Crónica Diaria

Ana Rosa Hernando ha solicitado al partido libertad para poder regresar a la formación liderada por Meloni en Europa
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Imagen: parlamentaria Ana Rosa Hernando

La política, procuradora en las Cortes regionales, ha lanzado una iniciativa a través de redes sociales para recoger firmas entre afiliados y simpatizantes, con el objetivo de solicitar la inclusión de un punto en el orden del día de la próxima Asamblea General del partido. Esta solicitud busca aprobar la salida del grupo Patriotas por Europa y el regreso a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), la alianza liderada por los conservadores italianos de Giorgia Meloni y los polacos del exprimer ministro Mateusz Morawiecki.

Esta propuesta llega tras la elección, hace cinco semanas, de Santiago Abascal como presidente de Patriotas por Europa, un grupo que agrupa a miembros cercanos a Marine Le Pen y Viktor Orbán.

La creación de una plataforma para el cambio

Hernando ha creado la plataforma @volvemosen2025, que promueve este cambio dentro de Vox «respetando los estatutos del partido». En sus mensajes en redes sociales, la procuradora burgalesa ha insistido en que su iniciativa busca que todos los miembros del partido puedan decidir democráticamente, afirmando que más detalles serán divulgados a principios de 2025. Su mensaje fue respaldado por Javier Teira, procurador salmantino y ex vicepresidente de Vox en Salamanca, quien dimitió en noviembre debido a desavenencias con el líder provincial Carlos Menéndez, hombre de confianza de Abascal.

Dimisiones y tensiones en Salamanca

Teira, quien abandonó su cargo en la vicepresidencia de Vox Salamanca, ha expresado su apoyo a Hernando, mencionando que la «razón, la legalidad y la democracia» seguirán siendo la fuerza del partido. Este apoyo se suma a una serie de dimisiones y conflictos dentro de la provincia. Teira, además de su dimisión, mantiene su acta parlamentaria y ha alertado sobre un “incendio” en Salamanca, causado por la desconexión entre el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y las bases del partido. Numerosos afiliados y cargos públicos comparten este malestar, que se traduce en una creciente revuelta contra las «imposiciones» de la dirección provincial.

Además de las tensiones internas, se han producido más dimisiones, como la de un concejal de Villares de la Reina, que dejó el partido «ante la deriva del Comité Ejecutivo». Varios miembros del partido en la provincia ya habían manifestado por carta su descontento, acusando a la dirección de estar «secuestrada» por antiguos militantes del PP. También han señalado la paralización del partido en la región, con la gestión de recursos y el control de afiliados en manos de una dirección que, según las críticas, intenta ocultar posibles irregularidades financieras.

Dimisiones a nivel nacional y fricciones regionales

No es solo en Salamanca donde las tensiones son palpables. En Ceuta, Vox ha perdido a dos de sus figuras más prominentes, Carlos Verdejo y Teresa López, quienes dejaron el partido debido a desacuerdos con el líder del CEP local, Juan Sergio Redondo. En Baleares, también se han producido dimisiones relevantes, como las de Xisco Cardona y Agustín Buades, mientras crecen los rumores sobre la posible salida de Patricia de las Heras, presidenta del CEP provincial. A pesar de estas tensiones, la dirección nacional de Vox se mantiene tranquila, argumentando que los cambios en los comités ejecutivos provinciales suelen generar tanto apoyos como rechazos.

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El partido de Feijóo no cuenta con los apoyos suficientes para derrocar al Gobierno, a pesar de su acercamiento con Junts
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Imagen: equipo de gobierno de Feijóo I EFE

Fuentes del Partido Popular han descartado la posibilidad de una moción de censura contra Pedro Sánchez, asegurando que, a pesar de los posibles acuerdos con Junts en el Congreso, el presidente está atrapado por sus socios, quienes no lo dejarán ir hasta «exprimirlo». Aunque los populares reconocen la sintonía con los soberanistas catalanes en algunos temas parlamentarios, no creen que esto suponga una amenaza real para el Gobierno, afirmando que el escenario de la moción de censura es inexistente.

