Crónica Diaria

La retirada del visado para grandes inversores podría frenar la llegada de capital extranjero y afectar al mercado inmobiliario de lujo
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Imagen generada con ChatGPT 4o

Desde este jueves, España deja de conceder la ‘Golden Visa’, el visado especial para ciudadanos no comunitarios que realizaban inversiones superiores a los 500.000 euros en el sector inmobiliario o a partir de un millón de euros en otros activos financieros. Esta decisión, promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, busca reducir la presión en el mercado de la vivienda, pero también podría suponer un retroceso en la captación de inversión extranjera.

Impacto en la inversión extranjera

La medida llega tras doce años en los que se otorgaron más de 14.500 ‘Golden Visas’, principalmente a inversores chinos, rusos, británicos y estadounidenses. La posibilidad de obtener la residencia en España a cambio de inversiones significativas atrajo capitales que, en muchos casos, se dirigieron al sector inmobiliario de lujo en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Palma y Valencia.

Ahora, con la eliminación de esta ventaja, muchos expertos alertan sobre una posible caída en la inversión extranjera, lo que podría afectar especialmente al sector inmobiliario de alto nivel y al mercado financiero, donde algunos inversores apostaban por la compra de bonos o participaciones en empresas españolas.

La eliminación de la ‘Golden Visa’ ha generado un intenso debate. El Ejecutivo argumenta que la medida ayudará a aliviar el estrés del mercado inmobiliario, devolviendo parte de la oferta a compradores nacionales. Sin embargo, los datos reflejan que estas inversiones representaban tan solo el 0,25% de las compraventas de vivienda en los últimos once años, por lo que su impacto en la crisis de vivienda podría ser mínimo.

Por otro lado, empresarios y expertos del sector financiero advierten que la decisión podría desincentivar la llegada de grandes inversores al país. “La ‘Golden Visa’ era una herramienta de atracción de capital que beneficiaba a diversos sectores. Su eliminación nos hace perder competitividad frente a otros países europeos”, afirma un analista inmobiliario.

Consecuencias en el mercado inmobiliario

La compra de propiedades de lujo por parte de inversores extranjeros ha sido un motor clave para la economía de algunas ciudades españolas. La decisión del Gobierno podría generar una desaceleración en este segmento, afectando a promotoras y agencias especializadas en clientes internacionales.

En los últimos meses, la proliferación de carteles en Madrid anunciando “Inversores chinos buscan piso” reflejaba el interés de estos compradores. Con la eliminación de la ‘Golden Visa’, este interés podría trasladarse a otros países europeos que mantienen programas similares, como Portugal, Grecia o Malta.

El impacto de la eliminación de la ‘Golden Visa’ podría extenderse más allá del sector inmobiliario. Inversiones en empresas españolas, la creación de empleo y el impulso a la economía local podrían resentirse sin la llegada de estos capitales. Aunque el Gobierno defiende que la medida contribuirá a una mayor equidad en el acceso a la vivienda, algunos expertos creen que podría traducirse en una menor inversión en sectores clave del país.

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Hungría desafía la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu, quien llega a Budapest para una visita oficial de cuatro días. La visita refuerza el vínculo entre Orban y Netanyahu, mientras crecen las críticas internacionales hacia el gobierno húngaro.
The post Hungría planta cara a la Corte Penal Internacional con la visita de Netanyahu a Budapest first appeared on Hércules.  Este será el primer viaje de Benjamín Netanyahu a suelo europeo desde que la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza el pasado noviembre. Netanyahu aterrizará en Budapest en la madrugada del jueves 3 de abril para una visita oficial de cuatro días a Hungría, donde se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán y otros altos funcionarios del gobierno.

En noviembre, Orbán condenó enérgicamente la decisión de la CPI, calificándola de “vergonzosa” y “cínica”. Además, expresó su rechazo absoluto a la orden de arresto, asegurando que Hungría no la acataría. Como muestra de apoyo, invitó a Netanyahu a Budapest, garantizándole que no enfrentaría ningún riesgo durante su estancia.

La visita subraya el fortalecimiento de la relación entre Orbán y Netanyahu, dos líderes con visiones políticas alineadas que defienden posturas iliberales en sus respectivos países. Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, Orbán se ha posicionado como uno de los principales aliados de Israel en Europa, bloqueando cualquier resolución en la UE o la ONU que cuestione la ofensiva israelí.

