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Conversaciones filtradas revelan presunta financiación irregular del PSOE con comisiones a través de Santos Cerdán y ex altos cargos.
The post Caja B y comisiones: el PSOE en la mira first appeared on Hércules. Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE y hasta hace poco una figura clave en el núcleo de confianza de Pedro Sánchez, ha ingresado en la prisión de Soto del Real. Lo hace tras ser imputado por corrupción, más concretamente por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal, de acuerdo con el juez del Supremo Leopoldo Puente. El magistrado considera que su papel fue decisivo dentro de la red corrupta, superando incluso el de otros acusados como Koldo García Izaguirre y el exministro José Luis Ábalos.
Según detalla el magistrado instructor, Cerdán habría actuado como intermediario entre empresas beneficiadas y la cúpula política encargada de adjudicar contratos públicos. Las compañías, entre ellas Acciona, obtenían licitaciones mediante consorcios o UTE junto a firmas más pequeñas, a cambio de comisiones ilegales. El valor total de los contratos implicados se estima en más de 537 millones de euros, lo que convierte a este caso en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción PSOE de las últimas décadas.
Los documentos y escuchas recabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sustentan la versión del Supremo: era Cerdán quien cobraba y luego repartía las comisiones o “premios económicos” derivados de las adjudicaciones. En ese esquema, tanto Ábalos como García habrían recibido en torno a 550.000 euros, con otros 450.000 euros aún comprometidos pero no entregados.
El informe del Supremo añade que las sumas adjudicadas a los tres implicados apenas representan un porcentaje mínimo (menos del 1%) respecto al volumen total del dinero manejado, lo que sugiere la existencia de otros beneficiarios no identificados. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de una red más amplia de corrupción, donde tanto personas físicas como jurídicas estarían implicadas.
El propio auto judicial plantea que el supuesto “botín real” podría superar los 5 millones de euros, lo cual apuntaría a una estructura más ramificada dentro de los círculos del poder socialista. Una “banda del Peugeot”, como ya se la comienza a denominar por los medios.
Uno de los aspectos más graves señalados por la UCO es la posible financiación ilegal del PSOE. En varias conversaciones intervenidas, empresarios adjudicatarios reconocen haber pagado “lo acordado por el partido”. Esta frase, interpretada por los agentes como indicio clave, revela que no todos los pagos se destinaban a individuos concretos, sino que algunos fondos podrían haber engrosado una “caja B PSOE” para gastos no declarados.
Expresiones como “esto no es para nosotros, es para el partido”, escuchadas en grabaciones, refuerzan esa línea investigativa. La Guardia Civil plantea así la existencia de un mecanismo de financiación paralela, completamente al margen del sistema contable legal, lo que agravaría aún más el impacto político del escándalo.
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Jueces y fiscales inician huelga contra las reformas judiciales del Gobierno por su impacto en la independencia del Poder Judicial
The post Huelga de jueces y fiscales: pulso por la independencia first appeared on Hércules. La huelga de jueces y fiscales arranca este martes en toda España, marcada por una amplia movilización de la mayoría de asociaciones profesionales del sector. El paro, que se extenderá durante los días 1, 2 y 3 de julio, se convierte en el mayor pulso al Ministerio de Justicia desde 2018. Las organizaciones convocantes denuncian que las reformas impulsadas por el Gobierno atentan contra la independencia judicial, mientras el ministro Félix Bolaños se mantiene firme en su defensa del plan de modernización.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y las asociaciones de fiscales AF y APIF lideran la protesta. Solo dos entidades se han desmarcado: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
El malestar comenzó con un paro simbólico de diez minutos el pasado 11 de junio, seguido de una concentración ante el Tribunal Supremo. El 17 de junio, las asociaciones dieron el paso definitivo y convocaron una huelga de tres días, advirtiendo que la desconvocarían si el Ejecutivo retiraba su paquete legislativo. No hubo marcha atrás.
Desde el Ministerio de Justicia, Bolaños ha insistido en que los cambios son “imprescindibles para afrontar los desafíos de la Justicia del siglo XXI”. En una carta enviada a las asociaciones, el ministro defiende que las estructuras judiciales “no se han modificado en lo sustancial desde hace décadas” y asegura que se abrirá un canal de participación durante la tramitación parlamentaria.