Tensión fiscal y acuerdos parlamentarios

La semana pasada, los independentistas se unieron al PP y Vox para suprimir el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Esta medida, aunque de impacto limitado a corto plazo, complica la promesa del Gobierno de hacer permanente dicho gravamen, evidenciando una vez más las dificultades del Ejecutivo para legislar.

El PP celebró esta alianza como una victoria, destacando que, gracias a su voto junto a los soberanistas de la derecha, los españoles se beneficiarán de una reducción fiscal de 6.500 millones de euros. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, resaltó que esta rebaja implicará un ahorro de 350 euros por familia, a la vez que criticó la falta de apoyo para Sánchez y acusó al presidente de no gobernar, sino de intentar resistir los efectos de sus propios escándalos.

Sánchez atrapado entre sus socios

A pesar de que el PP y Junts hayan coincidido en el Congreso, los populares insisten en que la relación con los soberanistas catalanes es puramente parlamentaria y no una base para una moción de censura. En este sentido, el PP distingue entre sus vínculos con Junts y las relaciones del PSOE, especialmente desde que Sánchez admitió estar dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont. Mientras el PP asegura que hace política desde el Congreso, defendiendo su propuesta de bajar impuestos, también critica la postura de Sánchez, a quien acusan de ser incapaz de tomar decisiones sin depender de otros actores internacionales.

Alternativas y acercamientos en el Congreso

El portavoz del PP, Miguel Tellado, reiteró que su partido lidera la alternativa de una bajada de impuestos para mejorar la competitividad de la economía y el poder adquisitivo de los españoles. Sin embargo, en privado, los populares reconocen que esta alternativa no depende únicamente de ellos, sino que requiere también el apoyo de Junts o el PNV.

La semana pasada, Puigdemont advirtió al Ejecutivo desde Bruselas, insinuando que si la situación no cambia, su apoyo a Sánchez dejaría de tener sentido. Desde el PP se considera que los socios del Gobierno están utilizando su poder para mantener a Sánchez «acorralado», presionando al Ejecutivo para obtener concesiones mientras el presidente permanece «atornillado» en su cargo, sin que su salida parezca inminente.

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El Gobierno ha creado un abono estatal para todos los cercanías y ha eximido de cualquier pago a los adolescentes con menos de 15 años
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Imagen: metro en Cataluña

El Gobierno ha decidido extender la gratuidad del servicio de Cercanías hasta el 30 de junio de 2024. Esta medida, que lleva en vigor casi tres años, tendrá su fin definitivo en esa fecha. A partir de julio, el Ministerio de Transportes implementará un abono único para los servicios de Cercanías y Rodalies, que costará 20 euros al mes y podrá usarse en todos los núcleos urbanos de España, según se aprobó este lunes en el Consejo de Ministros.

El nuevo abono único y las tarifas por edad

La nueva tarifa única se tramitará a través de un Real Decreto-ley, que también incluirá otras ayudas al transporte público. Este nuevo abono, válido para toda la red de Cercanías, tendrá tres modalidades de precios según la edad del usuario:

Un abono mensual nominativo de tarifa única a 20 euros.

Un abono mensual nominativo de tarifa única a 10 euros, destinado a jóvenes de entre 15 y 26 años.

Un abono anual nominativo gratuito para menores de 15 años.

Descuentos en otros servicios de transporte

Además del nuevo sistema de abonos, los descuentos en otros servicios de transporte también continuarán. Los abonos de media distancia convencional tendrán un descuento del 40% y serán gratuitos para los niños. Los jóvenes de entre 15 y 26 años disfrutarán de una rebaja del 50%. Por su parte, los abonos Avant mantendrán una bonificación del 50% hasta final de este año.

A partir de julio, los servicios de autobuses de titularidad estatal aplicarán descuentos entre el 40% y el 70%, dependiendo de la edad y el tipo de abono elegido. Hasta entonces, estos servicios seguirán siendo gratuitos.

