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El presidente electo se ha quejado de las tarifas impuestas por el Gobierno panameño y lo define como una “estafa”
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Imagen: Canal de Panamá
A menos de un mes de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha arremetido contra las tarifas que Panamá cobra a los barcos estadounidenses que atraviesan el Canal de Panamá, y ha advertido que podría exigir el control del paso interoceánico si estas tarifas no se ajustan. A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump calificó de «ridículas» las tarifas impuestas y denunció lo que considera una amenaza «injusta e imprudente» a la Marina y al comercio estadounidense.
El presidente electo también expresó su preocupación por la creciente presencia de China en la gestión del Canal de Panamá, un hecho que considera una amenaza a los intereses de Estados Unidos, cuyo comercio depende en gran medida de esta vía para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. «Esta completa estafa a nuestro país cesará inmediatamente«, sentenció Trump, resaltando su intención de tomar medidas drásticas si no se garantizan condiciones favorables para su país.
El Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos y concluido en 1914, pero, a través de un tratado firmado en 1977 bajo la presidencia de Jimmy Carter, el control fue transferido a Panamá. Desde 1999, Panamá ha gestionado de forma exclusiva el canal, algo que Trump subraya como un acuerdo que no debe ser alterado. «El canal era exclusivamente para Panamá, no para China ni nadie más«, afirmó.
En sus declaraciones, Trump dejó claro que, si Panamá no puede garantizar la «operación segura, eficiente y confiable» del canal, Estados Unidos exigirá su devolución. «Demandaremos que nos devuelvan el canal de Panamá en su totalidad y sin lugar a dudas«, agregó.
En respuesta a las declaraciones de Trump, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó con firmeza que «el Canal de Panamá es panameño y lo seguirá siendo«. En un mensaje dirigido a la nación, Mulino reafirmó la soberanía de su país sobre el canal, señalando que «la soberanía e independencia de Panamá no son negociables«. Este mensaje fue difundido en un video oficial del gobierno panameño.
El Canal de Panamá es una de las principales rutas comerciales a nivel global, ya que facilita el paso de mercancías entre Asia y la costa este de Estados Unidos, evitando el largo y peligroso trayecto que bordea el continente sudamericano. Aproximadamente un 5% del comercio marítimo mundial transita por esta vía. Los países que más utilizan el canal son Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.
Recientemente, la Autoridad del Canal de Panamá reportó ganancias cercanas a los 5.000 millones de dólares en el último año fiscal, lo que subraya su relevancia económica global.
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Casi la mitad de los altos mandatarios de empresas como Santander o Indra vieron aumentados sus salarios a lo largo de 2023
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Imagen: directivos del Ibex I Forbes
Tras varios años de caídas y una inflación desbocada, el Ibex 35 culminó 2023 con un crecimiento del 22,76%, alcanzando los 10.102 puntos, su mejor dato desde 2009. Impulsado principalmente por el sector bancario, el índice logró revertir los efectos de la pandemia y las subidas de tipos de interés.
En el contexto de 2024, marcado por la incertidumbre geopolítica en Oriente Próximo y el impacto de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el Ibex 35 inició diciembre superando la barrera de los 12.000 puntos, gracias al empuje del turismo, el consumo y nuevamente la banca, gran beneficiada por el entorno de tipos al alza.
El buen rendimiento del mercado bursátil se reflejó en las retribuciones de los directivos de las 35 compañías que conforman el índice. En 2023, sus salarios crecieron un 5,6% respecto al año anterior, en muchos casos impulsados por indemnizaciones y bonus diferidos.
El caso más destacado fue el de Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra, quien percibió 15,5 millones de euros, lo que lo convierte en el directivo mejor pagado del año. De esa cifra, 2,6 millones corresponden a su compensación por cese, mientras que otros 2 millones están vinculados a un acuerdo de no competencia.
Le sigue Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con una remuneración de 13,8 millones de euros, un 6% más que en 2022. Por su parte, el consejo de administración de la compañía eléctrica percibió en total 23,9 millones, consolidando al sector energético como el segundo más relevante en la Bolsa española tras el financiero.
