Crónica Diaria

La evidencia médica ha probado que los niños que sufren obesidad tienden a sufrir más enfermedades cuando llegan a su etapa adulta
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Imagen: niño con una hamburguesa

La obesidad infantil se ha convertido en uno de los principales retos sanitarios en países desarrollados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Europa, uno de cada tres niños y uno de cada cuatro adolescentes padece esta condición, mientras que, en España, el consumo de productos ultraprocesados por parte de los menores supera el 50% de las calorías diarias recomendadas, según datos de la Fundación Española de la Nutrición.

Esta realidad expone a los niños a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la vida adulta, como diabetes, problemas cardiovasculares y afecciones en el hígado o la microbiota, advierte Miriam Blanco, pediatra del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Desconocimiento y educación como primeras barreras

Fernando Zárate, pediatra en los hospitales Quirónsalud Sur (Alcorcón) y Quirónsalud Toledo, destaca que uno de los mayores desafíos es la falta de conciencia sobre el estado de salud de los menores. Según el informe Aladino 2023, el 89,1% de los padres con hijos con sobrepeso creen que su peso es normal, y lo mismo ocurre con el 48,8% de los padres de niños con obesidad. “La sorpresa viene cuando les informamos de la situación. Hay que trabajar mucho en cambiar esta percepción y educar desde las familias”, apunta Zárate.

El colegio como campo de batalla

Para combatir esta problemática, Zárate lidera un programa en colegios que busca educar a niños, padres y profesores sobre hábitos saludables. El proyecto incluye una fase de diagnóstico para evaluar costumbres alimenticias y otra para establecer pautas de nutrición y actividad física. “El colegio es el centro de la vida de los niños. Si conseguimos que aprendan buenos hábitos desde los tres años, los resultados serán más efectivos que si intentamos corregirlos a los 12, cuando ya están consolidados”, explica el pediatra.

El Gobierno también trabaja en un decreto para promover menús más saludables en los comedores escolares, donde come la mitad del alumnado de Primaria y en los que, según la OCU, casi el 50% de los menús son desequilibrados.

La influencia del entorno socioeconómico

La obesidad infantil está marcada por una brecha económica. Según el informe Aladino, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es más del doble en las familias de menor renta (23,6%) frente a las de rentas más altas (10,9%). “Es tremendamente injusto que el entorno socioeconómico determine las oportunidades alimentarias de los niños”, lamenta Zárate, quien también advierte de las dificultades que enfrentan muchas familias para seguir una dieta saludable. “No debemos culpabilizar, sino adaptarnos y ofrecer alternativas asequibles”, añade Miriam Blanco.

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El objetivo es, según las autoridades polacas, preparar a los jóvenes ante posibles amenazas externas
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Imagen: Donald Tusk, primer ministro de Polonia-AP

Polonia ha tomado una decisión sin precedentes en la Unión Europea: desde septiembre de 2024, los estudiantes de secundaria del país están obligados a recibir formación en armas de fuego como parte del currículo escolar. Esta medida, impulsada por los Ministerios de Educación y Defensa, tiene como objetivo preparar a los jóvenes ante posibles amenazas externas, en un contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania y el aumento de tensiones en la región.

La guerra en Ucrania ha reforzado la sensación de amenaza en Polonia, cuyo gobierno ha apoyado activamente al país dirigido por Zelenski. Además de proporcionar equipos militares valorados en más de 4500 millones de euros, Polonia ha decidido preparar a sus ciudadanos desde una edad temprana, lo que incluye a menores de los últimos cursos de la educación primaria.

Esta medida pretende fomentar el patriotismo

El primer ministro polaco, Donald Tusk, explicó que estas medidas pretenden, además de fortalecer la seguridad, impulsar un sentimiento patriótico: “Polonia debe ser un líder en la defensa de nuestra región y asegurar que nuestros ciudadanos estén preparados para cualquier eventualidad, ha afirmado.”

Las clases tienen lugar en colegios de todo el país y, pese a que los estudiantes no utilizan munición real, se emplean tecnologías avanzadas como pistolas láser y réplicas de armas. En estas sesiones, los jóvenes aprenden a disparar, montar y desmontar armas bajo la supervisión de instructores especializados.

Según Krzysztof Papadis, desarrollador de los sistemas de armas láser utilizados, más de 18.000 escuelas ya cuentan con este equipamiento, diseñado para garantizar la seguridad durante las prácticas. Los estudiantes reciben bloques de formación de tres horas, en los que aprenden a reaccionar ante posibles situaciones de amenaza.