Pese a la invitación al diálogo, las asociaciones han interpretado el gesto como un “brindis al sol”, afirmando que no se ha demostrado voluntad real de rectificación. Las reuniones con diputados socialistas no lograron revertir la convocatoria.
El núcleo de la protesta gira en torno al riesgo de “selección ideológica” en el acceso a las carreras judicial y fiscal. Las asociaciones denuncian que la nueva normativa reduce la exigencia académica y elimina contenidos clave para la formación jurídica, sustituyéndolos por pruebas más subjetivas y vulnerables a posibles filtraciones.
En paralelo, rechazan la transformación de la figura del fiscal instructor sin suficientes contrapesos institucionales. El aumento de competencias del fiscal general del Estado, nombrado directamente por el Gobierno, genera especial preocupación por la falta de filtros previos y la amenaza al principio de imparcialidad.
La convocatoria no ha estado exenta de controversia interna. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebró un pleno extraordinario donde concluyó, por unanimidad, que la huelga carece de soporte legal, dado que no existe regulación específica que ampare el ejercicio de este derecho en la carrera judicial.
Pese a ello, el CGPJ no impondrá sanciones a quienes participen en el paro. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recordó que el Ministerio Fiscal tampoco tiene competencia para fijar servicios mínimos, aunque pidió garantizar actuaciones esenciales para no afectar derechos de los ciudadanos.
Las asociaciones convocantes respondieron apelando al artículo 28.2 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de huelga como un derecho fundamental. Alegan que la falta de normativa específica no puede utilizarse para restringir su ejercicio.
Además, han advertido que cualquier intento de obstaculizar o coaccionar la participación puede constituir una infracción muy grave. Ante la falta de fijación oficial, el Comité de Huelga ha establecido servicios mínimos para asegurar la atención a los asuntos urgentes.
El Ministerio de Justicia ha solicitado al CGPJ que habilite mecanismos para detraer el salario correspondiente a los días no trabajados durante la huelga, como ya ocurrió en 2018. En aquel entonces, hubo litigios por errores en las detracciones salariales.
Desde las asociaciones se asume el coste económico de la protesta. Aseguran que el sacrificio es necesario ante lo que consideran “el retroceso más grave del Poder Judicial en los últimos 40 años”.
El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva Parrilla, ha sido uno de los más contundentes. En declaraciones remitidas a los medios, denuncia que las reformas atentan contra “el derecho ciudadano a una justicia independiente e imparcial del poder político”.
Según Oliva, la normativa favorece accesos arbitrarios a la judicatura, refuerza el poder del fiscal general del Estado, restringe la participación democrática en las salas de gobierno e inicia un proceso de estabilización que contraviene los principios de mérito y capacidad consagrados por la Constitución.
“Todos queremos una justicia moderna y europea, pero esta ley pretende lo contrario”, sentencia el portavoz.
Las asociaciones ya han anticipado que, una vez concluidos los tres días de huelga, se realizará una evaluación conjunta sobre la respuesta institucional y el estado parlamentario de las reformas. En función de ese análisis, se decidirá si se amplían las movilizaciones y en qué momento.
Este paro es el sexto protagonizado por el sector judicial desde 2009. A Bolaños le preceden ministros de ambos partidos: Fernández Bermejo, Caamaño, Ruiz-Gallardón, Catalá y Dolores Delgado también enfrentaron huelgas similares.
La huelga de jueces y fiscales se perfila como un punto de inflexión en la pugna por el modelo de justicia en España. La cuestión no es únicamente legal o institucional, sino profundamente política: ¿puede el sistema judicial conservar su independencia en medio de reformas que alteran las bases del acceso y funcionamiento de la carrera? Las próximas semanas, y sobre todo el desarrollo parlamentario, darán respuesta.
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A sus hijas políticas les tiene vetada la que usó ella, sus hermanas, hijas y sobrinas.
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Las madres de los novios, la reina Ana María de Grecia y María Clara Pesantes, se tiñeron de verde porcelana Wedgwood.