Una provocación a la CPI

No obstante, la visita de Netanyahu a Budapest plantea un dilema legal. Hungría es signataria del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional en 1999, y lo ratificó en 2001, durante el primer mandato de Orbán. Esto significa que el país tiene la obligación legal de arrestar a cualquier persona sujeta a una orden de detención de la CPI. Sin embargo, el gobierno húngaro sostiene que nunca ha implementado la Convención asociada al Estatuto de Roma debido a cuestiones constitucionales, por lo que no estaría obligado a cumplir la orden de la Corte.

Este argumento ha sido rechazado tajantemente por la CPI. Fadi El Abdallah, portavoz de la Corte, enfatizó que corresponde a los países miembros acatar sus decisiones y que no pueden “determinar unilateralmente la validez de las resoluciones legales de la Corte”. No obstante, la CPI carece de mecanismos coercitivos para hacer cumplir sus órdenes y depende de la cooperación voluntaria de los Estados miembros.

En este contexto, Orbán parece confiar en que no enfrentará repercusiones, ya que no es la primera vez que desafía a la Corte. En noviembre de 2023, recibió en Budapest a Vladimir Putin, pese a que el presidente ruso ya estaba bajo una orden de arresto de la CPI.

Sin embargo, este caso podría trascender una simple disputa legal. Según The Times of Israel, Hungría podría aprovechar la visita de Netanyahu para anunciar su salida de la Corte Penal Internacional, una decisión que ha estado en discusión en los últimos meses y que podría formalizarse al concluir la visita. Si esto ocurre, Hungría se convertiría en el único país de la Unión Europea fuera de la CPI, una postura alineada con la política de Orbán, quien a menudo se distancia de sus homólogos europeos.

Durante su estancia en Budapest, se espera que Netanyahu también plantee a Orbán la posibilidad de que Hungría respalde el plan de Donald Trump para Gaza, el cual propone evacuar a la población palestina y reconstruir el enclave para transformarlo en lo que el expresidente estadounidense denomina la “Riviera del Oriente Medio”. De acuerdo con una fuente israelí citada por The Times of Israel, Netanyahu busca formar una coalición de países que respalden esta iniciativa.

La visita también ha generado críticas a nivel internacional. Amnistía Internacional calificó el viaje de Netanyahu como un “intento cínico de socavar la CPI y su labor”, considerándolo un “insulto a las víctimas de los crímenes que dependen de la Corte para obtener justicia”. Human Rights Watch, por su parte, denunció un “nuevo ataque de Viktor Orbán contra el Estado de derecho”, recordando el ya cuestionado historial de derechos humanos en Hungría.

Las reacciones en Europa han sido más moderadas. La Comisión Europea reafirmó su compromiso inquebrantable con la CPI y el Estatuto de Roma, pero no tomó medidas concretas contra la visita. Aunque Hungría es el primer país de la UE en recibir a Netanyahu tras la orden de arresto, no es el único cuyas autoridades han mostrado una postura permisiva.

En febrero, el canciller alemán, Friedrich Merz, declaró que Netanyahu “podría visitar” Alemania, señalando que la idea de que un primer ministro israelí no pudiera ingresar al país era “completamente absurda”. En Polonia, el primer ministro Donald Tusk también extendió una invitación a Netanyahu para asistir a la ceremonia del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz.

Por su parte, la diplomacia francesa adoptó una postura ambigua tras el anuncio de la orden de arresto, señalando “posibles problemas de inmunidad” para los líderes de países que no son signatarios del Estatuto de Roma ni miembros de la CPI, como es el caso de Netanyahu. Esta posición dificulta una condena firme por parte de las principales capitales europeas, a pesar del evidente desafío a la Corte.

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Este organismo pertenece al Ministerio de Defensa, el cual cuenta con un presupuesto que podría rondar los 21.000 millones
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Imagen: la directora del CNI, Esperanza Casteleiro I EFE

​En 2023, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España contó con un presupuesto récord de 337 millones de euros, lo que representó un incremento del 4,6% respecto al año anterior. Este aumento incluyó una partida principal de 334 millones de euros y 3 millones adicionales procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este incremento presupuestario se produjo en el contexto de la designación de Esperanza Casteleiro como directora del CNI, tras la destitución de Paz Esteban en medio de la polémica por el caso Pegasus. ​

Responsabilidades del Centro Nacional de Inteligencia

El CNI depende del Ministerio de Defensa y está sometido a la supervisión del Gobierno y del Congreso, aunque su trabajo se desarrolla bajo un alto grado de confidencialidad por razones de seguridad nacional.

