Crónica Diaria

Durante su participación en la manifestación del 1 de mayo en Toledo, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha subrayado la necesidad urgente de «una gestión energética pública»
The post Sumar amenaza con nacionalizar a las eléctricas first appeared on Hércules.  El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado del grupo Sumar, Enrique Santiago, ha exigido este miércoles que Red Eléctrica Española pase a estar bajo control público al 100%, como medida clave para garantizar inversiones estratégicas y evitar episodios de inestabilidad como el reciente apagón eléctrico que afectó a España y Portugal.

Durante su participación en la manifestación del 1 de mayo en Toledo, Santiago ha subrayado la necesidad urgente de “una gestión energética pública”, y ha advertido que el afán de lucro de las empresas privadas no puede estar por encima de la seguridad del sistema eléctrico ni comprometer el nivel de inversiones necesarias.

Comisión parlamentaria de investigación en camino

En relación con las responsabilidades por el corte eléctrico, Santiago ha avanzado que “está a punto de aprobarse una comisión de investigación en el Congreso”, que podría debatirse la próxima semana. “Lo primero ahora es investigar a fondo qué ha ocurrido y, con los datos sobre la mesa, tomar decisiones para que no vuelva a suceder”, ha declarado.

En este sentido, ha insistido en que la única vía fiable para evitar nuevas crisis energéticas es avanzar hacia un control público estricto del sector eléctrico. “Las compañías del sector tienen que responder a intereses públicos, no a intereses privados”, ha recalcado.

Santiago también ha lanzado una crítica directa a las eléctricas, apuntando que si se demuestra que el apagón fue consecuencia de una falta de inversión o de negligencia por parte de operadores privados, será necesario depurar responsabilidades.

Además, ha exigido mayor transparencia en el sector. “Si las compañías no están dispuestas a compartir la información necesaria, deberán ser los poderes públicos quienes la obtengan y controlen, para proteger el interés general y evitar nuevas crisis”, ha sentenciado.

Por último, el portavoz de IU ha enmarcado su propuesta dentro de una visión más amplia de soberanía energética y multilateralismo cooperativo, que, según él, debería contrarrestar dinámicas de confrontación como “la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump”.

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La Moncloa exige acceso a los datos técnicos y desconfía de Red Eléctrica tras días sin explicaciones concluyentes sobre la caída del sistema
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Sede de Iberdrola (Bilbao) // Iberdrola

El gran apagón que dejó a buena parte de España sin luz durante horas ha desatado no solo una crisis energética, sino una crisis de confianza dentro del Gobierno. La Moncloa ha decidido tomar el control de la investigación y ha enviado agentes del CNI y técnicos de varios ministerios a las sedes de las principales eléctricas para acceder directamente a sus sistemas y registros. El objetivo es claro: reconstruir con exactitud qué ocurrió antes, durante y después del colapso de la red.

Sánchez exige transparencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha ocultado su enfado por la falta de información técnica precisa tras el apagón del lunes. En varias comparecencias públicas, ha insistido en que el Ejecutivo necesita acceder a los datos reales —no solo interpretaciones— para esclarecer los hechos. “Información no son datos”, ha sido el mantra repetido en el seno del Ejecutivo, que asegura haber recibido explicaciones insuficientes por parte de Red Eléctrica.

Aunque el martes se esperaba una intervención de Sánchez tras el Consejo de Ministros, esta fue retrasada por las declaraciones del director de Operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, quien sorprendió a La Moncloa al descartar un ciberataque sin consultar antes al Ejecutivo. “Nos enteramos por los medios”, lamentan fuentes del Gobierno. Ese gesto marcó un punto de inflexión.

El Gobierno se lanza a por la “caja negra” del sistema

El Ejecutivo ha decidido actuar como si de un accidente aéreo se tratase: quiere la caja negra de las eléctricas. Es decir, un acceso exhaustivo y directo a todos los registros del sistema eléctrico. No solo los cinco segundos en que España se quedó a oscuras, sino también los indicios previos —que ya presentaban “anomalías muy fuertes”— y el proceso de recuperación.

El despliegue incluirá personal de Interior, Defensa (CNI) y del Ministerio de Transformación Digital. Aunque desde el Ejecutivo se asegura que existe una colaboración “constructiva” con las compañías, también se subraya que se trata de una medida excepcional motivada por la opacidad y la falta de coordinación detectadas durante la crisis.

