La decisión final sobre la suspensión de García Ortiz recaerá en la Sala Penal del Tribunal Supremo, a la que APIF ha recurrido en apelación
The post Guerra judicial entre García Ortiz y el Tribunal Supremo first appeared on Hércules. La tensión entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el Tribunal Supremo (TS) ha alcanzado niveles críticos, desestabilizando al Ministerio Público y planteando serias dudas sobre la imparcialidad de su actuación. El choque entre estas dos instituciones ha derivado en un conflicto judicial que amenaza con marcar un antes y un después en la carrera fiscal.
La negativa de García Ortiz a responder al Supremo
El pasado miércoles, Álvaro García Ortiz se negó a responder ante el Tribunal Supremo, lo que ha generado un terremoto en la cúspide del Ministerio Público. El magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, rechaza la suspensión cautelar de García Ortiz, argumentando que la misma podría no resolver el conflicto de intereses ni garantizar la imparcialidad de la fiscal encargada del caso, María Ángeles Sánchez Conde.
Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y persona de confianza de García Ortiz, ha sido señalada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) por supuestas actuaciones que favorecerían al investigado, incluidas peticiones de archivo. APIF, que ejerce la acusación popular, sostiene que la amistad personal entre ambos compromete la credibilidad del proceso.
La denuncia del fiscal general contra el Supremo
En paralelo, García Ortiz ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acusando al Tribunal Supremo de difundir 240.000 registros de llamadas y datos personales recopilados durante diez meses. Esta información incluye detalles de su vida personal y profesional, así como la de su entorno más cercano.
Según García Ortiz, el mandato judicial original limitaba el rastreo de su actividad telefónica a los días de marzo de 2023 en los que presuntamente se fraguó la filtración de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incluye registros desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, excediendo lo autorizado.
El fiscal general ha denunciado que la difusión de esta información no solo afecta su privacidad, sino que también pone en riesgo su integridad personal y la de terceros. Entre los datos compartidos se encuentran los domicilios de otros miembros del Ministerio Público, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y hasta una vocal del CGPJ. Esta situación ha obligado a García Ortiz a cambiar su número telefónico y cerrar sus cuentas de correo electrónico tras recibir múltiples amenazas.
Además, el conflicto ha puesto de manifiesto un vacío legal en el procedimiento para suspender cautelarmente a un fiscal general investigado. Hurtado insiste en que esta medida debe adoptarse según lo estipulado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero APIF argumenta que resulta insostenible que el propio investigado sea quien decida sobre su suspensión.
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