Se trata de un organismo responsable de la inteligencia y contrainteligencia en España, con la misión de proporcionar al Gobierno información estratégica para la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa. Su labor se centra en la prevención de amenazas, la protección frente a actividades de espionaje y la seguridad de las infraestructuras críticas del Estado.

Entre sus principales funciones, trabaja en la detección y neutralización de riesgos como el terrorismo, el crimen organizado y los ciberataques. A través de su división de contrainteligencia, protege al país de posibles infiltraciones extranjeras o amenazas internas. En el ámbito de la ciberseguridad, el Centro Criptológico Nacional (CCN), se encarga de garantizar la seguridad de las comunicaciones y sistemas informáticos gubernamentales.

El organismo también desempeña un papel clave en la obtención de información sobre conflictos internacionales y amenazas globales que puedan afectar a España, colaborando con agencias de inteligencia de otros países. Además, se encarga de la seguridad de las comunicaciones oficiales y de la protección de información clasificada.

Escándalos del CNI

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha estado involucrado en diversos escándalos a lo largo de los años, relacionados con escuchas ilegales, espionaje político y fallos en la seguridad nacional.

Uno de los casos más recientes fue el escándalo del software Pegasus, destapado en 2022, cuando se reveló que había utilizado este sistema de espionaje para intervenir las comunicaciones de líderes independentistas catalanes, como el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès. Aunque el Gobierno defendió la legalidad de las intervenciones, el caso generó una fuerte crisis política y la destitución de la entonces directora, Paz Esteban.

Otro episodio polémico fue el fallo de seguridad en el espionaje al Gobierno, cuando se descubrió que el móvil del presidente Pedro Sánchez y de varios ministros había sido infectado con Pegasus. Este incidente evidenció vulnerabilidades en la ciberseguridad del Estado y puso en duda la capacidad del CNI para proteger las comunicaciones de altos cargos.

En el pasado, también estuvo envuelto en el caso del 11-M, cuando fue criticado por su gestión de la información previa a los atentados de Madrid en 2004. Aunque el organismo aseguró que no tenía conocimiento de la amenaza, sectores políticos y mediáticos cuestionaron su labor en la prevención del ataque.

Otro escándalo significativo fue el del caso del pequeño Nicolás, un joven que aseguró haber trabajado con el CNI y que consiguió infiltrarse en eventos de alto nivel haciéndose pasar por un agente vinculado a la Casa Real y al Gobierno. Este episodio puso en entredicho los controles de seguridad de las instituciones del Estado.

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Las nuevas restricciones se amparan en la ley húngara de protección de la infancia, la cual “estigmatiza los contenidos relacionados con el colectivo LGTBIQ+ y los presenta como perjudiciales”
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Imagen: Participantes en el Orgullo Gay de Budapest el 6 de julio. Foto: Joost van Beek (CC BY-NC)

El comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de derecho Michael McGrath ha avisado de que el Ejecutivo comunitario se encuentra analizando de manera “exhaustiva” la nueva ley del Gobierno de Viktor Orbán para prohibir las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ en Hungría. McGrath ha añadido que “no dudará en actuar” si esta ley vulnera los principios y valores de la Unión Europea y los Derechos Fundamentales que consagran sus Tratados.

Son varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) los que garantizan los derechos de las personas LGTBIQ+ y la capacidad de la UE para pasar a la acción. El artículo 10 establece que la Unión debe combatir la discriminación por motivos de orientación sexual en la definición y ejecución de sus políticas y acciones. Asimismo, el artículo 19 faculta al Consejo de la Unión Europea para adoptar acciones adecuadas que combatan la discriminación basada en la orientación sexual. Asimismo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE decreta en su artículo 21 la prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual.