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Descubre cómo Irán ha construido la mayor fuerza de misiles de Oriente Medio en 40 años, redefiniendo su estrategia defensiva y ofensiva
The post Irán: 40 años de poder misilístico y disuasión estratégica first appeared on Hércules.
Durante más de cuatro décadas, Irán ha diseñado meticulosamente una arquitectura de disuasión que le ha permitido redefinir su poder militar frente a rivales regionales e internacionales. En lugar de competir directamente con Estados Unidos o Israel en capacidades convencionales, optó por un enfoque asimétrico: construir la mayor y más versátil fuerza de misiles balísticos de Asia Occidental. Lo que empezó como una necesidad desesperada durante la guerra con Irak se ha transformado en una doctrina nacional, un eje de su estrategia defensiva y ofensiva.
La guerra Irán-Irak (1980-1988) fue el punto de inflexión. A medida que Bagdad bombardeaba ciudades iraníes con misiles Scud-B, la República Islámica no contaba con una capacidad de respuesta equivalente. Sin acceso a armamento avanzado debido al aislamiento internacional, Irán recurrió a aliados ideológicos y oportunistas: Siria, Libia y Corea del Norte. Con estos misiles de segunda mano comenzó a esbozar lo que más tarde sería una red robusta de producción, mantenimiento y despliegue balístico.
Pero más que un simple recurso táctico, estos misiles representaban dignidad nacional. Los líderes iraníes también comprendieron que sin una capacidad creíble de represalia, su soberanía estaría siempre bajo amenaza. Así nació la idea de que los misiles serían el núcleo de una futura doctrina de defensa nacional.
El aprendizaje comenzó con la ingeniería inversa. Irán construía redes de contrabando, aprovechaba la diáspora técnica y fortalecía sus alianzas con Pyongyang. Corea del Norte fue vital: proporcionó tanto misiles como conocimientos, convirtiéndose en el puente entre la tecnología soviética y la innovación iraní.
En paralelo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) tomó el control del programa misilístico. El CGRI no solo desplegó misiles, también moldeó la narrativa estratégica, vinculándolos con la resistencia islámica y la autonomía tecnológica.
Una figura clave fue el general Hassan Tehrani Moghaddam, considerado el padre del programa de misiles iraní. Bajo su liderazgo nacieron los misiles Shahab, Gadr y posteriormente el Sejjil, con más de 2.000 km de alcance, capaz de alcanzar Israel, Arabia Saudita y bases estadounidenses.
El cambio más profundo fue el uso de combustible sólido, que permitió lanzar misiles con mayor rapidez y seguridad. Moghaddam también impulsó la descentralización de la producción, creando fábricas distribuidas, conectadas con universidades y centros de investigación.
Su legado no era solo un arsenal; era una doctrina: combinación de disuasión estratégica, innovación constante y soberanía tecnológica.
En la década de 2010, Irán se enfocó en la precisión. El CGRI y el Ministerio de Defensa invirtieron en sistemas de guiado con navegación inercial, GPS local y capacidades anti-interferencia. Como resultado, los misiles iraníes se convirtieron en armas quirúrgicas.
Los Fateh-313, Zolfaghar y Qiam son ejemplos de esta nueva generación. Irán también desarrolló misiles de crucero como el Soumar y el Hoveizeh, capaces de evadir radares.
En 2017, Irán usó seis misiles contra posiciones del Estado Islámico en Siria. En 2020, tras el asesinato del general Qassem Soleimani, Irán lanzó un ataque de represalia contra la base de Ain al-Asad, demostrando su precisión milimétrica.
Desde 2020, Irán entró en una nueva fase: la disuasión en red. Los misiles fueron integrados con drones kamikaze, guerra electrónica, inteligencia artificial y comando descentralizado.
Los drones Mohajer, Shahed y Karrar complementan los misiles, actuando como exploradores o ejecutores. En la operación “Promesa Verdadera III”, Irán lanzó oleadas combinadas de misiles y drones, saturando sistemas de defensa antiaérea.
Los analistas hablan de disuasión ofensiva: la capacidad no solo de responder, sino de anticipar y neutralizar amenazas con ataques de alta precisión.