Las diferencias salariales dentro del sector energético fueron notables. Sánchez Galán ganó más del doble que Francisco Reynés, presidente de Naturgy, quien percibió 5,4 millones, un 6,6% menos que en 2022. Reynés renunció a un bonus a largo plazo para mostrar su independencia ante los accionistas. Por su parte, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, obtuvo 3,9 millones, tres veces menos que Galán, mientras que Antonio Brufau, presidente no ejecutivo de Repsol, vio reducida su remuneración un 25,5%, hasta 2,09 millones.
En tercer lugar, de los mejor remunerados se encuentra Ana Botín, presidenta del Banco Santander, con 12,3 millones de euros, un 4,3% más que en 2022. Además, Botín destaca como la mujer mejor pagada del índice en un año en que el porcentaje de mujeres en los consejos de administración del Ibex 35 alcanzó el 40%.
Entre las pocas presidentas de empresas del índice, además de Botín, figuran Marta Ortega (Inditex), Beatriz Corredor (Redeia) y Anne Bouverot, quien presidió Cellnex durante parte del año.
Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, se posicionó como el cuarto mejor pagado, con una retribución de 10,3 millones, un incremento respecto a los 8,3 millones de 2022.
Sin embargo, no todas las compañías destacaron por las altas remuneraciones. Aena, Redeia y Unicaja fueron las más contenidas en sus pagos a directivos. Un ejemplo es Juan Sánchez-Calero, presidente no ejecutivo de Endesa, quien percibió 683.000 euros, y Javier Ferrán, de IAG, con 653.000 euros.
En general, el 46% de los consejeros del Ibex mejoraron sus salarios respecto a 2022, aunque 13 altos directivos no superaron el millón de euros brutos, principalmente debido a su carácter no ejecutivo o a periodos cortos de actividad.
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Con la adquisición de estos nuevos cazas de combate, se sustituyen los F-18, que estaban al borde de la obsolescencia
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Imagen: Cazas Eurofighter-Aviador Blog
El Ejército del Aire y del Espacio refuerza su capacidad de defensa aérea con la adquisición de 25 nuevos Eurofighter, que sustituyen a los F-18 que se encontraban al borde de la obsolescencia, tras el acuerdo formalizado el pasado viernes por el gobierno de España, según ha adelantado Vozpópuli.
De este modo, la flota de Eurofighter aumenta hasta los 115 efectivos, lo que resultará clave para reforzar la seguridad aérea en territorio nacional y cumplir con las misiones internacionales en las que participa España.
La formalización del contrato tuvo lugar el pasado viernes en las instalaciones de la empresa Airbus, en Getafe. Al acto han asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y representantes de NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency), Eurofighter GmbH y Airbus. Esta adquisición ha sido posible gracias a que el presupuesto de Defensa ha aumentado, atendiendo así una de las peticiones más urgentes que trasladaba la cúpula militar al Ministerio de Margarita Robles.
Con la primera entrega prevista en 2030, estos nuevos cazas aumentarán las capacidades y operaciones del Ejército del Aire y del Espacio, reforzarán su posición destacada en la OTAN y “asegurará la huella industrial de este programa de defensa”, aseguran desde Airbus.
“El Eurofighter es el caza de combate más avanzado y de mayor éxito de fabricación europea y constituye la columna vertebral de la superioridad aérea europea. También es un símbolo de la cooperación industrial entre naciones y empresas, un ejemplo de cómo Europa puede trabajar en nuestro contexto de defensa actual”, afirma Mike Schoellhorn, CEO de Airbus Defence and Space.
Diseñado para sustituir a la flota de F-18 del país, el programa Halcón supone una mejora significativa de las capacidades aéreas de España: un total de 45 aviones Eurofighter encargados desde 2022. Estos cazas se incorporarán a la actual flota de 70 Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio español.
En servicio en España desde 2003, el Ejército del Aire y del Espacio opera el Eurofighter desde las bases aéreas de Morón de la Frontera (Ala 11), Sevilla, y Los Llanos (Ala 14), Albacete. Gando (Ala 46), en las Islas Canarias, se convertirá pronto en la próxima base operativa.
En la actualidad, el programa Eurofighter permite la creación de más de 100.000 puestos de trabajo en Europa, que se verán incrementados gracias a este pedido de aviones de última generación.