Diversidad de opiniones

Mientras que algunos padres y profesores celebran la medida teniendo en cuenta el contexto geopolítico marcado por el ambiente bélico, otros denuncian que supone una militarización de la infancia. Especialistas en educación han advertido sobre el impacto psicológico que podría tener en los niños el aprendizaje de habilidades relacionadas con el uso de armas desde una edad temprana.

No obstante, las autoridades polacas aseguran que la formación no busca fomentar la violencia, sino proporcionar conocimientos básicos de defensa y seguridad. Según el Ministerio de Educación, “estas clases complementan la preparación de los estudiantes para situaciones de emergencia y refuerzan su capacidad para enfrentarse a amenazas modernas.”

La decisión de Polonia ha generado un importante debate en la Unión Europea. Algunos países, como Estonia y Letonia, están considerando implementar programas parecidos debido a su cercanía con Rusia y las crecientes tensiones en la región. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros se muestran cautelosos ante la posibilidad de adoptar medidas tan extremas.

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Las autoridades de Etxebarri, municipio de Bizkaia, ha denunciado al trabajador tras averiguar que poseía una titulación sin validez
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Imagen: policía municipal de Etxebarri 

El Ayuntamiento de Etxebarri (Bizkaia) despidió en abril a un agente que había trabajado durante casi tres años en la Policía local sin contar con las acreditaciones necesarias. El falso policía, contratado en 2019 mediante un proceso interno, logró el puesto al presentar documentos falsificados que supuestamente acreditaban su paso por la academia policial de la Ertzaintza en Arkaute y su experiencia previa en otros municipios. Su caso, ahora en manos de la justicia, podría derivar en acusaciones por falsedad documental, usurpación de funciones y tenencia ilícita de armas.

Una contratación bajo sospecha

La Fiscalía de Bizkaia recibió la denuncia del Ayuntamiento, que abrió una investigación interna tras detectar irregularidades en el currículum del falso agente. Según el alcalde, Iker López Comerón (del grupo independiente La Voz del Pueblo), el acusado se presentó a un proceso de selección municipal para cubrir bajas en la plantilla policial, en un momento en que la academia de Arkaute no disponía de agentes disponibles. Fue contratado como interino en varias ocasiones hasta que las sospechas sobre sus credenciales llevaron a su despido.

Descubrimiento del engaño

La situación salió a la luz gracias a los propios compañeros del falso policía, quienes comenzaron a sospechar tras escuchar sus comentarios sobre supuestas experiencias laborales en el municipio de Leioa. Al contactar con este ayuntamiento, descubrieron que nunca había trabajado allí. Más tarde, verificaron que tampoco había completado formación en la academia. Las inconsistencias en su documentación llevaron al Ayuntamiento a iniciar un expediente informativo y, posteriormente, a trasladar el caso a la Fiscalía.

El alcalde reconoció en el pleno de mayo, un mes después del despido, que las investigaciones internas revelaron indicios de delito en la actuación del agente. López Comerón defendió la actuación del consistorio, asegurando que el caso se encuentra ahora “en sede judicial” y que no es posible comprobar minuciosamente la veracidad de cada currículum en los procesos de selección.

Tres años de desempeño sin objeciones

Pese a no contar con la formación requerida, el investigado realizó durante su tiempo en la Policía municipal “todas las tareas propias del cuerpo”, según afirmó el regidor, quien señaló que el Ayuntamiento no tuvo quejas sobre su desempeño profesional.

El caso pone de manifiesto las dificultades de los ayuntamientos para cubrir vacantes en sus fuerzas de seguridad. El alcalde explicó que, aunque los municipios vascos disponen de un convenio con la academia de Arkaute para acceder a su bolsa de agentes, esta a menudo carece de disponibilidad, obligando a los consistorios a recurrir a procesos propios de selección, como ocurrió en Etxebarri.

Reacciones y repercusiones

El despido del agente impostor generó debates en el pleno municipal, donde la oposición pidió aclaraciones sobre los procedimientos de contratación. El alcalde lamentó lo sucedido, pero defendió que los controles habituales del consistorio no detectaron las irregularidades iniciales en la documentación del investigado.

El acusado, que ha recurrido su despido, enfrenta ahora un proceso judicial que determinará si incurrió en los delitos que se le atribuyen. Mientras tanto, el caso ha expuesto las vulnerabilidades en los mecanismos de selección y verificación de personal en pequeños municipios como Etxebarri.