“Nuestra Unión es una unión de libertad e igualdad. Todo el mundo debe de poder ser quién sea, vivir y querer libremente”, ha expuesto McGrath. Después, ha proclamado entre algunos aplausos de eurodiputados que “el derecho a reunirse pacíficamente es un derecho fundamental que debe defenderse a lo largo de toda la Unión Europea”, haciendo referencia al artículo 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Orbán cree que las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ son perjudiciales para la infancia

Las restricciones del Gobierno de Orbán se amparan en la ley húngara de protección de la infancia, que establece la prohibición de todo contenido que “promueva o muestre desviaciones del género asignado al nacer, reasignación de género y homosexualidad”. También, la llamada “ley de defensa de menores”, aprobada en 2021, relaciona la homosexualidad con la pederastia, prohíbe hablar de la homosexualidad en espacios y publicaciones para menores y obliga a las librerías a vender en sobres cerrados los libros en la sección juvenil que abordan ese tema.

En este sentido, McGrath ha querido dejar claro que la protección de “todos los niños en toda su diversidad es una prioridad absoluta para la UE y sus Estados miembros”. El comisario europeo ha añadido que, a ojos de Bruselas, la ley controvertida “contiene provisiones que no están justificadas” sobre la base de esa protección del menor y resultan “desproporcionadas” para lograr los objetivos proclamados.

El ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, por su parte, ha explicado que la preocupación por el Estado de derecho en Hungría ha sido abordado ya en una reunión de ministros europeos en enero, en una ronda sobre la situación en varios países, y será de nuevo tratado bajo el marco del artículo 7 en una reunión de Asuntos Generales el próximo mes de mayo.

El eurodiputado ultraderechista húngaro Tamás Deutsch, que pertenece al partido que gobierna en Hungría, ha calificado la solución húngara como “ejemplar”, destacando que “en Hungría es más fácil organizar protestas que en cualquier otro lugar de Europa”. “Pierden el tiempo con otra pieza de teatro político de mala calidad atacando a Hungría. Es tan frívolo como trágico. La democracia húngara está bien, muchas gracias”, apuntó.

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La ampliación de capital impulsada por el presidente del grupo mediático desata una batalla legal entre los accionistas alineados con Moncloa
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Joseph Oughourlian, durante la apertura del evento ‘World in Progress’ de Grupo Prisa en Barcelona // Alberto Paredes – Europa Press

El conflicto interno en Prisa ha alcanzado un nuevo nivel con la demanda presentada por Global Alconaba contra Joseph Oughourlian, presidente del grupo. La disputa surge a raíz de la ampliación de capital de 40 millones de euros, promovida por Oughourlian para reducir la elevada deuda de la compañía. Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte rechazo entre algunos accionistas, quienes la interpretan como un intento del presidente de blindarse en el poder sin lanzar una OPA.

Una ampliación de capital polémica

La decisión del presidente de diluir la participación de los accionistas ha provocado la reacción inmediata de los afines a Moncloa, quienes ven en esta maniobra una estrategia para consolidar su control en la empresa. Para evitar perder su influencia, Oughourlian convirtió parte de unos bonos convertibles adquiridos por una de sus sociedades, asegurando así su 29,6% de participación en Prisa.

La denuncia presentada por Global Alconaba acusa al presidente de orquestar una serie de acciones con el único propósito de perpetuarse en el poder, perjudicando al resto de accionistas. Según el documento, la ampliación de capital fue diseñada para excluir a los inversores que no estaban alineados con Oughourlian, afectando especialmente a socios como José Miguel Contreras y Adolfo Utor, quienes ya habían anunciado su intención de llevar el caso ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Otro punto clave en la demanda es la refinanciación de la deuda de Prisa, que asciende a 750 millones de euros. Oughourlian ha mantenido reuniones con importantes grupos inversores para renegociar estos compromisos financieros, una medida que ha sido interpretada por sus detractores como innecesaria y perjudicial para el grupo.

Los empresarios opositores sostienen que la deuda no vence hasta el próximo año, por lo que la urgencia de renegociación responde más a los intereses personales del presidente que a los de la compañía. Además, el acuerdo de refinanciación incluye una cláusula de control que permite a Oughourlian mantener su posición privilegiada en el consejo de administración, ya que cualquier cambio en la presidencia podría adelantar el vencimiento del préstamo, generando un grave riesgo financiero para Prisa.