Irán ha construido una extensa red de silos subterráneos, rampas móviles, lanzadores ocultos y hangares camuflados. Se calcula que existen decenas de instalaciones estratégicas, muchas automatizadas y protegidas.
El país ha diseñado sistemas modulares y transportadores móviles. Esta movilidad complica los intentos de inteligencia enemiga y convierte cualquier ofensiva en un riesgo incierto. La red es redundante, descentralizada y resiliente.
El programa de misiles balísticos está vinculado a la soberanía nacional. Para Teherán, cada misil es un símbolo de resistencia y autonomía frente a la hegemonía extranjera.
Aunque Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, muchos temen que sus capacidades balísticas puedan combinarse con conocimiento nuclear. Esto genera una forma de disuasión implícita.
La política de ambigüedad estratégica ha sido efectiva. Irán evita una declaración nuclear abierta, pero ha construido una disuasión convencional creíble que mantiene abiertas todas las opciones.
Irán ha transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Su programa de misiles, nacido bajo asedio, le permite influir en el equilibrio de poder regional.
Frente a potencias que invierten en portaaviones y cazas invisibles, Irán ha apostado por eficacia, adaptabilidad e invisibilidad operativa. Ha demostrado que el poder también se mide en visión estratégica y resiliencia.
El misil iraní ya no es solo un proyectil. Es una herramienta diplomática, una declaración política y una advertencia. En un mundo incierto, es también un recordatorio de que la tecnología autóctona y la determinación nacional siguen siendo formas efectivas de poder.
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El Congreso impulsa una ley para enfrentar al Tren de Aragua, pandilla internacional que opera en EE. UU. con redes de crimen, armas y tráfico humano.
The post EE. UU. lanza ofensiva legal contra el Tren de Aragua first appeared on Hércules.
Erradicar organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua va mucho más allá de simples arrestos. Así lo plantea un nuevo proyecto de ley propuesto por el congresista Brad Knott, republicano por Carolina del Norte, quien impulsa un plan nacional para exponer las tácticas, financiamiento y expansión de esta pandilla venezolana con presencia creciente en Estados Unidos.
La Ley de Evaluación de Amenazas a la Seguridad Fronteriza del Tren de Aragua (Resolución 4070 de la Cámara) exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a otras agencias federales elaborar un informe en seis meses. Este estudio debe revelar la estructura operativa de la banda, su liderazgo y los métodos que utilizan para expandirse por el país. La legislación ya fue aprobada por el Comité de Seguridad y Aplicación de la Frontera y se espera su votación oral en los próximos días.
“Estamos a favor de los inmigrantes legales que contribuyen al país”, declaró Knott, exfiscal federal. “Pero todas las demás categorías deben ser eliminadas. No deberían poder ingresar desde el principio”.
Hasta ahora, la propuesta ha reunido el apoyo de 23 republicanos, pero ningún demócrata se ha sumado como copatrocinador.
Knott subraya que arrestar a un delincuente con un AR-15 o AK-47 en una calle de Colorado es necesario, pero insuficiente. “Debemos atacar la raíz del problema, no solo la superficie”, dijo. “Y si eliminamos la raíz, todo el sistema colapsa”.
La legislación busca entender cómo opera el Tren de Aragua dentro de EE. UU., para luego diseñar un plan táctico coordinado que involucre a fuerzas del orden de los 50 estados. “Arrestar al traficante o al que porta un arma es parte del proceso. Pero si no abordamos la red completa, nunca terminaremos con esta amenaza”, advirtió Knott.
Aunque las cifras varían, Knott afirma que la pandilla ya está activa en al menos 20 a 25 estados, aunque cree que probablemente esté presente en casi todos. “Sería ingenuo pensar que no están operando en 45 o 50 estados”, añadió. En Carolina del Norte, se ha detectado un incremento de arrestos vinculados a crímenes de drogas, armas y tráfico de personas ligados al Tren de Aragua.
Originalmente formada en Venezuela, el Tren de Aragua ha extendido sus operaciones a países como Chile, Perú, Bolivia, Brasil y México, consolidándose como una amenaza regional con conexiones directas en EE. UU. y Canadá.