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El empresario agradeció al asesor de Ábalos su intervención para obtener más de 12 millones por la venta del material sanitario
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Imagen: ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres I EFE
El empresario Víctor de Aldama utilizó a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, para interceder ante Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, con el objetivo de agilizar pagos pendientes. Los mensajes entre García y Torres revelan una serie de gestiones relacionadas con las facturas por las mascarillas vendidas al Gobierno canario por la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a De Aldama.
Existen varios mensajes enviados por García a Torres, en los que solicitaba acelerar los pagos. Estos mensajes, localizados en dispositivos incautados a De Aldama y García por la UCO de la Guardia Civil, incluyen solicitudes directas y detalles sobre las transacciones. Según el empresario, García habría solicitado una comisión de 50.000 euros para el entonces ministro Torres, algo que García niega rotundamente.
El 1 de julio de 2020, el expresidente respondió a una llamada de García asegurándole que gestionaba el asunto con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad. Un mes después, el 30 de julio, confirmó: “Asunto resuelto. Hoy dormiré mejor”. Sin embargo, las reclamaciones continuaron: el 3 de agosto, insistió en que no se habían recibido los pagos, a lo que Torres replicó que estaba “resuelto”.
Imagen: mensajes entre Koldo y Torres
La conversación se mantuvo durante meses. En noviembre de 2020, el actual ministro informó a García que ya contaba con un informe favorable sobre las mascarillas. Éste agradeció la gestión y solicitó hablar con Torres, mientras preparaba un acto de presentación de Presupuestos en Valencia junto al entonces ministro José Luis Ábalos y el presidente valenciano Ximo Puig.
El equipo de Torres defendió que las comunicaciones con García se dieron en un marco de “normalidad”, justificando que se agilizaron los pagos debido a irregularidades en el contrato, como la falta de un anticipo del 50%. Según estas fuentes, la empresa había amenazado con acciones legales, y el precio de las mascarillas fue inferior al abonado por otras administraciones.
En declaraciones recientes, aseguró en Onda Cero que su relación se limitó a contactos habituales dentro del ámbito técnico, negando cualquier actuación ilícita. No obstante, afirmó que dimitiría si se demostrara que favoreció intereses particulares.
García ha negado haber recibido pagos por sus gestiones, asegurando que su intención era ayudar a empresas a cobrar por los materiales entregados. “¿Eso es un delito? Yo entiendo que no es nada malo”, declaró. Sin embargo, esta postura contradice la confesión de De Aldama, quien aseguró ante la Audiencia Nacional que García le habría solicitado una comisión que nunca llegó a pagar.
El caso sigue siendo investigado, mientras las comunicaciones reveladas arrojan luz sobre las conexiones entre empresarios, asesores y altos cargos políticos durante los primeros meses de la pandemia.
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Las declaraciones del 22 de enero serán cruciales para determinar el alcance de las posibles irregularidades y el papel de cada implicado en esta trama
The post El juez Peinado cita a Google, Indra y Telefónica por el software del caso Begoña first appeared on Hércules. El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha citado a declarar como testigos el próximo 22 de enero a representantes de Google Spain, Indra y Telefónica. El objetivo es obtener información sobre las inversiones relacionadas con un software que, según la investigación, Gómez habría apropiado ilícitamente.
Además de los representantes de estas compañías tecnológicas, el juez también ha convocado a Arsys Internet y a dos antiguos vicerrectores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal, quienes ya declararon anteriormente en la misma causa.
En este caso, Begoña Gómez enfrenta cargos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, vinculados a un supuesto desvío de recursos destinados a desarrollar un software financiado por estas entidades. Según fuentes judiciales, estas citaciones buscan esclarecer el papel de las empresas involucradas y su relación con el proyecto.
El pasado 18 de diciembre, el juez instructor ordenó a diversas entidades bancarias proporcionar a la Guardia Civil toda la información sobre las cuentas a nombre de Begoña Gómez entre diciembre de 2019 y noviembre de 2024. Esta medida responde a un informe del Punto Neutro Judicial que reveló una lista «incompleta» de diez cuentas bancarias asociadas a Gómez, con un saldo total de apenas 40 euros. La investigación sospecha que podría haber movimientos financieros no declarados o vinculados al caso.