Mantienen los descuentos hasta junio

Hasta el 30 de junio, también permanecerán los descuentos del 50% en títulos multiviajes y abonos en el transporte urbano e interurbano. Sin embargo, a partir de julio, solo los abonos jóvenes de titularidad autonómica y local mantendrán este nivel de descuento. Además, el transporte público será gratuito para los menores de 15 años, mientras que el resto de los títulos, con excepción de los turísticos y sencillos, tendrán descuentos de al menos el 40%, cofinanciados por las autonomías y los ayuntamientos al 20%.

Nuevas ayudas al transporte público y bicicletas

El Gobierno también planea extender los descuentos a los sistemas de bicicletas públicas, como Bicimad en Madrid, a partir del 1 de enero. Los operadores de estos servicios tendrán hasta el 1 de marzo para aplicar un descuento del 50% en sus abonos, con una financiación compartida entre el Gobierno central y las administraciones locales o supramunicipales.

En el marco de este Real Decreto-ley, el Ejecutivo trabaja en nuevas ayudas para mejorar la oferta y la calidad del transporte público, mediante la implementación de nuevas líneas o más frecuencias, así como para facilitar la compra de bicicletas eléctricas a particulares y empresas de reparto, como anunció el presidente Pedro Sánchez hace unos meses.

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Los cuerpos de seguridad están investigando el caso tras el asalto al parking de la comisaría donde se encontraban los vehículos de los agentes
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Imagen: uno de los coches vandalizados

La Policía Municipal de Madrid ha iniciado una investigación para esclarecer los responsables del ataque a varios vehículos privados de agentes de la Unidad Integral de Usera. Cuatro coches particulares fueron encontrados la semana pasada en el aparcamiento de la comisaría local con los cristales rotos y clavos debajo de las ruedas, lo que provocó que pincharan al intentar moverlos. Este incidente ocurrió en el aparcamiento reservado a los policías, ubicado en la calle Doctor Tolosa Latour número 16.

Posibles motivaciones del ataque

El ataque, que tuvo lugar entre las 18:00 y las 20:30 horas del jueves pasado, es considerado un acto de vandalismo. A pesar de que el aparcamiento está equipado con cámaras de seguridad, los agentes aún no han podido identificar al responsable o responsables del daño. Se están revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, especialmente de la cámara número 7, que enfoca el área donde los policías estacionan sus vehículos.

Una de las hipótesis que barajan las autoridades es que el ataque esté vinculado a la instalación de parquímetros en la zona o a alguna sanción impuesta por los agentes del turno de tarde. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ninguna relación directa con estos hechos.

La respuesta de los agentes y la situación en la comisaría

Los agentes afectados no habían realizado ninguna actuación o intervención reciente que pudiera sugerir que el ataque fue una represalia directa. Al momento del hallazgo, no hubo testigos que pudieran proporcionar detalles sobre lo ocurrido, ya que ni el ruido de los cristales rotos ni ninguna actividad sospechosa fue percibida por los presentes en el aparcamiento.

Además de los coches de la Policía Municipal, también se han registrado incidentes similares en la comisaría de la Policía Nacional de Usera-Villaverde, donde varios vehículos oficiales y particulares fueron pinchados. Algunos agentes han interpretado estos actos violentos como una posible reacción a la instalación de los parquímetros en el distrito, una medida implementada por el Ayuntamiento de Madrid a mediados de noviembre que ha generado malestar entre algunos residentes y trabajadores de la zona.

Investigación en curso

La Policía Municipal de Madrid continúa con la investigación, habiendo solicitado la conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque. Mientras tanto, los agentes afectados han formalizado la denuncia, a la espera de que los vídeos proporcionen pistas sobre el autor o los autores de los actos vandálicos.

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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha atribuido al Fiscal General los delitos de apoderamiento ilícito de información y prevaricación
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Imagen: Álvaro García Ortiz-RTVE

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa abierta en el Tribunal Supremo a raíz de la querella que presentó la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por revelación de secretos, ha atribuido al principal investigado, el fiscal general del Estado, dos nuevos delitos: «apoderamiento ilícito de información» y «prevaricación».