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El nuevo Ejecutivo, liderado por François Bayrou, ha decidido otorgar a Manuel Valls la cartera de Ultramar
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Imagen: Macron y el primer ministro, François Bayrou I AFP

El primer ministro François Bayrou cumplió su promesa de anunciar un nuevo Gobierno antes de Navidad, pero la composición del Ejecutivo, presentada este lunes, llega en un momento de incertidumbre política. Bayrou, designado apenas una semana antes, liderará un gabinete que asume las riendas de un país inmerso en un bloqueo institucional, especialmente por la falta de consenso en torno a los Presupuestos de 2025.

Entre los nombramientos más destacados, Emmanuel Macron ha elegido a Manuel Valls como ministro de Ultramar y al banquero Éric Lombard para la cartera de Economía. No obstante, la falta de cambios significativos en la configuración del Gobierno y la ausencia de representantes de la izquierda sugieren que los desafíos políticos están lejos de resolverse.

Una crisis política sin precedentes

Desde junio, Francia vive una crisis institucional que se remonta a la disolución de la Asamblea Nacional por parte de Macron tras el fracaso en las elecciones europeas. Las legislativas dieron la victoria al Nuevo Frente Popular (NFP), una alianza de izquierda, pero fragmentaron el Parlamento en tres sin mayoría clara. Este escenario resultó en un Gobierno efímero, liderado por Michel Barnier, que fue censurado tras solo tres meses, marcando el mandato más breve en la historia de la Quinta República.

A pesar del precedente, Bayrou, líder del centroderechista Movimiento Democrático (MoDem) y veterano de 73 años, ha optado por conservar algunas figuras clave del Ejecutivo anterior. Entre ellas, destaca Bruno Retailleau, representante de la derecha tradicional, quien seguirá al frente del Ministerio del Interior. Sin embargo, su continuidad no garantiza una relación más fluida con el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen, que contribuyó a la caída del gobierno de Barnier.

Un gabinete sin apoyo unánime

Aunque Bayrou mostró intenciones de diálogo reuniéndose con líderes de las principales fuerzas políticas, su Gobierno no ha logrado incorporar propuestas de la izquierda. Este detalle alimenta las tensiones en el Parlamento, donde partidos como el Socialista (PS) no descartan promover una moción de censura. “No encontramos ninguna razón para no censurarlo”, declaró el líder socialista Olivier Faure tras conocer los nombramientos.

El primer ministro también ha buscado reforzar su equipo con figuras de peso político. Entre los nombres destacados se encuentran Élisabeth Borne, ex primera ministra y nueva titular de Educación, y Jean-Noël Barrot, ahora ministro de Exteriores. Sin embargo, la exclusión de Xavier Bertrand, uno de los líderes más reconocidos de la derecha moderada, refleja la influencia que Marine Le Pen y su partido aún ejercen sobre la política francesa.

Economía, el desafío más complicado

La principal incógnita del nuevo gabinete era quién lideraría el Ministerio de Economía, un puesto crucial en medio de la delicada situación financiera de Francia. Finalmente, el banquero Éric Lombard asumirá este desafío, que incluye reducir un déficit público superior al 6% del PIB y una deuda que supera el 113% del PIB, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

Los intentos de ajuste presupuestario del gobierno de Barnier, con medidas de austeridad de 60.000 millones de euros, fracasaron al enfrentarse a una oposición firme. Esta situación, junto con la caída del anterior Ejecutivo, ha llevado a agencias como Moody’s a rebajar la calificación crediticia de Francia, aumentando las dudas sobre la capacidad del país para estabilizar su economía.

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A juicio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no se aprecian “indicios sólidos y fundados” de criminalidad contra el president
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Imagen: Carlos Mazón-Europa Press

El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado un auto en el que acuerda inadmitir las tres querellas y las cuatro denuncias interpuestas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA.

Así lo había solicitado el Ministerio Fiscal, que en un escrito instó a comenzar la investigación sobre la gestión de la DANA en los juzgados de instrucción y no en el TSJ, al menos hasta que se estime si concurren indicios suficientes contra Mazón, el único aforado denunciado.

La Sala, para justificar su decisión, ha aplicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige la presencia de “indicios cualificados contra personas aforadas para no sustraer las investigaciones de su ámbito primario natural». Así, en este caso, los magistrados no han apreciado en el relato de hechos realizado por los denunciantes y querellantes indicios “objetivados que con consistencia o solidez” puedan llevar a declarar la competencia del Tribunal Superior de la comunidad autónoma para investigar al aforado en este momento.