Según Knott, su capacidad de infiltración es alarmante. “Utilizan canales que parecen benignos para luego infiltrar comunidades con violencia, drogas y destrucción“, dijo. “Los mejores criminales son los que no ves hasta que ya es demasiado tarde”.
La propuesta legislativa llega en medio de crecientes preocupaciones sobre posibles infiltraciones de inmigrantes provenientes del Medio Oriente. Aunque los informes varían, Knott no descarta ninguna amenaza. “¿Vamos a esperar a confirmar que están aquí para hacernos daño? No podemos permitirlo. Hay que adelantarse a los riesgos”, subrayó.
Como muchos de sus colegas republicanos, Knott responsabiliza a la administración Biden-Harris de crear las condiciones que han permitido esta situación. Estima que hay 20 millones de inmigrantes ilegales en el país actualmente.
“Esta política fronteriza fue explotada activamente por adversarios de todo el mundo”, afirmó. “Irán, China y, por supuesto, el Tren de Aragua aprovecharon esa debilidad”.
Knott advirtió que esta situación representa una “herida mortal para el país” si no se corrige. Su propuesta busca encender las alarmas y movilizar una respuesta federal coordinada para identificar, interrumpir y desarticular las redes criminales del Tren de Aragua.
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Miles de pasajeros atrapados en los trenes por una avería eléctrica, sin aire, sin comida y sin explicaciones claras: una imagen que retrata la debilidad del sistema
The post Caos ferroviario en pleno verano: el AVE entre Madrid y Andalucía colapsa por horas sin respuesta efectiva del Gobierno first appeared on Hércules. La tarde del 1 de julio de 2025 quedará grabada en la memoria de miles de usuarios del tren de alta velocidad como un episodio más de la ya crónica ineficiencia de las infraestructuras públicas. Una avería en la catenaria entre Yeles y La Sagra paralizó durante horas los trenes AVE que conectan Madrid con Toledo y Andalucía, afectando a centenares de pasajeros que quedaron atrapados en los vagones sin aire acondicionado, víveres ni información fiable.
El corte eléctrico interrumpió por completo la vía 1, dejando a los trenes detenidos bajo un sol abrasador. Algunos viajeros llegaron a pasar más de tres horas sin que nadie les informara de lo que estaba ocurriendo. Adif confirmó más tarde que se trató de una “pérdida de tensión”, aunque la explicación llegó mucho después de que el malestar de los usuarios se propagara por redes sociales y medios locales.
Renfe y Adif optaron por una comunicación errática, anunciando la progresiva recuperación del servicio cuando aún no había certeza sobre los tiempos reales. La circulación se reanudó parcialmente en vía única, lo que prolongó los retrasos a lo largo del día y arrastró consecuencias para conexiones posteriores.
El Ministerio de Transportes, por su parte, se mantuvo en silencio, sin ofrecer explicaciones ni asumir responsabilidades en los momentos más críticos. No hubo comparecencia, ni un protocolo de atención a los afectados más allá del envío tardío de agua y comida a través de Protección Civil. Una respuesta que, en palabras de una pasajera afectada, llegó “cuando ya era demasiado tarde”.
El impacto de la avería se sintió con especial crudeza entre los más jóvenes. En plena campaña de movilidad por trabajos de verano, prácticas o programas de estudios, la fiabilidad del transporte público es mucho más que un lujo: es una necesidad. Muchos de los afectados se dirigían a entrevistas laborales, presentaciones académicas o incorporaciones laborales, y vieron sus planes truncados por una infraestructura incapaz de garantizar lo más básico: llegar a destino.
“El tren paró y nadie sabía nada. Se fue la luz, el aire, y se fue también la sensación de que alguien estaba al mando. Somos jóvenes, pero no estúpidos”, relató una estudiante de periodismo que viajaba hacia Sevilla. Esta desprotección estructural, que obliga a quienes no pueden permitirse un coche a depender de un sistema vulnerable, agrava las desigualdades generacionales en el acceso al empleo y la formación.
Desde hace años, el Ejecutivo presume de una inversión histórica en transporte ferroviario. Sin embargo, los hechos se empeñan en desmentir los discursos. A la mínima incidencia, el sistema colapsa. Falta mantenimiento, faltan planes de contingencia y, sobre todo, falta una visión de servicio público que priorice al ciudadano por encima del titular político.