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación pide al juez Ángel Hurtado que cite ya a declarar como investigado a García Ortiz, después de que se haya aportado a la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a la información incautada en el registro al despacho del fiscal general y en la oficina de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

La citada Asociación también solicita al instructor que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte «los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole».

Entre el conjunto de diligencias que reclama al juez, la asociación incluye el “listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles» de García Ortiz y Rodríguez de la noche del 13 al 14 de marzo para acreditar si hablaron con periodistas. Asimismo, solicita que se acredite si el fiscal general «ha cambiado de terminal de móvil desde el 13 de marzo».

La asociación sostiene que del informe de la UCO relativo a Rodríguez «se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado», en alusión a García Ortiz.

La APIF insiste en que, antes del filtrado, “existe una porción del iter criminis que ya consta plenamente cometida por el investigado: el apoderamiento ilícito de la información”. “Ni el Fiscal General del Estado, ni la Jefe provincial, tenían a su disposición esa información, por mucho que remate jerárquicamente el primero la institución», destacan.

Para la asociación, se trata de «una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla». «Por tanto, a nuestro juicio, el apoderamiento ilegal está claramente consumado», agrega.

La APIF le atribuye también «prevaricación»

Además, la APIF considera que «se ha acreditado también el delito de prevaricación administrativa», pues el fiscal general «transmitió órdenes verbales y por un medio no ortodoxo, el Whatsapp, para que, a la postre, el fiscal Julián Salto redirigiera correos que no estaban al alcance de ninguno de los investigados», en referencia a García Ortiz y Rodríguez.

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Puigdemont ha conseguido posicionar al exdirector de los Mossos en la CNMC, insistiendo en que “las estructuras el Estado” no son necesarias
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Imagen: consejero de CNMC, Pere Soler

El Gobierno ha designado a Pere Soler, un destacado independentista cercano a Junts, como nuevo consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo estatal con sede en Barcelona. Soler, conocido por sus declaraciones en redes sociales contra las instituciones españolas, percibirá un salario mínimo de 125.000 euros anuales en un mandato que se extenderá hasta 2030.

Este nombramiento se enmarca en los movimientos del PSOE para consolidar apoyos políticos tras la investidura de Pedro Sánchez, sumando a figuras clave de sus socios parlamentarios. Soler fue propuesto por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y deberá ser ratificado tras comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.

Un historial ligado al independentismo

Soler no es un desconocido en la política catalana. En 2017, fue designado director general de los Mossos d’Esquadra por Carles Puigdemont, liderando el cuerpo policial durante el referéndum del 1-O. Aunque fue procesado por su actuación, más tarde fue absuelto. Sus mensajes en redes sociales reflejan un discurso abiertamente independentista, llegando a afirmar que “todas las estructuras del Estado en Cataluña son innecesarias”.

En su trayectoria profesional, también ha ocupado puestos como director general de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y otros cargos en el ámbito público en Terrassa. Su nombramiento ha generado controversia, especialmente por el enfoque hostil de Junts hacia la operación de OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, un tema que Soler tendrá que supervisar desde la CNMC.

Renovación estratégica de la CNMC

La incorporación de Soler forma parte de la renovación de cinco consejeros en la CNMC, que estaba pendiente desde hace más de un año. Además, destacan los nombramientos de Enrique Monasterio, vinculado al PNV; Rafael Iturriaga, próximo al portavoz socialista Patxi López; y Ángel García Castillejo, quien asumirá la vicepresidencia del organismo.

Entre los designados, solo una mujer, María Vidales, fue seleccionada. Vidales, considerada cercana a la actual presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ocupa la dirección del Departamento de Promoción de la Competencia. Sin embargo, el Gobierno ha optado por excluir a candidatos propuestos por el PP, rompiendo con la tradición bipartidista que históricamente ha marcado estas renovaciones.

La ampliación de competencias de la CNMC

Además de los cambios en su consejo, el Gobierno aprobó un decreto para ampliar las competencias de la CNMC, otorgándole un papel central como coordinador de servicios digitales. Según el texto, el organismo será responsable de supervisar e investigar actividades ilegales en Internet, garantizando un entorno digital seguro y transparente.