El malestar con Red Eléctrica no es nuevo. Durante cinco años se han multiplicado los avisos técnicos sobre el riesgo de colapso del sistema por la entrada masiva de renovables sin suficiente respaldo estable. Sin embargo, estos alertas no fueron tomados en cuenta ni por el Gobierno ni por Redeia, la empresa matriz presidida por Beatriz Corredor, que en ningún momento ha sido públicamente señalada ni cuestionada por el Ejecutivo, pese a las crecientes críticas.

Como parte del giro de estrategia, el Gobierno ha activado una comisión de investigación, presidida por la vicepresidenta Sara Aagesen, que lidera también la interlocución con las compañías energéticas. El objetivo oficial es realizar una auditoría completa del sistema eléctrico, desde su diseño hasta la respuesta durante el apagón.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que las empresas tienen intereses privados, mientras que el Gobierno vela por el interés general. Por eso, aunque no se cuestiona aún la labor de Corredor, se advierte a las eléctricas de que “se exigirán responsabilidades si procede”. La presión es evidente.

Aunque tras la reunión convocada en La Moncloa el martes se rebajó el tono oficial, el clima sigue siendo de alta tensión. En privado, el Gobierno reconoce que formalmente no tiene acceso directo a los datos técnicos, por lo que recurre a la “presión administrativa y política” para forzar su entrega.

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Seis consejeros vinculados al PSOE ocupan puestos clave en Red Eléctrica con sueldos de hasta 191.000 euros y sin formación energética
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Sede de Redeia en Tres Cantos (Madrid) // Redeia

El consejo de administración de Red Eléctrica de España, la empresa encargada de gestionar el sistema eléctrico nacional, está controlado en buena parte por perfiles vinculados al Partido Socialista, colocados directamente por el Ejecutivo. De los miembros actuales, seis tienen conexiones directas con el PSOE y han llegado al cargo sin experiencia específica en el sector energético, una situación que genera dudas sobre la independencia y competencia técnica en la toma de decisiones estratégicas.

Estos nombramientos se han producido en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el operador eléctrico, al que el propio Pedro Sánchez ha calificado recientemente como “operador privado” en plena crisis por el apagón nacional. Sin embargo, la composición de su cúpula directiva refleja una influencia política directa y prolongada del socialismo desde los tiempos de Felipe González hasta la actual presidencia de Sánchez.

Beatriz Corredor, la presidenta que no dimite

La figura más conocida de esta red es Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica desde 2020, renovada en el cargo en 2024. Registradora de la propiedad y jurista de formación, Corredor milita en el PSOE desde 2003. Fue concejala en Madrid y ministra de Vivienda durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras un periodo fuera de la política, Pedro Sánchez la reincorporó en 2019 como diputada y poco después la colocó al frente de la empresa pública.

Corredor percibe un salario anual de 564.000 euros, cifra muy por encima de lo que perciben altos cargos del Ejecutivo, incluido el presidente del Gobierno. Pese a las presiones por el reciente apagón y las críticas a su gestión, ha declarado públicamente que no piensa dimitir.

Consejeros con trayectoria política en el PSOE

Entre los demás miembros del consejo vinculados al PSOE, la mayoría carece de formación energética y han sido promovidos por gobiernos socialistas para cargos de confianza:

• Ricardo García Herrera, antiguo director de la AEMET con Zapatero, entró en Red Eléctrica con el argumento de su defensa del cambio climático, aunque su perfil profesional se centra en salud pública.
• Esther María Rituerto, con una larga trayectoria en empresas públicas dependientes de la SEPI, ha representado al Gobierno en múltiples consejos de administración, incluida la Agencia EFE, sin especialización en energía.
• Marcos Vaquer Caballería, jurista y experto en urbanismo y vivienda, fue subsecretario de Vivienda y presidente del SEPES. Su carrera se ha desarrollado casi exclusivamente en el sector público.
• Elisenda Malaret, exdiputada del PSC, ha ocupado cargos en el Consell de l’Audiovisual de Catalunya y participa hoy en la Comisión de Sostenibilidad de Red Eléctrica, sin experiencia directa en el sector energético.
• José Juan Ruiz, economista con trayectoria en gobiernos del PSOE desde los años 80, asesora actualmente a la vicepresidenta económica y forma parte del consejo pese a su vinculación con las políticas del Ejecutivo.

