A pesar de la urgencia de los numerosos ciudadanos afectados por la DANA en Valencia el Gobierno de Pedro Sánchez sigue apurando los plazos para presentar la solicitud de Fondos Europeos
The post A tres días del final del plazo, el Gobierno sigue sin solicitar las ayudas europeas para la DANA first appeared on Hércules. A tan solo unos días de que venza el plazo para solicitar los fondos del Fondo Europeo de Solidaridad (FES) destinados a las zonas afectadas por la DANA de octubre de 2024, el Gobierno central sigue sin presentar la solicitud formal. Esta inacción, que contrasta con los anuncios realizados por Pedro Sánchez en noviembre, ha generado críticas desde Valencia y Bruselas, poniendo en evidencia lo que muchos consideran una falta de compromiso con los afectados.
Una promesa incumplida
El pasado 5 de noviembre, el presidente Sánchez aseguró que España ya había solicitado las ayudas del FES, afirmación que resultó ser inexacta. A día de hoy, 16 de enero de 2025, la Comisión Europea confirma que no ha recibido ninguna solicitud formal, aunque están al tanto de la «intención» del Gobierno de hacerlo. Este retraso deja a las localidades devastadas por las lluvias torrenciales en una situación crítica, enfrentando una reconstrucción que depende de estos fondos europeos.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha sido especialmente dura en sus críticas al Ejecutivo. Durante su visita a Bruselas el 13 de enero, expresó su «profunda preocupación» ante la falta de acción del Gobierno central, calificando su actitud como «pasiva e irresponsable». Catalá subrayó que los 1.500 millones de euros que España podría recibir del FES serían insuficientes para cubrir los más de 17.600 millones de euros estimados en daños por la Generalitat Valenciana.
Además, Catalá acusó al Gobierno de cargar el peso de la recuperación a los ayuntamientos, que trabajan «a pulmón» para atender las necesidades inmediatas. «No vale el 50% o el 60% de las ayudas, necesitamos el 100% de los fondos disponibles», advirtió, mientras pedía celeridad para evitar que se pierdan las ayudas.
Excusas gubernamentales
Desde Moncloa, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido que es «habitual» agotar los plazos para garantizar una evaluación detallada de los daños. Esta postura, aunque respaldada por precedentes en otros países como Alemania o Italia, no alivia la urgencia de los afectados, quienes necesitan respuestas inmediatas.
El vicepresidente de la Generalitat, Francisco José Gan Pampols, también abogó por la prudencia, pero reconoció que el Gobierno central aún no ha cumplido con este trámite esencial. «No me cabe en la cabeza que no se soliciten las ayudas a tiempo», afirmó.
Mientras la solicitud del FES sigue en el aire, el Gobierno de Sánchez ha anunciado la reprogramación de otros fondos europeos, como el FEDER y el FSE+, mediante el reglamento RESTORE. Aunque esta medida permitirá redirigir un 10% de estos recursos hacia la reconstrucción, no sustituye la importancia del Fondo de Solidaridad, principal herramienta de apoyo europeo en casos de desastres naturales.
El problema, además, radica en que el Fondo Europeo de Solidaridad no ofrece una solución inmediata. En casos anteriores, como el volcán de La Palma o las inundaciones en Alemania, los fondos tardaron meses en llegar, cubriendo solo un porcentaje reducido de los daños totales. Esto resalta la falta de previsión del Ejecutivo para activar mecanismos de ayuda más ágiles.
La tardanza del Gobierno en activar el Fondo Europeo de Solidaridad alimenta las críticas hacia su gestión, percibida por muchos como insuficiente y más enfocada en la retórica política que en soluciones prácticas. A medida que se acerca el plazo del 21 de enero, crece la incertidumbre entre los afectados por la DANA, quienes siguen esperando acciones concretas y no promesas vacías.
Para Valencia y otras zonas afectadas, la reconstrucción no puede esperar más. Sin embargo, mientras Sánchez agota los plazos, los ciudadanos enfrentan las consecuencias de una burocracia paralizante y una gestión cuestionable, que no solo pone en riesgo los fondos europeos, sino también la confianza en un Gobierno que parece mirar más a sus intereses políticos que al bienestar de los españoles.
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