Otro punto relevante de la investigación fue la declaración de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, quien el pasado viernes compareció ante el juez como testigo. Álvarez admitió que su nombramiento estaba destinado a ayudar a Begoña Gómez en temas tanto oficiales como privados. Esta afirmación se deriva de varios correos electrónicos relacionados con las actividades de Gómez, en los que se evidencian gestiones sobre másteres y una cátedra extraordinaria en la Complutense.
La investigación se amplió recientemente tras una querella presentada por Hazte Oír, que acusa a Gómez de apropiación indebida del software y de intrusismo en la elaboración de los pliegos técnicos para la contratación del servicio de asistencia y asesoría relacionado con dicho programa. Estas acusaciones han abierto nuevas líneas de investigación y añadido presión al entorno del Gobierno.
La situación de Begoña Gómez se suma a un periodo complicado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La semana pasada, diversas acusaciones han rodeado a figuras clave del Gobierno, incluyendo al fiscal general del Estado y a la presidenta del Congreso, en lo que algunos han calificado como «la semana judicial más negra para Moncloa».
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Roja Directa y su administrador, Igor Seoane, deberán abonar a Mediapro una sanción de 31,5 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios
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Imagen: Portal online Roja Directa-ABC
Con una sanción de más de 30 millones de euros, se convierte en la más alta impuesta a una empresa por piratear partidos de fútbol. Roja Directa, una web de contenido deportivo ilegal, deberá abonar 31,6 millones de euros a Mediapro por los daños y perjuicios causados por el pirateo de contenidos de fútbol propiedad del grupo.
El Juzgado Mercantil nº 2 de La Coruña ha fijado la indemnización que Puerto 80 y su administrador, Igor Seoane, deben resarcir a Mediapro por los daños y perjuicios ocasionados por la emisión de partidos de La Liga cuyos derechos afines de propiedad intelectual pertenecían al grupo audiovisual durante la temporada 2014/2015.
El Tribunal Supremo, ya en 2022, declaró a Puero 80 Projects y a su administrador, Igor Seoane, responsables de las actividades ilícitas llevadas a cabo por la web Roja Directa distribuyendo ilegalmente partidos de La Liga y obteniendo grandes beneficios económicos por ello.
Ahora, el Juzgado de A Coruña ha establecido la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa cuyos derechos fueron vulnerados. De los 31,6 millones impuestos, 15,8 millones deberán ser, en tanto que responsable solidario, abonados por su administrador, Igor Seoane.
Para el cálculo de la indemnización se ha tomado como base la cantidad que Roja Directa debería haber abonado a Mediapro para poder distribuir la emisión del partido de manera legal. Casi 10 años después del inicio de las actuaciones judiciales, Mediapro ha conseguido cerrar la web en España y fijar una indemnización por la infracción de derechos afines de propiedad intelectual.
La web Roja Directa funcionaba dando acceso a contenidos ilegales a través de enlaces que permitían ver en directo los partidos de la liga española y otros eventos deportivos que se emitían en exclusiva en la televisión de pago. Aunque para el usuario el acceso era gratuito, Puerto 80 obtenía ingresos millonarios a través de la publicidad y del cobro de comisiones por desviar tráfico a webs de casas de apuestas deportivas. Así, según informes periciales, en solo una de las cuentas de la empresa se obtuvieron ingresos de más de 11 millones de euros.
En paralelo, el administrador de Roja Directa, Igor Seoane, se enfrenta a un proceso penal impulsado por Mediapro y La Liga por un delito continuado contra la propiedad intelectual a través de la web y por el lucro obtenido con dicha actividad ilegal.
El fiscal solicita para el administrador cuatro años de prisión, mientras que Mediapro y La Liga solicitan seis. Pese a ello, Roja Directa sigue desarrollando esta actividad ilegal en otros países.
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El Gobierno planea cerrar cuatro plantas térmicas, aunque la de Mallorca seguirá funcionando para abordar situaciones de emergencia
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Imagen: central energética de carbón
El 2025 marca el final definitivo de la producción de electricidad con carbón en España, un combustible fósil que durante siglos impulsó el desarrollo industrial, pero que hoy es residual en el sistema energético nacional. Actualmente, solo cuatro centrales siguen activas: dos en Asturias, una en Cádiz y otra en Mallorca. Todas tienen planes de cierre o reconversión, aunque la planta mallorquina podría permanecer operativa hasta 2027 por razones de seguridad energética, mientras se completa un segundo cable de conexión entre las islas y la península.