El rechazo de la familia Polanco

Dentro de la guerra accionarial, Manuel Polanco, representante de la familia fundadora de Prisa, se ha opuesto abiertamente a la estrategia de Oughourlian. Su principal crítica es que la ampliación de capital perjudica la inversión de Rucandio S.A., su empresa, al no ofrecerles la posibilidad de suscribir nuevas acciones en condiciones preferentes.

Asimismo, varios consejeros del grupo también se han manifestado en contra de las medidas tomadas por el presidente. En particular, Isabel Sánchez García y María José Marín Rey-Stolle votaron en contra de la ampliación de capital, mientras que se abstuvieron en la votación sobre la refinanciación de la deuda.

“La clase de cláusulas como las que se incluyeron en la refinanciación posicionan al acreedor en un lugar de privilegio que le permitiría anunciar el vencimiento anticipado del préstamo por el mero hecho de que la sociedad (Prisa) decidiera un cambio en la presidencia del consejo o el cese de dicho presidente como consejero, lo que, como es lógico, generaría un perjuicio irreparable para los accionistas privados de sus facultades de control o, en su caso, para la sociedad ante su incapacidad para hacer frente a la deuda que sería exigible si venciera anticipadamente”, manifiesta la denuncia

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Los aranceles impuestos por Donald Trump generan una crisis de confianza en el dólar, que sufre su peor caída frente al euro desde 2015
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Trump agradece los aplausos tras concluir su discurso durante un evento “Make America Wealthy Again” en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC // Chris Kleponis – Zuma Press – ContactoPhoto

El anuncio de Donald Trump en el jardín de la Casa Blanca, en lo que denominó el “Día de la Liberación”, ha generado una reacción inmediata en los mercados globales. La aplicación de aranceles recíprocos basados en el déficit comercial de Estados Unidos con otros países ha sido interpretada por economistas y analistas como una estrategia más política que económica.

Mientras que Trump y su equipo defienden la medida como una protección a la industria estadounidense, la realidad es que estas tarifas afectan directamente a los consumidores y a los negocios del país. La posibilidad de una recesión está sobre la mesa, lo que ha llevado a una pérdida de confianza en la economía estadounidense.

El castigo de los mercados al dólar

Uno de los efectos más visibles de esta política es la fuerte caída del dólar en los mercados de divisas. El euro se ha revalorizado un 1,5% frente al billete verde, alcanzando los 1,11 dólares por euro, un nivel no visto en los últimos seis meses. En lo que va del año, la moneda estadounidense ha retrocedido un 4,5% frente a una cesta de divisas internacionales, una caída que refleja la preocupación de los inversores.

Según George Saravelos, analista de Deutsche Bank, “estamos cada vez más preocupados por el riesgo de que el dólar sufra una crisis de confianza”. La metodología utilizada por Trump para calcular los aranceles ha generado incertidumbre, ya que no responde a un análisis económico detallado, sino a un simple cálculo del déficit comercial con cada país.

El temor a una recesión ha generado una fuga de inversores de Wall Street, lo que ha provocado que la Bolsa de Nueva York registre caídas en paralelo a la depreciación del dólar. Los grandes fondos de inversión que han financiado la economía estadounidense en la última década podrían comenzar a reducir sus posiciones, lo que aumentaría la volatilidad en los mercados.

Por otro lado, los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se han convertido en refugio para los inversores ante la incertidumbre. La rentabilidad de estos bonos se mantiene estable, pero el riesgo de que la Reserva Federal tenga que intervenir con nuevos recortes en los tipos de interés para evitar una contracción económica es cada vez mayor.

Las consecuencias a medio y largo plazo

El debilitamiento del dólar podría marcar el inicio de una tendencia más profunda que reconfigure el panorama financiero global. La posibilidad de que el dólar pierda su estatus dominante como divisa de referencia mundial está sobre la mesa, especialmente si los países afectados por los aranceles comienzan a replantearse su relación con la economía estadounidense.

Benjamin Dubois, de Edmond de Rothschild AM, advierte que “el segundo mandato de Trump podría hacer que el dólar pierda el estatus dominante del que ha disfrutado durante la última década”. Aunque aún es pronto para establecer un consenso sobre el futuro del tipo de cambio, algunas firmas ya proyectan un euro que podría superar los 1,15 dólares en los próximos meses.

