El Gobierno comenzó a frenar los procesos de desahucio en 2020, justificando que se hacía con motivo de las consecuencias de la pandemia
The post El decreto ómnibus obliga a los propietarios a llegar a un acuerdo con su okupa si quiere cobrar el aval del Estado first appeared on Hércules. El decreto ómnibus del Gobierno, apoyado por Junts, ha generado un gran descontento en distintos sectores, pero, sobre todo, a los propietarios afectados por la okupación. El decreto beneficia a los okupas y da la espalda a los caseros.
Uno de los puntos clave del decreto ómnibus es el aval para los propietarios de pisos okupados, el cual hace casi irrecuperables las rentas que el casero ha dejado de recibir por parte de su inquilino. El decreto obliga a los caseros a llegar a un acuerdo “extrajudicial” con el okupa que vive de manera ilegal en su propiedad, si quiere recibir el aval del Estado por impago de la renta.
El decreto ómnibus, el cual saldrá adelante en el Congreso de los Diputados, debido al apoyo del partido independentista, Junts. Este determina que “la solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, ya sea, mediante resolución judicial de lanzamiento ya sea mediante acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión”.
Según las medidas del decreto ómnibus, el Gobierno de Sánchez mantiene suspendidos los desahucios. Así, la única vía que tiene el propietario es que llegue a un acuerdo de forma extrajudicial su propio okupa, para poder recibir el aval del Estado. Para que el propietario reciba este aval, la renta del alquiler no puede ser superior al índice estatal de referencia del alquiler.
El Gobierno y Junts benefician a los okupas en el decreto ómnibus
El PSOE se compromete a “garantizar el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad, y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan”.
El Gobierno comenzó a frenar los procesos de desahucio en 2020, justificando que se hacía con motivo de las consecuencias económicas producidas por la pandemia. Este decreto señalaba que todos los procesos judiciales relacionados con los desahucios se retrasarían hasta 2025.
Con las nuevas medidas de vivienda que conforman el decreto ómnibus, el okupa deberá acreditar que se encuentra en una situación de “vulnerabilidad económica”. También deberá acreditarlo el propietario que quiera recuperar su vivienda allanada de forma ilegal.
Una vez que se entregue la documentación por ambas partes, se trasladará a los servicios sociales y será el juez quien dicte “un auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador”.
The post El decreto ómnibus obliga a los propietarios a llegar a un acuerdo con su okupa si quiere cobrar el aval del Estado first appeared on Hércules.