Las cifras millonarias de inversión no compensan la ausencia de resultados tangibles. El AVE, que debería ser emblema de modernidad, se convierte con demasiada frecuencia en símbolo de precariedad y descoordinación. Lo que ocurre entre Toledo y Andalucía es solo un síntoma de un mal estructural: una apuesta por la alta velocidad sin respaldo en las operaciones cotidianas.
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La medida del Gobierno excluye a los más vulnerables de la exención fiscal anunciada, obligándoles a financiar al Estado con sus retenciones
The post Hacienda obliga a pensionistas y parados con el SMI a pagar IRPF pese a prometer lo contrario first appeared on Hércules. Lo que se anunció como una medida de alivio para quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha terminado por revelar una de las decisiones más polémicas del Gobierno en materia fiscal: por primera vez, pensionistas y parados que perciban el SMI deberán tributar en el IRPF. Lo que parecía una exención generalizada se convierte, en la letra pequeña, en una trampa legal que excluye deliberadamente a quienes no se encuentran bajo una relación laboral efectiva.
La medida, impulsada por PSOE y Sumar a través de una enmienda a una ley que nada tiene que ver con el IRPF, ha sido diseñada de forma que solo puedan beneficiarse los contribuyentes con rendimientos obtenidos “de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria”. De este modo, quedan fuera los pensionistas, los parados y otros perceptores de rentas asistenciales, pese a que sus ingresos sean equivalentes al SMI.
Más allá de la obligación de presentar la declaración, estos ciudadanos verán retenidas sus rentas a lo largo de 2025, para luego tener que reclamar lo que les corresponde en la campaña de la Renta del año siguiente. Es decir, se ven obligados a financiar al Estado durante un año con dinero que necesitan para vivir, a cambio de una hipotética devolución que muchos ni siquiera saben cómo gestionar.
El Gobierno de coalición ha justificado esta maniobra como una “deducción en cuota”, una fórmula técnicamente válida, pero socialmente regresiva. La medida se toma, además, sin campaña informativa, sin comparecencias claras y con una ambigüedad que bordea el cinismo político. No se trata de un error, como reconocen fuentes técnicas: es una exclusión deliberada de quienes no encajan en los parámetros de contribuyente “activo”.
Entre los grandes damnificados están los jóvenes desempleados que sobreviven con prestaciones mínimas o rentas irregulares. Este colectivo, ya castigado por el paro estructural, la vivienda inaccesible y la precariedad laboral, se enfrenta ahora a un laberinto fiscal que penaliza su condición de vulnerabilidad.
La medida también crea un problema añadido: el desincentivo a aceptar empleos temporales o prácticas remuneradas, que pueden elevar la renta declarada sin que eso implique un ingreso real sostenible. En muchos casos, los jóvenes podrían optar por renunciar a ciertos ingresos o evitar declarar, temiendo entrar en un sistema fiscal que no distingue entre privilegio y necesidad.
La discriminación entre contribuyentes según el tipo de renta obtenida no es nueva, pero sí se agrava con esta reforma. Expertos como Francisco de la Torre y Carlos Victoria ya denunciaban en 2023 las distorsiones del sistema, donde dos personas con idéntico ingreso tributan de forma diferente si tienen uno o dos pagadores. El Gobierno, en lugar de corregir estas anomalías, ha preferido cargar el coste de su política fiscal sobre los hombros de quienes menos pueden soportarlo.
La universalización del IRPF, si no viene acompañada de mecanismos de compensación reales, es en la práctica una subida de impuestos para los más pobres, y así lo denuncian también inspectores y asesores fiscales. El resultado es una arquitectura tributaria que refuerza la desigualdad y pone en duda el discurso progresista de la coalición gobernante.
Ni el Ministerio de Hacienda ni el de Trabajo han explicado públicamente los efectos reales de la reforma. La ministra María Jesús Montero ha evitado las cámaras en los últimos días, mientras Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se refugian en la ambigüedad política, sin aclarar si esta exclusión es fruto de una omisión o de una elección consciente.
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