En 2024, el carbón aportó apenas el 1,1% de la electricidad en España, la cifra más baja registrada. En contraste, hace seis años representaba más del 14% del mix energético, un nivel que llevó al Gobierno del PP a considerar medidas para evitar el cierre de estas plantas. Sin embargo, razones económicas y normativas han sentenciado su desaparición: el carbón ya no puede competir con las energías renovables, y las estrictas regulaciones ambientales europeas dificultan su continuidad.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), actualizado en septiembre pasado, adelanta el cese total de las centrales de carbón a 2025, cinco años antes de lo inicialmente previsto. Aunque el cierre está supeditado al visto bueno de Red Eléctrica de España (REE) para garantizar la seguridad del suministro, el camino parece irreversible.
Las plantas de la península ya han solicitado su clausura o reconversión. Por su parte, la central mallorquina de Es Murterar opera de forma casi simbólica, funcionando apenas 250 horas este año, lo que equivale a menos del 1% del consumo eléctrico en Baleares.
El declive del carbón comenzó en 2018, con el cierre de las últimas minas que operaban en España. Una normativa europea obligaba a clausurar las explotaciones que hubieran recibido ayudas públicas, salvo que devolvieran los fondos, una suma que superaba los 500 millones de euros. Las minas restantes cerraron el 1 de enero de 2019, reduciendo drásticamente la presencia del carbón.
Posteriormente, en julio de 2020, siete de las 15 plantas de carbón activas cesaron operaciones debido a otra directiva europea que exigía costosas mejoras medioambientales para seguir funcionando. Las pocas centrales que continuaron activas lo hicieron con una mínima operación, afectadas además por los altos costos asociados a las emisiones de dióxido de carbono.
El vacío dejado por el carbón fue inicialmente cubierto por centrales de gas, que emiten menos gases de efecto invernadero. Sin embargo, la rápida expansión de las energías renovables, liderada por la solar fotovoltaica, ha reducido también la dependencia del gas. En 2024, las fuentes renovables representaron el 56,1% de la generación eléctrica en España, frente al 38,6% de 2018.
Ante el auge de las renovables y la creciente saturación de la red eléctrica, los puntos de evacuación de las antiguas centrales de carbón se han convertido en activos valiosos. Las eléctricas están optando por reconvertir estas instalaciones: Aboño está siendo transformada para funcionar con gas e hidrógeno, mientras que Soto de Ribera y Los Barrios serán reutilizadas para proyectos de hidrógeno verde.
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El incremento del precio del gas ha anclado al mercado eléctrico, provocando el auge del consumo eólico y fotovoltaico
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Imagen: infraestructura de energías renovables I Istock
El mercado eléctrico español ha dejado atrás la estabilidad que lo caracterizaba hasta hace pocos años. Antes, los precios apenas variaban, con ligeros aumentos en invierno y verano. Sin embargo, la irrupción de las energías renovables ha trastocado por completo ese panorama. Ahora, cuando la producción de energía solar, eólica e hidráulica desplaza a las centrales de gas, los precios caen en picado, lo que afecta directamente a los ingresos del sector.
En este contexto, los propietarios de instalaciones renovables aprovechan al máximo periodos de precios altos, como el actual, para reforzar sus ingresos de cara a las previsibles caídas de primavera. En las últimas semanas, el mercado mayorista ha registrado precios superiores a los 100 euros por megavatio hora (MWh) en días laborales, beneficiando especialmente a la eólica y, en menor medida, a la solar fotovoltaica.
La paradoja del mercado actual radica en que los elevados ingresos de las renovables están impulsados por los altos precios del gas natural, que elevan las tarifas mayoristas. Según Javier Revuelta, analista de Afry, los ingresos medios de la energía solar en 2024 se han duplicado respecto a la primera mitad del año, alcanzando los 42 euros por MWh. Esto ha permitido que, a pesar de un inicio complicado, el año cierre con resultados aceptables para el sector.
Por su parte, la eólica registra ingresos aún más elevados, promediando 55 euros por MWh. Según Revuelta, estos meses han sido especialmente positivos para el sector, transformando un año que parecía desfavorable en uno de los mejores recientes.
