la lucha contra las grandes petroleras no ha terminado”. Por su parte, diversas ONG y profesionales temen que el impacto de la demanda pueda afectar negativamente a las protestas sociales y el activismo.

“Lo que hemos visto durante estas tres semanas de juicio ha sido el descarado desprecio de Energy Transfer por las voces de la tribu sioux de Standing Rock [afectado por el oleoducto]. Y aunque también han intentado distorsionar la verdad sobre el papel de Greenpeace en las protestas, nosotros reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la no violencia en cada acción que tomamos”, ha dicho Deepa Padmanabha, asesora jurídica principal de Greenpeace.

Greenpeace intentó trasladar el juicio

La compañía acusó a Greenpeace de pagar a manifestantes para que interrumpieran la construcción del oleoducto de forma ilegal y de difundir falsedades sobre el controvertido proyecto, situado cerca de la reserva india de Standing Rock. El proyecto comenzó en 2016 y se completó al año siguiente y transporta aproximadamente el 40% del petróleo producido en la región de Bakken, en Dakota del Norte, rica en hidrocarburos. El oleoducto atraviesa varios Estados y transporta alrededor del 5% de la producción diaria de petróleo de Estados Unidos.

La preocupación sobre la posibilidad de encontrar un jurado imparcial centró el caso incluso antes de que comenzara, dadas las inclinaciones políticas conservadoras de la localidad de Mandan, en Dakota del Norte, y la posición contraria hacia las protestas de los residentes locales. De hecho, más de la mitad de los seleccionados del jurado tenían vínculos con el negocio de los combustibles y opiniones negativas hacia las protestas.

Greenpeace intentó trasladar el juicio a otro condado de Dakota del Norte en varias ocasiones, pero sus peticiones fueron rechazadas por el tribunal del condado de Morton y la corte suprema de Dakota del Norte. 

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Los compañeros de la educadora social insisten en la necesidad de reformar la Ley del Menor para rebajar la edad penal, argumentando que los adolescentes de 16 años son conscientes de sus actos
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Imagen: La educadora asesinada en Badajoz denunció a uno de los menores, según sus compañeros. José Luis Real. Agencia EFE

Hace poco más de una semana, tres jóvenes de 14, 15 y 17 años asesinaron a Belén Cortés, una educadora social de 35 años, en Badajoz. Tras detenerlos, el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad acordó el ingreso de los menores en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Menores Marcelo Nessi, como presuntos autores de homicidio, robo con violencia y delito contra la seguridad.

Los dos varones y la mujer serán investigados por un juzgado de menores. Por eso, evitarán la cárcel. El crimen ha puesto el foco precisamente en esta cuestión. Los educadores sociales reclaman una actualización de la Ley del Menor, que data del año 2000 y que establece la responsabilidad penal de los jóvenes, y reivindican rebajar la edad penal, ya que, según argumentan, los adolescentes de 16 años son plenamente conscientes de sus actos.

Las peticiones vienen porque los tres menores serán juzgados con la Ley del Menor, oficialmente conocida como Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores y que establece en su artículo 1 que “se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”.

La ley vela por el interés del menor sin tener en cuenta el delito

Según fuentes jurídicas consultadas por Hércules Diario, si un menor entre los 14 y los 18 años comete un delito “será juzgado bajo los cauces de la Ley del Menor, que vela mucho por su interés”. El abogado destaca que hay que diferenciar entre “penas” y “medidas”, y a los menores se les impone estas últimas cuando tienen más de 14 años. En caso de tener menos edad, se le deriva al sistema de protección de menores. En este sentido, señala además que la investigación del delito cometido “la realiza el Ministerio Fiscal y no un juez de instrucción”, por lo que “el fiscal velará por el interés del menor y llevará a cabo una investigación sesgada”.

Las medidas que se le pueden imponer a un menor están enfocadas en trabajos sociales, medidas educativas o de vigilancia o, en caso de que el delito sea más grave, internamiento en un centro. “En ningún caso prisión”, sentencia el abogado. Así, explica que, si son delitos de menor entidad como vandalismo o robo, estas medidas “pueden tener sentido”. Pero, en el caso de delitos graves, como puede ser un asesinato, “el reproche penal de la Ley del Menor es insuficiente para la gravedad de los hechos cometidos”, señala el abogado.

Las penas que podrían aplicar son las siguientes para los asesinatos de Cortés. Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada hasta tres años. En cambio, si el menor tuviere dieciséis o diecisiete años, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años.

La ley del Menor también recoge que, al cumplir los 18 años, las medidas aplicadas al menor siguen vigentes, ya que se aplica siempre la pena más beneficiosa para el reo. Es decir, si un menor de 17 años comete un asesinato, será internado en un centro de menores el tiempo que estime el juez, incluso cuando haya cumplido y superado los 18 años.

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