La coalición afronta su segundo año con apoyos mermados incluso entre sus bases, mientras PP y Vox rozan la unanimidad al pedir la disolución de las Cortes
The post La corrupción y la prórroga presupuestaria agitan la legislatura de Sánchez first appeared on Hércules. La legislatura de coalición llega a su segundo año envuelta en un clima de desconfianza que crece al compás de las investigaciones policiales sobre el entorno inmediato de Pedro Sánchez y del anuncio de que, por segundo ejercicio consecutivo, las cuentas de 2023 volverán a prorrogarse. Una encuesta de Hamalgama Métrica para Vozpópuli confirma que estos dos factores han encendido el debate sobre un posible adelanto electoral: el 59,2 % de los españoles considera que los indicios de corrupción son razón suficiente para convocar nuevos comicios, mientras que solo el 33,8 % defiende agotar la legislatura y un 7 % prefiere no pronunciarse. La percepción se endurece con la edad; el apoyo a unas elecciones anticipadas pasa del 54,3 % entre los jóvenes de 18 a 29 años al 61 % entre los mayores de 65, la franja demográfica más crítica con el Ejecutivo.
Entre los votantes, la división es nítida. La práctica unanimidad se instala en la derecha: el 98,2 % de los simpatizantes del Partido Popular y el 98,95 % de los de Vox reclaman urnas ya. En la izquierda predominan las reticencias, aunque afloran grietas significativas: un 19,5 % de electores socialistas y un 2,8 % de afines a Sumar admiten que los escándalos ameritan elecciones, frente a un 73 % y un 89,8 %, respectivamente, que optan por mantener el rumbo actual. La encuesta sugiere que la narrativa gubernamental, basada en afrontar las crisis de forma secuencial, no termina de contener la erosión en su propio bloque.
La ausencia de Presupuestos consolida el malestar
La inacción presupuestaria añade presión a un calendario político ya tenso. El Tribunal Constitucional obliga a intentar aprobar unas cuentas nuevas cada año, pero el Ejecutivo ha optado por prorrogar las vigentes, un movimiento que el 60,6 % de los encuestados interpreta como otra razón de peso para disolver las Cortes. Solo el 30,4 % avala la prórroga y un 9 % resta relevancia al asunto. Los porcentajes apenas varían por edades: del 57,1 % de respaldo al adelanto en la franja de 18 a 29 años se asciende al 61,3 % entre los mayores de 65. De nuevo, el alineamiento partidista se repite: el 95,9 % de los votantes populares y el 96,7 % de los de Vox exigen elecciones por la falta de Presupuestos, mientras que en el PSOE la crítica alcanza al 29 % de simpatizantes y en Sumar desaparece por completo.
La combinación de escándalos y cuentas prorrogadas se convierte así en un diagnóstico de bloqueo institucional que trasciende ideologías. El Gobierno, aferrado al llamado “Manual de Resistencia”, gestiona cada problema por separado, pero la opinión pública los percibe como síntomas de un ciclo político que se prolonga sin renovar ni la confianza ni las políticas económicas. Aunque los partidos que sostienen la coalición mantienen su apoyo formal, las tensiones con los socios de investidura y las concesiones recientes al independentismo complican la aritmética parlamentaria, todo mientras se acumulan causas judiciales que miran de cerca a figuras del entorno presidencial.
El resultado es una presión social creciente para que la salida de la crisis pase por las urnas, presión que ya cala en una parte del electorado progresista. Si el Ejecutivo logra resistir sin Presupuestos y con la sombra de la corrupción, lo hará con un desgaste sostenido y con la gobernabilidad pendiente de acuerdos puntuales; si opta por adelantar la cita electoral, buscará convertir la polarización en una movilización que le permita revalidar la mayoría antes de que la erosión sea irreversible.
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