El fiscal general elige al responsable de un área que decidirá sobre los delitos que se le imputan en el Supremo
The post García Ortiz maniobra para nombrar a un fiscal afín en pleno proceso judicial contra él first appeared on Hércules. En una maniobra que ha despertado una fuerte controversia institucional, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, prepara el nombramiento del nuevo fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, una figura clave que tendrá competencia directa en la tipificación y orientación jurídica de los delitos por los que él mismo está siendo investigado por el Tribunal Supremo, concretamente por una supuesta revelación de secretos relacionada con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Este nombramiento, que se oficializará previsiblemente tras Semana Santa, llega mientras el Ministerio Público sigue siendo señalado por conflictos de intereses y falta de neutralidad, en un momento de máxima tensión entre las distintas asociaciones fiscales.
Los candidatos y sus vínculos con García Ortiz
A la plaza se han presentado seis fiscales, cuatro de ellos con estrecha relación con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), corriente que presidió el propio García Ortiz. Entre los nombres que parten como favoritos están Emilio Sánchez Ulled, exfiscal del caso 9-N y el Palau, actualmente en Bruselas, y Virna Alonso, jefa directa del fiscal que inicialmente investigó al novio de Ayuso y cuyo nombre aparece en conversaciones telefónicas incautadas por la policía en el marco del caso.
También figuran en la lista otros afines como Carlos Castresana y Rafael Escobar, todos con perfil próximo al fiscal general. Completan la lista Concha Sabadell, de Anticorrupción, y Álvaro Redondo, quien cambió su posición sobre el caso Tsunami tras una conversación con García Ortiz, lo que ha levantado aún más sospechas sobre la presión interna en la carrera fiscal.
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha sido tajante al denunciar la situación. “¿Puede un investigado decidir quién va a tener influencia sobre su propia causa?”, se preguntan desde la organización, que ha calificado la decisión como una “burla a la carrera fiscal y a la sociedad”. En un comunicado duro, exigieron la dimisión inmediata del fiscal general: “No debe seguir en el cargo ni un minuto más”.
Desde la AF también recuerdan que el Consejo Fiscal ya se pronunció en contra de la creación de esta plaza, al considerar que entra en conflicto de competencias con otras fiscalías ya operativas y con experiencia en casos de corrupción y delitos contra la administración.
Retrasos, ausencias y presiones internas
El Consejo Fiscal que debía decidir sobre la designación fue inicialmente convocado antes de Semana Santa, pero se aplazó a última hora por un “asunto personal” de uno de los vocales de la UPF. La reunión no pudo celebrarse debido a la ausencia de cuatro consejeros, lo que impedía la validez legal del cónclave. La titular de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, ha advertido que la asistencia a estas reuniones es obligatoria bajo pena de sanción interna, e incluso podrían derivarse consecuencias penales si se prolonga el boicot.
La realidad, sin embargo, apunta a una estrategia calculada por parte de García Ortiz para esperar el momento más favorable, asegurarse los votos necesarios y blindar así un nombramiento que le permita influir, de forma indirecta, en el desarrollo judicial de su propia causa.
La creación de esta nueva fiscalía fue impulsada de forma exprés por el Ministerio de Justicia en marzo, y está diseñada para asumir competencias en los delitos más sensibles vinculados a la corrupción política. Su diseño y tramitación rápida han alimentado aún más las dudas sobre su intencionalidad política y personal.
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