Así, el Tribunal coincide con el informe de la Fiscalía en el que las imputaciones realizadas, relativas a la no toma de decisiones que podrían haber evitado o mitigado la tragedia por el número de fallecidos, derivan de una “relación causa-efecto” y una atribución de responsabilidad penal que atiende exclusivamente al resultado.

La inadmisión no supone la privación de la acción penal

En conclusión, afirma el Tribunal, «ninguno de los actos iniciadores que se han descrito en los antecedentes de esta resolución ofrecen ese cuadro indiciario de cierto nivel que se precisa para asumir nuestra competencia».

Asimismo, el TSJCV se ha referido también a la jurisprudencia del Alto Tribunal para mencionar el denominado «principio de culpabilidad por el hecho propio», que impide que puedan realizarse «atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea». Así, en definitiva, el hecho de que Mazón fuese el máximo responsable ejecutivo de la Comunidad Valenciana, ello no obsta a que, de manera automática, sea responsable de los hechos de los que se le acusa.

Pese a la inadmisión de las querellas y denuncias, los magistrados han asegurado que no significa que los impulsores de las mismas queden privados de su ejercicio de la acción penal, pues pueden solicitar si lo desean la incoación de este procedimiento preliminar en los juzgados de Instrucción.

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El novio de Ayuso ha solicitado al juez intervenir las comunicaciones de informadores que se encuentran protegidos por el secreto profesional
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Imagen: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso I EFE

Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando la intervención de las comunicaciones de seis periodistas. La petición afecta a informadores de Cadena SER, eldiario.es y El Plural, y busca indagar en sus intercambios con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a raíz de la presunta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía. En dicho correo, González Amador habría reconocido un delito de fraude fiscal y propuesto un acuerdo para evitar la cárcel.

La solicitud, dirigida al juez Ángel Hurtado, pide a las operadoras de telefonía conservar los registros de las comunicaciones de los periodistas durante los últimos nueve meses. Esto incluye llamadas, mensajes enviados y recibidos, así como la duración y horarios de las conversaciones. La medida, que choca directamente con el derecho constitucional al secreto profesional de los periodistas, plantea un inédito conflicto entre la libertad de prensa y la intimidad de las comunicaciones.

Peticiones que amplían el foco de la investigación

En su escrito, González Amador también insta al juez a autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar los dispositivos electrónicos del teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, cuya imputación solicita. Asimismo, propone analizar las comunicaciones de varias figuras vinculadas al Gobierno en el momento de los hechos, entre ellas Francesc Vallés, secretario de Estado de Comunicación; Laura Sánchez Espada, directora de comunicación del Ministerio de Vivienda; Ion Antolín, jefe de comunicación del PSOE en ese periodo; y Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López. Según el empresario, esta última habría enviado el correo electrónico filtrado al líder socialista madrileño, Juan Lobato, quien ya testificó y permitió el análisis del contenido de su móvil.

Alegaciones sobre la vulneración de derechos

El empresario argumenta que la publicación de información sobre su confesión supone una violación de su derecho a la intimidad y a la defensa. Sin embargo, su abogado omite cualquier mención al bulo difundido previamente por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que aseguraba falsamente que había sido la Fiscalía quien ofreció un pacto a González Amador, y no al revés. Este bulo fue utilizado para desprestigiar al Ministerio Público y precedió a la filtración del correo electrónico. Rodríguez, además, había lanzado amenazas públicas contra periodistas de El País que investigaban el caso.

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Los expertos alertan del aumento de ingresos en hospitales con cifras que han crecido hasta en un 17%
The post El 25% de los menores de 12 años sufre un TCA first appeared on Hércules.  En los últimos años, los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) han experimentado un incremento preocupante en niños menores de 12 años, alertan las psiquiatras Montserrat Graell y Mar Faya del Hospital Niño Jesús de Madrid, centro de referencia en el tratamiento de estas patologías. Según Graell, mientras que hace una década estos menores representaban apenas el 8% de los ingresos, actualmente suponen entre el 20% y el 25%, y la cifra sigue en ascenso. Solo en el último año, las hospitalizaciones en este rango de edad han crecido un 22% en este hospital.

“Estamos preocupados porque no tenemos claro cómo evolucionan estos casos cuando los TCA comienzan a edades tan tempranas”, señala Graell. En octubre pasado, 12 de las 14 niñas ingresadas en el Niño Jesús tenían menos de 12 años; en noviembre, 6 de 12. Este aumento responde a un cambio de tendencia: mientras que hace 40 años casi el 80% de los casos requería ingreso debido a diagnósticos tardíos, hoy solo el 20% necesita hospitalización intensiva, gracias a una detección más temprana.

