El Senado avanza en la eliminación del despido automático por incapacidad, apostando por la adaptación del puesto antes que la extinción del contrato
The post El Senado da luz verde a eliminar el despido automático por incapacidad permanente first appeared on Hércules. El Senado ha aprobado en comisión la eliminación del despido automático por incapacidad permanente, dando un paso más hacia un modelo laboral más inclusivo y respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad. La Comisión de Trabajo y Economía Social ha respaldado este Proyecto de Ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, con 28 votos a favor y uno en contra, el de Vox, único grupo que se opuso.
Este dictamen, que procede del Congreso, será debatido ahora en sesión plenaria del Senado. Su aprobación definitiva supondrá una reforma profunda en la gestión de las relaciones laborales en situaciones de discapacidad sobrevenida.
Adiós a la extinción automática
Hasta ahora, cuando una persona era reconocida con una incapacidad permanente, su contrato de trabajo podía extinguirse de forma automática. Esta situación cambiará si se aprueba la ley, que establece que el despido sólo podrá ejecutarse si previamente no es posible adaptar el puesto de trabajo, o si no existe otro compatible y vacante dentro de la empresa. Y aún así, la empresa deberá justificar que realizar esas adaptaciones supondría una “carga excesiva”.
Con esta nueva redacción, la reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores desvincula la incapacidad permanente de otras causas como el fallecimiento del trabajador, estableciendo un marco legal más justo y ajustado a los principios de igualdad y no discriminación.
Una protección real para el trabajador
En el debate parlamentario también se incorporaron enmiendas relevantes, como la presentada por Podemos, que refuerza aún más la protección del trabajador: una empresa no podrá alegar que la adaptación del puesto es una carga excesiva si el coste de esa adaptación no supera la indemnización por despido o seis meses de salario. Esta cláusula impide que las compañías utilicen argumentos económicos como excusa para despedir en lugar de readaptar.
Otra de las enmiendas relevantes establece que el Gobierno deberá aprobar en el plazo de un año una ley que garantice la adaptación de los puestos de trabajo de guardias civiles, policías nacionales y militares con discapacidad, extendiendo así el alcance de la reforma a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.
Reconocimiento del movimiento asociativo de la discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebró con entusiasmo esta decisión. A través de un comunicado, calificaron esta reforma como la eliminación de una “discriminación histórica que aún subsistía” en el sistema jurídico-laboral español.
“El CERMI agradece al Gobierno, en especial al Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, y a los grupos políticos el impulso y respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada”, manifestó el comité tras su aprobación en la Comisión del Congreso.
Esta reforma coloca a España más cerca de los estándares europeos en materia de inclusión laboral, y reconoce que las personas con discapacidad permanente no deben ser automáticamente excluidas del mercado laboral. Se trata de una medida que no sólo responde a una demanda social sostenida, sino que también refleja un cambio de paradigma en la relación entre discapacidad y empleo.
Con el respaldo parlamentario casi unánime, esta nueva normativa apunta a consolidarse como una de las reformas sociales más relevantes de la legislatura. El foco ahora está en el Pleno del Senado, donde se espera su aprobación definitiva en las próximas semanas.
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