Altos sueldos, escasa transparencia

Los salarios de estos consejeros oscilan entre 175.000 y 191.000 euros anuales, a pesar de su escasa visibilidad pública y su limitada formación técnica en materia energética. Ninguno de ellos ha sido designado por concurso público ni por méritos profesionales relevantes en el sector, sino por afinidades políticas.

El propio Gobierno admite ahora, tras el colapso eléctrico, que no tiene acceso directo a los datos técnicos de Red Eléctrica, pese a tener colocados en su cúpula a múltiples personas de confianza. La paradoja no ha pasado desapercibida ni para la oposición ni para los analistas del sector.

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El apagón ibérico protagoniza el cara a cara entre el primer ministro portugués y el socialista Pedro Nuno Santos, a menos de tres semanas de las elecciones
The post Montenegro saca pecho de la autonomía energética portuguesa frente a España first appeared on Hércules.  El principal debate electoral en Portugal, entre el primer ministro Luís Montenegro y el socialista Pedro Nuno Santos, no comenzó con preguntas sobre economía o sanidad, sino con un tema que eclipsó todo lo demás: el apagón masivo que dejó sin luz a la península Ibérica el lunes pasado. La cita, inicialmente prevista para ese mismo día, tuvo que ser aplazada hasta el miércoles por la falta de suministro eléctrico.

Desde el primer minuto, Montenegro trató de convertir la crisis energética en una oportunidad política, subrayando la capacidad de Portugal para responder con autonomía frente al caos vivido en España. “Portugal mostró autonomía en resolver el apagón”, afirmó. “España, en cambio, necesitó la ayuda de Francia y Marruecos“, sentenció el primer ministro en horario de máxima audiencia.

Críticas a la gestión de Montenegro

El líder socialista Pedro Nuno Santos no dejó pasar la ocasión para atacar duramente la gestión del Gobierno conservador durante el apagón. Aunque reconoció que el Ejecutivo no es responsable del origen del fallo eléctrico, sí acusó a Montenegro de fallar en lo que sí dependía de él: comunicación y coordinación. “El Gobierno falló. Los alcaldes se sintieron abandonados”, denunció.

Montenegro defendió su actuación: primero se centraron en resolver técnicamente el problema, después en garantizar servicios esenciales y, por último, en la comunicación con la población. “Tuvimos cero muertes. Respondimos con fuerza y eficacia”, aseguró, aunque admitió que habló al país a las 15:00 horas. Como comparación, recordó que en España el presidente Pedro Sánchez retrasó su mensaje hasta las 18:00 horas.

REN corta el flujo con España

Mientras los candidatos discutían, la compañía Redes Energéticas Nacionais (REN) anunció que se había detenido “por precaución” el intercambio energético entre Portugal y España. Esta medida ilustra la gravedad del apagón, cuyas causas apuntan, según fuentes técnicas, a un posible exceso de energías renovables no gestionado correctamente.

En el ámbito económico, la interrupción del flujo energético con España añade incertidumbre a una red ya tensa. El Parlamento Europeo, de hecho, debatirá la próxima semana las lecciones del apagón, en una sesión que pondrá bajo lupa la vulnerabilidad energética de la Península Ibérica.

Oportunidad perdida de comunicación

Pedro Nuno Santos lamentó que el Ejecutivo no aprovechara la ventana inicial para informar a los ciudadanos mientras aún había cobertura móvil. “Si yo fuera primer ministro, lo primero que habría hecho sería coordinar el sistema de seguridad interior”, aseguró. Añadió que habría enviado un SMS a todos los portugueses indicando que las emisiones por radio serían cada hora, como sistema de emergencia.

Santos enumeró los errores del Gobierno: el SMS llegó a las 17:15, la alerta naranja se activó a las 19:30 y la red prioritaria de gasolineras se habilitó a las 20:30. “No se puede decir que las cosas hayan ido bien”, concluyó el líder socialista.

Con las elecciones anticipadas fijadas para el 18 de mayo, el apagón se ha convertido en un eje central de la campaña. Este mismo miércoles, el Parlamento portugués celebró un debate de urgencia para analizar la actuación del Ejecutivo de Montenegro, a pesar de que la Asamblea está disuelta.

Para Montenegro, la crisis energética le ha servido para marcar distancias con España y exhibir su gestión como un ejemplo de respuesta eficaz. Para Santos, ha sido una oportunidad para denunciar la falta de preparación del Gobierno ante emergencias.

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