Factores de riesgo: biología, redes sociales y cambio social

Entre las razones del aumento de casos, las especialistas destacan factores biológicos, genéticos y sociales. Graell apunta a la aparición temprana de la menarquia, adelantada en promedio dos años en las últimas décadas, lo que precipita cambios corporales y psicológicos propios de la adolescencia en niños que aún no cuentan con los recursos emocionales necesarios para afrontarlos.

El uso intensivo de redes sociales es otro factor clave. “Las redes amplifican los ideales corporales de forma rápida, intensa y masiva, especialmente entre adolescentes vulnerables. Esto aumenta la insatisfacción corporal y disminuye el estado de ánimo, dos factores principales en los TCA”, detalla Graell. Según un estudio reciente, el 20,22% de los adolescentes de 12 a 18 años pasa más de dos horas diarias en TikTok, lo que incrementa sentimientos de baja autoestima.

Por su parte, Faya destaca la importancia de los factores genéticos. “La rigidez cognitiva, la obsesividad y el perfeccionismo, rasgos característicos de la anorexia nerviosa, tienen un componente hereditario. Las redes sociales potencian estas características al fomentar comparaciones constantes”, explica.

Consecuencias y tasas de recuperación

Los TCA son trastornos mentales con un fuerte componente físico y biológico derivado de la malnutrición, según Faya. Las consecuencias son graves y, en menores de 12 años, hay un riesgo elevado de cronicidad. “Un 20% de los casos, especialmente los de anorexia nerviosa, no se recupera ni en cuatro ni en ocho años”, alerta Graell. Sin embargo, en un 65% de los casos, los pacientes logran una recuperación total en un promedio de cuatro años.

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Los presupuestos han salido adelante gracias al voto favorable del PP, que goza de mayoría absoluta en el Consistorio
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Imagen: José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid-EFE

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este lunes, con los votos a favor del PP, el proyecto de presupuestos para la ciudad para el año 2025, cifrado en 6.277 millones de euros, y también las ordenanzas fiscales, en las que se incluyen la nueva tasa de basuras y una nueva bajada del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que se situará en el 0,428 %, según ha adelantado EFE.

Los presupuestos del gobierno municipal de Martínez-Almeida, que ya no depende de otros grupos al obtener mayoría absoluta en las elecciones de 2023, han sido aprobados incorporando algunas enmiendas propuestas por la oposición.

El proyecto presupuestario contempla 667 millones de euros de inversiones para proyectos “transformadores” de la ciudad, como el cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas, el soterramiento de la A-5 o el cubrimiento, asimismo, del tramo final del paseo de la Castellana.

La oposición vota en contra de los presupuestos

Durante el debate, a cuyo término han decaído las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid, PSOE-M y Vox, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha señalado que estos presupuestos se han elaborado “con rigor y prudencia”, no solo para mitigar el impacto ambiental, sino también para fomentar un desarrollo sostenible que beneficie a las generaciones presentes y futuras.

“Es un presupuesto pensado para el bienestar de todos, sin dejar a nadie atrás, y es fundamental para seguir haciendo de Madrid la mejor ciudad para vivir, trabajar y prosperar”, ha destacado la delegada, poniendo énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Asimismo, ha hecho una reflexión sobre el importante papel que tienen los ayuntamientos en la garantía de servicios públicos y el ejercicio de derechos ciudadanos recogidos en la Carta Magna.  “Los presupuestos son la mejor garantía de estabilidad de un Gobierno y sus proyectos, generando confianza a los ciudadanos”, ha enfatizado, subrayando que su aprobación es un acto de responsabilidad.

“Estos son unos presupuestos que tienen vocación para hacer más y mejor ciudad. Están enfocados en soluciones, en reforzar la igualdad de oportunidades, en invertir y transformar la ciudad, en generar certidumbre y confianza, y atraer inversión”, ha asegurado.

Vox califica la aprobación de los presupuestos como una «mala noticia» para los madrileños

Arantzazu Cabello (Vox) ha valorado que hoy es un “mal día para los madrileños”, porque lo aprobado “trae la mayor subida fiscal” vivida en el Ayuntamiento “en muchísimos años”, y ha afirmado que el presupuesto presentado por el alcalde Almeida lo podría haber presentado, por ejemplo, Manuela Carmena, porque es un presupuesto “tipo socialista”.

Cabello también ha apostado por la reducción de la administración, mientras que Emma López (PSOE) ha cuestionado al gobierno del PP que la situación de la ciudad haya sido mejor que la ciudad que heredó de Manuela Carmena.

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