Críticas por la instrumentalización institucional

El PP ha criticado la falta de consenso en los nombramientos, acusando al Gobierno de utilizar organismos independientes como la CNMC para favorecer acuerdos con sus socios de investidura. Esta estrategia, señalan, se alinea con decisiones recientes como la renovación de la cúpula del Banco de España, en las que tampoco se incluyó representación del principal partido de la oposición.

El nombramiento de Pere Soler y la exclusión de propuestas del PP subrayan las tensiones políticas en torno a estas instituciones clave, en un momento en que la CNMC asume mayores responsabilidades en el ámbito económico y digital.

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Además de pedir que el gobierno encabece el reconocimiento de González como presidente electo de Venezuela, ha pedido que le ayuden en su regreso a Caracas
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Imagen: Felipe González y Edmundo González-Información

El expresidente del gobierno, Felipe González, estuvo ayer presente en el desayuno del Foro Nueva Economía en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, en la que pidió que España encabezase la iniciativa europea de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. «Los tiranos no tienen color ni ideología y Maduro se ha convertido en un tirano arbitrario. Por eso le pido al Gobierno que encabece la iniciativa europea, que ya tomó el Parlamento, para que España reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela».

El expresidente socialista ha destacado que “estamos ante un momento histórico” y que, ante esta situación, el gobierno debe facilitar la vuelta de Edmundo González a la capital venezolana, “igual que le dieron refugio en España”, de cara a la toma de posesión prevista para el próximo 10 de enero.

Según Felipe González, España debería distinguirse «por sus relaciones históricas con Venezuela» y así «ofrecerle los medios necesarios para que su oferta para realizar una transición sea eficaz». El dirigente histórico del PSOE ha confesado su “asombro” ante el hecho de que la «oferta de González y María Corina Machado permanezca viva para darle una salida a esa situación que atraviesa Venezuela». El país, dominado por Maduro, todavía “tiene impulso” para “ofrecer una esperanza de futuro: una transición”.

Asimismo, ha recordado que «los testigos en las mesas electorales constatan que Edmundo González ganó las elecciones por más del 70% de los votos con las actas siguiendo el proceso democrático y sin someterse a los poderes de Maduro».

Sobre éste, González ha criticado que no haya mostrado las actas electorales, de manera que no se pueda saber con certeza cuál ha sido el resultado de las elecciones. En este sentido, ha precisado que «ha perdido las elecciones de largo y de calle». «Sabe que no tiene legitimidad, que ya le faltaba de ejercicio, incluso de origen, pero ahora sabe que no tiene legitimidad ninguna, que es un tirano arbitrario sin legitimidad democrática», ha sentenciado.

González asegura que «las tiranías no son eternas»

Felipe González ha advertido que «las tiranías no son eternas» y que al tiempo «los tiranos salen de sus países -cuando se logra sacarlos-, con la gente que cabe en un avión». «Que se lo pregunten a Al Assad», ha señalado.

Por su parte, Edmundo González ha destacado que «quien conoce Venezuela sabe que sus capacidades de recuperación son extraordinarias» y que se trata de un país con «vocación pacífica y democrática».

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En estas fechas es habitual ver coches decorados con adornos navideños, como cuernos de reno. Esta modificación de la carrocería del vehículo podría ser constitutiva de sanción
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Imagen: Coche con decoración navideña-Nissan

Con la llegada de la Navidad a España, muchas personas adornan sus hogares y vehículos. Cada vez es más frecuente ir por las carreteras de nuestro país y encontrarnos con coches “disfrazados” de renos o con algún otro adorno navideño. Sin embargo, esta “moda” podría salir muy cara.

Esta moda surgió en Estados Unidos y, con el paso de los años, se ha ido trasladando al resto del mundo. Se trata de pequeñas modificaciones que afectan a la carrocería y que deben estar homologadas para evitar problemas legales, como, por ejemplo, los cuernos de reno, que cambian por completo la altura del vehículo.

Asimismo, cualquier adorno decorativo que pueda afectar a la identificación del vehículo, por pequeño que sea, puede ser constitutivo de sanción. Lo mismo ocurre con aquellos que impidan o empeoren la visibilidad de la matrícula del coche.

