La política migratoria de la Unión Europea, centrada en el retorno de inmigrantes irregulares, choca de lleno con la falta de cooperación de Marruecos
The post La presión de Marruecos provoca un repunte migratorio en España first appeared on Hércules. Ceuta vuelve a estar en el epicentro de una crisis migratoria. Como en mayo de 2021, centenares de jóvenes marroquíes, muchos de ellos menores de edad, se lanzan al mar desde Castillejos para alcanzar la playa del Tarajal. Algunos lo hacen con neoprenos, aletas o neumáticos improvisados como flotadores. El fenómeno ha provocado un colapso en los centros de acogida, que han visto un aumento del 479% en el número de menores tutelados.
“El sistema está al límite. Hemos pasado de 150 menores en enero a 475 ahora”, alertó el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha pedido ayuda urgente tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea. La ciudad, afirma, no puede hacer frente sola a una situación que desborda sus capacidades.
La pasividad del Gobierno marroquí en el control fronterizo vuelve a estar en el centro del debate. Aunque algunas fuentes locales afirman que Rabat detiene a jóvenes y amenaza con cárcel a quienes intentan cruzar, la percepción generalizada en Ceuta es que el régimen alauí permite el flujo cuando le interesa políticamente.
“Todos sabemos el grado de control que Marruecos tiene sobre su población. Si no actúan, es porque no quieren”, sostiene Enrique Ávila, politólogo ceutí. La reciente colaboración marroquí para frenar la entrada de 300 personas no ha servido para disipar la desconfianza. Muchos en Ceuta ven en la migración una palanca de presión diplomática, como ya ocurrió en crisis anteriores.
El drama migratorio no puede entenderse sin analizar el contexto socioeconómico en el norte de Marruecos. En Castillejos y Tetuán, la pobreza y el desempleo se agravaron tras el cierre de la frontera en 2020 y el fin del contrabando que mantenía a unas 30.000 familias. La zona económica que Marruecos prometió como alternativa no ha generado el empleo esperado.
Según el Barómetro Árabe, el 55% de los jóvenes marroquíes desea emigrar. Buscan no solo trabajo, sino también libertad y dignidad. Las ONG locales denuncian que no existen políticas públicas de reintegración ni alternativas reales, y critican la criminalización de quienes intentan cruzar la frontera. En Castillejos incluso se han levantado vallas para impedir el acceso a las playas.
En el plano político, el malestar es compartido por todos los partidos locales. Denuncian la falta de un plan de contingencia estatal para Ceuta y reclaman medidas estructurales. “Parece que se vuelven a olvidar de que somos una frontera de Europa”, reprocha Fátima Hamed, líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía.
La situación evidencia, una vez más, que Ceuta carece de los recursos y la planificación necesarios para gestionar episodios migratorios intensos. El Ayuntamiento insiste en que no se trata de un fenómeno excepcional, sino de un patrón cíclico que debe anticiparse.
La aduana comercial sigue sin llegar
A la presión migratoria se suma el incumplimiento de la promesa de una aduana comercial, clave para normalizar el tránsito económico con Marruecos. Esta fue una de las garantías ofrecidas por el Gobierno español tras su giro diplomático sobre el Sáhara Occidental, que alineó la posición de Madrid con Rabat. Sin embargo, dos años después, la aduana sigue sin funcionar.
España asegura que su parte está lista, pero Marruecos alega “problemas técnicos” sin ofrecer fechas ni compromisos. Para muchos ceutíes, se trata de una estrategia dilatoria intencionada: reconocer una aduana implicaría admitir que Ceuta forma parte de España, algo que el régimen marroquí rechaza frontalmente. “Marruecos nunca ha abandonado su reclamación sobre Ceuta. La sigue considerando una ciudad ocupada”, advierte Ávila.
Mientras los ministros de Exteriores de ambos países insisten en que las relaciones bilaterales viven “su mejor momento histórico”, la realidad sobre el terreno lo desmiente. España depende de Marruecos para controlar la migración, pero no recibe garantías claras ni cumplimiento efectivo de los acuerdos.
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