Aunque una minoría de instalaciones venden su producción directamente en el mercado diario, la mayoría operan bajo contratos de compraventa a largo plazo (PPA), que les aseguran estabilidad. Sin embargo, los precios del mercado mayorista siguen siendo clave para fijar las tarifas de estos acuerdos. Óscar Barrero, socio de PwC, señala que el aumento de precios ha impulsado la firma de nuevos contratos, con tarifas actuales que rondan los 38 euros por MWh para la solar y 55 euros para la eólica.
Este contexto también ha revitalizado la compra de activos fotovoltaicos, que estaba en pausa debido a la incertidumbre. Ahora, las operaciones avanzan con mayor fluidez, consolidando un mercado más selectivo pero activo.
España sigue batiendo marcas en generación renovable, con un 56% de su electricidad proveniente de fuentes limpias en 2024, según Red Eléctrica de España. Este incremento de seis puntos respecto al año anterior posiciona a la eólica como líder indiscutible del mix eléctrico, seguida por la fotovoltaica, que ya se acerca a la energía nuclear.
Aunque la demanda de electricidad ha crecido un 1,4% en 2024, la generación total ha disminuido ligeramente debido a la caída de las exportaciones, tras la recuperación del parque nuclear francés. No obstante, España mantiene su posición como exportador neto de electricidad, un estatus limitado por la capacidad de interconexión con Francia, único enlace con el resto de Europa.
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Con esta medida se pretende impedir que puedan acceder a espectáculos taurinos, ejercer como toreros profesionales y asistir a clases en escuelas taurinas
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Imagen: Niño toreando-Canal Sur
El grupo de Sumar en el Congreso ha impulsado una proposición de ley para prohibir que los menores de edad entren en los espectáculos taurinos, ejerzan de toreros profesionales o tomen clases en las escuelas de tauromaquia. Su argumento es «la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia de la tauromaquia». Así queda reflejado en el nombre de la ley registrada.
«La exposición a actos violentos cometidos contra los animales y la participación en los mismos supone un riesgo para el bienestar psicológico y emocional de los menores. La exposición a la violencia en la infancia y la adolescencia puede contribuir a normalizar la violencia», ha argumentado en rueda de prensa el diputado Nahuel González, de IU, aludiendo a lo que los expertos en la materia reflejan en sus estudios.
Sumar confía en que los grupos parlamentarios que conforman el bloque de la investidura de Sánchez den su apoyo a esta ley, incluso partidos conservadores como Junts o PNV, con quienes los últimos días han protagonizado desacuerdos sobre distintas materias, como el impuesto a las energéticas. En este sentido, González ha afirmado que cree posible este acuerdo porque “siempre” ha habido sintonía en cuestiones relacionadas con el “maltrato animal”. Es por eso que González ha asegurado que ve «muchas posibilidades» de que la iniciativa sea admitida a trámite en los próximos meses.
La propuesta aborda la modificación de cuatro artículos de la Ley 10/1981, con el objetivo de que sólo a partir de los 18 años se pueda acceder a este tipo de espectáculos, con independencia de si los padres dan su consentimiento o si acceden acompañados de estos. Así, bajo ninguna circunstancia, se permitiría la entrada de un menor.
En el primero de esos artículos se establece expresamente que «queda prohibida la entrada de menores de 18 años en plazas de toros o en recintos habilitados, cuando en unos u otros tengan lugar eventos taurinos, incluidas las escuelas taurinas cuando utilicen animales en sus prácticas». Si algún menor de edad se saltara esta prohibición y acudiera, se castigaría como una infracción «muy grave».
La propuesta también incluye la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los menores de edad no puedan «en ningún caso» ejercer de «profesionales taurinos».
El tercer artículo aborda las escuelas taurinas, estableciendo que los alumnos de las mismas deberán ser mayores de edad, aunque la mayor parte de los toreros en activo comenzaran su carrera con 14 o 15 años. La ley vigente solamente limita la edad para poder asistir a clases prácticas con animales vivos, estableciéndose este límite en 14 años. Con la modificación, no sería posible hasta los 18 años.
Por último, la iniciativa de Sumar entra en la normativa audiovisual para fijar que los espectáculos taurinos en los que «se maltrate» o se «dé muerte a animales» tengan la consideración de «contenido perjudicial». Esto daría lugar a limitaciones en la difusión de retransmisiones, avances, anuncios, resúmenes o promoción.
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