El motivo de la sanción es que cualquiera de estos elementos puede comprometer la seguridad vial. El artículo 19 del Reglamento General de Vehículos especifica que los elementos decorativos no pueden afectar la visibilidad ni el funcionamiento del vehículo. Por ejemplo, colocar luces LED en el exterior del coche podría confundirse con señales luminosas reglamentarias, lo que está estrictamente prohibido.  

La sanción es de 500 euros

Si los agentes de Policía consideran que dicho adorno puede afectar al manejo del vehículo o poner en peligro la vida del resto de usuarios durante la conducción, serás sancionado con una multa de 500 euros. 

Para poder circular sin problema alguno con nuestro vehículo adornado de elementos navideños, debemos acudir a una estación de servicio de ITV para lograr la certificación y el visto bueno de los profesionales, y así evitar escenarios desagradables, desde una multa hasta, en la peor de las situaciones, un accidente de tráfico por la caída de alguno de estos objetos, teniendo en cuenta que estos elementos van anclados o atados.

Cabe destacar que las decoraciones interiores, como las guirnaldas en el parabrisas, instalar un pequeño belén en la bandeja trasera del vehículo, podrían afectar a la visibilidad completa del conductor, por lo que también estaría penado con una sanción económica, aunque en este caso de una cuantía inferior, 200 euros. También podrían sancionarte si instalas luces de navidad dentro del vehículo, pues supondría la instalación de más luces que las permitidas.

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Mazón ha reclamado al Gobierno central una mayor financiación para poder hacer frente a los desperfectos sufridos por el temporal
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Imagen: Mazón y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana notificó ayer su decisión de desestimar las querellas y denuncias presentadas contra Mazón por su gestión de la Dana. La sala argumentó que, de momento, no existen indicios sólidos para imputar al presidente, aunque la investigación deberá continuar en un juzgado de instrucción.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, celebró la resolución asegurando que “se demuestra que no había nada” contra Mazón, aunque el TSJ dejó abierta la posibilidad de futuras imputaciones si se presentan nuevas pruebas.

Una crisis presupuestaria sin precedentes

En paralelo, el Gobierno valenciano aprobó la prórroga de los presupuestos de la Generalitat para 2025. La Dana no solo devastó infraestructuras, sino que también trastocó los planes económicos del Consell, obligando a replantear unas cuentas que ahora estarán enfocadas en la reconstrucción.

Según la Sindicatura de Cuentas, el impacto financiero de la catástrofe será “cuantiosísimo” y requerirá apoyo extraordinario del Estado para evitar un colapso económico. El patrimonio neto de la Comunidad Valenciana ya es negativo, con una deuda que supera los 61.000 millones de euros, y la recuperación tras el temporal amenaza con incrementar aún más este desequilibrio.

Reconstrucción y tensiones políticas

El anuncio de la prórroga presupuestaria llega en un contexto político complicado, donde solo Vox ha mostrado disposición para apoyar las nuevas cuentas del Consell. Mientras tanto, Mazón mantiene su exigencia al Gobierno central para que cubra los 3.000 millones de déficit necesarios para afrontar la reconstrucción y evitar el “colapso” de la Generalitat.

La Sindicatura advierte que, sin una financiación extraordinaria del Estado, la Generalitat deberá recurrir a un endeudamiento elevado, agravando aún más las finanzas públicas. “La recuperación total de los activos destruidos por la DANA tendrá un impacto significativo en las cuentas futuras”, señala su informe.

Una Generalitat bajo presión

El informe de la Sindicatura de Cuentas, que abarca la gestión de 2023 en la que participaron PP y Vox, alerta sobre el “grave desequilibrio” de las finanzas de la Comunidad Valenciana. Este panorama económico refuerza la necesidad de un respaldo estatal para superar la crisis generada por la catástrofe natural y evitar mayores consecuencias para la gestión pública.

A pesar del respiro judicial, Mazón encara un 2024 cargado de desafíos, donde las decisiones financieras y la reconstrucción marcarán el rumbo político y económico de su administración.

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