La guerra comercial iniciada por Trump no solo afecta a los países con los que Estados Unidos tiene relaciones comerciales, sino que también está impactando la confianza de los inversores en la estabilidad de la economía estadounidense. Si las tensiones comerciales continúan escalando, el debilitamiento del dólar podría convertirse en una tendencia irreversible, con consecuencias impredecibles para los mercados globales.

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La nota destaca que podría tratarse de un «intento coercitivo» de «alzar un obstáculo a la realización de la primacía del Derecho de la Unión Europea»
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El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante la celebración del Día de la Mujer en la sede del TC. // Gustavo Valiente – Europa Press

Un informe solicitado por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha determinado que existe una “indudable” posibilidad de que la Audiencia de Sevilla eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el marco del ‘caso ERE’. Sin embargo, el documento también plantea dudas sobre la finalidad de esta acción, sugiriendo que podría tratarse de un “medio impugnatorio” para esquivar las sentencias del TC.

El informe, elaborado por un letrado del TC a petición de Conde-Pumpido, analiza la reciente providencia de la Audiencia de Sevilla, que busca plantear una cuestión prejudicial al TJUE tras considerar que el TC se había “extralimitado” en su interpretación de los delitos de prevaricación y malversación. La decisión del TC había supuesto la anulación de varias condenas, incluidas las de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Desacuerdo dentro del TC

El informe también examina una iniciativa similar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya ha consultado al TJUE en un litigio entre Cabify y Auro, sin esperar a que el TC resolviera internamente el debate jurídico.

Conde-Pumpido trasladó a los magistrados del TC su preocupación sobre la posibilidad de que los jueces españoles eludan las sentencias del TC acudiendo al TJUE. Sin embargo, su postura no encontró suficiente respaldo ni siquiera entre el sector progresista del tribunal, por lo que se ha decidido incluir el asunto como “debate jurídico” en el próximo Pleno del TC.

El derecho de los jueces a consultar al TJUE

El informe parte de una “premisa insoslayable”: los jueces españoles tienen derecho a plantear cuestiones prejudiciales en fase de ejecución de sentencias. Cualquier intromisión en este derecho podría considerarse un obstáculo para la aplicación del Derecho de la Unión Europea.

Además, el documento destaca que no hay “base suficiente” para anular las resoluciones de los jueces en su condición de órganos del Derecho de la UE. Así, argumenta que las cuestiones prejudiciales planteadas gozan de una “presunción general de pertinencia”, salvo en casos excepcionales que no se cumplen en estos procedimientos.

“Cualquier ejercicio coercitivo de potestades por instancias distintas del juez promotor de la cuestión, responsable único de la misma, solo puede considerarse un intento de alzar un obstáculo a la realización de la primacía del Derecho de la Unión Europea“, señala la nota.

A pesar de reconocer la posibilidad de acudir al TJUE, el informe pone en duda que la Audiencia de Sevilla tenga una verdadera incertidumbre sobre el encaje de las resoluciones del TC en el Derecho de la UE. Más bien, sugiere que el objetivo podría ser impugnar una resolución con “valor de cosa juzgada”, lo que podría afectar a los derechos fundamentales previamente reconocidos por el TC.

El documento cuestiona que la Audiencia de Sevilla no haya especificado en qué medida la interpretación del TC sobre las leyes de presupuesto de Andalucía entre 2002 y 2009 contraviene la normativa comunitaria. Asimismo, destaca que el tribunal andaluz no menciona ningún acto jurídico de la UE que justifique su consulta.

El informe advierte sobre el riesgo de convertir el reenvío prejudicial en un mecanismo para impugnar resoluciones judiciales firmes, lo que podría alterar el equilibrio institucional. Según el documento, este uso “instrumental” del reenvío podría comprometer la imparcialidad de los jueces, quienes dejarían de ser “terceros en discordia” para convertirse en defensores de su propia interpretación del Derecho.

No obstante, el informe concluye que el respeto a la independencia judicial impide que el TC adopte medidas para impedir estas consultas al TJUE, a pesar de las dudas sobre su finalidad. En este contexto, la decisión final quedará en manos del Pleno del TC, que deberá evaluar el alcance de esta situación y sus implicaciones jurídicas en la próxima sesión.

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